Leticia Artiles Visbal
El movimiento de mujeres de comienzos del siglo XXI heredó, de las últimas dos décadas del siglo precedente, la reivindicación de la “igualdad entre los géneros” frente a la de los “derechos de la mujer”. La teoría de género surge a inicios de la década de los 70; emerge como estructura binaria sexo/género, formalizando las representaciones e imaginarios, con la conciencia de la subordinación del sexo femenino al masculino en correspondencia a la estructura patriarcal prevalente (Oviedo, 2014).
El análisis de género es la síntesis entre la teoría de género y la llamada perspectiva de género derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida. Esta perspectiva se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía posthumanista, por su crítica de la concepción androcéntrica de humanidad que dejó fuera a la mitad del género humano. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. Todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros y, en ese sentido, cada sociedad, cada pueblo, cada grupo y todas las personas, tienen una particular concepción de género,
basada en la de su propia cultura. Su fuerza radica en que es parte de su visión del mundo, de su historia y sus tradiciones nacionales, populares, comunitarias, generacionales y familiares. Forma parte de concepciones sobre la nación y el nacionalismo; cada etnia tiene su particular cosmovisión de género y la incorpora a la identidad cultural y a la etnicidad, de la misma manera que sucede en otras configuraciones culturales (Lagarde, 1996).
Género es una categoría relacional, expresión de las desigualdades e inequidades, amparadas en la estructura cultural, simbólica y estructural de la organización social patriarcal. En la actualidad el análisis de género se hace más complejo al considerar la orientación sexual y la identidad de género, en tanto independientes del sexo biológico, también determinan relaciones de poder de género que es necesario identificar para trazar estrategias dirigidas a deconstruir el marco patriarcal en las que están insertas. Es jerárquica, permite evaluar como las relaciones se estructuran sobre la base de relaciones de poder, a predominio masculino, en correspondencia con las asignaciones sociales, culturales y simbólicas en los diferentes espacios de actuación: pareja, familia, comunidad, trabajo, representación social y política. Cambiante, está mediada por los significados que para cada momento histórico tiene el ser mujer u hombre, o los estereotipos y representaciones de la feminidad y la masculinidad. Contextual, considera la variabilidad de culturas según las sociedades y el momento histórico y las diferentes expresiones en las mismas. Institucional, alude al papel que los mensajes, discursos, normas y legislaciones juegan en el mantenimiento del “orden” de género según lo establecido y deseado socialmente para cada sexo, en cada sociedad y momento histórico.
La tendencia reduccionista de asimilar “género” a “mujer”, asumirlo como variable estadística de cuantificación, o como vocablo en documentos técnicos, burocráticos o en políticas públicas limita su valor al perder la perspectiva de análisis relacional de ejercicio de poder sustentado en el sistema patriarcal. Limitar la perspectiva de género a las mujeres exige una complicada transacción encubierta: si no se parte del contenido filosófico-analítico feminista, y sí por género se entiende mujer, se neutraliza el análisis y la comprensión de los procesos, así como la crítica, la denuncia y las propuestas feministas, (Lagarde, 1996).
La utilización del término género, limitado a un enfoque académico y despolitizado, no se corresponde con el direccionamiento del movimiento feminista. La institucionalización del feminismo, ha sido entendido como pérdida de radicalidad y autonomía del movimiento feminista en México y América Latina, por la “mediatización” de la lucha de liberación de las mujeres ante el auge de los estudios académicos de género, y la mayor presencia de expertas en el tema de las instituciones públicas” (Gargallo, 2004).
Género y diversidad sexual
La estructura binaria del género y los roles atribuidos según el sexo a lo femenino y lo masculino, marcan teórica y prácticamente el establecimiento de relaciones de poder a privilegio de lo masculino. Construcciones simbólicas y normas prácticas que, se transforman a partir de entender y aceptar la diversidad sexual y el género como parte consustancial de la población humana. Las prácticas sexuales, las relaciones sexo-afectivas, la orientación sexual y la identidad de género; el entendimiento de la existencia de varios tipos de familia vs la familia tradicional, y los avances de la capacidad reproductiva a partir de la introducción de nuevas tecnologías de reproducción asistida es un escenario que ha favorecido cierta comprensión de la diversidad sexual y el necesario amparo de sus derechos.
La necesaria decodificación, dentro de la diversidad LGBTIQ, de la reproducción de las representaciones y prácticas del ejercicio hegemónico del comportamiento patriarcal, profundizan las inequidades y sustentan diversas formas de violencia, dentro de grupos propios y desde grupos externos. La manifestación de diversas formas de homofobia, crímenes de odio, inadecuados e ineficientes mecanismos de los operadores de justicia, discriminación laboral y otras han establecido un nuevo escenario para el análisis y trazado de estrategias de incidencia y abogacía en el escenario político.
El movimiento de la diversidad sexual en América Latina tiene su origen en la década de los 70. A mediado de la década de los 80, con la epidemia del VIH/Sida, dio paso a la búsqueda de apoyo estatal en medio de la crisis de salud pública. El nuevo milenio trajo nuevos cambios con la apertura democrática de algunos países que salían de las dictaduras y otros que adelantaron reformas constitucionales, lo que consolidó una perspectiva reformista, con la exigencia a los Estados de garantías para el buen vivir, incluyendo derechos patrimoniales, de matrimonio y adopción. Desde el 2010 se enfrenta una nueva etapa caracterizada por la reacción negativa de sectores conservadores. La reacción aglutinada bajo la lucha de la “ideología de género” ha marcado pauta en debates nacionales en toda la región (Bustamante-Tejada, 2020).
Los estudios revelan que en las últimas cinco décadas se han logrado avances en el reconocimiento de las poblaciones LGBTI, a partir de reconocer la diversidad sexual y de género. Los avances se han logrado a partir de la inclusión o aceptación de algunas políticas aceptadas e incorporadas por parte de los sectores sociales. Esas reformas para la inclusión, han beneficiado a la población aunque no se hayan generado transformaciones en el orden heterosexual y patriarcal, en el marco del capitalismo neoliberal. La diversidad sexual, aunque ha posibilitado logros, también ha mostrado sus limitaciones. La disidencia sexual, de género y corporal, se considera como una alternativa para el reencuentro entre las víctimas de las múltiples manifestaciones de opresión y violencias, constituidas en sujetos políticos que se encuentran para enfrentar los múltiples sistemas de dominación y frente a los cuales es importante tener claro que el objetivo ha de ser la transformación de las estructuras que estos producen y sostienen, y que allí, en esa reacción articulada radica el potencial de estas poblaciones (Bustamante-Tejada, 2020) .
La pobreza crece y se vuelve más femenina
Introducir la perspectiva de género como criterio de análisis de la pobreza, constituyó un punto de partida para identificar como las relaciones de género se traducen en múltiples formas de desigualdad e inequidad dentro del sistema patriarcal.
Las inequidades de las mujeres con respecto a los hombres, puede ejemplificarse en el acceso y control sobre los ingresos económicos: primera inequidad, la mujer puede tener acceso al ingreso pero no a su control; segunda inequidad, los ingresos son diferentes e inferiores para mujeres respecto a los hombres; la primera y segunda iniquidad, transversaliza las subsiguientes por incremento de su vulnerabilidad; agudiza su impacto según clase (posición ocupada ante los medios de producción, raza (entendida como color de la piel), territorio, (espacio geográfico) y etnia (grupos culturales no dominantes); generación (ciclo de edad) y discapacidad.
Entre el fin de la década de 1980 y el inicio de los años 90, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a consecuencia de las presiones feministas internas, se comprometió a financiar la participación de grupos locales y regionales de mujeres en conferencias supranacionales sobre temas de desarrollo. En el Tercer Mundo, las organizaciones no gubernamentales de mujeres pasaron a contar con fuentes cada vez mayores de financiamiento externo, lo que hizo que su crecimiento dependiera principalmente de los recursos provenientes de instituciones vinculadas a las Naciones Unidas, gobiernos de los países industrializados, fundaciones privadas y diversas representaciones y formas de la cooperación internacional. En algunos cónclaves se ha rechazado el llamado “feminismo institucional”, por considerar que, responde a vínculos estructurales, debilidad en los posicionamientos críticos a la política y a la economía mundial, y un escaso cuestionamiento a la procedencia de los fondos de financiamiento a las redes de las ONG (Valdivieso & García, 2005). Las bases de financiamiento para sustentar al movimiento son escasas y difíciles, por lo que se requiere de obtener financiamiento para el desarrollo de acciones. De lo que se trata es de no perder el “foco” de la lucha en toda su dimensión.
El empobrecimiento creciente de la región se tradujo en la degradación de los patrones de vida de hombres y mujeres, con cada vez mayor cantidad de mujeres entre los pobres, y la reducción del Estado y sus servicios esenciales mediante los programas de ajuste fiscal impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). La movilización de las mujeres pobres de la ciudad, el campo y los pueblos indígenas tuvieron como ejes centrales la supervivencia, la creación de redes de ayuda mutua y el rescate de los valores comunitarios. La ideología feminista incorporó también la lucha por los derechos de la mujer en el espacio doméstico y en las comunidades. El apoyo financiero del FMI, el BM y otras agencias de cooperación –condicionado a la aceptación, por parte de los beneficiarios, del proyecto político-económico neoliberal– propició alianzas entre organizaciones feministas y elites políticas y económicas conservadoras. Alianzas que, lejos de ofrecer independencia económica a las mujeres, fomentaron su inserción en la economía informal, muchas veces explotando a sus propios hijos e hijas, y aumentando la competencia entre ellas.
La heredada pobreza feminizada del período precedente sentó bases, para “reconocer que las mujeres, las adolescentes, y las niñas a lo largo de la vida, suelen ser objeto de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y marginación, por lo que es necesario respetar y valorar la diversidad de situaciones y condiciones en que se encuentran y reconocer que enfrentan barreras que obstaculizan su empoderamiento y el ejercicio de sus derechos y que, es preciso adoptar estrategias interseccionales que respondan a sus necesidades específicas, prestando particular atención a la feminización de la pobreza en la región” (Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2020).
El Compromiso de Santiago, documento suscrito por los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe incluyó importantes acuerdos que bien conducidos constituyen una plataforma para apoyar, directa o indirectamente al movimiento de mujeres, entre otras; crear una red de intercambio entre representantes gubernamentales, la sociedad civil y empresarias para contribuir al empoderamiento y autonomía de las mujeres; con énfasis en las que lideran pequeñas y medianas empresas, las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales de las comunidades de base y en las jóvenes empresarias, dirigido al logro la reducción de la feminización de la pobreza y las desigualdades (Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2020)..
La epidemia del SARCOV-2 (COVID 19) ha caracterizado un contexto de múltiples crisis, en los que se ha incrementado la condición de vulnerabilidad de las mujeres en todo su ciclo de vida. Los gobiernos de la región están tomados iniciativas frente a la COVID-19 en áreas clave para la autonomía de las mujeres en áreas que determinan su vulnerabilidad: violencia de género contra las mujeres, economía del cuidado; beneficios, transferencias y otras medidas de protección social; generación de empleos e ingresos; participación de las mujeres en la era digital (CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020)
En busca del poder político real
En la primera década del siglo XXI, el movimiento feminista latinoamericano había conquistado algunas políticas públicas gracias a la victoria obtenida en la Conferencia de Viena (1993), que reconoció el derecho de las mujeres como derecho humano. A pesar de los avances en los espacios públicos y en las pautas de los debates oficiales las mujeres siguieron siendo ajenas a las grandes decisiones. El panorama regional impuso que el movimiento de mujeres continuase reforzando sus mecanismos de diálogo con el Estado y con la sociedad civil para alcanzar un poder político real, que permitiera minimizar las resistencias a la incorporación de la igualdad entre los géneros como principio organizador de la democracia y que minimizase la reacción de los hombres, cuyos intereses se verían afectados al tener que competir con las mujeres en los espacios públicos y privados. Más que nunca, fue necesario debatir los contenidos de la democracia, de la institucionalidad, de los diferentes sistemas de interlocución dentro de la sociedad y el Estado, y la ejecución de políticas públicas.
En las décadas de 1980 y 1990, los países de América Latina y del Caribe vivieron una suerte de crecimiento de la producción de bienes y servicios, fruto de la apertura (y la subordinación) de sus economías al mercado internacional, con gobiernos altamente centralizadores. A pesar de la expansión sin precedentes y de las políticas implementadas por los gobiernos para distribuir los beneficios de ese crecimiento, los índices de mortalidad infantil, analfabetismo, escolaridad, empleo y de la renta mostraron la marginación de la población femenina, entre otros grupos sociales. Las mujeres fueron el género con menor participación en la fuerza de trabajo y con mayores índices de analfabetismo, las menos representadas en la actividad política y con participación todavía minoritaria en las artes, las ciencias y la tecnología (Cruz, 1999).
Con las acciones emprendidas por la ONU a partir de la I Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1975, la participación de las mujeres en el desarrollo comenzó a ser considerada un requisito fundamental para el éxito del proceso. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), estableció las bases jurídicas para la igualdad y la incorporación de las mujeres al desarrollo, y la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que aprobó el Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social (Ríos, 1993).
En los espacios de mayor concentración de poder político, las mujeres de ALyC están subrepresentadas. Cuanto mayor es el poder y la responsabilidad, más amplia es la brecha de género: en las jefaturas de Estado y de gobierno, es de cerca del 90%. El porcentaje de mujeres que ocupan carteras ministeriales en un período presidencial o de gobierno, ha tenido un aumento discreto de participación en los gabinetes presidenciales. Respecto al periodo anterior, América Latina aumentó 3.5 puntos porcentuales en participación igualitaria, alcanzando un promedio de 28,5%. Esta alza fue levemente más grande en Caribe, pasando de un promedio de 15,18% a un 19,42%. Los países de la subregión que registraron los mayores incrementos fueron Suriname y Trinidad y Tobago, los cuales aumentaron más del doble sus promedios, pasando de un 11,8 a un 33,3% y de un 13,3 a un 29,4%, respectivamente. Sin embargo, ambos países aún se mantienen muy lejos de alcanzar una participación igualitaria. En el caso de América Latina, tres países han tenido incrementos importantes respecto del periodo anterior, como lo son Colombia (+22,41), Costa Rica (+23,74) y México (+17,61). Desde el año 2018, Costa Rica, posee un gabinete compuesto mayoritariamente por mujeres con un 55,17% y Colombia un gabinete paritario con un 50% ((PNUD), 2020).
Enfoques diversos para un objetivo común
Entre las décadas de 1950 y 1970 las mujeres fueron consideradas receptoras pasivas del desarrollo. El denominado “enfoque del bienestar” privilegió el papel de la mujer como madre y educadora de los hijos y la comunidad. Esa visión dio por resultado políticas volcadas a especializar a las mujeres en el trabajo reproductivo y los programas de ayuda alimentaria y materno-infantiles. La educación y la capacitación profesional en tareas no tradicionales no eran debidamente valorizadas. En la Década Mundial de la Mujer, celebrada por la ONU entre 1975 y 1985, surgió el así llamado “enfoque mujer y desarrollo”, que consideraba que la actividad económica de la mujer, su acceso al mercado de trabajo y al ingreso eran puntos clave para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Subproducto de esa visión, fue el “enfoque antiprobreza” dirigido a incentivar estrategias de supervivencia de las mujeres y la satisfacción de sus necesidades básicas en el contexto de la profunda crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida de la población.
Como corriente también derivada del enfoque “Mujer y Desarrollo”, en los años 80 apareció el “enfoque de la eficiencia”, que incentivó aquellos proyectos basados en la responsabilidad del cumplimiento de compromisos de producción por parte de las mujeres. Esos proyectos aprovecharon el trabajo femenino gratuito para las comunidades –en tareas tradicionales como cocina, limpieza, atención sanitaria y cuidado de niños y ancianos– y lo utilizaron como estrategias para disminuir el impacto de la reducción de los gastos sociales por parte de los Estados nacionales. El trabajo de la mujer en estos casos representó costos no contabilizados por ninguna estadística.
A partir de la década de 1980 un nuevo enfoque, llamado “género y desarrollo”, intentó combatir las causas de la desigualdad de poder entre los géneros en los ámbitos público y privado. Las estrategias de esa corriente consistieron en incentivar la conquista de mayores espacios de poder para las mujeres, el control igualitario de los recursos y beneficios materiales, y la mayor participación en los mecanismos de poder político y social (Ríos, 1993).Se trataba de poner fin a la relación tradicional de subordinación de un género a otro mediante la lucha por la autonomía de las mujeres, el control sobre los recursos materiales y la participación igualitaria en la toma de decisiones. Las estrategias nunca fueron independientes de los proyectos político-económicos para determinado país o región, como se evidenció al constatar el impacto negativo del modelo neoliberal sobre la vida de las mujeres.
Actualmente se mantienen la brecha de desigualdades de género y la naturalización de las desigualdades. Los sesgos y la discriminación de género son endémicos a las instituciones sociales. Se trata de reducir las desigualdades de género, desde crear condiciones propicias para el cambio cultural hasta trazar estrategias para avanzar contra las reacciones sociales que se oponen al progreso hacia la igualdad de género. El Índice de Desigualdad de Género mide el empoderamiento de la mujer en los campos de la salud, la educación y la situación económica; muestra que el progreso global para promover la igualdad de género se ha ido ralentizando en los últimos años. Si se mantienen las tendencias actuales, el mundo no logrará la igualdad de género a 2030; se tardarían hasta 202 años en cerrar la brecha de género solamente en el terreno de las oportunidades económicas. En ese camino falta mucho por andar ((PNUD), 2020).
Políticas para consagrar derechos
Las mujeres en pleno inicio del siglo XXI tendían más a ser objeto que sujeto de derechos, debido a que las “políticas de Estado”, de cumplimiento obligatorio, responden a grupos minoritarios de poder, compuestos mayormente por hombres.
A pesar de los avances, persiste una brecha de género significativa en el acceso y control al poder político a predominancia masculina que limita el acceso a las mujeres. Las mujeres no eran y no son mayoría en el mundo político de América Latina y el Caribe. Existe una ausencia de las mujeres en la esfera de las decisiones políticas. Las mujeres están subrepresentadas en casi todos los niveles y poderes del Estado; y en empresas, asociaciones, gremios. La posición y condición de la mujer en las esferas están marcadas por el androcentrismo que caracteriza las relaciones de género, jerarquías de la sociedad patriarcal que segregan horizontal y verticalmente las posiciones de toma de decisión y poder político para las mujeres. La brecha que se hace más amplia si se cruza con las interseccionalidades de territorio, clase, etnia, racialidad, generación e identidad de género.
Las políticas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres como responsabilidad del Estado se ubican en tres ejes: igualdad ante la ley, de acción positiva y de transversalización de género. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, (Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su Plataforma de Acción (Beijing 1995); definieron acciones y programas a los que se ha dado seguimiento a 25 años de su celebración, con el propósito de promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en el acceso a los espacios políticos de actuación.
Los países que cuentan con políticas de desarrollo con eje de igualdad de oportunidades para las mujeres son: Argentina, Bolivia (Estado plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019). A pesar de la existencia de las políticas y haber signado los Acuerdos Internacionales vinculados al desarrollo de las mujeres persiste una brecha entre el discurso sustantivo, instrumentos y mecanismos para alcanzar los objetivos definidos por los países y su cumplimiento.
El tratamiento legal del aborto
En América Latina y el Caribe el aborto es un grave problema de salud pública y un tema crítico en el campo de los derechos humanos de las mujeres. En 1998, un estudio del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer realizado en catorce países reveló que las legislaciones conservaban su carácter represivo mediante la criminalización de la práctica.
El debate político se ha polarizado entre la defensa a la erradicación del aborto ilegal en nombre del derecho de las mujeres a la vida, la salud y la autodeterminación; y los que se aferran al derecho a la vida del nonato. A pesar de los tiempos y pequeños adelantos, esta situación se mantiene en muchos países. Esta situación se agrava en el presente con las corrientes fundamentalistas impulsadas por la iglesia católica y evangélica en la región y sus grupos afines.
El número estimado de abortos que ocurren anualmente en ALyC aumentó entre 2003 y 2008, de 4.1 millones a 4.4 millones. La tasa anual de aborto se mantuvo estable entre 2003 y 2008, permaneciendo en 31-32 abortos por 1000 mujeres en edades de 15-44 años. De 4.4 millones de abortos realizados en la región en 2008, el 95% fueron inseguros. la tasa de procedimientos seguros fue menos de dos por 1000 mujeres. Encuestas realizadas en Colombia, Guatemala, México y Perú revelaron que las mujeres acuden comúnmente a proveedores tradicionales, muchos de los cuales emplean técnicas inseguras; médicos o enfermeras que proveen servicios más seguros; o tratan de autoinducirse el aborto por medios que resultan peligrosos; o medicamentos comprados a farmacéuticos u otros proveedores. El aborto con medicamentos más utilizado es el “misoprostol”, que aumenta la seguridad en los abortos clandestinos (Guttmacher, 2015).
En el último lustro las cifras de embarazos no deseados en ALyC han alcanzado cifras epidémicas, la región presenta las legislaciones más restrictivas a nivel mundial; a lo que se añaden desigualdades geográficas, étnicas, raciales, de acceso a servicios de salud, y otras que determinan poblaciones altamente vulnerables. En países de ingresos bajos y medios, 225 millones de mujeres como los que conforman la región, desean retrasar o evitar embarazos; sin embargo, no están utilizando un método anticonceptivo moderno (CLACAI, 2015). Actualmente solo tres países han despenalizado el aborto Cuba, Uruguay y Argentina; la que en el 2020 se aprobó la Ley de Despenalización del Aborto, legal, seguro y gratuito, impulsado por el movimiento feminista “Marea Verde”. El resto de los países restringen, en mayor o menor medida, la interrupción voluntaria del embarazo, se incluyen países con legislaciones valoradas como las más restrictivas del mundo, como El Salvador o Nicaragua. (Sardiñas, 2020).
Las defensoras de la despenalización del aborto han promovido iniciativas para refutar las acciones de los grupos “Pro-Vida”; la mal llamada “ideología de género” y acompañar de forma permanente los debates parlamentarios sobre el tema en defensa al derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y su vida.
| Legalidad del aborto en 2015 en América Latina | |
| Razón | País o territorio |
| Prohibido totalmente o sin excepción legal explícita para salvar la vida de la mujer | Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam |
| Para salvar la vida de la mujer | Antigua y Barbuda, Brasil (a), Dominica, Guatemala, México (a,d,g), Panamá (a,d,f), Paraguay, Venezuela |
| Para preservar la salud física (y para salvar la vida de la mujer)* | Argentina (a)**; Bahamas, Bolivia (a,c), Costa Rica, Ecuador (a), Granada, Perú |
| Para preservar la salud mental (y todas las razones anteriores) | Colombia (a,c,d), San Cristobal y Nieves, Santa Lucía (a,c), Jamaica (f), |
| Razones socioeconómicas (y todas las razones anteriores) | Barbados (a,c,d,f), Belice (d), San Vicente y las Granadinas (a,c,d) |
| Sin restricción de causales | Cuba )f), Guyana, Puerto Rico, Uruguay, Argentina ** |
| *Incluye países con leyes que se refieren simplemente a causales de “salud” o “terapéuticas”, las cuales pueden interpretarse más ampliamente que la salud física. Notas: Algunos países también permiten el aborto en casos de (a) violación, (b) violación de una mujer mentalmente discapacitada, (c) incesto o (d) malformación fetal. Algunos países restringen el aborto al requerir (e) autorización del esposo o (f) autorización de los padres. En México (g) la legalidad del aborto se determina a nivel de los estados y la clasificación legal que aquí se presenta refleja la situación para la mayoría de las mujeres. Los países que permiten el aborto por razones socioeconómicas o sin restricción en cuanto a razón tienen límites gestacionales (generalmente el primer trimestre); el aborto puede ser permisible después de la edad gestacional especificada, pero solamente bajo condiciones prescritas. Fuente: Centro de Derechos Reproductivos (CDR), Leyes sobre aborto en el mundo de 2015, Nueva York: CDR, 2015. |
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| Fuente: Guttmacher Institute. Datos sobre el aborto en América Latina, www.guttmacher.org. noviembre 2015. | |
| ** Argentina. En el 2020 el Senado legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas, acción promovida y apoyada por el movimiento de la «Marea Verde» | |
Ritmos desiguales en la región
En la década de 1990, las cuestiones de la mujer eran tratadas en formas muy heterogéneas en América Latina. Algunas democracias comenzaban a mostrarse sensibles a los intereses femeninos. Otras, más autoritarias, se mostraban refractarias a los cambios en las relaciones de género. El Caribe fue la subregión que más avanzó en cuanto a la inclusión de las reivindicaciones de género en su agenda de consolidación democrática. Se crearon organismos gubernamentales de la mujer, para asegurar el cumplimiento de las convenciones y declaraciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU y ratificadas por los gobiernos. Se creó la Red Regional de Organismos Gubernamentales de la Mujer en América Latina y el Caribe con el propósito de aunar esfuerzos y crear una corriente de opinión regional conducente a la creación de más organismos de ese tipo.
De 1995 a 2005 las políticas públicas en el área de salud sexual y reproductiva fueron influidas por las resoluciones de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo (1994) y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995. Posteriormente se han realizado reuniones de seguimiento (quinquenales), lo que ha evidenciado que, a pesar de los progresos alcanzados, el cumplimiento de las plataformas sobre derechos de las mujeres, y en particular en derechos sexuales y derechos reproductivos, queda mucho por andar. A 25 años de la Conferencia, en la 59º Sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, los Estados miembro adoptaron una declaración política que proporcionó una base sólida para la implementación plena, efectiva y acelerada de los compromisos adquiridos en Beijing (Agenda de Desarrollo post 2015).
En la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en 2013, para el análisis de los avances del Programa de Acción de El Cairo, se reconoció que se han producido procesos de cambio reflejados en políticas, programas, y estrategias con el objetivo de alcanzar la más alta calidad de vida en las poblaciones. El Consenso de Montevideo (2013) incluye los desafíos pendientes como una guía para la acción en la región a partir de 2014. La visión se centra en la persona, desde una perspectiva de inclusión con ampliación de derechos, dirigida a dar respuesta a las justas aspiraciones de los hombres y mujeres de todas las condiciones y de todas las edades.
Las problemáticas históricas no han sido superadas: la violencia contra las mujeres, la mortalidad materna y la maternidad en niñas y adolescentes; la participación política muy por debajo de la paridad de género; la insuficiente incorporación de las mujeres al empleo, en condiciones apropiadas; y el control de los recursos monetarios y de tiempo en igualdad con los hombres. Temas presentes en la agenda regional de género, que recoge a nivel nacional los acuerdos alcanzados por los países tras 40 años de Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. A la fecha queda un gran trecho por andar. La existencia de planes de igualdad de género en los países refleja cierto adelanto con referencia a décadas precedentes. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019)
El género en un universo multicultural
Los datos sobre la situación cultural de los pueblos y las mujeres afrodescendientes e indígenas de América Latina y el Caribe son escasos. La información es fundamental para establecer la relación entre género y culturas en una región con inmensa diversidad de territorios y etnias. Las relaciones de poder entre los sexos se establecen de acuerdo a patrones culturales específicos (con el simbolismo, la cosmovisión, el imaginario y los códigos de comunicación propios de cada pueblo) y se manifiestan en estructuras políticas, normas jurídicas, de conducta, y niveles de acceso popular a los servicios sociales.
El total de población indígena en números según Censos y estimaciones alrededor del 2010, en 17 países, fue de cuarenta y cuatro millones setecientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta y ocho (44 795 758) lo que representó un 8.3% de la población total, la mitad fueron mujeres. Los países con mayor porcentaje de población indígena son: Bolivia (62.2); Guatemala (41.0); Perú (24.0); México (15.1); Panamá (12.3); Chile (11.0). Las poblaciones indígenas son más jóvenes que las no indígenas; y presentan decrecimiento en las tasas de fecundidad. Las brechas de género están determinadas por factores estructurales, como la discriminación histórica (mayor grado de pobreza material, bajos niveles de educación formal y residencia en zonas apartadas) que dificulta el acceso a los servicios de salud, a educación, y falta de accesibilidad cultural (Popolo, 2017).
Las banderas de las mujeres indígenas
La dinámica de la colonización, la globalización, la explotación de recursos naturales y los conflictos armados puntuales arrancaron a los pueblos indígenas de sus costumbres tradicionales, los expulsaron de sus tierras e ignoraron la jerarquía tradicional de las mujeres indígenas. Los pueblos autóctonos de diversos países dejaron de cultivar alimentos y se lanzaron al nuevo mercado, aparentemente mejor remunerado. Abandonaron así sus comportamientos tradicionales, perdiendo sus espacios naturales y culturales y su independencia. Las instituciones del Estado, locales e intergubernamentales, excluían a las mujeres indígenas de la toma de decisiones. Raras veces se les daba la oportunidad de ocupar espacios de poder. Millares de mujeres y niñas indígenas latinoamericanas, empobrecidas por la pérdida de sus tierras, eran víctimas fáciles del comercio sexual: Brasil ocupaba, en 2005, el segundo lugar del mundo en materia de tráfico de menores. Los indígenas eran mano de obra barata para la industria, con jornadas extenuantes y salarios inferiores a los de las mujeres y hombres blancos.
Cuando las indígenas eran víctimas de un delito, no recibían la misma protección legal que otros grupos sociales. La Declaración de Manila, resultante de la Conferencia Internacional sobre Resolución de Conflictos (2000), reconoció la importancia de las mujeres indígenas para la prevención de enfrentamientos armados y el establecimiento de soluciones pacíficas. El texto proponía aprovechar sus conocimientos y habilidades nombrándolas mediadoras en misiones multinacionales de paz.
La Declaración de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas, (Oaxaca, 2002), propuso rescatar los valores esenciales de los pueblos autóctonos en pro de la justicia social. Sugirió incentivar la transmisión intergeneracional de las cosmovisiones indígenas por medio de ceremonias y visitas a lugares sagrados, y pidió a las iglesias de distintos cultos que respetaran las creencias y culturas autóctonas sin imponerles ninguna religión.
Para incentivar la participación efectiva e integral de las mujeres indígenas en la toma de decisiones en el ámbito local, nacional, regional e internacional, la reunión de Oaxaca exigió a los gobiernos latinoamericanos la implementación de políticas que tuvieran en cuenta la multiplicidad cultural de los distintos países. Exigió que los Estados nacionales incluyeran en sus agendas políticas los enfoques de género y etnia, e incentivaran el diálogo, la reflexión y el debate constructivo entre hombres y mujeres para fomentar el respeto, la confianza y la sabiduría ancestral de las mujeres indígenas. Exigieron a la ONU la implementación de programas locales, nacionales e internacionales de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y jóvenes indígenas; programas de salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, respeto a la identidad y la medicina tradicional de los pueblos y a las comunidades autóctonas; y el fin de los programas de esterilización forzada implementados por algunos gobiernos.
En la Conferencia Global de Mujeres Indígenas (Lima, 2013) se alertó sobre las múltiples formas de discriminación y la falta de acceso a la educación; en la Declaración de la Segunda Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abya Yala, se exigió fortalecer los programas de educación propia (Enlace Indígena, 2014); En la Quinta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala (2013) se comprometieron a revitalizar un sistema de educación propia con la sabiduría de los mayores desde los territorios propios para evitar que la niñez y la juventud se desvinculen de su identidad y territorios y defender el sistema de educación intercultural.
Los fundamentales temas planteados por las mujeres indígenas desde Beijing (1995) hasta el Séptimo Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (2015) han sido: las múltiples formas de violencia por parte de los Estados que sufren las niñas, adolescentes y mujeres indígenas; la incorporación transversal del enfoque de identidad indígena para lograr la igualdad de género; el reconocimiento de la sabiduría y los esfuerzos ancestrales para la sostenibilidad de la vida; respeto a sus territorios, respeto a las diferencias intergeneracionales y respeto y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos (Popolo, 2017). La realización de estas cumbres y conferencias han colocado en la agenda indígena internacional, las demandas y necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres indígenas como paso determinante para el desarrollo de acciones y toma de decisiones para la garantía de sus derechos universales .
El género y las mujeres afrodescendientes
En 2005 había en la región cerca de 150 millones de afrodescendientes, la mitad mujeres. La mayoría de esas mujeres habitaban en Brasil y Colombia. En el Caribe, se concentraban en Cuba y en la República Dominicana. Las afrodescendientes de América Latina vivían y continúan marginadas a nivel económico, con reducido acceso a los recursos reproductivos, salarios más bajos que los que percibían los hombres y mujeres blancas con las mismas capacidades y niveles de desempeño, y con gran participación en la economía informal, sin ninguna protección laboral.
Los problemas y estrategias de supervivencia de las afrodescendientes no figuraron, en la transición entre los siglos XX y XXI, en los programas oficiales y no oficiales de cooperación regional. La Declaración de Mujeres Afrodescendientes ante el Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad, promulgada en Quito en 2001, consideraba que las prácticas de los organismos estatales, las políticas públicas y las inversiones estatales demostraban racismo, sexismo y xenofobia al negar las especificidades de los problemas de las mujeres de ascendencia africana.
La situación no ha cambiado sustantivamente, se transita desde la invisibilidad de los datos que permitan el análisis de las brechas de desigualdad de la población afrodescendiente, en particular de las mujeres, hasta la insuficiente promulgación de políticas y prácticas que garanticen su autonomía económica, física y de toma de decisiones.
Las reuniones, cumbres y conferencias desde el inicio de este siglo marcaron las principales discusiones y acuerdos: Consenso de Lima (2000) acordó orientar las políticas del Estado, para eliminar la brecha pluricultural, multiétnica y multilingüe en los países de la región; corregir las desigualdades y garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas, con énfasis en la atención a las mujeres negras; Conferencia de Quito (2007), comprometió a los Gobiernos a formular e implementar políticas públicas para ampliar el acceso sostenible de las mujeres a la propiedad de la tierra y los recursos naturales y productivos, con medidas de garantía para las mujeres afrodescendientes y otros grupos de mujeres, como las indígenas y las mujeres campesina; asegurar la atención integral a la salud, y en particular a la salud sexual y la salud reproductiva; Consenso de Brasilia (2010), reconoció la persistencia de racismo y las consecuentes desventajas asociadas; los gobiernos han acordado los compromisos de desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y al empleo productivo; promover y asegurar la transversalización del enfoque de género, de raza y de etnia en todas las políticas, especialmente en la política económica y cultural; adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes; Consenso de Santo Domingo (2013) planteó retos específicos para enfrentar las desigualdades que viven las mujeres afrodescendientes, como el pleno acceso a las tecnologías y el fomento a la inserción de las mujeres en la formación profesional en ciencias; la definición y desarrollo de políticas públicas contra la discriminación y la promoción de acciones afirmativas, sobre la base de un enfoque interseccional que abarque la lucha contra el sexismo, el racismo y el etnocentrismo; el incentivo a que los medios de comunicación se comprometan a proyectar una imagen positiva de las mujeres, superando los estereotipos y los contenidos violentos que reproducen la discriminación y la violencia de género, y el acceso a servicios de salud de calidad, incluida la salud sexual y la salud reproductiva; Consenso de Montevideo (2013); implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2016), explicita la necesidad de apoyar el liderazgo de las mujeres afrodescendientes en organizaciones sociales y políticas, promover la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de mujeres y feministas como forma de democratización de la política y las sociedades. Exigir a los Estados y organismos internacionales la adopción de medidas para erradicar el racismo y la discriminación racial, garantizar el pleno goce de los derechos humanos; y la condena a la explotación sexual y el tráfico de niñas, jóvenes y mujeres. La Declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), su Plan de Acción (Naciones Unidas, 2013/OEA 2016), de conjunto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, tienen como meta “la aspiración a un mundo donde se respeten las razas, el origen étnico, la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades. Los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sin distinción alguna por motivos de raza.
Mujeres afrodescendientes y autonomía organizativa
A partir de la década de 1980, los movimientos afrodescendientes desarrollaron movilizaciones políticas que colocaron en agenda el tema étnico racial; fueron creadas diversas organizaciones de mujeres negras en diferentes países de la región. El Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas (1992), congregó activistas de toda la región, lo que sirvió de marco a la fundación de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), espacio de articulación de las mujeres afrodescendientes ((CEPAL), 2020).
La RMAAD articuló esfuerzos para combatir la opresión de género y raza; los estereotipos y prejuicios en que han vivido las mujeres afrodescendientes en la región; y presionar a los Estados para la formulación de políticas públicas en esa dirección.
En el 2016, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras en el Ecuador (CONAMUNE) posicionó la necesidad de representatividad en los espacios de elección popular. Los factores más relevantes a tomar en cuenta se centraron en el factor económico, fundamental para lograr la autonomía y acceso en condición y posición a las mujeres afrodescendientes, garantizar el acceso equitativo a la educación y la salud, como derecho humano, con énfasis en los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En Brasil, se han fomentado acciones afirmativas en la educación técnica y superior; lo que contribuye a incrementar la inserción laboral, lograr mejores ingresos y cobertura socioeconómica.
En el ámbito laboral, la interseccionalidad género/racismo refuerza la discriminación y vulnerabilidad de las mujeres afrodescendientes: en menor afiliación a los sistemas de pensiones, lo que limita sus posibilidades de garantizar una vejez digna; en la protección legal de las trabajadoras domésticas que constituyen una gran parte en ese sector, las demandas están dirigidas a la equiparación de los derechos laborales en correspondencia con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , signado por los países de la región. La definición de políticas, y estrategias para garantizar que las mujeres afrodescendientes de la región gocen de autonomía económica, física y en la toma de decisiones, debe ser un compromiso de los Estados, para lo que las organizaciones de la sociedad civil tienen que incidir y actuar con el fin de garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional, en todos los ámbitos de reproducción social cultural, social, simbólico y estructural.
En el blanco del ajuste económico
América Latina y el Caribe han sido un escenario de los experimentos más conservadores y ortodoxos en materia de ajustes neoliberales. Los programas político-económicos no solamente no contemplaron la igualdad entre los géneros y la justicia social, sino que impusieron su impronta machista al desvalorizar el trabajo de las mujeres y desconocer la contribución económica que representaba el trabajo no remunerado en el hogar.
En consecuencia, ciertas políticas aparentemente no relacionadas con la cuestión de género –como la reducción de los costos de producción, el aumento de la eficiencia y las tercerizaciones– significaron transferir determinados costos desde la economía remunerada hacia las economías doméstica y comunitaria, basadas total o principalmente en el trabajo femenino gratuito. Bajo los planes de ajuste neoliberales, gran parte del trabajo de las mujeres no fue contabilizado en los Productos Brutos Internos (PBI) ni en las cuentas públicas. El desempeño de los roles reproductivos por las mujeres de alimentación, educación y salud, continua como una economía pérdida de las cuentas nacionales; lo que no se cuantifica, no se ve. Su reclamo es una agenda de reclamo perentorio para el movimiento feminista.
La significativa reducción del gasto real per cápita en los sectores de educación y salud en todos los países de la región. En Jamaica, el gasto en salud experimentó una caída del 20%, entre 1980 y 1985, y en Brasil del 40%, entre 1989 y 1992. La disminución del apoyo de los Estados o su completa retirada de los servicios sociales causó mayor impacto sobre las mujeres, que siempre han sido mayoría entre los pobres. El fin de los subsidios alimentarios afectó a mujeres y niños en primer lugar. El desempleo perjudicó a las mujeres, y la reducción de sus actividades remuneradas repercutió directamente sobre el ingreso familiar. El resultado de los ajustes se hizo evidente en la caída del ingreso de las mujeres con relación al de los hombres, según el Índice de Desarrollo Humano (2004) . Las trabajadoras más calificadas y con más escolaridad percibían salarios muy inferiores a los de los trabajadores de su mismo nivel en el sector privado. El acceso al crédito de las mujeres era limitado. Entre 1995 y 2005 llegaron a constituir el 50% de la población latinoamericana en condiciones de “pobreza absoluta”. En ese contexto, más que nunca se hizo necesario exigir que los Estados contrarrestaran el impacto negativo de esas políticas económicas sobre las mujeres, sin abandonarlas a los embates de un mercado que las discriminaba.
En el nuevo siglo, la pobreza continuó “teniendo rostro de mujer”. Diversos estudios realizados por CEPAL han evidenciado que, un 29% de las mujeres en la región no logran generar ingresos y son económicamente dependientes, cerca de la mitad no tiene vínculo con el mercado laboral. A pesar de la reducción de la brecha salarial en 12.1 puntos entre 1990 y 2014, las mujeres reciben en promedio solo el 83.9% de lo que reciben los hombres; el 26% percibe salario inferior al mínimo. El 78.1% de las mujeres se ocupan en sectores de baja productividad /agricultura/comercio/servicios sociales, comunales y personales. La brecha de inserción de las mujeres en el mercado laboral; las mujeres realizan entre el 71% y el 86% del trabajo no remunerado total que demandan los hogares. En general el sistema expresa la profundización de la explotación de clase y de género (Esquenazi-Borrego, 2018).
Según el Informe de Desarrollo Humano (2019) el indicador Ingreso Nacional Bruto Estimado Per cápita siempre fue superior para los hombres, marca de razón diferencial en términos de paridad. El Índice de Desigualdad de Género (IDG= 0.383) refleja la situación de las mujeres una tasa de mortalidad materna 2015 (67,6 x 1000,000 NV); tasa natalidad en adolescentes 2025-2020 (63,6 x 1000 mujeres 15-19 años). En el ámbito político la proporción en acceso a escaños del parlamento al 2018 (31,0); ; la tasa de participación en la fuerza de trabajo de 15 años y más al 2018 (mujeres 51,8; hombres 77.2) ((PNUD), 2020). La alta tasa de mortalidad materna, evidencia el número de mujeres que mueren por causas prevenibles, evitables e injustas, relacionadas por insuficiente cobertura, calidad, acceso (geográfico, físico, económico) a servicios de salud pertinentes; la tasa de embarazo adolescente, está vinculada a formas de violencia sexual (matrimonio temprano, incesto, violación); Las estadísticas no incluyen las cifras de embarazo en niñas menores de 14 años, por tanto estas fuentes globales “invisibilizan el dato. La violencia basada en género representa alto riesgo para la muerte biológica y social de niñas y adolescentes, lo que significa crímenes de lesa humanidad. El acceso al poder político continúa reforzando el “techo de cristal”, a pesar de que ha habido pequeños avances, la discriminación para la oportunidad y el acceso real, sigue en manos del control de la estructura patriarcal de la sociedad.
El sistema educativo discrimina a la mujer
Desde mediados de los años 80 hasta mediados de la primera década del nuevo siglo, la relación entre los gastos sociales de educación y la renta per cápita decreció en todo el así llamado Tercer Mundo. El sistema educativo latinoamericano y del Caribe consolidó, durante ese período, su impronta de discriminación de género, etnia y nivel social. A las mujeres les resultó más difícil tener acceso y permanecer en la escuela. En las zonas rurales, las niñas tendían a ingresar en el nivel inicial más tarde que los niños y a abandonar la escuela más temprano debido al trabajo doméstico o asalariado y a la falta de flexibilidad de la propia escuela ante las peculiaridades de su situación de género.
Los niños pobres de ambos sexos tenían acceso a una enseñanza de baja calidad, que ni siquiera garantizaba una alfabetización sólida. En todas las clases sociales, las niñas tenían menos libertad para mudarse a ciudades grandes o a otros países con el fin de proseguir sus estudios. En la educación formal prevalecía una visión homogeneizante que negaba las diferencias de género. Las políticas educativas no incorporaban la educación no sexista en los currículos educativos ni en los programas de formación de profesores. En países donde se comenzó a incorporar el enfoque de género en los materiales escolares, se incorporaron de forma parcial, en materiales complementarios; los programas no cambiaron su esencia; y el personal docente mantuvo el “currículo oculto”. Se lograron avances en las políticas públicas de educación no sexista, pero se mantuvo la brecha entre la promulgación y su implementación práctica Se han logrado avances, con rémora, que a la fecha se mantiene.
En la enseñanza superior, comenzó a desarrollarse la producción teórica sobre mujer y género. Con el Programa Interdisciplinar de Estudios de la Mujer del Colegio de México (1983) –esencialmente orientado a la investigación– y el Diploma de Estudios de la Mujer en Brasil (1983), se inició la tradición de estudios sobre mujeres y género en las universidades latinoamericanas. Se crearon programas específicos en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso, 1983), la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA, 1987), la Universidad de San José de Costa Rica, las Universidades del Valle y de los Andes en Colombia, la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Escuela de Sociología de la Universidad de la República de Uruguay. En la década de 1990 nacieron los programas de estudios de género en la Universidad de las Américas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Xochimilco, también en México, y la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana (UH). Grupos pequeños, principalmente de mujeres, conducían la investigación científica, que tuvo escaso impacto sobre las políticas públicas. La categoría género creció con ciertos límites en el ámbito de las ciencias sociales y se mantuvo prácticamente ausente en otras ciencias.
A partir del 2000, los hombres comenzaron a incorporarse a los estudios de género, desarrollando un enfoque sobre la masculinidad. La diversidad sexual, la violencia familiar y los problemas de la edad madura fueron a 2006, temas todavía insuficientemente estudiados.
En los últimos 15 años se han producido avances, al involucrar compromiso político de autoridades, organizaciones y acciones de la sociedad civil. Persisten desigualdades, desafíos para trazar estrategias que permitan derribar las barreras estructurales, culturales y sociales, que más allá de los números representen verdaderas respuestas a las necesidades diferentes que requieren respuestas diferentes.
El Informe Género y la EPT 2000-2015: logros y desafíos (UNESCO, 2016) ha reconocido que las disparidades de género se están reduciendo en el mundo. En América Latina había 93 niños por cada 100 niñas en la enseñanza primaria, sin apenas variación desde 1999. Existe una disparidad y heterogeneidad mayor en la enseñanza secundaria. La región de América Latina y el Caribe es una de las que presenta un buen índice de paridad en la educación (1,3), donde las mujeres están más representadas que los hombres. Según el Índice de Desarrollo Humano (2019) la población con algún tipo de educación secundaria 2010-2018 (hombres 59,3; mujeres 57; 9).
En la educación terciaria se ha incrementado la tasa de matriculación, persisten diferencias entre los sexos al tránsito de la maestría al doctorado. La participación y culminación de estudios presenta una infrarrepresentación de las mujeres en las ciencias, matemática y tecnologías; en los cargos académicos, y en el sector de investigación. ·A pesar de los avances tecnológicos y sociales, las mujeres siguen atadas a la tríada “techo-paredes de cristal-suelo pegajoso”.
Se requiere proveer acciones afirmativas que sustenten el empuje de las mujeres en paridad, para su incorporación y permanencia en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria; eliminar los estereotipos sexistas de carreras y ocupaciones; y el estigma y discriminación por cualquier concepto
Diferencias de género también en la salud
Las condiciones de vida determinan diferentes formas de vivir, enfermar y morir por causas prevenibles, evitables e injustas. Según los últimos datos del Informe de Salud en las Américas de la Organización Panamericana de la Salud (2019). La esperanza de vida al nacer se ha incrementado en la región en los últimos 25 años: 75.6 años en total; hombres (74.0) y mujeres (79.8). Esta diferencia de años que favorece al sexo femenino; está asociado con la presencia de genes inmunoreguladores vinculados al cromosoma X. Las mujeres viven más, pero no necesariamente viven mejor. La ventaja de 5.8 años es una paradoja; la sobrevivencia femenina se asocia con una mayor incidencia de morbilidad y discapacidad. La transición epidemiológica en ALyC así lo evidencia. Las enfermedades no transmisibles representan el 81% de todas las muertes (2016): para los hombres 77.1% y para las mujeres 85.0%; las enfermedades transmisibles, hombres 9.6%; mujeres 10.2%; solamente las causas externas, que incluye violencia y autolesiones; es mayor para el sexo masculino vs el femenino 13.3%/4.9%. En este rubro, los indicadores de salud no incluyen ni se mencionan la enfermedad y muerte de las mujeres por violencia basada en género ni el número de feminicidios, expresión máxima de misoginia y violación del derecho fundamental a la vida como derecho humano inviolable.
Las responsabilidades sociales de las mujeres en la atención de salud, está determinada por el desempeño de los roles reproductivos. En el proceso de atención de salud a la familia, la mujer se involucra tanto en los procesos de atención que de asistir pasa a ser asistida. La ventaja de la esperanza de vida, varía mucho, cuando se analizan las estadísticas de salud desde las diferentes interseccionalidades de territorio, clase, color de la piel, etnia, orientación sexual e identidad de género, generación, discapacidad. Los cruces incrementan las vulnerabilidades en el proceso salud-enfermedad. Visto así para hacer un análisis con perspectiva de género de la salud, hay que incluir la epidemiología de las diferencias que permita determinar en qué medida las relaciones de poder subordinación de género desvían el proceso salud-enfermedad en sentido negativo.
Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los riesgos para la salud siempre están relacionadas con las diferencias biológicas y culturales. Sobre la mujer recaen a lo largo de su vida, no sólo las consecuencias físicas de la gravidez, el parto y el amamantamiento, sino también la responsabilidad por el cuidado de los hijos y la familia, como asimismo la mayor parte de la responsabilidad por la anticoncepción. Eso la hace más vulnerable a las infecciones del aparato reproductor y a las enfermedades de transmisión sexual.
En la mayoría de los países, excepto Argentina, Cuba, Uruguay, en los que está despenalizado el aborto; la mortalidad materna por esta causa es alta. La razón de mortalidad materna notificada (por 100,000 nnvv es de 69.5 (2019). La desigualdad es manifiesta por países; este indicador para Canadá es de 6.6 y para Guatemala 108.0. Los valores hablan, de la perentoria necesidad de un abordaje del derecho a la salud con “lentes de género”. Las causas de las desigualdades fundamentales están asociadas al acceso geográfico, económico; cobertura de los servicios de salud; servicios de salud orientados a adolescentes y jóvenes. Otros factores son los patrones culturales, predominantes en zonas rurales, donde las mujeres dependen de la decisión de la familia o de su pareja para el acceso en tiempo y oportunidad a los servicios de salud. Es insuficiente el reconocimiento y preparación de parteras y comadronas de pueblos originarios, aun cuando la cobertura de salud oficial no da respuesta a las necesidades de las mujeres. El predominio del modelo médico hegemónico, ignorar prácticas tradicionales y culturales, desconocimiento de las lenguas de los pueblos coloca a las mujeres en desventaja en el proceso de embarazo, parto y puerperio lo que incide en la morbilidad y mortalidad materna.
Las mujeres son más vulnerables a las infecciones de transmisión sexual debido a la ausencia de síntomas no siempre percibidos; desconocimiento y postergación de prioridad a su cuerpo; y establecimiento de relaciones sexuales desiguales de poder entre mujeres y hombres que limita o impide la negociación para garantizar una relación sexual segura). La tasa de diagnóstico del VIH x 100,000 habitantes (16.8), con una razón hombre/mujer de 3,3, desfavorece al sexo masculino. La brecha masculina se relaciona con estereotipos masculinos de actuación, que se constituyen factores de riesgo para las infecciones de transmisión sexual.
Los efectos de la violencia son cualitativamente diferentes para los hombres y las mujeres de la región. Para ellos, el riesgo está en las calles; para ellas, dentro de sus propias casas. Las agresiones contra hombres tienden a ser repentinas, con finalidad de aniquilación, y aparecen en los registros públicos. Las agresiones contra mujeres, por el contrario, tienden a ser constantes, asociadas al abuso y violencia sexual, sus cuerpos son utilizados como vehículos de mensajes; vejados y maltratados; de usurpación con raros registros en documentos públicos y, en general, toleradas por las costumbres. La violencia basada en género es estructural, normalizada simbólica, naturalizada lo que hace más complejo su abordaje. Muchos países de la Región tienen leyes contra la violencia de las mujeres, pero existe una brecha entre los documentos sustantivos y su aplicación en la práctica.
La situación de la COVID 19 ha constituido un desafío para las mujeres, niñas y adolescentes. La segmentación de los servicios de salud y y concentración de los recursos humanos y tecnología médica , entre otros han disminuido la capacidad de los servicios de salud esenciales para la atención a la población, el sistema de cuidado se traslada a los hogares, refuerza el desempeño de los roles reproductivos por la necesaria atención a los miembros de la familia en tiempos de confinamiento, lo que representa una recarga, muchas veces compartida con el teletrabajo y otras formas de labor a distancia; que de conjunto contribuye, en las mujeres, a desviar el proceso salud-enfermedad en sentido negativo.
Desigualdad digital
La llamada “exclusión digital” niega a determinados grupos sociales, étnicos, económicos y de género el uso y los beneficios de los adelantos de las tecnologías de información y comunicación. En el 2003, el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres para América Latina, el porcentaje de mujeres que navegaban en internet y utilizaban el correo electrónico oscilaba entre el 38 y el 42%. La mayoría de esas mujeres vivía en las ciudades, era alfabetizada y poseía algún conocimiento del idioma inglés. El acceso a las tecnologías de información y a la comunicación estaba limitado a las mujeres de clase media urbana, con poder adquisitivo para conectarse en sus casas o en un cibercafé y con un nivel medio de educación, por lo menos.
La Organización Internacional del Trabajo reveló, en 2001, una “brecha digital de género”, dado que las mujeres estaban poco representadas en aquellos empleos relacionados con las nuevas tecnologías, tanto en los países desarrollados como en los que estaban en vías de desarrollo. Con el advenimiento del denominado “teletrabajo” –distante del escritorio tradicional, en general realizado en casa–, las mujeres corrían el riesgo de que sus ocupaciones profesionales se volvieran tan invisibles como sus tareas domésticas; vieron cercenados sus derechos laborales, con salarios reducidos, menores oportunidades de ascenso profesional y ninguna seguridad social o sanitaria. El trabajo asalariado fuera (o dentro) de la casa –como resultado de las nuevas tecnologías– no trajo el tan esperado cambio en la división de las tareas en el ámbito de la familia y el hogar. Esta condición se mantiene en la actualidad con igual o mayor intensidad. En el presente el incremento de esta forma de trabajo por el confinamiento y distanciamiento físico y social generado por la pandemia COVID 19 evidencia la sobrecarga, la cuarta o quinta jornada que ha representado para las mujeres con las consiguientes consecuencias para su salud física y mental.
En la región de ALyC, se mantienen las brechas de género en en el acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC); así como en la segregación educativa y laboral. El 60% de los graduados en carreras terciarias universitarias son mujeres pero solo el 30% de los graduados en carreras de ciencias, tecnologías de la información y matemáticas (CTIM) son mujeres; en carreras TIC, las mujeres solo representan el 28% de los graduados; y solo 3 de cada 10 trabajadores en el área de matemáticas y ciencias de la computación son mujeres; y las mujeres que encuentran trabajo en estas áreas reciben un salario un 40% inferior al de los hombres empleados en las mismas áreas (Agüero, Bustelo, & Viollaz, 2020).
En otras áreas ALyC, las brechas de género en el acceso a las TIC son pequeñas. En el periodo comprendido entre 2017 y 2018, el porcentaje de acceso a internet en la región fue del 63% para hombres y el 57% para mujeres; y el acceso y uso del teléfono móvil fue del 83% para hombres y el 80% para mujeres.
A pesar de los adelantos, es evidente la brecha y segregación a desfavor de las mujeres. La complejidad de las bases políticas, sociales, culturales que mantienen condiciones a la existencia de la brecha digital reclama perentoriamente la conciencia de los Estados en promover políticas integradoras que involucren sus instituciones que contribuyan a la reducción de las desigualdades mediante el cambio cultural necesario y perentorio.
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