Carlos Eduardo Martins (actualización en 31 de agosto de 2021 a partir de la entrada original en versión impresa en 2007)

Fuentes:

¹ CIA: World Factbook.
² ONU: World Population Prospects: The 2012 Revision Database.
³ ONU: World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.
⁴ CEPALSTAT.
⁵  ONU/PNUD: Human Development Report, 2014.

Venezuela, una de las sociedades agrarias más pobres de América Latina, comenzó a transformarse cuando en la economía mundial se cambió el modelo energético del carbón por el del petróleo, en la década de 1920, y con el descubrimiento y la exploración de sus propias reservas petroleras.

Pero, a decir verdad, las concesiones para explotar las reservas venezolanas comenzaron en el año 1865, mucho antes de que se estableciera esa transición energética. En un principio, ellas tuvieron en cuenta a empresas norteamericanas –por ejemplo la New York and Bermúdez Company–, interesadas en la producción de asfalto, y a la primera compañía venezolana, la Petrolia del Táchira, cuya producción estaba orientada a la distribución de querosén. Sin embargo, el capital extranjero, que tenía en la mira el potencial del país, presionó al gobierno venezolano y consiguió ampliar sus concesiones. En 1901, la New York and Bermúdez Company financió la Revolución Libertadora contra el gobierno nacionalista de Cipriano Castro. Y, el año siguiente, las fuerzas armadas de Inglaterra, Alemania e Italia bloquearon la costa venezolana con el pretexto de que Castro no había cumplido con sus compromisos internacionales.

En 1905, Castro promulgó la Ley de Minas, que establecía concesiones de cincuenta años para la exploración del petróleo, pagándole al Estado como contrapartida dos bolívares por la hectárea de concesión. La ley cayó mal entre las empresas extranjeras, que en 1909 apoyaron el golpe del vicepresidente Juan Vicente Gómez y, a raíz de esto, Castro, que estaba en Europa haciendo un tratamiento de salud, no pudo regresar al país. Desde ese momento, se distribuyeron millones de hectáreas siguiendo el régimen de concesión, y así se consolidaron la anglo-holandesa Royal Dutch Shell y la norteamericana Standard Oil como las principales empresas petroleras del país. Mientras tanto la exploración se hacía siguiendo las leyes sobre el uso del suelo y no se pagaban rentas.

A partir de 1913 se descubrieron nuevos campos petroleros, y en 1917 comenzó la exportación de hidrocarburos. Acto seguido, se revisaron las concesiones y en 1920 se promulgó la primera Ley de Hidrocarburos. Ésta introdujo el concepto de reserva nacional, fijó el pago mínimo del 15% de regalía al Estado venezolano por la exploración y determinó que, al vencer las concesiones entonces vigentes, las reservas nacionales deberían volver al Estado para ser renegociadas. De esa manera, como las empresas extranjeras vieron perjudicados sus intereses, removieron a Gumersindo Torres, ministro de Fomento, y participaron de la redacción de la nueva ley. Hasta 1938 no sufriría ninguna modificación; comenzó a revisarse, para aumentar la participación del Estado, a raíz de la crisis del mercado mundial y el ambiente nacionalista que se imponía en América Latina, estimulado por la nacionalización de las empresas de petróleo en México.

Más tarde, la rearticulación de Venezuela al capitalismo mundial por medio de la producción y comercialización del petróleo, alteró y condicionó significativamente las estructuras del país. Con el descubrimiento en 1922 del campo Barroso 2, en Cabimas, estado de Zulia, el país se convirtió en el segundo productor de petróleo del mundo, detrás de los Estados Unidos, y en el mayor exportador del mundo, posición que mantendría hasta 1970 cuando fue superado por los países árabes.

Entre 1920 y 1950 la población del país se duplicó, una gran parte migró del campo a la ciudad y se transformó en mano de obra asalariada. En 1936 la población que vivía en las ciudades apenas llegaba al 34%, en 1961 ya alcanzaba el 67%. De esta manera, la burguesía venezolana transformó su inserción eminentemente agraria en comercial y fortaleció sus lazos con el Estado y con las empresas transnacionales. Los recursos que el Estado obtenía con la renta petrolera estaban destinados básicamente a la burguesía importadora, a los banqueros –en parte extranjeros–, a montar un ejército capaz de imponer la unidad nacional a los caudillos regionales y a construir ciudades con equipamientos y materiales importados.

Después de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935 –evento que el pueblo festejó en las calles de las principales ciudades del país–, el Estado venezolano comenzó a intervenir con más sistematicidad en la economía. Este episodio demostró que la urbanización estaba en marcha, develó la conformación de nuevos sujetos sociales y su relativa independencia y el apoyo popular a los proyectos nacionalistas que redefinieran la articulación entre el Estado y las empresas transnacionales. Así comenzó un período de gran inestabilidad política. Durante el gobierno del general Eleazar López Contreras (1935-1941), los movimientos estudiantil, sindical –en particular el petrolero– y campesino cobraron entidad, así como la actuación de las izquierdas, todos exigiendo reformas. Sin embargo, la respuesta del gobierno llegó de la mano de una violenta represión. Isaías Medina Angarita (1941-1945), militar que sucedió a Contreras, respondió en parte a las presiones, legalizando los partidos Acción Democrática y Comunista –entonces en la clandestinidad–, reformando la Ley de Hidrocarburos en 1943 y ampliando la recaudación fiscal.

La nueva Ley de Hidrocarburos unificó las medidas relativas al petróleo: elevó los impuestos y royalties hasta igualar los ingresos para el Estado al lucro de los consorcistas, eliminó la exención obligatoria de los impuestos de aduana; impuso a las compañías la ampliación de las instalaciones de refinación en el país, limitó las cotas de producción, y renovó los títulos otorgados y su vigencia por cuarenta años.

Isaías Medina Angarita fue derrocado por un movimiento cívico-militar que estableció una junta revolucionaria de gobierno presidida por Rómulo Betancourt, fundador y líder de la Acción Democrática entre 1945 y 1948. En ese período, la intervención estatal sobre el sector petrolero creció. Su mayor expresión fue la reforma fiscal con la finalidad de establecer una división equitativa de los lucros de la exploración del petróleo. También se creó la Corporación Venezuela de Fomento, destinada a transferir recursos del sector petrolero hacia otros segmentos de la economía y estimular su modernización. El voto universal y secreto para mayores de 18 años entró en vigencia y fue decisivo para elegir presidente al escritor Rómulo Gallegos, militante de Acción Democrática.

Sin embargo, al contar con una condición favorable en la balanza de pagos, la mayoría de las veces con superávit en función de los precios del petróleo, el país acabó atrasándose en la implantación de los procesos de sustitución de las importaciones. La alta capacidad de comprar en el exterior desestimulaba el establecimiento de políticas proteccionistas por parte del Estado y acabó por favorecer un comportamiento especulativo y rentista por parte de las elites. Y los primeros intentos de sustituir el modelo importador surgieron a raíz de la crisis del mercado mundial durante la Segunda Guerra. Angarita incluso ensayó medidas para reducir las importaciones de bienes de consumo durante el conflicto mundial, al sustituirlas por la compra de maquinaria. Pero la desorganización del mercado, así como la oposición de la burguesía comercial y financiera venezolana –que funda la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en 1944– y de la Acción Democrática, que representaba a los segmentos medios y reivindicaba la reducción de los precios de los bienes de consumo, llevarían a la caída de Angarita.

Durante el gobierno Betancourt, la renta petrolera creció con el aumento de los precios en la posguerra y con la ampliación de las concesiones para la explotación. El Estado destinaría la mayor parte de esos recursos para el sector importador y financiero y para la modernización de la agroindustria: se crearon empresas de molienda de trigo, de fabricación de leche en polvo, centrales azucareras y de industrialización de pescados. Pero no se estableció, por ejemplo, una política de protección y desarrollo para el sector textil y de calzados, ni tampoco se hicieron inversiones en infraestructura. Así, el nivel de industrialización continuó siendo incipiente. Finalmente, el golpe militar que derrocó a Gallegos, sucesor de Betancourt, y que gobernó entre 1948 y 1958 por medio de Carlos Delgado Chalbaub (1948-1950), Germán Suárez Flamerich (1950-1952) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), no cambió significativamente la situación.

Además, la dictadura confinó a la ilegalidad al Partido Comunista, reprimió a los sindicatos y se benefició de la elevación de los precios petroleros. El dinero se usó para impulsar la construcción civil en los años 1950. Sirvió también para modernizar la agricultura, lo que provocó una fuerte migración de campesinos para las ciudades, por lo cual se expandió el asalariado y el mercado interno. Por otra parte, la exención tarifaria combinada con la disponibilidad de divisas permitió la lenta expansión de la industria manufacturera de menor valor agregado. El crecimiento fue posible con el aumento del coeficiente de importaciones, que saltó del 17% del PBI en la década de 1930 al 30% entre 1940 y 1960. Finalmente en 1960, el sector de bienes de consumo no durables respondía por el 63,5% del PBI, lo cual revela la dimensión incipiente de la industria venezolana (Cano, 1999).

Con la oscilación de los precios del petróleo y su caída en la década de 1960, la burocracia estatal se dio cuenta de la escasez relativa de divisas y de su volatilidad. Así se implantaron, en cierta medida, las políticas de sustitución de las importaciones y, sobre todo, en la década de 1970, las iniciativas de nacionalización de la estructura productiva.

El proceso se desarrolló con la caída de la dictadura militar y el establecimiento de la llamada democracia de punto fijo. Ésta buscaba crear estabilidad institucional para el proceso representativo, combinando reformas de corte social y nacionalista con el conservadurismo. El pacto firmado entre la Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y la Unión Republicana Democrática (URD) mantuvo al Partido Comunista en la ilegalidad y propuso un gobierno de unidad nacional, con coparticipación y alternancia de poder. En la práctica, el gobierno fue dividido entre la AD y el COPEI. La lealtad de las fuerzas armadas estuvo garantizada a cambio de beneficios sociales y de mayor autonomía organizativa. Entonces, los opositores políticos fueron perseguidos y el gobierno se lanzó a combatir al movimiento guerrillero que, inspirado por la revolución cubana, se había organizado para protestar contra el carácter oligárquico de ese orden político.

El punto fijo significó la alianza entre los sectores de centro-izquierda y socialdemócratas, representados por la AD, así como de los sectores de centro derecha y los democristianos, de la COPEI. Dicho acuerdo establecería por más de dos décadas el grado interno de legitimidad necesario para una intervención creciente del Estado en la economía, que redefinió hasta los años 1980 la relación con el capital extranjero, controlador del segmento petrolífero, el más importante del sector productivo y responsable por el 20% del PBI, en 1970.

La intervención creciente del Estado en la economía se manifestó de diversas formas: en la articulación entre Venezuela y los países exportadores de petróleo de una política conjunta para el sector, que se constituiría en el embrión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP); en la reorientación de la Corporación Venezolana de Fomento para el financiamiento de actividades industriales que, en 1962, haría viable el montaje de la primera siderúrgica integrada; en 1963, en la decisión de no renovar las concesiones de exploración de petróleo, que volverían a las manos del Estado en 1983; en 1971, en el anuncio de que la exploración de gas sería exclusividad del Estado; en 1973, en la promulgación de la reserva del mercado interno de petróleo y de combustibles líquidos para el Estado; y en 1975, en la nacionalización de las áreas de exploración de petróleo y de minería de hierro, con la creación de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), aunque el gobierno de Carlos Andrés Pérez haya desvirtuado su sentido al abrir la brecha, para que en casos de interés público, el Ejecutivo estableciera convenios de asociación por tiempo determinado.

Y los términos del proceso de nacionalización de las empresas de petróleo fueron muy cuestionados. El valor de las indemnizaciones, por ejemplo, se consideró exagerado. También se cuestionó la conversión de las multinacionales en filiales de la PDVSA, situación que se extendió hasta 1997, cuando fueron disueltas con la creación de cuatro grandes empresas que forman la corporación: PDVSA Petróleo y Gas, PDVSA Exploración y Producción, PDVSA Manufactura y Mercado, y PDVSA Servicios.

Conscientes de la volatilidad de los precios del petróleo, los gobiernos de Rafael Caldera y de Pérez implementaron ambiciosos planes de inversión: el Plan de Desarrollo Nacional y Grande Venezuela, respectivamente. Ambos priorizaban los segmentos de infraestructura básica –siderurgia, electricidad y refinamiento de petróleo–, así como la expansión de las empresas estatales. Sin embargo, diversas variables hicieron que ninguno de ellos llegara a término. Los dos se basaban en la adquisición de tecnología extranjera y endeudamiento externo, y el país sufrió con la caída del precio del petróleo en los años 1980, con la salida de capitales atraídos por tasas de interés convenientes y con el mercado interno recesivo. Después, el coeficiente medio de importaciones en relación con el PBI durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, llegó al 33% entre 1977 y 1978, superando al 15% de los años 1968 y 1973, lo cual restringió la expansión de la industrialización. Ésta correspondía, a fines de los años 1970, al 16% del PBI, incluido el sector de refinamiento, responsable del 20% del producto industrial (Cano, 1999).

La caída de los precios del petróleo en las décadas de 1980 y 1990 castigó al país. El sector llegó a responder por el 80% de la recaudación fiscal del gobierno en el período. Y el resultado fue el desguace de las políticas desarrollistas, la elevación de las tasas de intereses, las iniciativas proteccionistas y el favorecimiento de sectores especulativos, como las finanzas y el comercio. Finalmente, a raíz de la recesión, el PBI per cápita cayó al 28% durante la década de 1980 y la democracia de punto fijo quedó desgastada. La pobreza y las tasas de homicidio se elevaron significativamente entre 1986 y 1994.

Una vez reelecto en 1989, Carlos Andrés Pérez decidió adoptar la agenda neoliberal del Consenso de Washington. El 16 de febrero, el presidente anunció un paquete de duras medidas; el 27 y 28 de febrero las tensiones sociales explotaron, lo que se conoció como el Caracazo, conflicto que tuvo un saldo de 2.000 víctimas. Pérez logró mantenerse en el poder gracias al apoyo de las fuerzas armadas, pero el desgaste notorio de su legitimidad provocó fracturas importantes entre los militares.

En 1992, un grupo de militares aglutinados en el MBR-200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario-200), disconformes con el avance de la desnacionalización, la pobreza y la corrupción, así como también con las condiciones sociales del sector medio y bajo de los oficiales, intentó dar un golpe de Estado.

Para entonces, ya comenzaba a hacerse notar el liderazgo del teniente coronel Hugo Chávez Frías. Más tarde, en noviembre, se logró detener un nuevo intento de golpe de Estado. El desgaste del presidente Pérez se aceleró y por las evidencias de corrupción se lo destituyó en 1993. Las elecciones que se celebraron de inmediato registraron un alto índice de abstención. La elección de Rafael Caldera marcó el fin de la hegemonía de la AD y del COPEI. Caldera representaba a la Convergencia, frente de pequeños partidos de centro-izquierda y de izquierda, como el MAS, el Partido Comunista Venezolano, entre otros.

Así, el gobierno de Caldera (1993-1998) frustró profundamente las aspiraciones populares. Electo por la promesa de realizar una reforma general de la Constitución y de establecer un modelo de desarrollo alternativo al del Fondo Monetario Internacional (FMI), Caldera acabó adoptando el modelo del neoliberalismo y se comprometió con las viejas oligarquías venezolanas. Finalmente, una alianza informal con la AD, con el fin de dar curso a un decreto que le permitiría tomar medidas para enfrentar la fuga de capitales, terminó bloqueando las iniciativas de cambios constitucionales. Por otro lado, el poder judicial se mantuvo intocable y profundizó su desgaste al sancionar la prescripción de los crímenes de corrupción del ex presidente Lusinchi (1984-1989).

En el plano económico, Caldera enfrentó una coyuntura por la caída de los precios del petróleo y heredó la intervención en el Banco Latino, por la cual en 1994 el Estado transfirió el 10% del PBI al sector financiero. La medida produjo una grave crisis fiscal e hizo que en 1996 el FMI impusiera al gobierno la Agenda Venezuela, versión reformulada del Gran Viraje, de Carlos Andrés Pérez.

La reforma incluyó la liberalización del cambio, un ajuste fiscal recesivo, la apertura de la industria petrolera, la privatización del sector eléctrico y bancario, así como también la concesión de los servicios de construcción, manutención y gestión de calles a las empresas extranjeras. El resultado de la Agenda Venezuela fue perjudicial y en él la apertura petrolera cumplió un papel destacado. El PBI per cápita se retrajo en 1996 (-2,3%), se recuperó en 1997 (4,2%), pero luego volvió a disminuir (-1,8%) en 1998.

La apertura petrolera tenía como meta aumentar los volúmenes producidos, dar renta a las empresas y disminuir drásticamente la renta obtenida por el Estado. Comenzó discretamente, entre 1986 y 1987, con el establecimiento de convenios operativos, asociaciones estratégicas y creando empresas mixtas para reactivar campos, producir petróleo, gas natural y explotar áreas promisorias. A partir de 1992, el proceso de tercerización se aceleró. Se establecieron 33 convenios operativos entre 1992 y 1997. Y en 1996 se aprobó una drástica reducción en la renta petrolera obtenida por el Estado: los royalties se redujeron de 16,6% a 1%; los impuestos sobre las ganancias líquidas de las empresas cayeron de 67,7% a 34%; y la participación accionaria de PDVSA en los convenios operativos se limitó al máximo de 35% del capital; por último, se eliminó el valor fiscal de las exportaciones.

El balance de la apertura petrolera permite destacar:

1. Su contribución para la debaclede los precios del petróleo, que produjo una profunda recesión entre 1998 y 1999, llevando a un nuevo desajuste fiscal. La caída de los precios de petróleo, asociada al aumento de los volúmenes de producción, lo que elevó los costos de producción, incidiendo negativamente sobre la tasa de lucro del emprendimiento y poniendo en cuestión el fundamento de la competitividad empresarial. La continuidad de ese proceso se apoyó en una contrapartida obligatoria, esto es, en la reducción de los ingresos obtenidos por el Estado, que disminuyeron en términos absolutos, por lo cual PDVSA aumentó su independencia frente al ministerio de Minas y Energía.
2. La violación de los principios constitucionales, dado que los convenios operativos, que no fueron aprobados por el Congreso, estipularon una participación accionaria que no permitía su control por parte del Estado –ambas exigencias del artículo 5° de la Ley de Nacionalización– y tampoco establecieron límites para la perforación del suelo, lo que expuso al subsuelo venezolano, ilegalmente, a la desnacionalización;
3. El encubrimiento que generó. La falta de transparencia sobre los lucros líquidos obtenidos por las empresas con la exploración del petróleo permitía que los impuestos nacionales fueran burlados. La operación se llevaba a cabo mediante diversos mecanismos: entre ellos, préstamos tomados por las corporaciones multinacionales en sus casas matrices, que incidían negativamente sobre las ganancias, cuya función era la de transferir recursos al exterior.

Fue en ese contexto de crisis política, social y económica profunda que en 1998 se eligió a Hugo Chávez Frías, cambiando radicalmente la historia de los últimos cuarenta años en Venezuela.

Hugo Chávez y la Quinta República

La elección de Hugo Chávez Frías ocurrió en un marco de profundo deterioro de la Cuarta República, con la crisis de la economía petrolera, la ruptura del pacto de punto fijo y la incapacidad del gobierno Rafael Caldera para ofrecer alternativas a la agenda neoliberal implantada a partir del gobierno Carlos Andrés Pérez. La situación social era dramática: el índice de pobreza había saltado de 24,2% de la población, en 1978, a 68,9% en 1990; en 1996 alcanzó al 77,1% de la población; en 1998, los precios del petróleo habían llegado al nivel más bajo de la serie deflacionada que había comenzado en 1946; la renta petrolera caería, también en 1998, al nivel inferior de la serie que había comenzado en 1950; y la renta per cápita disminuyó de US$ 11.251 a US$ 8.906, entre 1977 y 1998.

De esta manera, la decisión de lanzar a Hugo Chávez a la presidencia representó un cambio en el enfoque estratégico y táctico del MBR-200. Hasta entonces, el movimiento se había preocupado en formar cuadros y fomentar rebeliones militares. El objetivo era tomar el poder y convocar una Asamblea Constituyente que rompiera con el sistema político oligárquico decadente de la Cuarta República y del régimen de punto fijo. Sin embargo, a partir de 1996, el MBR-200 decidió adoptar la vía electoral como parte del proceso de ruptura, reaccionando a la experiencia de aislamiento provocada por las rebeliones militares del 4  de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Ambas conquistarían la simpatía del sector civil-popular, pero no conseguirían su compromiso. También contribuyó a tomar la decisión la popularidad de Chávez. Investigaciones de opinión realizadas por el MBR-200 entre la población mostraron que 70% de los entrevistados simpatizaban con su candidatura y que en un universo de 100.000 personas, 57% de ellas estaban dispuestas a votar por él.

El MBR-200 se convirtió, entonces, en Movimiento Quinta República, y la candidatura de Chávez fue lanzada por el Polo Patriótico, frente que reunía partidos de izquierda como el Movimiento Quinta República (MVR), el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Patria para Todos (PPT) y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). En fin, Chávez resultó electo con 3.673.685 votos, el 56,2% de los votos válidos.

La candidatura Chávez se apoyaba en los documentos “Agenda alternativa bolivariana” (1996) y en “Una revolución democrática: la propuesta de Chávez para transformar Venezuela” (1998). Ambos se proponían refundar el Estado venezolano, creando la Quinta República de Venezuela, mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente por medio de un referendo popular. Se apoyaba en la idea de que el modelo adeco-copeiano, cuya principal expresión fue el pacto de punto fijo, violaba las bases de la República por fundarse en la repartición desigual del rentismo petrolero, en el colonialismo, en la dependencia, el autoritarismo, la corrupción y en una democracia formal y oligárquica.

El modelo llevó a la población venezolana a la marginalidad, acuciando la pobreza y la miseria. Además, desnacionalizó la explotación de petróleo dentro de los marcos del capitalismo dependiente, al entregar generosas sumas al capital extranjero y preservar el poder gerencial de su tecnocracia, privatizando y dando recursos estratégicos al capital extranjero durante las crisis del precio del petróleo en los años 1980 y 1990.

Pero la candidatura Chávez proponía la creación de un modelo humanista y de autogestión, que priorizaba las necesidades humanas por encima de las del neoliberalismo y del capitalismo, subordinando las políticas macroeconómicas a las macrosociales. Las variables estratégicas pasaron a ser el combate a la desnacionalización, a la pobreza y la desigualdad, así como la promoción de la democracia participativa y protagónica del Estado.

También se partió de la premisa de que la base productiva de Venezuela en las décadas siguientes seguirían siendo el petróleo, pero que se deberían construir los fundamentos para la transición a un nuevo modelo de desarrollo. La transición sería garantizada por la construcción de una estrategia endógena de desarrollo socioeconómico, basado en la ruptura con la apertura petrolera y en la creación de cinco ejes sectoriales: empresas básicas y estratégicas bajo control estatal, incluidos el sector petrolero, minero y militar; bancos y empresas de intermediación financiera en régimen de propiedad mixta bajo una estricta regulación estatal; bienes esenciales y servicios esenciales, ambos de carácter mixto, pero con un fuerte impulso estatal; y la gran industria importadora y exportadora de bienes no esenciales, de carácter fundamentalmente privado.

Así, la internacionalización petrolera sería sustituida por la internalización petrolera, lo que significaría colocar las rentas del petróleo en función del desarrollo humano y de la diversificación sectorial e industrial de Venezuela.

Se propuso la reducción de las inversiones y la disminución de la producción petrolera con vistas a elevar su rentabilidad; la reducción y suspensión de los servicios y amortizaciones de la deuda externa hasta un límite que no afectase el desarrollo nacional; la elevación de los impuestos sobre los riesgos y la subordinación de las tasas de interés al desarrollo productivo; la promoción del desarrollo educacional, científico-tecnológico y cultural, destacando su dimensión latinoamericana; y la inserción del país en los núcleos de dinamismo tecnológico en bloques regionales y en la economía mundial.

El gobierno Chávez y la reacción de las oligarquías

Electo en enero de 1999, Chávez anunció el referendo para convocar a una Asamblea Constituyente. Realizado en abril, el referendo tuvo el apoyo del 71% de los votantes. Así, la Asamblea Constituyente fue elegida en julio del mismo año. Y la coalición gubernamental impuso una gran derrota a las oposiciones, alcanzando 125 de las 131 bancas de la asamblea. Además, el texto constitucional, aprobado por 88% de los votantes en diciembre, fue objeto de una intensa participación popular. Finalmente los movimientos y las organizaciones sociales presentaron 624 propuestas, y casi el 50% fueron incorporadas a la redacción final. La Constitución modificó el nombre del país, adoptando el de República Bolivariana de Venezuela y fundó sus bases legales en la soberanía, en la democracia participativa y protagónica, en la pluriculturalidad, en la multietnicidad, en el bien común, en la libertad, en la solidaridad, en el establecimiento de los derechos sociales (vida, trabajo, educación, cultura, justicia social), ambientales y de los pueblos indígenas, así como en la promoción de la integración latinoamericana.

El texto constitucional estableció que el Estado, por razones estratégicas y de seguridad nacional, retendría el 100% de las acciones de PDVSA. Consideró contrario al interés nacional al régimen latifundista. Y determinó que el Estado promovería la agricultura sustentable, la producción campesina, las asociaciones y formas particulares de propiedad para garantizar la seguridad alimentaria. Definió incluso las formas de participación y el protagonismo popular, que incluirían, además de elecciones para cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación de mandato, las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, la autogestión, la cogestión y las cooperativas. La Constitución definió incluso cinco formas de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral y el Ciudadano. Unificó el Poder Legislativo en una única cámara y limitó el cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia a un único mandato de doce años, con el representante elegido en proceso electoral.

También amplió el objetivo de las llamadas leyes habilitantes, que permiten al presidente de la República anunciar decretos con fuerza de ley y por plazo determinado, por fuera de las materias financieras y económicas, pero exigió como condición la autorización por 3/5 partes de la Asamblea Nacional, además de someterlas a referendo, siempre que la iniciativa partiera del presidente de la República, de la Asamblea Nacional o por los menos del 5% del electorado. Estableció, además, que otras leyes podrían ir al referendo si al menos 10% del electorado así lo solicitara. El texto garantizó el derecho de voto a los militares y la indemnización al trabajador cuando se rompa el contrato de trabajo; redujo la jornada de 48 a 44 horas semanales y universalizó el sistema de seguridad social, convirtiéndolo en derecho de todas las personas.

La insistencia de la nueva Constitución en la democracia participativa y protagónica y en la nacionalización de los recursos estratégicos se ganó la oposición de la oligarquía venezolana y del capital extranjero. Después de su promulgación, se realizaron elecciones generales el 31 de julio de 2000. En aquel momento, Chávez venció a Francisco Arias Cárdenas con el 59,7% de los votos y el Polo Patriótico obtuvo 3/5 partes de las bancas en la Asamblea Nacional, en esta proporción: Movimiento Quinta República, 92 bancas; MAS, 7 bancas; PPT, 1 banca; lo cual garantizó al gobierno electo la posibilidad de decretar leyes habilitantes. Finalmente, la oligarquía y el capital extranjero permanecieron en la oposición, incluso ante la gestión macroeconómica conservadora que caracterizó los primeros tiempos del gobierno Chávez.

Así, su gobierno dio prioridad, en un primer momento, a la estabilidad económica. Mantuvo en el cargo a Maritza Izaguirre, ministra de Finanzas de Rafael Caldera. También rechazó el control de precios, conservó la banda de fluctuación cambiaria, firmó la ley de promoción y protección de las inversiones y la ley orgánica de telecomunicaciones, ambas apoyadas por los inversores internacionales y consideradas modelos de apertura económica por los Estados Unidos. El gobierno venezolano pagó regularmente la deuda externa, a pesar del discurso que reivindicaba su renegociación.

Paralelamente, actuó reconstruyendo y reorientando la OPEP para establecer una política de cotas de producción que, al combinarse con la reanudación del crecimiento de la economía mundial y la reorientación de su dinamismo hacia China e India, fue responsable de la fuerte elevación de los precios del petróleo y de sus derivados. En 2000, Caracas fue sede de la II Cúpula de Jefes de Estado de la OPEP.

Sin embargo, muy pronto, respaldado por una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional y con un fuerte apoyo popular, Chávez decretó 49 leyes habilitantes, por lo que se ganó una drástica oposición interna y de los grandes capitales extranjeros internacionales. Tres leyes habilitantes en particular despertaron una intensa campaña para desestabilizar y derribar su gobierno: la de hidrocarburos, la de tierras y la de pesca. Para impulsar el protagonismo popular, Chávez recreó además los círculos bolivarianos. Idealizados por el MBR-200 como células del activismo político revolucionario, los círculos tenían dos tareas esenciales: la política, que consistía en la divulgación de la nueva Constitución; y la gerencial, para crear cooperativas y asociaciones de barrios que promovieran y atendieran necesidades locales.

Por otra parte, la ley orgánica de hidrocarburos estableció la propiedad de la República sobre los yacimientos de petróleo y reservó al Estado las actividades de exploración, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización, que podrían realizarse directamente por empresas de su propiedad o por empresas de propiedad mixta. Tales actividades fueron declaradas de utilidad pública y deberían responder al interés público y social, conectándose con el conjunto de la economía y de la sociedad. Por lo tanto, PDVSA, que había asumido una autonomía gerencial y financiera cada vez mayor durante la apertura petrolera, debería subordinarse al Ministerio de Minas y Energía. La ley orgánica elevó drásticamente la participación en el Estado, fijándola en el 30% del volumen producido, límite que podía ser excepcional y provisoriamente rebajado a casi el 16% en proyectos de baja viabilidad económica en la faja del río Orinoco.

Asimismo, la ley de tierras estableció que las propiedades ociosas e improductivas estarían sujetas a expropiación o a tasación. Es más, favoreció a las pequeñas y medianas propiedades de hasta cincuenta hectáreas y a las asociaciones de pequeños productores, determinando que es deber del Estado garantizar el crédito, la base necesaria para el cultivo y la equidad en el uso de los factores de producción. La ley de pesca promovió la pesca artesanal en función de su bajo impacto ambiental y alto nivel de generación de empleo, y en cambio prohibió la pesca industrial en el límite de las seis millas de la costa venezolana, lo que provocó la fuerte oposición de la Federación Nacional de Asociaciones Pesqueras.

Después de la paralización de empresas por doce horas, convocada por la Fedecámaras el día 10 de diciembre de 2001, se desató la reacción oligárquica de los grandes grupos empresariales venezolanos y extranjeros, de la tecnoburocracia de PDVSA, y de la aristocracia operaria en el control de la Confederación Nacional de los Trabajadores (CTV), con el apoyo de la clase media alta venezolana. Entonces, el movimiento pedía la revocación de las leyes habilitantes. Y, ante la negativa del gobierno, la Fedecámaras convocó para el 9 de abril de 2002, un segundo acto de paralización empresarial por 48 horas, con el apoyo de la CTV.

Anticipándose al acto, el día 7 de abril, durante el programa Aló, Presidente, Chávez despidió a siete dirigentes de la cúpula de PDVSA. La tecnoburocracia se había apropiado de la mayor parte de las ganancias generadas por la empresa e insistía en vender petróleo a bajo precio, a contramano de los proyectos del nuevo gobierno. Así, estaba en marcha un golpe de Estado que pretendía extender la paralización hasta la renuncia de Chávez.

El golpe fue gestado por la Fedecámaras, principal asociación empresarial del país, por las grandes empresas de televisión (RCTV, Globovisión, Venevisión, Televen y CMT), por la prensa (El Universal, El Nacional, entre otros medios de comunicación), por sectores de la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica y por la gerencia de PDVSA, con apoyo y orientación del gobierno y la embajada de los Estados Unidos. Usaron como pretexto el enfrentamiento en las calles que tuvo un saldo de catorce muertos.

La confusión fue planeada por los golpistas. Ellos desviaron súbitamente el curso original que tenía la marcha de la oposición hacia el palacio Miraflores, donde se encontraba la concentración pro Chávez. Francotiradores, apostados en puntos estratégicos del camino, abrieron fuego contra la marcha antichavista, con el objetivo de culpar a los simpatizantes del gobierno por las muertes y crear un clima de conmoción, odio y venganza. Además, las redes de TV privadas divulgaron imágenes incompletas y parciales del enfrentamiento para refrendar la versión golpista, y los manifestantes antichavistas cortaron la señal de transmisión de la TV estatal.

Los golpistas tomaron por asalto el palacio Miraflores, secuestraron a Hugo Chávez y anunciaron su supuesta renuncia, sin ninguna prueba material, por medio de un comunicado del ministro de Defensa Lucas Rincón Romero, que hablaba en nombre de un autodenominado “Alto Comando Militar de la República Bolivariana de Venezuela”. Así, Chávez fue mantenido prisionero en la base naval de Fuerte Tiuna y luego fue trasladado a la prisión militar de la isla La Orchila. Una autoproclamada acta de constitución del gobierno de transición democrática y unidad nacional nombró como nuevo presidente de la República a Pedro Carmona Estanca, presidente de Fedecámaras.

Acto seguido, se derogaron las leyes habilitantes, el Poder Legislativo fue disuelto, fueron destituidos todos los diputados de la Asamblea Nacional, así como los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el contralor general de la República, el Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo Nacional Electoral, otorgando al nuevo presidente de la República el derecho de nombrar o remover miembros de todos los cargos de los poderes públicos venezolanos.

Se estableció el plazo de un año para convocar a elecciones generales. Y el nuevo gobierno no duró 48 horas, pero fue reconocido por los Estados Unidos, de George W. Bush, por España, de José María Aznar, por Colombia, de Andrés Pastrana, por El Salvador, de Francisco Flores, y por el FMI, que ofreció recursos financieros a los golpistas. El episodio fue magníficamente documentado desde el interior del palacio Miraflores por un equipo de TV irlandesa, dirigido por Kim Bartley y Donnacha O’Brien, que produjo el film La revolución no será televisada.

Sin embargo, el contragolpe a favor del mandato de Chávez fue resultado de una reacción que articuló el apoyo popular masivo con la resistencia en las propias Fuerzas Armadas. Isaías Rodrígues, fiscal general de la Nación, denunció el 12 de abril, ante las cámaras de televisión, que Chávez había sido secuestrado y estaba en marcha un golpe de Estado. Chávez escribió una nota desde la cárcel de Fuerte Tiuna, que llegó a la brigada de paracaidistas y al general Raúl Isaías Baduel, en la que informaba que no había renunciado.

De esta manera, Baduel comenzó a liderar la resistencia cívico-militar, que se ampliaba con las manifestaciones populares y con las condenas internacionales al golpe, como la del Grupo de Río, el que sirvió para aislar internacional y regionalmente la iniciativa.

El día 13 de abril se restableció el orden constitucional y Chávez reasumió el gobierno. Pedro Carmona Estanca fue detenido, pero huyó de la prisión domiciliaria hacia la embajada de Colombia, donde consiguió asilo político. El 31 de diciembre de 2007, el gobierno de Chávez publicó un decreto para conceder la amnistía política a todos los que habían estado involucrados en el golpe de Estado de 2002, siempre que no hubiesen estado comprometidos en crímenes de sangre.

Pero el intento de derribar a Chávez tuvo otro capítulo con la paralización de las actividades de PDVSA, convocada por Fedecámaras, el 2 de diciembre de 2002, que se extendió hasta febrero de 2003. La huelga, inicialmente de 24 horas, se convirtió en un acto que exigía la renuncia de Chávez, pues sólo la darían por terminada con ella. El movimiento se fue debilitando por no contar con la adhesión de una parte importante de los trabajadores de PDVSA, por la acción de militantes o simpatizantes del gobierno que abastecían de combustible a los puestos de gasolina, y por sus perjuicios sobre la economía, pues generaba desempleo, la quiebra de empresas y el debilitamiento de la lealtad empresarial.

De esa manera, el gobierno logró vencer el embate y despidió por abandono de trabajo a más de 18.000 de los 42.000 empleados de PDVSA. Entonces, comenzó a tener el control sobre la gestión de la empresa, utilizándola como fuente de financiamiento del desarrollo social y económico del país. Y entre los despedidos, el 60% pertenecían a la alta y mediana gerencia. Sin embargo, éstos no sólo abandonaron el trabajo, sino que también se llevaron los códigos operacionales del sistema de PDVSA, que tuvo que ser montado nuevamente. La plena normalidad operacional recién fue restablecida el 11 de abril de 2013.

Por otra parte, la ofensiva económica y política de la burguesía venezolana y de sus socios internacionales dejó un resultado negativo entre 2002 y 2003. La tentativa de golpe, la paralización petrolera y la fuga de capitales generaron una caída de la producción petrolera de 3 millones de barriles diarios a 150.000, y esto acarreó el achicamiento del 16% del PBI. Pero el gobierno Chávez consiguió atravesar el período gracias a la fuerte movilización popular y la disponibilidad de reservas internacionales que le permitieron importar alimentos, combustibles y artículos de primera necesidad. Así, la oligarquía venezolana, derrotada, buscó un camino institucional para interrumpir el mandato de Hugo Chávez: juntar firmas para convocar a un plebiscito revocatorio en 2004.

Lo único que consiguieron fue crear tensiones en torno al proceso. En agosto de 2003, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud del referendo, invalidando parte de las 3,2 millones de firmas. En noviembre de 2003, el CNE rechazó un nuevo pedido, invalidando 1,7 millones de las 3,6 millones de firmas presentadas. El Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, revocó la decisión del CNE, considerando que el número suficiente de firmas había sido alcanzado. Entonces, el referendo se llevó a cabo y las oligarquías perdieron en las urnas: el No venció al Sí por 59,1% contra 40,6% de los votos, y el mandato presidencial continuó.

La oposición se apartaría nuevamente del breve camino institucional. En las elecciones para la Asamblea Nacional de 2005 no presentó ningún candidato. Después, la base parlamentaria de apoyo al gobierno conquistó todas las bancas, y el Movimiento Quinta República, el 69% de ellas. La abstención alcanzó niveles elevados: 70% frente al 43% del año 2000, lo cual reflejaba la ausencia del electorado conservador y la menor participación del electorado de apoyo al gobierno debido a la ausencia de oposición.

La ofensiva del gobierno Chávez

Ante la amenaza golpista, la agenda del gobierno Chávez se intensificó, impulsando la idea de democracia protagónica como fundamento social y político de su gobierno y de la reestructuración del Estado y de la sociedad venezolanos. La radicalización de la democracia protagónica se desdobló en el proyecto de socialismo del siglo XXI como objetivo y meta del bolivarianismo y de su gobierno.

Así, en diciembre de 2004, en un acto público celebrado en Caracas se propuso como meta la transición a un nuevo socialismo que no repitiera los errores del pasado. Dos años después, cuando Chávez fue reelegido, tras vencer a Manuel Rosales por el 62,8% de los votos contra el 32,9%, enumeró los cinco motores del socialismo del siglo XXI: las leyes habilitantes, la reforma en la Constitución de 1999, una jornada de moral y luces sobre la sociedad con la intención de reeducarla para el socialismo, una nueva geometría del poder económico, político, social y militar, y la explosión del poder comunal, que consideraba su elemento más importante. En el plano internacional impulsó una agenda que pretendía construir un nuevo alineamiento de fuerzas regionales y mundiales, abriendo nuevos marcos de cooperación económica y militar para el sur, con un corte fuertemente integracionista, institucionalista y contrahegemónico.

Chávez también realizó un conjunto de nacionalizaciones y expropiaciones por medio de leyes habilitantes. Abarcaron empresas de sectores considerados de carácter estratégico: compañías de telefonía, electricidad, cemento, complejo siderúrgico, de servicios petroleros, transporte y comercialización de combustibles, distribución de gas, bancos y aseguradoras. Apuntaban incluso a garantizar la seguridad alimentaria, lo que implicó la estatización de empresas de la agroindustria, redes de distribución de alimentos, tierras ociosas, haciendas de producción alimenticia y ganadera. Finalmente, su objetivo fue recuperar empresas quebradas durante la crisis del período 2002-2003, por medio del estímulo a la cogestión y a la formación de cooperativas de trabajadores.

Las expropiaciones se realizaron siguiendo diversos mecanismos: preferencialmente comprando acciones en las bolsas de valores de Caracas, de los Estados Unidos, y pagando indemnizaciones. En febrero de 2007, Chávez nacionalizó las empresas de la faja petrolera del Orinoco y estableció un plazo de cuatro meses para que las empresas y los convenios existentes migraran al formato mixto, en el cual el Estado posee el poder decisorio.

Se firmaron nuevos acuerdos, abriendo espacios para las empresas chinas, como la Sinopec, China National Offshore Oil Corporation y China National Petroleum Corporation, y para empresas rusas, como Gazprom, y también para la creación de empresas mixtas con Cuba y Angola. La única empresa que se negó a aceptar las condiciones establecidas fue la Exxon Mobil, que reclamó una indemnización de US$ 20.000 millones, y en 2014 obtuvo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, una propuesta de US$ 1.600 millones. Por otra parte, en 2009, Chávez nacionalizó empresas, bienes y servicios de exploración de petróleo en el lago de Maracaibo.

Durante la campaña presidencial, Chávez había propuesto la idea de un referendo popular sobre la renovación de las concesiones de los canales públicos de TV para grupos privados. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2006 fue directo al grano: anunció que no renovaría la licencia de RCTV para el canal 2 VHF, que expiraba en mayo del año siguiente. En esa época el gobierno alegó que RCTV, por haber participado activamente en los intentos de golpe de Estado, había violado el artículo 2 de la Constitución, que determina la responsabilidad social y el compromiso con la formación ciudadana por parte de los medios de comunicación.

Pero además, la medida estaba contextualizada en la lucha del gobierno contra el monopolio de los medios de comunicación, dado que se hallaban concentrados en las manos de cinco familias venezolanas. Para enero de 2007 el 78% de las estaciones de VHF y el 82% de las bandas de UHF eran operadas por el sector privado. Venevisión, del grupo Cisneros y RCTV juntas concentraban el 79% de las ganancias brutas del sector televisivo. El canal 2 VHF entonces fue ocupado por Televisora Venezolana Social, y así abrió espacio para la producción nacional independiente. Sin embargo, en su primer año de transmisiones no llegó al 1% de audiencia.

La expansión del poder comunal se estableció por medio de las misiones, los círculos bolivarianos, los consejos comunales, las cooperativas y la autogestión. Las misiones se iniciaron como reacción gubernamental a la paralización petrolera, la ineficiencia y la baja efectividad de la burocracia estatal. Ellas configuraron una estructura paralela al Estado y atienden las necesidades sociales más urgentes, apoyándose en la solidaridad, la motivación cívica y en el valor de uso. Pero su estructura institucional es frágil y los participantes venezolanos, denominados facilitadores, no poseen contrato de trabajo y los subsidios o ayuda financiera que reciben son más bajos que el salario mínimo, en jornadas laborales que sobrepasan el techo constitucional de 44 horas. Entre las principales misiones se encuentra Barrio Adentro, Mercal, Vuelvan las Caras, Robinson I y II, Ribas, Sucre, Hábitat y Zamora.

Así, la misión Barrio Adentro comenzó a funcionar en 2002, a partir de un convenio entre los gobiernos de Venezuela y Cuba. Ésta enviaba médicos, mientras que Venezuela pagaba en barriles de petróleo a precios subsidiados, además de ofrecer asistencia técnica en el sector de hidrocarburos. La misión Mercal, por su parte, se originó con la paralización petrolera y el desabastecimiento alimentario. Su meta consistía en ofrecer alimentos esenciales a bajo precio. En cuanto a la misión Vuelvan las Caras ofrecía capacitación técnica a fin de mejorar la productividad en la agricultura, la industria, los servicios y la infraestructura. Las misiones Robinson I y II y la misión Ribas se dedicaban a la educación en diversos niveles, desde la erradicación del analfabetismo hasta las etapas superiores de la educación básica y media. El objetivo de la misión Sucre era la universalización de la educación superior por medio de las universidades bolivarianas. Finalmente, la misión Hábitat facilitaba el acceso a la vivienda, y Zamora, a la tierra.

Los consejos comunales fueron creados por ley en abril de 2006 y sus decisiones tuvieron carácter vinculante, es decir, obligatorio para los gobiernos locales. Estaban formados por hasta cuatrocientas familias en el ámbito urbano, por veinte familias en el ámbito rural y por diez en comunidades tradicionales, como indígenas o de pescadores. Sus representantes, los voceros, eran elegidos por dos años en mandatos revocables y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas era la instancia máxima, en la que todos los mayores de quince años podían participar.

El presupuesto de los consejos comunales provenía del gobierno federal y de la prefectura. Las comunas, por su parte, estaban constituidas por la reunión de consejos comunales y organizaciones sociales en un espacio geográfico definido. Su órgano máximo era el parlamento comunal, representado por cuatro voceros designados por cada consejo, dos voceros designados por el parlamento y un vocero designado por las organizaciones productivas comunitarias. Además, la comuna poseía un banco y su papel era establecer un plan de desarrollo para diez temas, entre ellos: economía y producción comunal, educación y cultura, salud, derechos humanos, tierra, vivienda y habitación, igualdad de género, familia y protección de niños y adolescentes, formación socialista.

En ese contexto, el censo comunal indicaba que hasta 2013 se habían constituido 40.035 consejos comunales, de los cuales 19.579 eran rurales, 18.119 urbanos y 2.337 indígenas. Hasta 2013, estaban inscriptas 1.401 comunas. Y en 2009, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fodemi) financiaba 3.381 bancos comunales, moviendo un total de US$ 25 millones.

Otra fuente de poder comunal eran las cooperativas y empresas de producción social. Eran micro, pequeñas y medianas empresas comunales que conformaban núcleos endógenos de desarrollo. También habían surgido de nacionalizaciones transferidas por el Estado a los trabajadores, como la de los sectores empaquetadores de café, sardina y lácteos.

De esta manera, las empresas de producción social debían tener gestión democrática y participativa, debían cumplir compromisos ambientales y promover el desarrollo social en las comunidades en las que estaban situadas. Los círculos bolivarianos, por su parte, se convirtieron en órganos de movilización social y política de defensa del gobierno ante los ataques conservadores.

Como elemento fundamental de la educación para el socialismo y de la construcción de una nueva geometría del poder, Chávez imaginaba fundar un nuevo partido capaz de unir las izquierdas. Propuso la disolución de las fuerzas que apoyaban su gobierno en una nueva organización titulada Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). De esta manera, se incorporaron al nuevo partido el Movimiento Quinta República y otras agrupaciones menores, que representaban el 46% de la votación en las elecciones de 2006. Por otra parte, Patria para todos (PPT), el Partido Comunista de Venezuela y el Partido por la Democracia Social rechazaron la fusión y mantuvieron su autonomía, a pesar de que cuadros y militantes, principalmente de Patria para Todos y Por la Democracia Social adhirieron al PSUV.

De esa manera, el proceso de inscripción de aspirantes a militantes del PSUV tuvo dos grandes fases: la primera, que terminó el 10 de junio de 2007, recibió 5.669.365 militantes; la segunda, concluida el 7 de mayo de 2009, llegó a 7,2 millones de inscriptos. Finalmente, en las elecciones parlamentarias de 2010, el PSUV alcanzó 5.423.324 votos, que correspondieron al 48,13% del total de los votos válidos.

Además, Chávez propuso la reforma constitucional de 2007, a la que justificó por la necesidad de avanzar en el protagonismo popular. Así, sugirió el cambio de 33 artículos de la Constitución y la Asamblea Nacional terminó ampliando este número a 69. Entre las principales modificaciones estaban:

1. La transición para el socialismo en el siglo XXI. El cambio debería ser promovido por el Estado mediante el estímulo al desarrollo de la democracia protagónica y de las formas de propiedades sociales. Para eso, se modifica la organización del territorio, incluido el Poder Popular junto al Municipal, Estadual y Nacional. El Poder Popular posee efecto vinculante y se ejerce construyendo comunidades, comunas y organizando el autogobierno de las ciudades a través de las asambleas de ciudadanos y distintos tipos de consejos comunales, cuyos proyectos serían financiados por el Fondo Nacional del Poder Popular. El Estado reconoce las propiedades públicas (estatal), social, colectiva, mixta y privada. Y el artículo 112 es reformado para mencionar que el Estado promoverá empresas y unidades de producción social y colectivas/socialistas, en la que los valores humanísticos comunes están por encima de los intereses individuales;
2. La ampliación de los derechos sociales, económicos y políticos. Se proponía la creación de un Fondo de Estabilidad Social para trabajadores autónomos y la reducción de la jornada de trabajo a 36 horas semanales y 6 horas diarias. Estarían prohibidas las discriminaciones étnicas, de género, edad, salud, sexo, orientación sexual, política, condición religiosa o social y los organismos de dirección política y la lista de candidatos deberían ser equitativos en cuanto al género de sus integrantes. El voto se extendería a los mayores de 16 años;
3. Unificación del régimen y de las normas que regulan la exploración, el presupuesto y el transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos;
4. El fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Se proponía el fin del límite para reelecciones, el fin de la autonomía del Banco Central y la elevación del número de firmas necesarias –30% de los votantes de la circunscripción electoral‒, para solicitar el referendo a los mandatos en curso o a las leyes habilitantes decretadas por el presidente de la República. Se ampliarían los límites temporales del Estado de emergencia y al presidente le sería permitido decretar regiones estratégicas de defensa para garantizar la soberanía y la defensa nacional.

La reforma constitucional de 2007 fue rechazada en el referendo popular por una diferencia apretada (49,34% contra 50,65%); se trató de la primera derrota popular del chavismo. Las razones se deben buscar no tanto en el crecimiento de la oposición, que mantuvo el nivel de votación de la elección presidencial de 2006, como en el alto índice de abstención de las bases sociales y políticas del gobierno Chávez, que retuvo casi tres millones de votos.

Ese índice tan significativo se puede explicar por los siguientes factores: el alto grado de centralización de la iniciativa de propuesta de reforma constitucional, que fue elaborada inicialmente por el presidente de la República y después ampliada por la Asamblea Nacional, sin articularse con debates en la sociedad civil y en las organizaciones populares; el escaso tiempo para la participación popular frente al amplio conjunto de alteraciones que la reforma pretendía establecer; y la contradicción entre el fortalecimiento de los poderes del presidente de la República y la promoción de la democracia protagónica que establecía la reforma.

Sin embargo, en febrero de 2009, el gobierno de Chávez sometió al referendo popular una nueva propuesta de enmienda constitucional, bastante más limitada, que se restringió a los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución. Del proyecto anterior, los cambios retomaron la supresión de límites para la reelección del presidente de la República, diputados, gobernadores y alcaldes, fortaleciendo al Poder Ejecutivo frente al protagonismo popular, descartando las demás alteraciones estructurales y profundas del proyecto socialista. Así, la propuesta fue aprobada con el 54,9% de los votos, como resultado sobre todo de la disminución del índice de abstención.

Aunque no haya conseguido aprobar la reforma constitucional de 2007, el gobierno Chávez utilizó diversos dispositivos preexistentes o aprobó leyes específicas para implementar sus objetivos, como la subordinación del Banco Central al Poder Ejecutivo y su proyecto de distribuir entre el pueblo venezolano la riqueza proveniente de las divisas del petróleo. Para eso en 2005 realizó un conjunto de reformas en el Banco Central, y la principal fue la creación del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), financiado por un excedente de reservas del BC. Entre 2009 y 2010, otras reformas autorizaron al BC a comprar acciones de PDVSA y a conceder créditos a proyectos de los sectores productivos. Para impulsar el protagonismo popular, el gobierno incluso aprobó en la Asamblea Nacional un paquete de leyes que fortalecía instancias ya existentes, como los consejos comunales.

En las elecciones parlamentarias de 2010, el PSUV conquistó 98 de las 165 bancas, es decir que perdió la mayoría calificada de 99 bancas, lo que antes le permitía aprobar aisladamente las leyes habilitantes. La oposición, Mesa de la Unidad Democrática, participó del proceso electoral y obtuvo 65 bancas, mientras el PPT consiguió 2. El PSUV obtuvo 48,13% de los votos, la MDU el 47,2% y el PPT el 3%. Sin embargo, el hecho de haber vencido en un número mucho más alto de circunscripciones electorales dio al PSUV una ventaja considerable en la Asamblea. El PPT, que se acercó al MDU y quiso dar apoyo a la candidatura presidencial de Henrique Capriles, volvió al campo del Gran Polo Patriótico en las elecciones presidenciales de 2012, restableciendo la mayoría calificada en el Parlamento.

Más tarde, en 2012, Chávez obtuvo el 55,1% de los votos contra el 44,3% de Capriles, gobernador de Miranda (2008-2012), ex intendente de Baruta (2000-2008) y ex presidente de la Cámara de Diputados (1999). En las elecciones regionales, el Gran Polo Patriótico aumentó el número de gobernadores de 17 a 20 con relación a 2008, mientras la oposición redujo de 5 a 3 el número de estados que dirigía. El agravamiento del cáncer de Hugo Chávez no le permitió asistir a la ceremonia de toma de posesión el 10 de enero. Y, así, tras su muerte el 5 de marzo de 2013 hubo que llamar a nuevas elecciones.

La política externa

La llegada de Chávez a la presidencia venezolana marcó un profundo cambio en la política externa del país, que retomó y profundizó las tradiciones tercermundistas que había asumido entre los años 1960 y 1980. Desde el comienzo de su gobierno, Chávez procuró reorientar su política externa, fortaleciendo la aproximación con Cuba y la integración latinoamericana. Asimismo, guiado por el ideal bolivariano de unidad continental, el gobierno venezolano estrechó vínculos comerciales en América del Sur.

La aproximación con Cuba representó un importante alivio económico para el país caribeño. La compra de petróleo venezolano por precios subsidiados atenuó la crisis que la isla enfrentaba desde que la ayuda soviética había terminado. Sin embargo, la buena vecindad con Cuba, significó una tensión creciente en la relación de Venezuela con los Estados Unidos, principalmente después de la asunción de George W. Bush. Aliado fiel de la comunidad cubano-americana de Florida, Bush elevó el volumen de la retórica anticastrista. Desde la perspectiva norteamericana, la aproximación entre Castro y Chávez representaba la construcción de un nuevo eje político antiamericano que debía ser eliminado desde el origen.

Las tensiones recrudecieron cuando Chávez se negó a autorizar el vuelo sobre territorio venezolano de aeronaves norteamericanas que combatían el narcotráfico en el continente sudamericano. Además, estaba la cuestión del petróleo. Chávez cambió la política de precios de este recurso, transformando a Venezuela en uno de los países de la Opep que habían elevado los precios, con la profunda desaprobación de los norteamericanos. Y encima, el fracasado golpe de Estado de 2002 profundizó todavía más la grieta entre Venezuela y los Estados Unidos. Por otro lado, profundizó la relación con Brasil. El gobierno brasileño asumió un papel importante al negar legitimidad al gobierno golpista, y en este punto estuvo acompañado por todos los países de la región.

La actuación del gobierno Chávez fue de primordial importancia para América Latina y para el Caribe. Su liderazgo representó un cambio del paradigma de integración en la región, un cambio del enfoque mercantilista por otro, dedicado a la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, al multilateralismo, a la reducción de asimetrías y al fortalecimiento regional. Chávez denunció al imperialismo presente en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y promovió una agenda social, soberana y cooperativa de integración, cuya principal expresión es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

ALBA-TCP se proponía desmercantilizar las relaciones de intercambio entre sus miembros propiciando un comercio compensado y justo, inclinado a las necesidades sociales y a reducir las asimetrías. Cada país da lo que puede y recibe lo que necesita. El acuerdo fue suscrito inicialmente entre Venezuela y Cuba en la Cúpula de La Habana, en diciembre de 2004, y en abril de 2006 Bolivia adhirió también. El comercio preveía el intercambio directo de bienes y servicios. Sus buenos resultados hicieron que adhiriera un amplio conjunto de países: Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Granada, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis. Es más, Uruguay adhirió al Sucre, moneda contable del ALBA-TCP.

Otra iniciativa del gobierno venezolano, Petrocaribe, es un acuerdo energético establecido entre Venezuela y Cuba, Costa Rica, El Salvador, Haití, Panamá, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Jamaica y Belice. Así, Venezuela provee petróleo a esos países bajo condiciones especiales de financiamiento. Y ALBA-TCP y Petrocaribe son marcos para el desarrollo de proyectos y empresas transnacionales, en los cuales los Estados se asocian para la producción de bienes y servicios que atiendan las necesidades humanas. Estimaciones de las Naciones Unidas en 2006 mostraban que Venezuela había destinado 1,52% de su PBI a proyectos en el Cono Sur, un porcentaje de inversiones muy por encima de cualquier otra nación de la región.

Además, el gobierno Chávez fue fundamental para la creación y el establecimiento en 2008 de la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur), cuyo objetivo es la reducción de las desigualdades y asimetrías, la cooperación y promoción de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos sudamericanos, así como la defensa de su soberanía regional. De la misma manera, tuvo un papel decisivo en la creación de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en su agenda, abocada a solucionar pacíficamente las controversias, a garantizar la autodeterminación, a promover una arquitectura financiera regional, a erradicar el hambre y la pobreza.

En función de la adhesión de Perú, Colombia y México a tratados de libre comercio con los Estados Unidos, en 2006 Venezuela se retiró de la Comunidad Andina y del Grupo de los Tres, solicitando ingresar al Mercosur como miembro pleno, lo cual se hizo efectivo en 2012. El gobierno Chávez fortaleció la OPEP y la política de elevación de los precios del petróleo, las relaciones sur-sur y el multilateralismo. Amplió relaciones con Rusia, China e Irán, emprendiendo viajes también a Bielorrusia y Vietnam. De Rusia, compró armas, cazas y sistemas de misiles Igla para equipar las Fuerzas Armadas. Asimismo estableció cooperación estratégica con China para crear el fondo mixto sino-venezolano destinado al desarrollo de proyectos y prevención de crisis internacionales. Así, el fondo financió 220 proyectos económicos y sociales en infraestructura, industria, sistema de transportes, telecomunicaciones y generación eléctrica.

Las relaciones con Colombia, mientras gobernaba Álvaro Uribe, fueron tensas y los gobiernos llegaron a la ruptura diplomática en varias ocasiones. El primer episodio conflictivo fue la invasión y el bombardeo del territorio ecuatoriano por parte del gobierno colombiano, en la provincia de Sucumbios, a 1,8 kilómetros de la frontera, que culminó con la muerte de Raúl Reyes, el número dos en la jerarquía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En agosto de 2007, Chávez se ofreció para mediar el conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC, a fin de liberar a 45 prisioneros, entre los cuales se encontraban congresistas y la ex candidata a elecciones presidenciales Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002.

La mediación, inicialmente aceptada por el gobierno colombiano, fue interrumpida unilateralmente por éste en noviembre. Chávez aceptó la decisión como soberana, pero la consideró lamentable y dijo que había sido traicionado. En represalia, congeló las relaciones entre los dos países. En respuesta, Uribe acusó a Chávez de querer incendiar el continente y de tener un proyecto expansionista. Uribe fue llamado portavoz de las oligarquías antibolivarianas y de peón del imperio estadounidense. Para desagraviar a Chávez las FARC anunciaron que liberarían a la ex candidata a vicepresidente Clara Rojas, secuestrada junto con Ingrid Betancourt, y a la congresista Consuelo González.

Más tarde, en enero de 2008, Chávez pidió a la comunidad internacional que reconociera a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como grupos insurgentes para que los retiraran de la lista de agrupaciones terroristas. El 17 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela estuvo de acuerdo con el estatus beligerante de las FARC y del ELN. En febrero, en un nuevo acto de desagravio a Chávez, las FARC liberaron a cuatro congresistas: Gloria Polanco de Lozada, Orlando Beltrán Cuéllar, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Géchem Turbay. Ante la iniciativa de las FARC para legitimar la mediación de Chávez, Uribe lanzó la Operación Fénix y bombardeó la selva amazónica ecuatoriana; mató a 22 guerrilleros, entre ellos a Raúl Reyes.

Chávez respondió rompiendo relaciones diplomáticas con Colombia y cerrando la embajada en Bogotá. Lo mismo hizo el presidente ecuatoriano Rafael Correa. De ese modo, fue necesaria la Cúpula del Río, en Nicaragua, para que Venezuela y Colombia restablecieran relaciones diplomáticas; en esa ocasión, mediante una resolución el Grupo del Río condenó la acción, y el gobierno colombiano pidió formalmente disculpas. La Operación Fénix también fue condenada en la Organización de los Estados Americanos (OEA), solamente los Estados Unidos, de manera aislada, apoyaron la acción de Uribe.

En 2009 las tensiones recrudecieron nuevamente. Uribe acusó al gobierno Chávez de armar a las FARC; supuestamente, entre los guerrilleros se habrían encontrado armas suecas compradas por Venezuela a fines de los años 1980, los lanzacohetes AT-4. El gobierno venezolano manifestó su repudio a una acusación que no estaba basada en investigaciones. Congeló las relaciones diplomáticas entre los países y envió soldados a la frontera. Las relaciones se rompieron después de que Uribe, hacia el final de su mandato, denunciara la presencia de guerrilleros de las FARC en territorio venezolano. El contacto sólo se restableció durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que sucedió a Uribe en la presidencia de Colombia.

Balance del gobierno Chávez

Un balance del gobierno Chávez obligadamente debe destacar que fue pionero en la renovación radical de la agenda latinoamericana y también su capacidad para liderarla, ya que en los años 1990 había sucumbido a la ofensiva neoliberal del Consenso de Washington. Chávez contribuyó decisivamente para construir espacios institucionales de integración de los marcos de la cooperación, la soberanía, el combate a las asimetrías, la desigualdad y la pobreza; fue partidario del multilateralismo, las relaciones sur-sur y el antiimperialismo. Impuso, incluso, contundentes derrotas al imperialismo y a las burguesías y oligarquías asociadas, ampliando significativamente el espacio regional de afirmación de las izquierdas latinoamericanas y su ofensiva internacional.

Sin embargo, aunque haya formulado gran parte del paradigma de integración que permea los objetivos de Unasur, el gobierno Chávez no consiguió institucionalizar el proyecto de arquitectura financiera soberana que compartió con el gobierno de Rafael Correa. Éste comprendía la creación de un fondo regional de estabilización monetaria, de una moneda regional y de un Banco del Sur para financiar prioritariamente empresas públicas, cooperativas y empresas comunitarias, y que captara recursos exclusivamente públicos.

 

Chávez restableció un paradigma de izquierda que nacionaliza y expropia la gran propiedad privada e interviene en sus mercados al hacer de las prioridades sociales y el protagonismo popular su objetivo principal. Su gobierno incluso redujo radicalmente el índice de desigualdad y pobreza.

Según el Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2014), el coeficiente de Gini osciló de la siguiente forma: de 0,499 en 1999 a 0,500 en 2002 y, a partir de ese momento –en el que el gobierno toma posesión efectiva de PDVSA y desarma las ofensivas golpistas más contundentes, impulsando la política de los núcleos endógenos de desarrollo y del protagonismo popular–, el índice cae a 0,405 en 2012. Dicho indicador de concentración de la riqueza está entre los más bajos de América Latina, apenas es superado por el desempeño de Uruguay entre los dieciocho países analizados por la CEPAL. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela (INE), la tasa de pobreza presenta el mismo comportamiento: se elevó de 60,9% en el primer semestre de 1997, a 62,1% en el segundo semestre de 2002, cayendo a 33,2% en el primer semestre de 2011.

Por otro lado, el analfabetismo quedó erradicado en 2006 y los años de escolaridad de la población urbana se elevaron de 8,3 a 10,1 entre 1999 y 2011. Se amplió la participación política y los mecanismos de participación popular. Y la tasa de votantes en las elecciones creció de 63% en 1993 a 74% en 2012, y llegó al 80,5% en 2013. También se elevó significativamente el número de electores, que pasó de 11 a 18 millones entre 1998 y 2012; asimismo el aumento poblacional del país fue de 30,4% a 63,6%.

El crecimiento económico de Venezuela fue casi idéntico al de América Latina y el Caribe entre 1999 y 2013, con el PBI de ambos expandiéndose el 58%, incluso cuando el PBI per cápita venezolano había tenido un desempeño más desfavorable: creció un 24% frente al 33,6% de la región. El gobierno Chávez hizo un gran esfuerzo para diversificar la producción de bienes y servicios, reduciendo el peso del PBI petrolero en la economía, que pasó de 19% en 1998 a 12,3% en 2007, cayendo, en virtud de la crisis internacional que sufrieron los precios del petróleo, al 10,7% en 2012. Según la CEPAL, entre 1996 y 2010, el sector de servicios elevó su participación en el PBI de 30% a 37%, destacándose especialmente los segmentos de comunicación que tuvieron una expansión bruta de 292%; de instituciones financieras (238%); y de servicios comunitarios, sociales y personales no lucrativos, cuyo aumento fue de 95%.

El sector secundario disminuyó su participación relativa en el PBI de 32% a 28%, y el sector primario de 22% a 16%. La Cámara Venezolana de la Construcción señaló que la construcción civil aumentó su parcela relativa en el PBI de 6,5% a 8% entre 2000 y 2012. Además, desde su segundo mandato hasta 2012, principalmente después del comienzo de los trabajos de la Misión Viviendas en 2011, el gobierno Chávez aumentó significativamente el número de casas construidas, entregando 137.000 unidades por año, contra el promedio anual de 78.000 de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), de 91.000 de Jaime Lusinchi (1984-1988), de 91.000 de Luis Herrera Campins (1979-1983) y de 81.000 de Carlos Andrés Pérez (1974-1978).

Mientras tanto, la economía continuó fuertemente dependiente de la pauta exportadora concentrada en hidrocarburos. Entre 2003 y 2012, saltó de 80,9% a 96 %. La dependencia de las exportaciones de los Estados Unidos, sin embargo, se redujo, cayó de 56% a 39,8% entre 2007 y 2012, debido, por un lado, a la crisis norteamericana y su política de sustitución de las importaciones de petróleo por la producción interna de gas de esquisto o convencional y, por otro lado, al enfoque multilateralista del gobierno Chávez, que elevó la participación de Asia en la pauta exportadora venezolana de 5,6% a 33,2%, gran parte vinculada a China, país con el que Venezuela entabló relaciones estratégicas.

Llama la atención todavía la grave paradoja de la insustancialidad de las exportaciones de Venezuela hacia el Mercosur, que en 2012 representaba sólo el 1,4% de su pauta exportadora, y con el que tenía un déficit comercial acumulado de US$ 27.000 millones entre 2007 y 2012. Por ejemplo, Brasil, principal economía de la región, concentra sus importaciones de petróleo y derivados en Nigeria, Arabia Saudita, Irak y Argelia. Sólo el 1% de sus necesidades de importación de hidrocarburos proviene de Venezuela.

La distribución de la renta amplió el consumo, pero la diversificación de la producción interna no garantizó la soberanía alimentaria. Datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela señalan que la disponibilidad calórica de alimentos por habitante aumentó de 2.202 a 3.290 calorías entre 1998 y 2012. Aún hoy, las informaciones disponibles sobre la procedencia del consumo de calorías, proteínas y grasas señalan que no consiguió internalizar las fuentes de consumo: entre 1998 y 2007 aumentó la producción nacional de calorías de 55% a 58% del consumo, pero disminuyó la relación producción-consumo de proteínas, de 55% a 50%, y de grasas, de 58,1% a 56,7%. Entre 1998 y 2013, el PBI per cápita se amplió menos que la expansión del consumo, 1% anual contra 3,2% anual, lo que aumentó la necesidad de importaciones. Ese resultado estuvo fuertemente influenciado por la desestabilización provocada entre 1999 y 2003 por la oposición al gobierno Chávez y por la volatilidad de los precios del petróleo, ya que la expansión del PBI per cápita osciló entre el -5,0% anual en el período 1998-2003, el 8,5% en el período 2003-2008, y el -0,4% anual en el período 2008-2012.

A la coyuntura de caída y oscilaciones de los precios de petróleo que se estableció a partir de 2008 contribuyó decisivamente la política de expansión de la producción por parte de Arabia Saudita, Irak y Kuwait, a contramano de la mayoría de los productores que decidieron estabilizar o disminuir su producción, ajustándola a la reducción de la demanda provocada por la crisis económica mundial. La iniciativa de estos Estados, bajo la fuerte influencia norteamericana, y el aumento de la producción en los Estados Unidos llevaron la producción anual diaria a 4,847 barriles, compensando la estabilización y el leve decrecimiento en los demás países (OPEP, 2014). Dichos indicadores fortalecen los análisis que señalan una estrategia geopolítica para derribar los precios del petróleo y afectar la onda nacionalista que se había articulado en torno del control de estos recursos estratégicos.

Un problema grave de la economía de Venezuela desde el gobierno Chávez es la fuga de capitales, que alcanzó US$ 183.000 millones entre 1999 y 2013. Se calcula que existen US$ 150.000 millones en el exterior. En efecto, el gobierno fue criticado por no haber estatizado el sector bancario y de comercio exterior. Y la mayor parte de las importaciones es realizada por agentes privados, lo que da lugar a fraudes contables y a evasión de divisas. En 2007, el sector privado respondió por el 81% de las importaciones, y en 2012 por el 69,5% de ellas. Aunque el gobierno de Chávez haya nacionalizado el Banco Santander, la banca privada continuó concentrando más del 65% de las captaciones entre enero y marzo de 2013. Para finalizar, el sector bancario aumentó su participación en el PBI de 4,5% a 12% entre 2002 y 2012.

La economía venezolana resistió las fugas de capital cuando alcanzó expresivos saldos comerciales. Sin embargo, las coyunturas de oscilación y caída de los precios de petróleo tienen efecto desestabilizador y exigen estrategias de contención por parte del gobierno. Agravando los desequilibrios de la balanza de pagos, las remesas de ganancias de inversiones directas y de cartera crecieron a partir de 2009. Es la articulación con la economía china y la creación de fondo conjunto lo que viene funcionando como fuente de financiamiento de Venezuela en los períodos críticos.

El gobierno amplió la nacionalización de la producción impulsando su proyecto de capitalismo de Estado y de transición al socialismo. Datos de la Confederación Venezolana señalan que entre 2002 y 2012 el gobierno expropió 1.168 empresas: 41% eran del sector de construcción, 24% agroindustriales, 19% del sector petrolero, 7% del segmento farmacéutico, 6% comerciales y 3% alimentarias. Entre los desafíos y dificultades para afirmar el protagonismo popular y el desarrollo de los núcleos endógenos de producción se encuentra la capacitación técnica y gerencial del pueblo venezolano, llamado a ocupar espacios y tomar decisiones, para sustituir la burocracia estatal y empresarial.

Otro tema que marca la coyuntura venezolana es el crecimiento de la violencia. Hay una gran divergencia entre los números que confrontan las cifras oficiales y las estimaciones de las ONG, como el Observatorio Venezolano de Violencia, por ejemplo. Mientras las cifras oficiales apuntan 39 homicidios por cada 100.000 personas, en 2013, el Observatorio estima 79 por cada 100.000. El Panorama Social de la CEPAL, publicado en 2014, indicaba un crecimiento endémico y continuo de la violencia desde los años 1990 en todos los grupos etarios. Para el grupo entre 15 y 29 años, el índice estaría en 34 homicidios cada 100.000 personas en 1990, subiendo a 65 en 2000 y 93 en 2010. Las fuentes del Panorama Social son privadas. Desde 2005 el gobierno de Chávez dejó de publicar las estadísticas semanales de criminalidad, lo que dio lugar a una gran confusión en el tratamiento del tema.

El gobierno acusaba a la oposición de incitar y practicar la violencia por medio de la acción de grupos paramilitares, locales y colombianos, y de manipular estadísticas sobreestimadas para estimular una estrategia fascista e insurreccional de golpe de Estado. Uno de los objetivos de la oposición al manejar políticamente el tema de la violencia es desmontar los colectivos armados de defensa de la revolución. Ellos fueron incentivados por Chávez desde la acción golpista que sufrió por parte de las oligarquías venezolanas, del gobierno norteamericano y de sectores del aparato de Estado locales.

El gobierno Maduro

Electo vicepresidente ejecutivo en 2012 y designado por Chávez como sucesor el 8 de diciembre en caso de que él no sobreviviera a la lucha contra el cáncer, Nicolás Maduro asumió el cargo el 10 de enero de 2013 y comenzó a ejercer la presidencia con el agravamiento de la enfermedad y la seguida muerte de Chávez. Tras promulgarse nuevas elecciones, el 14 de abril de 2013, Maduro fue elegido con un margen estrecho, el 50,6% de los votos contra el 49,04% de los votos de Henrique Capriles. El derrotado no aceptó el resultado, convocó a un cacerolazo y exigió el recuento de los votos. Éste fue realizado por el Consejo Nacional Electoral, y el resultado fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia. Incluso así, Capriles no reconoció la respuesta y presentó un pedido de anulación de las elecciones junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Al día siguiente de la entrega de este pedido, Venezuela se retiró de la CIDH, acusando al organismo de ser un instrumento del imperialismo norteamericano.

Sin embargo, la drástica caída de la ventaja electoral del chavismo ante la oposición, del 11% al 1% en apenas seis meses no se explica tan sólo por la necesidad de afirmar el liderazgo personal del nuevo presidente, sino también por la desvalorización del bolívar el 8 de febrero de 2013, cuya paridad oficial pasó de 4,3 por dólar a 6,3, lo cual afectó el poder de compra de la población. Se calcula que aproximadamente el 50% de las necesidades básicas de consumo de los venezolanos fueron cubiertas por las importaciones en 2013. Y las importaciones de alimento per cápita/año saltaron de US$ 76,9 a US$ 273, entre 1998 y 2013, y llegaron a su pico máximo de US$ 343 durante la crisis de 2008. En julio de 2013 la inflación de los productos alimenticios acumulada en un año había llegado al 62%, mientras el índice general de inflación alcanzó el 42%.

El 19 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó el pedido de Nicolás Maduro para decretar leyes habilitantes con el objetivo de enfrentar la corrupción y las presiones económicas impuestas por la burguesía, que estaría alimentando la especulación al acumular stock, provocar el desabastecimiento y propiciar la fuga de divisas. Así, el 22 de noviembre, Maduro promulgó dos leyes habilitantes: la ley para el control de costos, precios, ganancias y protección de la familia venezolana, para lo cual creó la Superintendencia Sundde, encargada de fiscalizar la limitación de las ganancias empresariales; y la ley que creó el Centro de Comercio Exterior en Venezuela, con el objetivo de combatir la fuga de capitales y divisas.

La pena preveía hasta catorce años de prisión para la especulación con stocks y contrabando. Hasta mediados de 2014, la Sundde había inspeccionado más de 4.000 empresas por mes y 900 estaban sancionadas. El control sobre el sector privado se profundizó en febrero de 2015, con la creación de 24 comités popular-militares de combate a la guerra económica, así como con la expropiación de redes de supermercados y farmacias y la detención de sus dueños.

El combate contra la corrupción desencadenado por la gestión de Maduro alcanzó a diversos militantes y cuadros del PSUV. El más significativo, Raúl Isea, ex ministro de Finanzas del gobierno Chávez, ex gobernador de Aragua (2008-2012) y ex presidente del Banco del ALBA, terminó huyendo del país acusado de desvíos de aproximadamente US$ 70 millones. En marzo de 2015 la Asamblea Nacional aprobó un pedido de la oposición para investigar la corrupción que involucraba a cinco altos dirigentes del gobierno Chávez, Nervis Gerardo Villalobos, viceministro de Energía; Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Electricidad de Caracas; Diego Salazar Carreño, pariente de Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela en la ONU y ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA); y Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera.

En junio de 2013 el gobierno Maduro publicó la ley de desarme y control de armas y municiones, que fijaba reglas rígidas para la portación de armas y penas para su violación, y concedía la amnistía y el anonimato a aquellos que se entregaran de forma voluntaria.

El 8 de diciembre de 2013 se realizaron las elecciones municipales. Contra las expectativas de la oposición, el Gran Polo Patriótico recuperó parte de su ventaja electoral, conquistando 76% de los municipios y obteniendo 49,24% de los votos contra 42,72% de la oposición. Ante tales resultados, parte de la oposición organizó protestas violentas. Una movilización permanente clamaba contra el modelo castro-chavista de gobierno, contra la intromisión cubana en asuntos del país, y pedía la renuncia del presidente.

Así, las protestas levantaron guarimbas ‒barreras de alambre de púas‒ para bloquear vías y se dirigieron a atacar edificios públicos, sede de estatales, universidades y el metro de Caracas. Los enfrentamientos entre las fuerzas de gobierno, partidarios de Maduro y opositores terminaron con un saldo de 43 muertos y casi 1.800 heridos. En seguida, las muertes del bachiller Héctor Moreno y de la actriz y ex miss Mónica Spear, el 5 y 6 de enero respectivamente, fueron usadas por los grandes medios y por la oposición para desgastar la imagen del presidente. Liderada por Leopoldo López, Marina Corina Machado y Antonio Ledezma, la oposición intentó unificar los descontentos bajo una única bandera, el movimiento La Salida, cuyo nombre dejaba claro su propósito: la deposición de Maduro.

El 12 de febrero de 2014, un juez ordenó la detención de Leopoldo López por los crímenes de instigación a la delincuencia, intimidación pública, incendio en la vía pública, daños a la propiedad, lesiones graves y homicidio intencional y calificado ‒refiriéndose a la muerte de Juan Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario Pro-Chavista‒. El 18 de febrero, López se entregó a la Guardia Nacional, y afirmó que no se exiliaría en el exterior. El 19 de noviembre compareció ante un tribunal que concluyó no tener pruebas para los crímenes de homicidio y lesiones graves, pero sí para los demás, cuyas penas podrían llegar a diez años.

El 25 de marzo, López escribió un artículo para el diario norteamericano The New York Times titulado “Venezuela’s a Failing State”. Allí argumentaba que su prisión y la de los alcaldes de San Cristóbal y San Diego violaban el derecho a la manifestación. Y atribuía la violencia en las calles al gobierno y a los colectivos, que deberían ser desarmados. Amnistía Internacional manifestó preocupación ante las prisiones y los indicios de subordinación del poder Judicial al Ejecutivo.

En junio de 2014, Henrique Capriles, que fue reelegido gobernador de Miranda luego de su derrota en las elecciones presidenciales, manifestó su diferencia con el movimiento La Salida, afirmando que éste tenía el rechazo del 89% de la población venezolana y que la salida que él proponía era social, no violenta ni basada en golpes de Estado. El 15 de enero de 2015 Capriles convocó a manifestarse contra el gobierno Maduro, aclarando que sería de manera pacífica. El 27 de enero el gobierno publicó en la Gaceta Oficial una resolución que autorizaba a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a portar armas de fuego para controlar el orden público, así como reuniones públicas y manifestaciones. El 10 de febrero, la oficina de Derechos Humanos de la ONU criticó la publicación de la resolución.

El 12 de febrero, agentes del Servicio de Inteligencia detuvieron a Antonio Ledezma, bajo la acusación de articular un golpe de Estado junto a sectores de la Fuerza Aérea. En la víspera, el periódico El Nacional había publicado el comunicado “Llamado a los venezolanos a un acuerdo Nacional de Transición”, firmado por Ledezma, López y Corina, cuyo contenido fue considerado golpista. El texto proponía a la sociedad venezolana un acuerdo para realizar elecciones presidenciales libres y transparentes, rescatar la plena vigencia de las instituciones democráticas, designar a los dirigentes de los órganos públicos por vías constitucionales, insertar al país en los circuitos financieros internacionales, restablecer la autonomía del Banco Central, aumentar la producción petrolera y designar una nueva dirección para PDVSA, además de revisar el valor de las indemnizaciones pagadas a las empresas expropiadas y desmontar los controles sobre la economía.

En reacción a la prisión de Ledezma, el gobierno Barack Obama publicó un decreto calificando a Venezuela como un Estado que amenazaba la seguridad de los Estados Unidos debido a las supuestas violaciones a los derechos humanos y a la persecución a los opositores. Determinaba, además, sanciones a funcionarios y ex funcionarios venezolanos, para quienes la entrada en los Estados Unidos quedó prohibida. El cerco se amplió con la iniciativa del ex primer ministro español Felipe González para conformar un grupo de defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma, integrado también por el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. El gobierno Maduro, por su parte, solicitó y obtuvo de la Asamblea Nacional poderes para promulgar las leyes habilitantes antiimperialistas y realiza una campaña masiva para que Obama revoque el decreto. Celac, Unasur y ALBA manifiestan su apoyo a Venezuela contra la intromisión extranjera y solicitan a Obama la revocación del decreto.

El escenario político venezolano conmocionado desde comienzos de 2015 tendía a radicalizarse en vistas de la elección para Asamblea Nacional en el segundo semestre de 2015. Y el resultado de las urnas, finalizada la elección en diciembre de aquel año, representó un duro golpe al chavismo. El gobierno de Nicolás Maduro perdió la mayoría en el Congreso Nacional. Fue la primera derrota de los socialistas desde la llegada del Hugo Chávez al poder. De los 167 escaños en disputa, la oposición, reunida en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conquistó 112, lo que le confirió mayoría cualificada, provocando un conflicto institucional abierto. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con el apoyo del poder Judicial y, con esto, ha impedido iniciativas del Congreso que cuestionan su continuidad.

 

 

 

Por Carlos Eduardo Martins (2015-2021)
(actualización en 31 de agosto de 2021)

Las elecciones de diciembre de 2015 estuvieron marcadas por el creciente asedio político y diplomático de Estados Unidos a Venezuela y la fuerte caída de los precios de los derivados del petróleo desde 2014, lo que provocó un estrangulamiento de la balanza de pagos del país, con efectos dramáticos en su capacidad de importación y en su estabilidad política. Obama impulsó la sustitución de las importaciones de derivados del petróleo para reducir el déficit de la balanza comercial petrolera de EE.UU., en particular a través de la producción de gas de esquisto, afectando los volúmenes de exportación de Venezuela, y articuló la expansión de la producción de sus aliados estratégicos en la OPEP, aprovechando la reducción del crecimiento global para reducir sus precios. La reversión del boom de las materias primas de 2003-2011 comenzó lentamente en 2012 y tuvo su punto de inflexión en 2015, mostrando una caída de los precios del 36% para el conjunto de las materias primas y del 44% para el petróleo y sus derivados. Entre 1999-2012, las importaciones crecieron de forma casi continua, alcanzando un máximo en 2012, junto con una balanza comercial de 31.000 millones de dólares, sólo superada en 2008 y 2011. A partir de 2013, las importaciones y la balanza comercial se redujeron, hasta alcanzar los 11.500 millones de dólares y los 10.700 millones de dólares, respectivamente, en 2019, lo que llevó al Gobierno a reforzar los controles sobre la cuenta financiera de la balanza de pagos, que había sido objeto de una fuerte fuga de capitales entre 2002-2014.  Obama impulsó la sustitución de las importaciones de derivados del petróleo para reducir el déficit de la balanza comercial petrolera de EE.UU., en particular a través de la producción de gas de esquisto, afectando los volúmenes de exportación de Venezuela, y articuló la expansión de la producción de sus aliados estratégicos en la OPEP, reduciendo sus precios

Al mismo tiempo, la escalada de sanciones establecida por Estados Unidos ha debilitado la economía venezolana. Las sanciones comenzaron en 2006 y han adoptado diversos formatos y pretextos – como la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, las acciones antidemocráticas, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción – afectando a personas, instituciones y al gobierno, sus finanzas y su soberanía política. Las sanciones iniciadas bajo la administración de George W. Bush, que prohibió la venta o transferencia de armas a Venezuela en 2006, adquirieron una nueva dimensión cuando Obama declaró, en marzo de 2015, que Venezuela era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, el primer paso para establecer sanciones más amplias contra el país. Dichas sanciones alcanzaron su dimensión más draconiana bajo la administración Trump cuando golpearon principalmente las finanzas y la soberanía del país.

La derrota de la estrategia golpista insurreccional llamada La Salida, que parte de las oposiciones creyó posible con la asfixia económica del país, y que el gobierno desmontó con la detención de Leopoldo López, la fuga de Antonio Ledezma y las acusaciones judiciales contra María Corina Machado, llevó a la reorganización de sus adversarios y a su reunificación provisional en torno a una ruta electoral. Se apostó en la erosión de la legitimidad del gobierno por una combinación de presión externa del imperialismo, la profundización de la crisis económica y el activismo político interno.  Las elecciones parlamentarias de 2016 registraron una sorprendente victoria electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que afianzó la transparencia del sistema electoral en Venezuela contra los clamores históricos de sus críticos. La MUD obtuvo el 56,2% de los votos, pero debido a su distribución regional eligió 112 diputados, equivalentes al 67% de la Asamblea Nacional. Una votación tan estupenda ponía en peligro la República Bolivariana, los derechos sociales y políticos duramente conquistados, que podrían ser revocados por una mayoría cualificada, así como el gobierno de Maduro y el propio Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), debido a la fuerte hostilidad de la MUD a ellos. En este contexto, el Poder Judicial suspendió la titulación de cuatro diputados elegidos por el estado de Amazonas, bajo la acusación de fraude electoral, tres de ellos de la oposición y uno del PSUV. Este procedimiento impidió que la MUD lograra efectivamente la mayoría calificada obtenida en las elecciones, impidiendo su posible acción para desmantelar las conquistas sociales y políticas logradas en la República Bolivariana de Venezuela. Entre las propuestas económicas defendidas por la MUD estaban la vuelta a la apertura petrolera, la reprivatización de las empresas estatales, el restablecimiento de la autonomía del Banco Central, el fin de los subsidios sociales y del control de precios, la unificación del tipo de cambio y la firma de nuevos acuerdos con el FMI. En el plano político, se pretendía establecer una amnistía política para los miembros de la oposición, condenados por conspiración y sedición para promover golpes de Estado, en gran parte involucrados en la alternativa La Salida, que generó batallas campales en las calles y causó 44 muertos y 878 heridos en 2014. También abrió la posibilidad de intervenir sobre el mandato de Maduro.

La actuación del poder judicial en las elecciones de 2015 representó efectivamente una injerencia en los resultados del proceso electoral, poniendo de manifiesto las dificultades del chavismo para sostener los procesos democráticos y su profundización ante los ataques del imperialismo y la burguesía interna a la estabilidad macroeconómica de la República Bolivariana. La suspensión de la elección de cuatro diputados de Amazonas alteró el equilibrio político, impidiendo que la MUD alcanzara la mayoría calificada, ya que el Tribunal Supremo de Justicia nunca se ha pronunciado al respecto, congelando el proceso. La decisión de la Asamblea Nacional de diplomar a los 4 diputados creó fuertes tensiones entre los poderes institucionales y llevó al Tribunal Supremo a prohibir su funcionamiento, transfiriendo sus poderes legislativos a sí mismo a partir de 27 del marzo de 2017. El estallido de las protestas llevó a la revocación de la decisión en el 14 de abril y a la iniciativa de Maduro de convocar elecciones para una nueva Asamblea Constituyente, invocando el poder constituyente original a través del artículo 348 de la Constitución de 1999. Si el artículo 348 establece que el Presidente de la República tiene la iniciativa de convocarla, el artículo 347 establece que el pueblo tiene la potestad para convocarla, lo que llevó a que se cuestionara la legalidad del decreto, ya que la iniciativa presidencial debería complementarse con la verificación de la voluntad popular a través de un plebiscito. La oposición que controlaba la Asamblea Nacional boicoteó la iniciativa y organizó un referéndum para rechazarla. La MUD tampoco pudo hacer posible la convocatoria del revocatorio presidencial en 2016, pues sus listas fueron cuestionadas por los tribunales electorales que señalaron la supuesta existencia de masivos fraudes en las firmas.

Maduro calificó la nueva constituyente como una constituyente ciudadana, obrera, campesina y comunal y señaló que estaría formada por trabajadores, campesinos y el pueblo y no por partidos políticos o élites. Los 546 constituyentes se elegirían por sectores o territorios. 173 serían elegidos por sectores (79 trabajadores, 28 pensionistas, 24 representantes de las comunas y consejos comunales, 24 estudiantes, 8 campesinos y pescadores, 5 empresarios y 5 personas con discapacidad) y el resto por territorios, sobreestimando el peso de las comunidades rurales en relación con su proporción de población, lo que reduciría la importancia de las grandes ciudades como Caracas. Mientras la oposición acusaba a Maduro de formular una estrategia para hacer frente a la caída de su popularidad en los grandes centros urbanos, ignorando que en 2015 habían logrado una proporción de diputados en el Parlamento muy superior al número de votos que había obtenido, el gobierno promovía una nueva contabilidad electoral que destacaba la necesidad de cristalizar la formación de una voluntad nacional que integrara las necesidades de las distintas regiones del país para representar su diversidad.

Las elecciones constituyentes contaron con la participación de 8,039 millones de electores, cifra superior a los 7,432 millones que votaron en contra en el referéndum organizado por la MUD. En octubre del mismo año, las elecciones regionales contaron con la participación de 11,35 millones de votantes y aseguraron la victoria del Gran Polo Patriótico con el 55% de los votos y 5,814 millones de votantes frente al 44,3% y 4,983 millones de votos de la MUD, lo que representó la conquista de 18 gobiernos estatales para las fuerzas gobernantes y sólo 5 para las oposiciones.

Las protestas, que se reanudaron en marzo de 2017, volvieron a adoptar una perspectiva insurreccional y violenta con el objetivo de derrocar al gobierno federal y dejaron un saldo de 160 muertos entre abril y junio, pero se desinflaron por el éxito popular de las elecciones constituyentes. A nivel internacional, Estados Unidos ha articulado una ofensiva regional a través de la creación del Grupo de Lima, aprovechando el cambio en la correlación de fuerzas provocado por el golpe de Estado en Brasil, la elección de Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñeda en Chile e Iván Duque en Colombia para organizar la transición del régimen en Venezuela desde el Cono Sur. Tal perspectiva se reforzaría con la elección de Jair Bolsonaro en Brasil y el golpe de Estado en Bolivia en 2019.  El Grupo de Lima se formó en 2017 para repudiar la creación de la Asamblea Constituyente, reconocer a la Asamblea Nacional como poder soberano y buscar formas «pacíficas» de transición de poder en Venezuela, logrando el respaldo de Luís Almagro, secretario ejecutivo de la OEA, quien celebró la represión impuesta por el gobierno de Piñeda a las manifestaciones populares en Chile por la derogación de la Constitución de 1980 y la creación de una Asamblea Constituyente. También en 2017, el gobierno de Maduro presentó la carta de renuncia de Venezuela a la OEA, acusando a la gestión de Luis Almagro de injerencia interna en el país para servir a los intereses imperialistas y a sus socios locales, salida que se formalizaría en 2019, tras el cumplimiento de los debidos protocolos legales.

A las elecciones presidenciales de 2018 participaron 9.132 millones de personas, lo que representa el 46% de la población, índices muy inferiores a los de 2013, cuando comparecieron 15.057 millones, lo que implica una tasa de participación del 79,6% de la población. Nicolás Maduro obtuvo 6.245 millones de votos, una cifra muy inferior a los 7.587 millones logrados por él en 2103, y también a los 7.363 millones de Henrique Capriles obtenidos en la misma votación, o en 2012, cuando alcanzó 6.591 millones. La reducción de la votación de Maduro se explica en parte por la caída de la polarización, motivada por la decisión de la MUD de boicotear las elecciones, debido a los impedimentos legales puestos a las candidaturas de sus principales dirigentes, como fue el caso de Henrique Capriles, inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, por presuntas faltas administrativas durante el ejercicio de su mandato en la gobernación del estado, según una decisión de la Contraloría General de la República. Como reacción a la reelección y toma de posesión de Maduro el 10 de enero, la Asamblea Nacional controlada por la MUD elige a Juan Guaidó como su presidente y lo proclama Presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019, con el apoyo del grupo de Lima y el gobierno de Trump, el Parlamento Europeo y la OEA -que reconoce a Gustavo Tarre, enviado por Guaidó, como su representante en la institución-, inaugurando una nueva fase de la ofensiva imperialista y de la burguesía interna asociada para desestabilizar al gobierno de Maduro.

A partir de Trump, Estados Unidos ha profundizado las sanciones contra el gobierno de Maduro, que han adquirido amplias dimensiones financieras y comerciales para apuntar y colapsar la economía de Venezuela. En agosto de 2017, Trump prohibió al gobierno venezolano y a PDVSA el acceso a los mercados financieros de EEUU, en marzo de 2018, las transacciones con la emisión de moneda digital venezolana, y en mayo, las transacciones con la deuda pública del país. En enero de 2019, bloqueó todos los activos y bienes de PDVSA sujetos a la jurisdicción estadounidense y prohibió a las personas físicas y jurídicas del país establecer cualquier relación con la empresa. Posteriormente flexibilizó las transacciones de algunas empresas estadounidenses con PDVSA, pero restringió esas transacciones a lo esencial y al pago a una cuenta bloqueada en Estados Unidos, cuyo acceso permitió a Juan Guaidó financiar las actividades de la oposición venezolana. En abril, las sanciones afectaron a las transacciones de oro en Venezuela, al banco central del país y a los bancos de desarrollo. En 2020, Trump promulgó sanciones contra empresas, navieras y particulares que transportan petróleo venezolano, golpeando principalmente a empresas de Rusia. En agosto de 2020, el gobierno británico confiscó 1.130 millones de dólares depositados en oro por Venezuela en el Banco de Inglaterra, decisión que posteriormente fue anulada por los tribunales del Reino Unido, atendiendo a las apelaciones del gobierno venezolano.

En febrero de 2019, Guaidó en asociación con los gobiernos de Trump, Duque, Bolsonaro y el apoyo del Grupo de Lima articuló una invasión paramilitar al país con el pretexto de la ayuda humanitaria, para supuestamente entregar alimentos y medicinas, que el gobierno de Maduro denunció tratarse en realidad de material de guerra para la oposición. Trump declaró el 23 de febrero como fecha límite para que las fuerzas armadas venezolanas rompiesen la lealtad a Maduro, so pena de enfrentar las consecuencias. El gobierno venezolano rompió las relaciones diplomáticas con Colombia, a través de cuya frontera se intentaría la infiltración en territorio venezolano. Los enfrentamientos estallaron en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander entre la Guardia Nacional Bolivariana y el grupo invasor, frontera de Venezuela con Colombia, dejando 4 muertos y cientos de heridos.  Un camión con la supuesta ayuda humanitaria fue incendiado y el gobierno de Maduro acusado de promoverlo, pero las investigaciones digitales del New York Times señalaron que la probabilidad de que fuera incendiado por cócteles molotov del grupo invasor era muy alta.

El fracaso de la invasión del territorio venezolano con el pretexto de la ayuda humanitaria fue uno de los factores que llevaron a la dimisión de John Bolton -un halcón, entusiasta de la intervención militar – por parte de Donald Trump en septiembre de 2019. El 4 de febrero de 2020, Trump afirmó en su discurso sobre el Estado de la Unión que Estados Unidos apoyaría, en Venezuela , la restauración de la democracia de la que es líder y que el poder de Maduro sería roto y aplastado, presentando entonces a Juan Guaidó como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. Los días 3 y 4 de mayo de 2020, la Armada y la policía bolivariana interceptaron y frustraron la Operación Gedeón cuya misión era el secuestro de Maduro y sus colaboradores más cercanos para sacarlos del territorio venezolano y enviarlos a Estados Unidos, donde serían detenidos y juzgados por su presunta implicación en el narcotráfico. La misión había sido contratada por el Comité Estratégico de Guaidó con una empresa militar privada estadounidense, Silvercorp, y utilizó a 60 soldados, entre ellos dos vinculados a las fuerzas especiales del ejército estadounidense. Maduro ya había sido objeto de un atentado el 4 de agosto de 2018, realizado por drones que dispararon explosivos durante su discurso en el centro de Caracas.

El apoyo militar de Rusia y el respaldo político de China a Venezuela, la crisis económica y el desplazamiento del epicentro de la pandemia a Estados Unidos, sumados a la crisis política y social interna de este país, que culminó con la amenaza de invadir el Capitolio para impedir la elección de Joe Biden, han desactivado provisionalmente los planes de intervención del imperialismo. Las nuevas directrices de Biden, que favorecen el gasto civil sobre el militar, indican hasta ahora un enfriamiento de los intentos de intervención, aunque se mantengan gran parte de las sanciones impuestas por Trump. En julio de 2021, Biden introdujo una pequeña relajación en el cerco imperialista, permitiendo a las empresas no estadounidenses exportar gas líquido a Venezuela.

La Asamblea Constituyente continuó su trabajo durante tres años, poniendo fin a su actividad en diciembre, días antes de que la nueva Asamblea Nacional con mayoría oficialista jurara su cargo con su victoria en las elecciones anticipadas de 2021 a 2020.  Sin embargo, no elaboró una nueva constitución, sino que se limitó a aprobar leyes que entraron en vigor antes de que su trabajo estuviera terminado, y que tampoco fueron aprobadas por referéndum popular. En la práctica, la Constituyente funcionó para sustituir o restringir las acciones de la Asamblea Nacional elegida en 2015, garantizando los logros del chavismo, amenazado por la MUD y su articulación con el imperialismo. Aprobó la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia; eliminó los distritos metropolitanos; adelantó las elecciones presidenciales y parlamentarias; suspendió la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados; destituyó a Isaías Rodríguez de su cargo de segundo vicepresidente tras unas declaraciones desfavorables a la importancia de su actividad;  destituyó al gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, que se negó a jurar el cargo ante sus integrantes, nombrando en su lugar a un gobernador interino que permaneció en el cargo hasta la toma de posesión de su sustituto, Omar Prieto (PSUV), que alcanzó en nuevas elecciones con el 57% de los votos; decretó el establecimiento de elecciones municipales; promulgó la ley antibloqueo que permite al gobierno vender empresas públicas y establecer contratos con empresas privadas; derrotó el régimen de ilícitos cambiarios abriendo el camino a la libre convertibilidad del Bolívar; y aprobó el Proyecto Nacional Simón Bolívar: Tercer Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación.

La economía de Venezuela se ha desarticulado profundamente desde 2015. Si el PIB per cápita creció un 25% entre 1999-2012, un promedio de 1,7% anual, a partir de 2015 sufrió un fuerte descenso que alcanza el 62% acumulado en 2019 y el 74% en 2020, respecto a 2012 (CEPALSTAT). La producción diaria de barriles de petróleo cayó de 2.470 millones diarios en 2010 a 796 millones en 2019 y 500 millones en 2020, y el Gobierno de Maduro se ha propuesto como objetivo recuperar los niveles de producción de 1.500 mil millones diarios en 2022. La crisis económica ha producido efectos sociales dramáticos en los niveles de consumo de la población venezolana y ha provocado una intensa emigración del país. Si en 2015 había 695.000 venezolanos viviendo fuera del país, en 2019 esa cifra se elevó a unos 4 millones, de los cuales 1,3 millones vivían en Colombia y 770.000 en Perú.

El gobierno venezolano se ha visto profundamente afectado por la desarticulación de la integración latinoamericana como el giro neoconservador en Sudamérica desde 2015. La desarticulación de Unasur, Mercosur y CELAC han sacado de escena o han hecho ineficaces los espacios regionales que podrían actuar para restringir el bloqueo imperialista o compensarlo. Sin embargo, Venezuela ha profundizado su cooperación estratégica con otros países, especialmente con China, Rusia e Irán. En 2001 la Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN) entre China y Venezuela fue creada por Hugo Chávez y en 2018 Nicolás Maduro viajó a la 16ª reunión de la CMAN en China y firmó 28 acuerdos que involucran finanzas, energía, educación, agricultura, cultura, salud, ciencia y tecnología entre otros asuntos. El envío de armas y tropas rusas al país en 2019 como parte de sus lazos de cooperación técnica y militar cumplió un importante papel de respaldo a la soberanía de Venezuela, y como elemento disuasorio ante las amenazas de invasión de Trump que declaró que no se descartaba ninguna alternativa para derrocar al gobierno de Maduro. En mayo de 2020, Irán envió buques petroleros cargados de gasolina que traspasaron el bloqueo marítimo impuesto por la Marina estadounidense al país sudamericano.

Los retos a los que se enfrentará Venezuela en los próximos años no son pequeños. Profundizar sus lazos de cooperación internacional, desarrollar sus vínculos geopolíticos con la perspectiva del Sur Global, recuperar la capacidad productiva nacional, retomar el crecimiento económico para superar la escasez, recuperar los vínculos del proyecto socialista con la democracia participativa y plural, rearticular la integración latinoamericana ampliamente desmantelada por la ofensiva neoconservadora y neofascista y relajar el cerco imperialista, son algunas de las metas que deben alcanzarse para recuperar el vigor del socialismo venezolano que encantó al mundo por su originalidad, innovación y audacia en su época dorada.

 

Bibliografía

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Datos Estadísticos

Indicadores demográficos de Venezuela

Fuentes: ONU. World Population Prospects: The 2012 Revision Database

¹ Datos sobre la población urbana y rural tomados de ONU: World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.

Indicadores socioeconómicos de Venezuela

* Proyecciones. | ** Estimaciones por quinquenios. | *** Incluye el Caribe.

Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos indicada.

Fuentes: CEPALSTAT

¹ Se incluyen las reexportaciones en los años: 2008 y 2009.
² Calculados a partir de los datos de Global Health Observatory de la OMS.
³ UNESCO Institute for Statistics
⁴  A partir do ano 2000 corresponde ao pessoal assistencial e contratado
⁵  UNDP. Countries Profiles

Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en el documento indicados.

 

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