Gerardo Caetano Hargain (entrada original en versión impresa en 2007)

Mônica Rodrigues (actualización de la entrada, 2006-2015)

Constanza Moreira – Susana Mallo (actualización de la entrada, 2015-2021)

Fuentes:
¹ CIA: World Factbook.
² INE: Anuario Estadístico 2019
³ ONU: World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.
⁴  CEPALSTAT.
⁵  ONU/PNUD: Human Development, 2014.
Mônica Rodrigues (texto de actualización de la entrada, 2006-2015)

Se puede decir que Uruguay ha sido un país que ha estado obsesionado por el afuera del mundo y de la región. Si se tienen en cuenta los itinerarios de su historia social, si se repara en la evolución de su configuración demográfica, en el proceso de construcción de su cultura, en las modalidades colectivas de encarar la política o de incorporarse a los debates internacionales, en su mismo origen como Estado y su evolución posterior, difícilmente se pueda contradecir esa percepción. El afuera siempre fue, para los uruguayos, una “imagen constitutiva” y una “mirada constituyente”. El mundo (con base en una concepción muy eurocéntrica) y la región, en efecto, constituyeron una y otra vez una referencia de comparación, pero también fueron concebidos colectivamente como un lugar desde donde se “mira” al país y, por ende, desde donde también se lo “constituye”.

Desde el período de la última colonia hasta los combates de José Artigas y sus seguidores en la revolución por la independencia, el territorio uruguayo también experimentó una fuerte tensión entre el dilema de la autonomía o la integración regional. Esa dialéctica, que se podría calificar como constituyente de la experiencia colectiva de los uruguayos proyectó y proyecta varios dilemas y discusiones. Uno de ellos tiene que ver con los destinos y las orientaciones prioritarios del impulso integrador: la opción entre la asociación privilegiada con los vecinos de la región o el vínculo preferido con las naciones más desarrolladas; la frontera continental o la frontera transatlántica. En ese sentido, más de una vez en la historia uruguaya se propuso la consigna de “entrar en el mundo salteándose a los vecinos”.

Otro punto de partida para repensar el tema de Uruguay y su ubicación peculiar entre sus vecinos gigantes tiene que ver con la aceptación plena de su condición de país frontera. Por definición, la frontera es un terreno de ambigüedades, una zona de intercambio múltiple y complejo. Además, un país frontera tiene que percibirse a sí mismo como tal, con todo lo que ello implica. En la historia, Uruguay también asumió reiteradamente esa noción cuando repensó una dialéctica pendular en la relación con sus vecinos o cuando organizó su política exterior desde la clave configuradora de constituir el factor de equilibrio regional, especialmente, asumiendo un juego tácito de “árbitro o intermediario informal” entre Argentina y Brasil.

Su pequeñez y la consiguiente insuficiencia de la variable del mercado interno refuerzan otra premisa para considerar el problema de la integración económica y comercial con la región: Uruguay se ve impelido a volcar su economía hacia una orientación exportadora y depende cada vez más profundamente de su inserción competitiva en los mercados regionales y mundiales. En la misma perspectiva, la vocación integradora de Uruguay no puede articularse con una filosofía integracionista que conciba, por ejemplo, el bloque del Mercosur como una “zona ampliada de sustitución de importaciones”, sino que, por el contrario, debe asumir una filosofía de regionalismo abierto, concebida como instrumento para disputarse, más y mejor, otros mercados con sus vecinos de la región.

En la consideración de la evolución demográfica se encuentran también diversos impulsos integradores. La uruguaya fue, en gran medida, una sociedad aluvial, que se fue conformando a medida que llegaba el extranjero, el gran factor definitorio de la evolución social del país durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Sin embargo, muchas décadas atrás, y con especial relevancia en las más recientes, Uruguay se constituyó también en un país de emigración, con el surgimiento de una “diáspora” muy importante en términos cuantitativos y cualitativos.

La integración al mercado mundial

Los uruguayos recrearon frecuentemente el mito de una ascendencia exclusivamente tributaria “de los hombres que bajaron de los barcos”, destacando su condición de “hijos de la inmigración europea” (básicamente española e italiana) y desvalorizando y menospreciando otros orígenes inmigratorios, así como otras fuentes raciales y culturales, como la del negro y la del indio. Sin multiculturalismos forzados, la pretensión de una homogeneidad europeizante y el cultivo de una ajenidad resistente con respecto a los países vecinos de la región y del continente parecen haber estado presentes en las raíces de ese emblema cultural simbolizado en la metáfora –ciertamente durante mucho tiempo rica en significado– de que Uruguay es como la “Suiza americana”.

Esa visión del “Uruguay ensimismado”, autárquico, educado en la “diferencia” y “para caminar solo”, antagonista de los “otros” de la región, se consolidó en el imaginario colectivo mucho antes de la efectiva integración de la república a los mercados mundiales. Ello sucedió en las últimas décadas del siglo XIX, cuando en la mayoría de los países latinoamericanos (entre ellos Uruguay desde su modernización agropecuaria iniciada por el llamado “ boom lanar” de la década de 1860) se conjugaron las condiciones externas e internas que posibilitaron los primeros procesos de modernización capitalista en la región.

La primera integración a esos mercados se dio la mano con la implantación de modelos modernizadores que privilegiaron el “desarrollo hacia afuera”, con despliegues fuertemente dependientes de los centros hegemónicos, por aquel entonces dirigidos por Inglaterra. En el caso uruguayo, esa orientación devino en la implementación de un proyecto básicamente agroexportador. La modernización capitalista inicial no parecía recorrer el mismo camino que la integración con la región, lo cual no podía dejar de traer aparejadas profundas implicancias.

Los uruguayos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX vivieron la gran crisis financiera y económica de 1890 (no por casualidad iniciada en la City londinense) como un gran desafío prospectivo. La sociedad uruguaya en su conjunto asumió esa coyuntura decisiva como una invitación a repensar el país y su futuro. Esto, entre otras cosas, pasaba por configurar los relatos de la nación, confrontar los nuevos modelos de desarrollo a ser implementados en el futuro, tramitar los procesos de integración política y social, rediscutir cosmovisiones y encontrar los caminos efectivos de la integración política internacional del país, una vez más en esa doble pista del encuentro con el mundo y con la región. Comenzaba para Uruguay un tiempo de proyectos, de profundos conflictos, pero también de síntesis creadoras.

Un imaginario para la integración social

Fue durante las primeras décadas del siglo XX cuando la sociedad uruguaya pudo completar su primer modelo de configuración nacional, culminando así una tarea iniciada varias décadas atrás. Las nuevas generaciones de 1900 y del centenario –sin remitirnos aquí solamente a sus elites intelectuales y políticas– fueron, en esos aspectos, herederas directas de las ideas y tareas de figuras fundadoras del imaginario nacionalista como Francisco Bauzá, Juan Zorrilla de San Martín, Juan Manuel Blanes o José P. Varela, entre otros, a cuyo legado pudieron agregar una pauta de integración social que estuviera en condiciones de “anclar” efectivamente varias referencias culturales e institucionales de los uruguayos. Inscripta en diversos contextos que incitaban a consolidar una visión ciudadana de la nación, en esa nueva etapa la sociedad uruguaya ambientó la acción de varios productores de imaginario colectivo, que focalizaron su tarea –de modo tan obsesivo como disputado– en la integración del adentro. En el plano simbólico, sus esfuerzos pudieron asociarse con la experiencia histórica del primer batllismo –los dos mandatos presidenciales de José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915)– y con las políticas públicas de índole reformista entonces aplicadas. Debe advertirse, empero, que pese a esa identificación, el proceso fue tan colectivo y plural como conflictivo.

De esa manera se pudo expandir, desde el Estado, un modelo endointegrador de base uniformizante, sustentado en una propuesta oficial que privilegiaba nítidamente la meta del “renacimiento de identidades” sobre un eventual intento de armonizar lo diverso con base en el respeto a las tradiciones preexistentes. Esa “sociedad hiperintegrada” (como la llamó Germán Rama) fue, en algún sentido, una nueva traducción de la idea del “país-modelo” del que había hablado Batlle y Ordóñez que, aunque hubiera tenido un éxito indudable en la formación de una nacionalidad inclusiva que impedía grandes marginaciones socioculturales o políticas, pagó también el precio de una integración social muy dirigida hacia la medianía y a ciertos estereotipos culturales, lo que, a menudo, terminó ambientando de forma indirecta la sanción a la diferencia y a la innovación.

Apogeo y decadencia de un modelo

El “Uruguay moderno” nació, así, en medio de conflictos y debates sobre las virtudes y los defectos de distintos modelos de integración del adentro y del afuera. El 31 de marzo de 1933, con el trasfondo de la crisis económica internacional instalada en el país, el entonces presidente Gabriel Terra impulsó un golpe de Estado e implantó una dictadura civil en la cual, a pesar de las expectativas de los sectores más reaccionarios de la coalición política que le había dado sustento, las medidas decisivas de desarticulación del modelo reformista desarrollado en las décadas anteriores no pudieron prosperar. Mediante un nuevo golpe de estado civil, llevado a cabo por el entonces presidente Alfredo Baldomir el 21 de febrero de 1942, y luego de un período de transición que duró cinco años, entre 1947 y 1951 el país retornó a una restauración batllista en el enfoque dominante de las políticas públicas, presidida por otro miembro de la dinastía de los Batlle, el sobrino de Don Pepe, Luis Batlle Berres.

Sin embargo, la restauración tenía alcances limitados, básicamente porque encontraba un contexto internacional muy diferente tras la Segunda Guerra Mundial. Uruguay era un país tomador de empréstitos, exportador de commodities, con una industrialización hija, casi por completo, de un proteccionismo no selectivo. El Estado, inflado y clientelístico, encubría las debilidades de un “capitalismo de ausencias”, redistribuyendo las divisas provenientes de contextos externos favorables a la exportación agropecuaria. No existían coaliciones sociopolíticas capaces de enfrentar coyunturas adversas e impulsar transformaciones estructurales, ni tampoco un modelo de desarrollo sostenible en el mediano plazo. Esto se puso de manifiesto cuando, a mediados de los años 50, el mundo profundizó cambios económicos adversos a los intereses uruguayos, transformando la simple reproducción del antiguo modelo de sustitución de importaciones en inviable, particularmente en lo que se refería a su pauta de inserción internacional.

La plena conciencia de esa circunstancia y de los desafíos que implicaba para la sociedad uruguaya constituyó –y sigue constituyendo– un tema político. El registro de los debates al respecto y el mínimo seguimiento de las políticas implementadas por parte de los distintos gobiernos en las últimas décadas trascienden los límites de este texto. Sin embargo, en lo que respecta al tema central de esta parte del relato, deben registrarse algunos procesos:

• la transformación radical –con severas restricciones y un efecto de estancamiento económico para el país– de las condiciones tradicionales de inserción internacional, principalmente después del primer shock petrolero de 1973;
• la adopción, en mayor o menor medida, por parte de los gobiernos que sucedieron a la victoria del Partido Nacional en 1958, de pautas y políticas económicas de perfil liberal, con un alineamiento –más o menos cercano, según el caso– al recetario clásico del FMI (Uruguay fue socio fundador de la entidad en 1944, aunque recién firmó su primera carta de intención con dicho organismo en 1960), en los marcos de una sociedad que no encontraba soluciones después de la reducción del Estado, el estancamiento económico, la emergencia de la inflación estructural y una creciente polarización en busca de un excedente económico inexistente;
• el debilitamiento institucional de la clásica democracia uruguaya, junto con la incapacidad de sus principales actores de darle una respuesta efectiva e innovadora a los problemas de la coyuntura;
• el surgimiento de procesos inéditos a distintos niveles, en una sociedad que, con el telón de fondo de un mundo y un continente en revolución como la de los años 60, parecía despertar abruptamente de la vieja vocación “insular”.

A la deriva rumbo al autoritarismo

En Uruguay, los años 60 reiteraron muchos procesos bien conocidos en la América Latina de la época. La crisis económica se tradujo en la visión disruptiva de una “industrialización sin horizontes”, de un “agro estancado” y sin mercados, de un “comercio exterior desequilibrado”, legados menos defendibles del país reformista y de su prosperidad frágil. La adopción de políticas ultraliberales, alineadas con el recetario del FMI, fracasó rápidamente. Tras la evidencia generalizada de la crisis de todo un modelo de desarrollo, la violencia política se instaló como instrumento de lucha por el poder, después de décadas en las cuales los conflictos internos parecían dirimirse en las urnas. La polarización ideológica llegaba a Uruguay, desprovisto por aquel entonces de sus viejos “amortizadores” (un Estado redistribuidor y “capitalista sustituto”, partidos “keynesianos” que regulaban en clave clientelística el mercado de trabajo y los precios internos, excedentes derivados de contextos favorables para la exportación de productos agropecuarios, etc.). La población comenzó a enfrentar problemas inéditos de pauperización, inflación descontrolada, publicidad de fenómenos de corrupción y políticas represivas de cara a la creciente protesta social.

No se puede decir que durante esa década y media, que transcurrió desde el triunfo del Partido Nacional en 1958 (con el consiguiente direccionamiento liberal en las políticas públicas) hasta el golpe de Estado de junio de 1973, no haya habido una búsqueda de alternativas por parte de los actores políticos y sociales. Cabe destacar algunas de las más importantes: los vaivenes de las políticas económicas, desde enfoques liberales ortodoxos hasta movimientos pendulares de orientación desarrollista; los cambios en el ámbito de los partidos tradicionales (derechización del Partido Colorado, principalmente después de la llegada a la presidencia de Pacheco Areco, en diciembre de 1967, y giro hacia la centroizquierda del Partido Nacional, bajo el liderazgo renovador de Wilson Ferreira Aldunate); la creación, en 1963 del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros por Raúl Sendic, con su propuesta de guerrilla de cuño foquista; el proceso de unificación sindical que culminó con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y la convocatoria al llamado Congreso del Pueblo (1965); la emergencia de grupos de derecha radical partidarios de la violencia; la consolidación de corrientes militaristas en el seno de las Fuerzas Armadas, en lucha permanente con agrupaciones constitucionalistas, liderados entonces por el general Líber Seregni; y el nacimiento, en 1971, de la coalición de las izquierdas, Frente Amplio (FA), competitiva en relación con los dos partidos tradicionales.

El proceso uruguayo sufrió una fuerte radicalización a partir de 1968, cuando el gobierno presidido por Pacheco impulsó una respuesta represiva frente a la militarización sindical y estudiantil. Asimismo, el gobierno realizó ese mismo año un ajuste autoritario en la política económica, con la constitución del llamado “gabinete empresarial” (con altos representantes del sector privado que desplazaron a los políticos “profesionales”) y el decreto de congelamiento de precios y salarios del 28 de junio de 1968. El crecimiento de la polarización desembocó en un aumento inusitado de la violencia política y social, con una secuela de civiles muertos y heridos sin precedentes desde la guerra civil de 1904. Con el trasfondo del incremento de los conflictos, las Fuerzas Armadas comenzaron a inclinarse claramente a favor de las opciones golpistas, apoyadas –como en el resto del continente– por los Estados Unidos.

El golpe de Estado

Las elecciones de 1971, que terminaron en un gran empate político y llevaron a la presidencia a Juan María Bordaberry, un católico integrista proveniente de las filas del ruralismo y con orientaciones ideológicas claramente antidemocráticas, no pudieron, como otrora, dilucidar las cuestiones de fondo. Ya con las primeras acciones de terrorismo de Estado en curso, con un gobierno débil encabezado por un presidente desleal a las instituciones y con una nueva ofensiva militar impulsada por el MLN en 1972, que acabó ese mismo año con la derrota total del movimiento guerrillero (anunciada oficialmente en octubre por las Fuerzas Armadas), la vía para el golpe militar apoyado por Bordaberry estaba abierta. El quiebre del orden institucional se daría, finalmente, al año siguiente y en dos tiempos. En una primera instancia de insubordinación militar, el día 9 de febrero (en la cual se aceptó la institucionalización de los militares como protagonistas del gobierno) y, a continuación, con la obra final, que comenzó en la madrugada del 27 de junio de 1973, cuando los dieciséis senadores presentes en la Cámara se anticiparon a condenar el golpe que se precipitaría horas más tarde.

Américo Plá Rodríguez, senador suplente de Juan Pablo Terra (Partido Demócrata Cristiano), observó que aquello parecía “un velorio, el velorio de la república”. Todos sabían lo que se avecinaba. El viernes 22 de junio, el presidente Bordaberry, junto con los comandantes de las Fuerzas Armadas y los generales, había decidido cerrar el Parlamento por tiempo indeterminado. A la 1:40 hs se dio por finalizada la sesión del Senado, después del pronunciamiento de Eduardo Paz Aguirre, el último orador. Para los militares, que escucharon el discurso por la radio, el Parlamento se había “autodisuelto”; el presidente y sus asesores, por su parte, acusaban al órgano legislativo de violar la Constitución por no haber inhabilitado al senador Enrique Erro el día 22, acusado de pertenecer al MLN Tupamaros.

El día 27, poco después de las 7 hs, en un “plan de diversión”, al frente del cual se encontraban los generales Esteban Cristi, Abdón Raimúndez y Gregorio Álvarez, los militares entraron en un Palacio Legislativo casi desierto: no había legisladores, apenas unos pocos empleados, entre los que estaba el portero Víctor Rodríguez Andrade, campeón de fútbol de 1950. El gobierno acababa de anunciar, a las 5:20 hs, por cadena nacional de radio, el Decreto N.º 646, que disolvía las Cámaras de senadores y representantes y prohibía “atribuir al Poder Ejecutivo propósitos dictatoriales”.

Después del anuncio del decreto de disolución de las Cámaras, a las 6 de la mañana del 27 de junio, obreros y empleados de fábricas y de muchos otros lugares de trabajo comenzaron a poner en marcha el mecanismo de huelga general que la misma CNT había previsto en sus estatutos en 1964. Héctor Rodríguez, veterano dirigente del sector textil, recordó que la decisión de huelga general en caso de golpe de Estado había sido discutida desde décadas atrás. Más tarde, la CNT creó una comisión integrada por él mismo, Gerardo Cuesta, Gerardo Gatti y Vladimir Turiansky, en la que se había conversado sobre la eventual dispersión de las unidades de transporte colectivo y sobre el control de los combustibles y de los alimentos ante la eventualidad de la huelga general. La decisión de tomar ese camino no estuvo exenta de dramatismo y conflicto en el seno de la central. Se puede afirmar que hubo una pulsión espontánea de las bases sindicales que “superó la dirección”, entonces muy marcada por el Partido Comunista.

La paralización fue intensa y breve, pero sirvió, más adelante, como mito y relato heroicos para la refundación del movimiento sindical al final de la dictadura. En pocos días se rompió parcialmente la huelga en el sector clave del transporte y, el 30 de junio, los militares lograron ocupar la fábrica de combustibles de ANCAP, en La Teja. Muchas fábricas fueron desalojadas. La brutal represión militar de una manifestación callejera el día 9 de julio (en la cual, entre otros, caería preso por primera vez el general Líber Seregni) no sólo mostraría el alcance de la resistencia (tan importante y valiente como insuficiente), sino también la dureza del régimen impuesto, dando claros indicios de los tiempos que se avecinaban. El 11 de julio, la dirección de la CNT (todavía dividida acerca de la decisión que tomaría) resolvió dispersar. En el anuncio de la dispersión se señalaba:

arraigados con firmeza inmutable en la convicción de que, al fin de cuentas, los trabajadores y el pueblo triunfaron, miramos y debemos mirar la realidad actual, cara a cara, tal cual ella se nos presenta, y no deformada por deseos subjetivos, por generosa que sea su inspiración. Sabemos que el pueblo y su causa son inmortales e invencibles, en tanto son efímeros e imperdonablemente condenados al desprecio y al fracaso los tiranos que los enfrentan, y que la misma suerte tendrán quienes, directa o indirectamente, sostienen las tiranías. En las condiciones en las que se dio la batalla en nuestro país, la victoria de los trabajadores va a requerir aún, no obstante, una lucha prolongada y muy dura.

El desenlace de la crisis uruguaya, expresado en el golpe de Estado, adquirió un significado que trascendía los límites del país. Esta vez, como en pocas oportunidades, Uruguay quedaba asimilado a la pulsación dramática de América Latina y, aparentemente, enterraba su “singularidad”, que tantas veces había proclamado. En apenas algunos años, entre 1973 y 1976, el Cono Sur quedó completamente en manos de dictaduras militares (“la otra Santa Alianza”, según decía el periodista Carlos Quijano), que respondieron a parecidos estímulos externos, implementaron políticas públicas de similar tenor y, aunque teniendo en cuenta importantes diferencias, practicaron la misma sistemática violación de los derechos humanos. Paradójicamente, esa forma en que Uruguay se vinculó a la región (“latinoamericanización”, se llegó a decir) fue simultánea con un formidable proceso de transformaciones mundiales de las cuales el país permaneció relativamente aislado.

La “dictadura comisarial”: 1973-1976

De acuerdo con una periodización diseñada por el politólogo uruguayo Luis E. González, los doce años del régimen autoritario uruguayo (1973-1985) conocerían tres etapas claramente distinguibles:

• la etapa de la “dictadura comisarial”, entre 1973 y 1976;
• una segunda etapa que el autor denomina “ensayo fundacional”;
• y la última, de transición, iniciada en 1980, y que concluiría “formalmente” –aunque no en muchos aspectos sustantivos– con la asunción de las autoridades civiles en 1985.

Comisarial o policíaca fue la etapa inaugural del “proceso”, sumida en la perplejidad del poder recién conquistado e incapaz de construir un proyecto que trascendiera la tarea de poner “la casa en orden”, tan desquiciada por la muy denunciada “omnipresente subversión”. El “comisario” se mostró implacable y tenaz, casi no dejó resquicios y, en general, su gestión resultó un éxito. En ese marco se inscribieron la clausura de la actividad política tradicional, la declaración “quirúrgica” de ilegalidad de partidos y organizaciones de izquierda, la liquidación de la central sindical, la intervención de la universidad y el “saneamiento” de la administración pública, con miles de destituidos por razones ideológicas. La represión se desató y radicalizó el terrorismo de Estado iniciado antes del golpe. La política se “privatizó” al extremo (negando así su esencia) y lo político fue execrado públicamente.

¿Qué hacer una vez puesta “la casa en orden”? Para Bordaberry, antidemocrático confeso y admirador fervoroso de la dictadura brasileña y, poco tiempo después, del general Augusto Pinochet, la nueva ecuación política del Cono Sur suponía “un concepto radicalmente diferente del que se apoya en la clásica división de poderes de Montesquieu”. El golpe de Estado había significado el fin de tal “artificio” y dado cauce a la autoridad “natural y auténtica”. Por lo tanto, se trataba de “darle a aquello forma institucional”, “de recibir en la Constitución ese nuevo equilibrio”. Concluía el presidente sobre la necesidad de la existencia de una autoridad permanente y real, radicada, “con el beneplácito general”, en las Fuerzas Armadas. Si el poder público se resolvía de esa manera, no se debía insistir, en el caso del “poder privado”, en la fuente de desunión y disputa que, a su juicio, significaban los partidos políticos.

Finalmente, las Fuerzas Armadas optaron por un camino distinto: dilucidar la encrucijada tomando el rumbo menos costoso de continuar con la dictadura desde un discurso “democrático” y sin abandonar las pretensiones de restauración de un orden político “traicionado”. Los partidos habían construido la nación, los hombres –y no el sistema– la habían puesto en peligro. La “nueva república”, que sería fundada mediante decretos constitucionales, tendría partidos y no meras “corporaciones”, como defendía Bordaberry. Mientras tanto, la tutela militar crearía las condiciones para su correcto funcionamiento.

Las desavenencias entre Bordaberry y los militares generaron la crisis política de junio de 1976, que culminó con la remoción del presidente y la designación interina de Alberto Demicheli (un antiguo político de origen colorado conservador e ideas también neocorporativistas) para ocupar la primera magistratura. En un comunicado público, expedido por las Fuerzas Armadas, éstas declararon no querer “compartir […] la responsabilidad histórica de suprimir los Partidos Tradicionales […]”. Como primeras medidas de “su gobierno”, Demicheli procedió a firmar los Actos Institucionales 1 y 2, por los cuales se suspendía, “hasta nuevo pronunciamiento”, la convocatoria a elecciones generales y se creaba el “Consejo de la Nación”, respectivamente.

Continuidad

La evolución de la política económica en ese período marcó una de tantas continuidades relevantes entre los gobiernos de Pacheco y Bordaberry anteriores a 1973 y el régimen autoritario. El Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, formulado en 1972 por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fue definitivamente ratificado después del golpe, con algunos retoques secundarios. En realidad, la puesta en marcha efectiva del nuevo modelo –que suponía una severa radicalización de los programas liberalizantes anteriores– sería postergada por un año, cuando se desarrollara el nuevo impulso neoliberal con el advenimiento al Ministerio de Economía y Finanzas de Alejandro Vegh Villegas, en junio de 1974. Ese atraso en la aplicación de la estrategia diseñada reflejaba –entre otras cosas– la prioridad inicial que tuvo el régimen autoritario por la “normalización” política. La crisis petrolera de fines de 1973 y sus graves repercusiones para Uruguay generaron, incluso en el plano simbólico, ese marco traumático que necesita toda política económica extremista –y la que se estaba comenzando a aplicar así lo era– para un arranque vigoroso.

El examen de algunos de los resultados económicos verificados en el período 1973-1976 ilustra claramente los principales cambios operados en la sociedad y en la economía uruguayas. Entre otros procesos, tuvo lugar un crecimiento rápido y continuo del Producto Bruto Interno (PBI); se incrementó –a contramano del discurso oficial– el sector terciario de la economía, con un importante peso del Estado; se operó también una reestructuración del comercio exterior, con una reformulación importante de las exportaciones, pero con una balanza comercial con saldo negativo persistente; se profundizó la concentración del ingreso y se agravó la caída del salario real.

La distribución regresiva del ingreso determinó una creciente exclusión económica y social de los trabajadores, al mismo tiempo que se afirmó la rentabilidad de los empresarios y del capital extranjero (fundamentalmente financiero), verdadera “base social” del nuevo régimen. La estrategia del sobretrabajo apenas pudo disimular la creciente pauperización de amplios sectores de la población, a lo que se le sumó el auge dramático de la emigración. Según se jactaban los portavoces oficiales, poco quedaba en pie del Uruguay tradicional.

La fundación fallida

El veto a los ímpetus corporativistas de Bordaberry, con el alejamiento del presidente, marcó el comienzo del intento de construcción de un “nuevo orden” político-institucional. Los militares insistían en la idea de que ese cambio debería ofrecer, como sostén fundamental, la consolidación y la profundización del ajuste estructural de la economía, iniciado en los años anteriores.

Dominada entonces por un nuevo mesianismo y estimulada por ciertos éxitos en la evolución de algunos índices económicos (en especial, el crecimiento del PBI, con un promedio anual superior al 3% desde 1974), la corporación militar parecía hacerse cargo definitivamente de las premisas de un neoliberalismo a ultranza. El “ajuste estructural” suponía priorizar como objetivo de la política económica la reducción del costo de mano de obra y del presupuesto del Estado, para lo cual se hacía necesario disminuir la presión fiscal y terminar con las tradicionales políticas redistributivas.

Hasta 1978, la política económica se orientó, fundamentalmente, hacia la promoción de las exportaciones no tradicionales y la liberalización del mercado de cambio. A partir de 1978, y principalmente de 1979, se comenzó a implementar el proyecto denominado “Uruguay plaza financiera”, que suponía, entre otras cosas, la integración de Uruguay al mercado internacional de capitales, para lo cual se puso el énfasis en la estabilización de los precios mediante un manejo radicalmente monetarista de la balanza de pagos. A través de un fuerte rezago cambiario pautado por la voluntad oficial, se profundizó la apertura comercial y el movimiento de capitales. Se aceleró el ritmo de crecimiento del PBI (superándose el 6% en 1979), aunque todo ello al precio de un enorme abultamiento de la deuda externa (un crecimiento de casi el 30% en 1979) y de un pesado déficit en la balanza comercial: de US$ 71,2 millones, en 1978, a US$ 418,2 millones en 1979 y casi US$ 622 millones en 1980. El boom económico tenía cimientos frágiles.

Si la superación del histórico estancamiento en el producto contaba con inestables soportes económicos, los costos sociales del emprendimiento perfilaron, desde esa época, un cuadro dramático para los sectores más carenciados de la sociedad uruguaya. El salario real continuó cayendo. Las capas superiores se enriquecían cada vez más, sin que se diera un incremento significativo del ahorro y de la inversión productiva. Mientras tanto, el resto de la población se lanzó a la carrera del multiempleo, aunque sólo los sectores medios pudieran contener momentáneamente la reducción drástica de su poder adquisitivo. Las capas inferiores, sin refugio posible, sufrieron, hasta 1980, un proceso de pauperización creciente, pues recibieron el impacto de la supresión de las políticas redistributivas y del congelamiento de los gastos sociales del Estado.

En la esfera política, el “ensayo fundacional” estuvo signado por el intento de obtener la primera legitimación del proyecto militar, con la convocatoria a un plebiscito para reformar la Constitución. El 1.º de septiembre de 1976, Aparicio Méndez (un viejo político de larga militancia nacionalista) asumió la presidencia de la República. Una serie de Actos Institucionales preparó el camino para que, con su firma (negada por Alberto Demicheli, que por ese motivo había sido sustituido) cayera una pesada proscripción sobre el elenco político. Las inhabilitaciones políticas decretadas, más allá de sus gradaciones, estaban previstas para una vigencia general de quince años, lo cual mostraba las previsiones cronológicas de la dictadura. Se conseguía, además, la clausura formal de la vida partidaria, con la eliminación de toda la izquierda, sin el costo político de la supresión explícita de los partidos.

Uno de los terrenos en los que la fundación del “nuevo orden” encontró más dificultades fue el de las relaciones internacionales. El despliegue de denuncias de buena parte del exilio uruguayo, junto con el énfasis que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, presidido por Carter, comenzó a demostrar en la región respecto a la problemática de los derechos humanos, obligó al gobierno a salir de la encrucijada con algunas definiciones. En septiembre de 1976, el Congreso de los Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Uruguay, lo que motivó una dura respuesta de las jerarquías del “proceso” y la aprobación de un nuevo Acto Institucional que establecía la tutela del Estado a los derechos humanos y restricciones a los organismos internacionales de control.

“No” a la dictadura

Entre 1978 y noviembre de 1980, el régimen se mostró decidido a legitimar su actuación mediante la convocatoria –sin mediación partidaria– de los ciudadanos a las urnas, en un proceso que culminaría en un plebiscito constitucional. Los jefes castrenses, que aprovechaban todos los actos públicos para explicitar y fundamentar la continuidad de su tutela sobre el sistema político, luchaban por la consecución de una “prudente apertura” –según palabras textuales de uno de los generales de la época– en busca del apoyo de los ciudadanos, sobre la base de una reactivación política restringida y controlada. Las Fuerzas Armadas confiaban en que, si evitaban con sutileza la presión internacional y controlaban la influencia de los partidos políticos, su proyecto lograría recibir una legitimidad explícita de la población mediante el voto popular. Con tal fin pretendieron disimular la tutela con una propuesta constitucional que Luis E. González caracterizó como un “híbrido” de “raíces tradicionales”, por un lado, y “de doctrina de seguridad nacional”, por el otro.

Conviene repasar sumariamente los aspectos más relevantes del proyecto constitucional de 1980. Se eliminaban derechos y garantías fundamentales. En lo que se refería a la organización institucional, las Fuerzas Armadas asumían competencia directa en materia de “seguridad nacional”, para lo cual se institucionalizaba el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y se creaba un Tribunal de Control Político con poderes para destituir, incluso, a autoridades partidarias. En cuanto a la soberanía y a los partidos, para la primera elección se imponía una candidatura única, al tiempo que para el futuro se eliminaba el doble voto simultáneo y se imponía la presentación de candidatos presidenciales únicos dentro de los lemas, se alteraba la representación proporcional integral (otorgándole al partido vencedor la mayoría absoluta) y se restringía el funcionamiento y la formación de partidos políticos.

Es razonable pensar que los pronunciamientos partidarios desempeñaron entonces un papel relevante. Entre los colorados, Unidad y Reforma, sector de Jorge Batlle, la 315, de Manuel Flores Mora, y algunos disidentes del pachequismo se definieron clara y rápidamente contra el proyecto constitucional. Lo mismo hicieron los Movimientos Nacional de Rocha y Por la Patria, del Partido Nacional (blancos), así como los sectores herreristas de Jorge Silveira Zabala y Luis Alberto Lacalle de Herrera. El “sí” al proyecto militar contó, por su parte, con la adhesión –desde su puesto de embajador en Washington– de Pacheco Areco, de algunos herreristas y de sectores orientados por Alberto Gallinal. La Unión Radical Cristiana dejó a sus adherentes libertad de elección, aunque sus principales dirigentes –como Humberto Ciganda– militaran a favor del “no”. En medio de la proscripción, el exilio y la prisión, la izquierda profundizó, desde la clandestinidad, su oposición radical al régimen.

El 30 de noviembre de 1980, los uruguayos asistieron masiva, pacífica y silenciosamente a votar en medio de sospechas de fraude. Votó más del 85% de los habilitados, manifestándose en contra del proyecto militar 885.824 ciudadanos (el 57,9%) y a favor 643.858 (42%). La relación de tres a dos contra el proyecto autoritario, si bien numéricamente no representaba un desequilibrio aplastante, tenía una enorme trascendencia política, que sorprendió tanto al gobierno como a sus opositores. Destinado por las Fuerzas Armadas a ser el punto culminante de su empeño de fundación, mediante la legitimación que acarrearía el voto popular, el plebiscito se convirtió, con la victoria de la oposición, en el marco del fracaso de dicho proyecto.

¿Cómo explicar que en un momento de fuerte –aunque asimétrico– arranque económico, con todos los medios de comunicación bajo su arbitrio, los militares uruguayos perdieran su primera prueba electoral? ¿Triunfo, otra vez, de la política sobre todas las demás dimensiones de la convivencia? El peso de la tradición liberal y antimilitarista, la influencia de la breve y velada convocatoria por el “no” y el descontento generado por los efectos de las políticas económicas y sociales contribuyen a la explicación. Pero también los militares, a causa de su perspectiva de continuismo dogmático y soberbio (que los inhibió, por ejemplo, de buscar apoyo en los partidos), equivocaron los caminos. Por los resultados inmediatos, se puede afirmar que las Fuerzas Armadas fueron más eficaces en las tareas comisariales que en las fundacionales, aunque también es cierto que nunca abandonaron completamente el primer trabajo con el fin de dedicarse al segundo.

Cinco años de “dictadura transicional”

El período de la llamada “dictadura transicional” (1980-1985) asistió a la restauración de los partidos uruguayos como actores centrales de la vida política. Fue la civilidad, pacíficamente impuesta desde el plebiscito de 1980, la que cobró de forma creciente un papel protagónico, lo que llevó a los militares a plantearse la estrategia en los términos de hallar la “mejor salida”.

Entre diciembre de 1980 y julio del año siguiente, el gobierno elaboró un nuevo plan político. Preparado por una nueva Junta de Oficinas Generales, ese plan reconocía, de manera implícita, algunas de las razones del fracaso gubernamental en el plebiscito: proponía otra vez la búsqueda de cierto consenso de la sociedad civil, buscando la mediación de los partidos políticos (obviamente sin la izquierda).

Después de establecer los primeros contactos formales con la dirección de los partidos “habilitados”, el régimen comenzó a desarrollar su nuevo proyecto. Se confirmó una transición de tres años y, luego de tensas deliberaciones que denotaban divisiones entre los militares, la Junta de Oficiales Generales designó al general Gregorio Álvarez como nuevo presidente, en septiembre de 1981.

El año 1982 fue decisivo, si observamos que en su transcurso fue legalizada buena parte de la oposición política, a excepción de la izquierda; se confirmaron y alistaron nuevas oposiciones sociales y se comenzó a desencadenar la debacle económica y financiera. El esfuerzo de la dictadura por crear el ambiente para una “nueva sociedad” había fracasado y el régimen perdía credibilidad también entre las diversas fracciones de los sectores económicamente poderosos. Salvo los círculos financieros, aún alentados por las posibilidades de especulación, los demás grupos empresariales –industriales, comerciantes y, principalmente, los productores rurales–, fueron retirando su apoyo de manera cada vez más explícita, asumiendo incluso algunas actitudes contestatarias. Pero la resistencia a la dictadura se reforzaba y se organizaba fundamentalmente desde “abajo”: algunos sindicatos dieron importantes señales de reactivación y los estudiantes universitarios reiniciaron también su organización en núcleos. También se reanimó el movimiento cooperativo en el área de la vivienda.

En las elecciones internas de los partidos políticos permitidos por el régimen, celebradas en noviembre de 1982, los resultados llegaron a ser más adversos para el gobierno que los de 1980, pues la ciudadanía le otorgó el triunfo, con un amplio margen, a las fuerzas más nítidamente opositoras y democráticas de las posiciones tradicionales. Como elecciones partidarias, constituyeron un factor inédito en la historia del país: repolitizaron intensamente a la sociedad uruguaya y, al mismo tiempo, ayudaron a consolidar los partidos políticos tradicionales (la izquierda excluida se dividió entre los que, siguiendo la sugerencia de Seregni, votaron en blanco –aproximadamente unos 85.000 sufragios– y los que votaron en los sectores más opositores dentro de las posiciones permitidas). Más del 60% de los habilitados se acercaron a las urnas. Los años siguientes serían de conflicto y negociación, delimitados por la contradicción básica que surgía de las elecciones internas: los partidos políticos, con representación y legitimidad, pero sin gobierno, y el gobierno, una vez más, sin representación ni legitimidad alguna.

El “tacho de basura”

Mientras sucedían esos procesos políticos, el boom económico, que había alcanzado su auge en el bienio 1978-1980, llegaba a un drástico final. Con otros desequilibrios macroeconómicos, el atraso en la cotización del dólar –piedra angular del proyecto “Uruguay plaza financiera”– había agravado considerablemente la dispersión de los precios relativos. Muy pronto, el ensayo estabilizador caería preso de sus propios fundamentos: el agudo desequilibrio externo y una situación de virtual incapacidad de pago provocaron el derrumbe de la experiencia. La debacle fue pautada por un nuevo y considerable aumento del endeudamiento externo y por una profundización de la fuga de capitales y de la caída de las reservas internas netas.

Comenzaría entonces un durísimo ajuste recesivo de la economía uruguaya, cuyo programa sería diseñado a partir de la firma de una nueva carta de intención con el FMI, en febrero de 1983, en condiciones especialmente gravosas en diversos planos (intimaciones de la política interna, costos, plazos, período de carencia, etc.). Los objetivos prioritarios del nuevo ajuste estaban destinados a restablecer una situación mínimamente sostenible de la balanza de pagos, al tiempo que se continuaba aspirando a la estabilidad de los precios y a la reanudación del crecimiento, sin medir, para ello, los costos sociales. En diciembre de 1983, Vegh Villegas volvió a hacerse cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, con la meta confesa de evitar que la dictadura le entregara a la democracia una situación económica que se equiparase –según sus propias palabras– a un “tacho de basura”. Los resultados de este terminal ajuste recesivo marcaron, sin lugar a dudas, un saldo muy negativo del proceso de radicalización del programa neoliberal. Se llegó a controlar relativamente la inflación y el déficit fiscal, pero los costos sociales y económicos fueron demasiado onerosos. Según ha estudiado Hugo Davrieux, la reducción de los gastos corrientes del Estado se realizó casi exclusivamente por medio de una disminución drástica del poder adquisitivo de los pasivos y, sobre todo, de las retribuciones de los funcionarios, que alcanzaron el nivel más bajo de las últimas tres décadas. Por su parte, el salario real cayó más de un 30% entre 1983 y 1984; la tasa de desempleo creció vertiginosamente; el endeudamiento interno se multiplicó, lo cual afectó gravemente a amplios sectores empresariales; las importaciones se vieron reducidas en casi un 30%; el gasto público sufrió una reducción (aunque el déficit haya persistido), mientras que los servicios financieros pasaron del 3,7% al 22,4% del gasto consolidado.

El año de las movilizaciones populares

En 1983, la escena política estaba dominada por el tramo final de una dictadura que perdía fuerzas, pero que enfocaba sus objetivos en pactar garantías para una retirada organizada. En ese sentido, se debe señalar que la reacción civil admitió también sus inflexiones. Si bien los partidos políticos demostraron su vigencia durante la instancia plebiscitaria y las elecciones internas de 1982, la “lucha contra la dictadura”, con nuevo impulso, redundó en un escenario muy propicio para la explicitación política de las fuerzas y organizaciones sociales, con perfiles más radicales en su resistencia al régimen militar. En ese sentido, puede definirse a 1983 como el año de las grandes movilizaciones populares, que por sus dimensiones lograron pesar de forma decisiva en las relaciones cada vez más distantes de los partidos de oposición con los militares. Empero, también es probable que la esencia del fenómeno le haya ocultado a grandes sectores –no a los colorados– la existencia de las “mayorías silenciosas”, cuya relevancia se demostraría en otros planos.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, consiguieron definir una estrategia que suponía el total abandono del proyecto de creación de un “partido del proceso” y también del maximalismo expresado en las primeras negociaciones formales con los partidos en 1983. La tendencia por fin predominante era la que planteaba el problema de una salida para la cual se debería buscar el mejor atajo, que dejara a salvo, mediante una retirada organizada, a la corporación militar.

La gigantesca concentración popular del 27 de noviembre de 1983 –tal vez la mayor de toda la historia política del país– marcó el punto de máxima confluencia entre la movilización social y el consenso partidario detrás de un programa intransigentemente democrático. De ahí en más, la izquierda política quedó definitivamente integrada y acreditada en el frente de oposición, legalizada de hecho, pese a la permanencia de la proscripción impuesta por el régimen. Sin embargo, fue a partir de entonces que la “dictadura transicional” comenzó a vivir una segunda etapa, signada por la voluntad de acuerdo entre militares y políticos, y orientada crecientemente en dirección a la dinámica de la negociación, lo que les devolvía el timón a los partidos. Esa vocación negociadora desembocó en tres resultados de gran interconexión: relativizó la presión de la movilización social, electoralizó tempranamente la dinámica política (de cara a los comicios generales previstos para noviembre de 1984) y ajustó la salida a los términos de un “pacto” entre los militares y la mayoría de los partidos políticos. Tal vez, el problema central en el camino de la transición fueran la proscripción y la amenaza de prisión al exiliado líder de la mayoría del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, y la persistente ilegalidad (cada vez más formal) del Frente Amplio y de sus principales dirigentes.

Al mismo tiempo en que el general Medina asumió el mando del Ejército, Wilson Ferreira Aldunate finalmente regresó al país, el 16 de junio, y fue detenido y procesado de inmediato por la justicia militar. La situación creada por su prisión generó, como era de prever, fuertes tensiones y dificultades en el seno del frente de oposición: por un lado, los blancos se negaban a cualquier tipo de negociación mientras su líder estuviera detenido; por otro, los demás partidos (incluso los de izquierda) se inclinaban a acelerar los trámites. El Partido Nacional fue marginado y tuvo que presenciar, “desde lejos”, inicialmente la distensión política que le siguió a los primeros encuentros (derogación de algunos Actos Institucionales, aceleración de procesos de presos políticos y revocación parcial de la proscripción del Frente Amplio) y, más tarde, el llamado Acuerdo del Club Naval, firmado en agosto de 1984. La marginación de los nacionalistas marcó a fuego su estrategia –y también su suerte– en el proceso político. El acuerdo concretado quedó finalmente expresado en el último Acto Institucional del gobierno militar, el Nº 19, en el cual se preveían normas transitorias (referencias al Cosena, Estado de Insurrección, jurisdicción militar, ascenso y nombramientos de jefes militares, etc.) que serían sometidas a plebiscito en 1985. Asimismo, se ratificó la convocatoria a elecciones para el 25 de noviembre.

Los efectos del pacto del Club Naval

En ese marco tan polémico, no fue difícil pronosticar entonces que el pacto del Club Naval continuaría siendo tema del debate político, en tanto su persistencia en escena tenía que ver con la fragilidad del sistema democrático por él creado. Además de un acuerdo de salida, el pacto pareció adquirir, con el tiempo, un carácter de gran continente, al cual los actores llenaron de valoraciones diversas y sucesivas, y que todos terminaron redefiniendo y reinterpretando. Si comparásemos las exigencias militares de las primeras negociaciones formales de 1983 con las del Club Naval en 1984, los efectos de esas últimas sugieren un retroceso evidente de las Fuerzas Armadas y de sus posiciones más duras, expresadas en el cada vez más solitario presidente Álvarez. Pero si observamos la cuestión desde la perspectiva de la “salida” de la institución militar, el resultado parece algo diferente. El retiro organizado y sin temores fue posible en la medida en que se logró cancelar las posibilidades electorales de Wilson Ferreira Aldunate y reservar un tiempo prudente de autonomía corporativa que evitó o dificultó las sorpresas de revisionismo.

Los “partidos del Club Naval”, por su parte, aseguraron el cauce electoral de la transición, fijaron los límites del Cosena, los mecanismos de nombramiento de los comandantes en jefe y aceleraron –¡vaya si esto reforzaba su legitimidad!– la liberación de los presos políticos y la “repatriación” de miles de uruguayos perseguidos. Sin embargo, al “entregar la cabeza” de su principal adversario electoral, todo quedó preparado para el triunfo colorado de Julio María Sanguinetti (un político relativamente joven, aunque experimentado, con una larga trayectoria en las filas del batllismo), que en medio de las negociaciones del Club Naval fue proclamado candidato a la presidencia. Por su parte, la izquierda, entonces “dueña” de las calles, reingresó de allí en más a la arena electoral. Finalmente, el Partido Nacional se pronunció con énfasis contra el acuerdo, aunque días más tarde sus principales dirigentes, reunidos en la prisión de Trinidad, donde estaba detenido Wilson Ferreira Aldunate, acordaron con el líder preso concurrir a las elecciones con una fórmula de reemplazo.

Los resultados electorales de noviembre de 1984 evidenciaron una reproducción relativa del cuadro de 1971, lo cual ratificaba, entre otras cosas, la estabilidad de la tendencia electoral y la voluntad “restauradora” que parecía insinuar la transición democrática. Las variaciones mayores se produjeron en la correlación de fuerzas en cada corriente (especialmente en el Partido Colorado y en el Frente Amplio), y se mantuvo casi congelado el porcentaje de votos globales de cada partido. Entre los colorados, el porcentaje de votos totales se mantuvo en el 41% pero, internamente, los sectores batllistas dejaron en clara minoría el pachequismo. Por su lado, los blancos alcanzaron el 35% de los sufragios, descendiendo un 5% con relación a sus guarismos de antes de la dictadura, para lo cual contribuyeron tanto la ausencia de su líder máximo en la campaña como la fuga de votos conservadores frente a la consolidación de una mayoría progresista en el Partido Nacional. Además de ver confirmada su identidad luego de once duros años de represión y del fracaso del proyecto militar de eliminarlo para siempre, el Frente Amplio (22% de los votos) volvió al Parlamento con importantes modificaciones en su seno: la espectacular votación del entonces Movimiento por el Gobierno del Pueblo (de izquierda moderada, encabezado por Hugo Batalla), que relegó al Partido Comunista al segundo puesto, era señal de importantes cambios en esa dirección. A diferencia de lo sucedido durante el resto del proceso político bajo la dictadura (especialmente en el plebiscito de 1980, en las elecciones internas de 1982 o en las movilizaciones de 1983), fueron las famosas “mayorías silenciosas” las que definieron la contienda.

Más que la impunidad para los militares delictuosos el pacto estableció una correlación de fuerzas y, principalmente, un espacio a recorrer para su confirmación o modificación, y un territorio más inclinado a la contingencia que a la necesidad histórica. Quien mejor expresó tal resultado fue el mismo general Medina (último comandante en jefe del “proceso” y figura crucial en las negociaciones): “Dejemos que contesten los hechos”. Entre avances y retrocesos de civiles y militares y con algunas graves cuestiones pendientes de resolución, Uruguay ingresó, desde marzo de 1985, en una etapa de transición efectiva rumbo a la democracia, mucho más reconocible con la perspectiva que confiere el transcurso de los años.

Uruguay, nunca más

Los crímenes de la dictadura uruguaya quedaron registrados en una serie de publicaciones. Entre ellas merece ser destacado el informe Uruguay nunca más, editado en 1989 por una organización no gubernamental, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). La publicación señala que, mientras que la dictadura de Augusto Pinochet privilegió el fusilamiento como principal forma de lucha antisubversiva y el régimen argentino, la desaparición forzada de 30.000 personas, la modalidad preferida por la dictadura uruguaya fue la prisión prolongada. “Nuestros soldados tomaban prisioneros, no había muertos en este país. Uruguay tiene en este momento 1.600 problemas porque no tiene 1.600 muertos”, afirmó el coronel Federico Silva Ledesma en septiembre de 1979, al reasumir el cargo de presidente del Supremo Tribunal Militar. Según lo explica el texto del Serpaj, el régimen trataba de evitar la sanción ética de la comunidad internacional. “A una sociedad legalista y creyente en el valor de la vida, no le era posible, en un país donde todo está cerca y todos se conocen, eliminar físicamente a sus opositores, incluso cuando los muestra dotados de los peores atributos y haya quien así lo crea.”

Los procesados por la justicia militar fueron detenidos en dos grandes olas: la primera entre 1972 y 1974, centrada básicamente en los militantes del MLN, derrotados antes del golpe de Estado. La segunda entre 1975 y 1977, dirigida contra los militantes del Partido Comunista. En total sumaron 4.933; los detenidos sin proceso llegaron a ser, aproximadamente, 3.700. De todos los presos, el 75% era menor de 34 años y alrededor del 45% tenía estudios universitarios. Una relación de 31 detenidos políticos por cada 10.000 habitantes ubicaba entonces a Uruguay en un deshonroso primer lugar en América Latina.

Se destacaban algunas tristes situaciones, como la de los presos desaparecidos (183 de acuerdo con la lista publicada en el “Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”, incluido en el libro A todos ellos), algunos en el país y muchos otros en los países vecinos, en los marcos de la famosa operación “Cóndor”, coordinada por las dictaduras de la región; y también asesinatos no ocultos, como, por ejemplo, los de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Rosario Barredo y Manuel Liberoff, ocurridos en mayo de 1976, sin hablar de los miles de presos políticos sometidos a la “justicia militar” y de la tortura indiscriminada en las cárceles.

El caso de los llamados “rehenes” merece especial mención. Poco después del golpe de Estado, los principales dirigentes del MLN-Tupamaros, nueve hombres y ocho mujeres, fueron sacados del penal de Libertad y Punta de Rieles para ser trasladados permanentemente de cuartel en cuartel y sometidos a un sistema especial de reclusión. En principio, se convirtieron en la garantía de que su organización no realizaría ninguna acción. Las mujeres, Alba Antúnez, Estela Sánchez, Cristina Cabrera, Flavia Schilling, Graciela Dry, Jessie Macchi, Raquel Cabrera, María Elena Curbelo y, desde 1974, Elisa Michelini, regresaron a la cárcel de Punta de Rieles en 1976. Los hombres todavía tendrían que esperar hasta abril de 1984 para ser reintegrados al penal de Libertad. Henry Engler Golovchenko, Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera Lluberas, Julio Marenales Sáenz, José Mujica Cordano, Mauricio Rosencof, Raúl Sendic, Adolfo Wasem Alaniz (fallecido ese mismo año) y Jorge Zabalza Waksman fueron sometidos durante diez años y medio a pesadas condiciones de rigor carcelario.

En los batallones, los lugares de reclusión podían ser desde calabozos exiguos, con techos que goteaban y escasa ventilación (como en Santa Clara de Olimar) hasta un pozo de cuatro o cinco metros, sin luz, cerrado, con humedad permanente, donde se bajaba la comida a través de una cuerda. Años más tarde, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof narraron sus experiencias en el libro Memorias del calabozo. Ambos se encontraban alojados en lugares contiguos e inventaron un sistema de comunicación con golpes en la pared limítrofe. El 14 de marzo de 1974, fecha de cumpleaños de Fernández, Rosencof le regaló un poema: “y si este fuera/ mi último poema/ insumiso y triste/ raído pero entero/ solamente una palabra escribiría:/ compañero”.

La transición democrática

En términos generales, desde una perspectiva histórica, sería posible identificar tres grandes ciclos a lo largo de estas dos décadas de democracia en Uruguay:

• la transición democrática (1985-1989), que prácticamente monopolizó las tareas de gobierno y la atención de la primera administración del Dr. Julio Sanguinetti;
• los impulsos y frenos de las reformas (1990-1999), signo que abarcó la administración presidida por el Dr. Luis Alberto Lacalle Herreray la segunda presidencia del Dr. Sanguinetti, y que concluyó básicamente con la crisis brasileña, iniciada en enero de 1999, con el consiguiente despliegue de la recesión en Uruguay;
• la recesión, el colapso y la reactivación económica (1999-2005), que configuran las claves de algunas de las principales transformaciones del último gobierno liderado por el Dr. Jorge Batlle.

El inicio de la verdadera transición democrática puede ser delimitado por la asunción de las autoridades constitucionales electas en las mutiladas elecciones de 1984 (con personas y partidos proscriptos). Amnistía a los presos políticos, investigación y derivación a la justicia sobre la autoría y responsabilidad de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, restitución o compensación a los funcionarios públicos destituidos y regularización del funcionamiento de las instituciones en un Estado de Derecho pleno. Todos esos temas integraron la agenda del primer gobierno democrático posdictatorial.

Dejando rápidamente atrás lo que fuera acordado en la Concertación Nacional Programática (Conapro) por los partidos y los principales actores sociales, el presidente Sanguinetti instituyó lo que dio en llamarse “gobierno de entonación nacional”, con el establecimiento de un acuerdo limitado (aunque operativo) con el Partido Nacional, entonces liderado por Wilson Ferreira Aldunate. La consolidación de la transición democrática, que los militares habían dejado fuertemente inconclusa, finalmente se realizó de modo polémico y en el marco de grandes controversias, particularmente con la sanción parlamentaria de la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, votada en diciembre de 1986. Dicha norma fue objeto de severas acusaciones por parte de la oposición de izquierda y de sectores blancos y colorados, que la consideraron una “ley de impunidad” y apoyaron a las organizaciones de derechos humanos y, especialmente, a la de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”, a efectos de concretar los instrumentos legales para someter la ley aprobada a un referendo popular. Luego de un proceso convulsionado de junta de firmas, el referendo pudo finalmente concretarse en abril de 1989, con la victoria de los que bregaban por la ratificación de la ley, por 55,44% contra 42,42%.

La ley le entregaba al Poder Ejecutivo la autoridad sobre cualquier investigación y búsqueda, además de la decisión sobre qué casos se investigarían y quién los llevaría adelante. En ese marco, se le encomendó al Consejo del Niño la tarea de investigar el destino de los niños desaparecidos (lo que sobrepasaba por completo las posibilidades y los recursos de dicho organismo) y se le confió la investigación sobre la situación de los detenidos desaparecidos nada menos que ¡a un fiscal militar! La voluntad política de concluir todo debate sobre este punto quedaba claramente de manifiesto.

Ante esta situación irregular, los familiares de los detenidos desaparecidos se negaron a presentarse ante el fiscal militar designado. Según lo denunció la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se había llegado a la absurda contradicción de que,

aun en los casos que el Poder Ejecutivo declaró comprendidos en la ley (que sólo ampara a militares y policías) […], el fiscal dictaminó que no existían pruebas de la participación de unos y otros […]

con el resultado, más que previsible, del archivo de los procesos. Incluso en el caso de denuncias de las desapariciones ocurridas antes del período de facto y, por lo tanto, no comprendidas en la ley, los jueces competentes se negaron a actuar y despacharon los expedientes al Poder Ejecutivo para que éste determinara si esos hechos no estaban amparados en la “caducidad”.

Con estas cuentas pendientes, pero también con la legitimidad del pronunciamiento popular de abril de 1989, y el beneficio de mejores desempeños y logros en otras áreas (reintegro de miles de funcionarios públicos y reconstrucción de un clima de libertades, por ejemplo), la mayoría de blancos y colorados –aunque con disidencias internas, en especial entre los primeros– dio por concluidos los temas de la transición. El gobierno comenzó a dedicar sus esfuerzos, esencialmente, a la búsqueda de un proceso de reordenamiento y “normalización general” y a la administración de la crisis económica heredada de la dictadura, juzgada como gradualista incluso dentro del mismo Partido Colorado. De todos modos, se logró avanzar en la recuperación de algunos equilibrios macroeconómicos (aunque al futuro gobierno se le dejó un elevado déficit fiscal), el PBI creció, hubo un aumento efectivo del salario real, se impulsó el retorno de la negociación colectiva tripartita en el ámbito privado, la inflación descendió, se lograron mejoras importantes en los índices sociales más relevantes y se promovió la expansión de las inversiones en diferentes áreas.

Ciclo de las reformas: impulsos y frenos

Desde 1988 se fueron dando algunos cambios en el escenario político uruguayo. La muerte de Wilson Ferreira Aldunate en marzo de ese año, le dejó el camino más libre al ascendiente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional. Entre los colorados, Jorge Batlle venció a Enrique Tarigo, en las filas de un batllismo cada vez menos unido política e ideológicamente. Por su parte, la izquierda atravesaba la dramática ruptura de su unidad, con la separación del Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que formarían el Nuevo Espacio con aliados menores. En las elecciones de 1989, los dos candidatos favoritos, Luis Lacalle y Jorge Batlle, defendían posturas similares, de orientación liberal. Fue tarea del vencedor Luis Lacalle concretar en el país las propuestas del llamado Consenso de Washington, inherentes a la interpretación dada por los organismos financieros internacionales a la nueva etapa del capitalismo globalizador. Después de una ardua negociación, se concretó el acuerdo del cual emanó el llamado gobierno de “coincidencia nacional”, lo que le otorgó mayoría parlamentaria.

A pesar de las múltiples transformaciones de la coalición, que pronto dejaron al gobierno de Lacalle en posición minoritaria y en situación de aislamiento, éste logró avanzar en algunas de sus iniciativas y reformas, algunas previstas en su programa electoral y otras emergentes de una adaptación pragmática con relación a los caminos integracionistas de la región. Entre las últimas se destaca la incorporación de Uruguay al Mercosur, que de hecho se había iniciado como una alianza entre Brasil y la Argentina en los años anteriores. Dicha iniciativa, que inicialmente había sido promovida por Itamaraty y que pronto consolidó su articulación con la Argentina, generó un fuerte impacto en el recién instaurado gobierno uruguayo, el cual promovió de manera acelerada la incorporación de Uruguay al acuerdo regional, consciente de que permanecer al margen generaría pesadas consecuencias negativas para el comercio uruguayo (desde hacía algún tiempo muy localizado en la región), además del efecto de aislamiento del país. Finalmente, se llegaría a la firma solemne del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991, entre los presidentes de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los cuatro partidos uruguayos con representación parlamentaria estuvieron de acuerdo con la aprobación del tratado (con muy pocas disidencias de la izquierda), con la expectativa, tal vez, de que la integración regional pudiese desbloquear los rumbos internos del país en su propio beneficio.

A pesar de las dificultades de la herida “coincidencia nacional”, otro ejemplo de cambio fue la fuerte inflexión generada a partir de 1991 en la desregulación del mercado de trabajo, alcanzado no por el recurso de modificar la ley vigente, sino por el de no cumplirla.

El gobierno de Lacalle encontró sus principales frenos en dos temas considerados decisivos: la Ley de Empresas Públicas y la reforma de la Seguridad Social. En el primer caso, las fuerzas del gobierno pudieron obtener en el Parlamento la sanción del texto legal, cuyo principal contenido consistía en la habilitación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) para la asociación con capitales privados. Sin embargo, la ley fue impugnada por sectores y partidos, así como por organizaciones contrarias al contenido de la norma. Una vez cumplidos los requisitos legales para someterla al recurso del referendo popular, éste fue celebrado el 13 de diciembre de 1992, y la ley anulada por números concluyentes: el 71,58% contra el 27,19%. Con respecto a la reforma de la Seguridad Social, el fracaso político fue más contundente, ya que ni siquiera se logró la aprobación de una ley.

Las reformas del gobierno de coalición

En las elecciones de 1994, prácticamente se obtuvo un triple empate entre el Partido Colorado (vencedor), el Partido Nacional y el Frente Amplio-Encuentro Progresista, en ese orden. Basta decir que entre el primero y el tercero, la diferencia fue de apenas un 1,7% de los votos válidos. Nuevamente en la presidencia, el Dr. Julio Sanguinetti apostó de inmediato a una negociación con el fin de obtener el respaldo para una coalición de gobierno con bases más sólidas y duraderas que las que había logrado su antecesor. Sanguinetti encontró un interlocutor valioso en el nuevo presidente del directorio del Partido Nacional, Alberto Volonté, de claro perfil negociador y convencido partidario de la concreción de una coalición que impulsase reformas en varios campos.

Fue así como, sobre bases sólidas, se fundó el llamado “gobierno de coalición”, contando con 84 legisladores a su favor en la Asamblea General (el 64%). Los resultados del acuerdo superaron todos los tiempos de los ciclos de cooperación alcanzados por los gobiernos anteriores. Una breve y poco exhaustiva reseña de la productividad legislativa obtenida por la coalición durante el período 1995-1998 ofreció una prueba manifiesta de dicho aspecto: ajuste fiscal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Reforma de la Seguridad Social, Ley de Presupuesto Nacional, Ley de Desmonopolizaciones de Alcoholes, rendiciones de cuentas con gasto cero, Ley de Inversiones, Ley del Marco Regulatorio del Sistema Energético (cuya impugnación no logró alcanzar los requisitos exigidos para la aplicación del recurso del referendo), reforma constitucional sancionada por el Parlamento y después aprobada en plebiscito por un margen mínimo del 50,4% de los votos el 8 de diciembre de 1996, entre otras iniciativas.

En el paquete aprobado por la coalición se pueden destacar cuatro puntos:

• reforma de la Seguridad Social, por medio de la efectivización de un régimen mixto que combinó el régimen universal provisto por el Banco de Previsión Social con un sistema complementario de ahorro y capitalización individual;
• reforma educativa, con propuestas como la descentralización de centros de formación docente en el interior del país, la universalización de la cobertura preescolar para niños de cuatro y cinco años, la extensión de escuelas de jornada completa en zonas pobres con provisión de alimentación diaria, el rechazo persistente de las autoridades educativas a la aplicación de políticas descentralizadoras y promotoras de la iniciativa educativa a nivel privado, la modificación, siempre controversial, de planes y programas, todo ello sin embargo, bajo una implementación con un perfil poco participativo y sin la efectiva mejora de los salarios de maestros y profesores, etc.;
• continuación de lareforma del Estado, caracterizada por el énfasis en contenidos como focalización, gerencia descentralizada, flexibilidad en las reservas, impulso en la competitividad y productividad, incentivo a la reducción de personal de planta de funcionarios públicos, etc.;
• reforma constitucional, con grandes modificaciones en el sistema electoral uruguayo clásico, conocido como “Ley de Lemas” y transformaciones menores en lo que se refiere al régimen de gobierno y a la relación entre poderes.

A este cuadro de situación habría que sumarle el registro de otros dos aspectos que también distinguen el período 1995-2000: en primer lugar, el freno de las mejoras y luego el aumento moderado (con altibajos al final de la década) de los niveles de pobreza, pese a la persistencia del crecimiento económico y de la continuidad de la mejora de otros índices sociales (la tasa de mortalidad infantil y la universalización de la enseñanza preescolar, principalmente); en segundo lugar, una fuerte reanudación de las controversias en torno al tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido.

Cuadros Estadísticos

Evolución de la pobreza urbana por hogares (1986-1994)

Evolución de la pobreza urbana por hogares (1994-1999)

En lo que se refiere al retorno del tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura en el segundo gobierno de Sanguinetti, cabe señalar que la controversia sobre tal “cuenta pendiente” del régimen autoritario fue impulsada por motivos locales e internacionales. Ante ello fueron lanzadas varias gestiones e iniciativas concretas para viabilizar una renegociación del problema con los militares y el gobierno, centrada en el punto del esclarecimiento de los hechos y en la necesidad de que las Fuerzas Armadas y el Estado asumieran la responsabilidad institucional por lo ocurrido. Sin embargo, todas las iniciativas en ese sentido chocaron con una actitud francamente contraria del gobierno y de los militares, lo cual terminó por bloquear una nueva tramitación del tema. La respuesta de los oficiales superiores frente a estas cuestiones fue tan unánime como cerrada. En abril de 1997, los generales afirmaron el mantenimiento de “una misma línea” contraria a la formación de comisiones que investigaran el pasado y a “entrar en revisionismos que no condujeran a ninguna buena salida”.

Recesión, colapso y reactivación económica

La reforma constitucional aprobada en 1996 tuvo su primera experiencia de aplicación en 1999. En esa oportunidad, contrariando muchos pronósticos, en su quinta postulación a la presidencia de la República, el Dr. Jorge Batlle logró finalmente la victoria. Después de ganar las internas del Partido Colorado y firmar un acuerdo programático con el Partido Nacional, Batlle venció en la segunda vuelta del 28 de noviembre con el 52,26% de los votos contra el 44,53% que fueron para el Encuentro Progresista, encabezado por Tabaré Vázquez. Colorados y blancos eran, en aquel momento, la segunda y la tercera fuerzas políticas. En coalición, disponían de mayorías parlamentarias exiguas (55 diputados de 99 y 17 senadores de 31) en partidos con notorias diferencias internas.

Al principio, el gobierno adoptó iniciativas populares como la creación de la Comisión para la Paz, con el consiguiente reconocimiento de un problema que, como el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante la dictadura, sus antecesores habían insistido en dar por finalizado. Sin embargo, pronto el país padeció lo que el mismo presidente denominó “siete plagas” (irrupción de la aftosa, desequilibrios monetarios con la región, crisis financiera, desacomodamiento de los mercados internacionales, etc.). En ese contexto, Jorge Batlle y su gobierno vieron caer vertiginosamente no sólo su popularidad, sino también su credibilidad. Con esta circunstancia contribuyeron los errores del presidente en el terreno de la comunicación política, no solamente con la opinión pública, sino también con interlocutores tan poderosos como otros presidentes de la región y la prensa nacional e internacional. El estallido de la crisis, que se venía anunciando y finalmente se desató con toda su virulencia en el año 2002, encontró un gobierno debilitado en varios frentes. Los fundamentos de la reforma constitucional de 1996 (crear reglas electorales que incentivaran coaliciones fuertes y duraderas y presidentes con fuerza política y respaldo propios) manifestaron su inconsistencia en aquella encrucijada. La coalición se rompió en el peor momento y el centro presidencial alcanzó, en esa coyuntura crítica, una debilidad tal que lo llevó casi a la inmovilidad. No faltaban conspiraciones que buscasen la interrupción del mandato de Batlle y la realización de elecciones anticipadas, hipótesis catastrófica que se pudo evitar gracias a la lealtad institucional y al civismo manifestados por todos los actores restantes.

En el momento más crítico de 2002, la asunción del senador Alejandro Atchugarry al Ministerio de Economía estableció una suerte de corrimiento tácito del liderazgo del gobierno hacia un “primer ministro” que sostenía la gobernabilidad por medio de acuerdos parlamentarios y con la obtención de apoyo de los líderes partidarios más significativos. No es exagerado decir que aquél fue el período más difícil y, al mismo tiempo, de mayor éxito de toda la administración Batlle, aunque los tiempos de la cosecha llegaran después.

La crisis tuvo una magnitud inusitada. La recesión se prolongó desde enero de 1999 hasta mediados de 2003. El análisis de índices como la caída vertical del PBI entre 1998 y 2003 (en términos globales y per cápita), los niveles de desempleo que se acercaron a la cifra récord del 20%, los problemas de ocupación que afectaron a la mayoría de los activos, la gran caída del salario real, el aumento de la inflación, el crecimiento de la deuda pública en relación con el PBI, el descenso también vertical de las exportaciones, la caída de la industria manufacturera, la profundización del endeudamiento agropecuario, la crisis devastadora del sistema financiero, entre otros procesos, llevaron al país a los umbrales del default, que finalmente logró ser evitado.

Sin embargo, quedaban las terribles secuelas sociales de la crisis. En sólo cuatro años, emigraron más de 100.000 uruguayos, lo cual superaba la brecha entre nacimientos y defunciones durante ese período. Según datos oficiales, la pobreza ascendió al 30,9% a fines del año 2003, con el 56,5% de la población entre 0 y 4 años y más del 50% de la población menor de 18 años en esa condición. La tasa de deserción escolar se mantuvo elevada, al tiempo que se revelaron porcentajes considerables de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. La tormenta puso al desnudo las falencias del Estado en la atención de una situación de emergencia social, evidenciando que la “sociedad hiperintegrada y el Estado escudo de los débiles” habían quedado atrás.

La campaña electoral tuvo un prematuro arranque con el referendo sobre la Ley de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), realizado el 7 de diciembre de 2003. El resultado (del 62,3% de los votos a favor de la derogación de la norma), en realidad constituyó un plebiscito aglutinante en torno a la impopularidad del gobierno y también de las figuras más significativas de ambos partidos tradicionales, Sanguinetti y Lacalle, a un año y medio de las elecciones. No obstante, el marco internacional se volvía cada vez más favorable a la consolidación de la reactivación económica iniciada en el país, con la locomotora de un sector agropecuario que encontraba muy buenos precios y posibilidades de mercado. Los índices económicos comenzaron a evidenciar un ritmo creciente de recuperación, aunque su transferencia al campo social y su influencia política resultaron más lentas y limitadas. Como prueba de ello, a pesar de que el PBI uruguayo creció entre el 12% y el 13% en 2004, la pobreza aumentó en el mismo período.

La reestruturación política uruguaya

Las elecciones internas del 27 de junio de 2004 mostraron, para sorpresa de muchos, la anticipación de un escenario de segunda vuelta, con un Partido Nacional renovado en cuanto a sus liderazgos y con aspiraciones de competitividad acrecentadas frente a la izquierda. Aún así, meses después se confirmaron los pronósticos más generales: el triunfo en la primera vuelta, el 31 de octubre, del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), luego de una campaña electoral sin errores y en la cual siempre tuvo la iniciativa. Los resultados electorales de octubre de 2004 fueron coronados por una verdadera avalancha de votos para la izquierda, lo que le dio la mayoría en ambas Cámaras Legislativas.

La victoria del EP-FA-NM y de su candidato presidencial Tabaré Vázquez en la primera vuelta de las elecciones nacionales de 2004 constituyó un vuelco profundo en la historia política de Uruguay. De esta manera, se cambiaba una hegemonía de 175 años de gobiernos colorados, nacionalistas o de dictaduras cívico-militares, que administraban el país con alternancias esporádicas (con una clara supremacía del liderazgo gubernamental del Partido Colorado sobre el Partido Nacional, aunque con un formato coparticipativo y en algunas oportunidades de coalición). La victoria de la izquierda llegó en un momento en que el declive electoral de los lemas (partidos y grupos dentro de los partidos) tradicionales se venía confirmando desde la formación del Frente Amplio, en febrero de 1971, pero que se aceleró a un ritmo vertiginoso en la última década y, principalmente, durante los últimos cinco años. Cabe advertir que la obtención de la mayoría legislativa en las dos Cámaras constituyó también un hecho relevante, inédito desde la redemocratización en marzo de 1985, y mucho antes de eso, si se tiene en cuenta el período anterior a la dictadura iniciada en 1973. Observemos los resultados de las elecciones y la composición del mapa parlamentario emergente de ellas (cuadro a continuación):

Composición del Parlamento (2004)

Fuente: Área de Política de Relaciones Internacionales del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR).

Desde una perspectiva histórica más extensa se observa la envergadura de los cambios producidos. La izquierda ha mantenido, pese a la ruptura producida entre 1988 y 1989, un crecimiento sostenido y permanente desde el final de la dictadura militar, particularmente significativo en la última década. Observemos en el gráfico a continuación la evolución seguida entre el caudal de los votantes de los “partidos tradicionales” (blancos y colorados) en relación con los llamados “partidos desafiantes” (básicamente la izquierda). Las tendencias no podrían ser más claras: al continuo retroceso de blancos y colorados en su conjunto se le confronta el aumento sistemático y continuo de la izquierda, desde cuando estuvo dividida (en 1989, con la escisión del llamado Nuevo Espacio), hasta su reunificación en 2004 bajo el lema Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (gráfico abajo).

Evolución electoral del sistema de partidos uruguayos por bloques partidarios
(1984-2004)

Si limitamos la serie de registros electorales al registro de la evolución de los votos válidos por partido en los últimos veinte años, veremos que el gran cambio en el comportamiento electoral de la ciudadanía uruguaya se produjo precisamente en ese período, y además, lo hizo de forma permanente y con magnitudes incrementadas, como ya fue señalado (cuadro a continuación).

Elecciones del 31 de octubre de 2004

	Total de votos	% sobre habilitados para votar	% sobre votos emitidos	% sobre votos válidos
Partido EP/FA/NM	1.124.761	45,21	50,45	51,7
Partido Colorado	231.036	9,29	10,36	10,6
Partido Nacional	764.739	30,74	34,30	35,1
Partido Independiente	41.011	1,65	1,84	1,9
Partido de los Trabajadores	513	0,02	0,02	0,0
Partido Intransigente	8.572	0,34	0,38	0,4
Partido Liberal	1.548	0,06	0,07	0,1
Partido Unión Cívica	4.859	0,20	0,22	0,2
Suma de votos válidos	2.177.039	87,50	98	100,0
Votos en blanco	31.031	1,25	1,39	…
Sobres con hojas anuladas en su totalidad	21.383	0,86	0,96	…
Votos observados anulados	158	0,01	0,01	…
Total de votos emitidos	2.229.611	89,61	100,00	…
Total de habilitados para votar	2.488.004	100,00	…	…

[\su_table]

Fuente: Área de Política y Relaciones Internacionales del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR).

Votos válidos por partido en % (1984-2004)

	Partido Colorado	Partido Nacional	U. Cívica/ P.D.C./P.I.	Frente Amplio	Nuevo Espacio	Otros	Total
1984	41,2%	35,0%	2,5%	21,3%	…	0,0%	100%
1989	30,3%	38,9%	…	21,2%	9,0%	0,6%	100%
1994	32,3%	31,2%	…	30,6%	5,2%	0,7%	100%
1999	32,8%	22,3%	…	40,1%	4,6%	0,2%	100%
2004	10,6%	35,1%	2,1%	51,7%	…	0,5%	100%

[\su_table]

Fuente: Área de Política y Relaciones Internacionales del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR), sobre la base de datos de la Corte Electoral.

Significados de la victoria de la izquierda

Definitivamente, desde una perspectiva más global que tenga en cuenta los itinerarios del sistema político durante las dos últimas décadas, podríamos registrar algunas tendencias:

• el cambio profundo fue, efectivamente, el rasgo dominante de la trayectoria política del país en los últimos veinte años;
• a diferencia de otros países de la región, las reformas liberales se implementaron de forma más moderada y gradual, con el mantenimiento resistente del peso del Estado como rasgo definitorio del nuevo equilibrio público-privado;
• pese a los frenos adoptados, a menudo se disimularon cambios y ajustes relevantes, consolidados también durante esas dos últimas décadas.

Para explicar las razones de la espectacular victoria de la izquierda en las urnas y del crecimiento sostenido en las elecciones anteriores que la hizo posible, en los últimos tiempos se multiplicó, tanto en el ámbito político como en el académico, la postulación de diversos factores. Distintos autores señalaron un cúmulo de razones más o menos conjugadas y prioritarias: entre otras, una especie de determinismo demográfico sobre el crecimiento del electorado de izquierda, explicado por su llegada más consistente a los sectores más jóvenes; la cosecha de los dividendos de un creciente tradicionalismo y la nacionalización de la izquierda, con el consiguiente aumento de su producción simbólica y cultural como factores de atracción de votos; una moderación de sus propuestas ideológicas y programáticas, con su consiguiente aproximación al centro del electorado; la fuerza carismática de sus líderes y su relativa facilidad de renovación en los últimos años (lo que no significa una disminución de la edad promedio de su elenco de dirigentes, que muestra índices de envejecimiento); una mayor y más flexible adaptación a los cambios ocurridos en el país y en el mundo en diversos niveles de lo que se podría calificar como la cultura política más en uso; el respaldo tácito de la adhesión generalizada a la izquierda, proveniente de circuitos socializantes aún muy relevantes en el país (sistema educativo, redes laborales, grupos territoriales, etc.); y el acierto de las estrategias políticas de corto y mediano plazos implementadas por las fuerzas políticas progresistas, en claro contraste con cierta “apatía cultural” y un espíritu de derrotismo que comenzó a acaparar a los llamados “partidos históricos”, particularmente durante la última década. Aunque todas esas razones hayan sido objeto de debate y no hayan recibido adhesión unánime, también es cierto que cualquier explicación que venga a privilegiar en exceso una sola de las causas expuestas aparecerá como insuficiente. No obstante, sí existe una postulación mayoritaria (aunque también contestada), de que la mayoría de las razones de la primacía progresiva de las izquierdas en el país debe ser buscada en el terreno de la competencia política, y no fuera de ella.

Sin embargo, tras la amplitud de las cifras del 31 de octubre de 2004, no se puede incurrir en el error o en la ingenuidad de olvidar, siquiera por un instante, el trasfondo social dramático que configura también un marco central en el que se produce este último impulso del crecimiento y, finalmente, la concreción de la victoria electoral de la izquierda.

Resumiendo, a pesar del carácter prioritariamente político del fenómeno, sería equivocado, y hasta peligroso, menospreciar esos datos sociales a la hora de interpretar las razones del último crecimiento y del triunfo de la izquierda en Uruguay. Una elección, por más espectaculares que sean los cambios que produzca, nunca es un fin de historia: en la democracia no existen victorias finales. Sin embargo, bien se podría decir que, si la revolución nacionalista de 1904 puede ser vista como el punto de inflexión en el que acabó el siglo XIX uruguayo y comenzó para el país el siglo XX, la última elección del 31 de octubre y la transición política que le siguió tal vez puedan ser interpretadas como el marco que separó, en la historia de la política nacional, el siglo XX del siglo XXI. Después de largas décadas y varias generaciones, portadora de una tradición expresada en la historia de hombres y mujeres y no apenas en la trayectoria más abstracta de un grupo de ideas, la izquierda uruguaya, acostumbrada a “perseverar sin triunfar” (virtud que Carlos Quijano destacaba al revisar la trayectoria cívica de Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista uruguayo), asumió el gobierno nacional en circunstancias muy difíciles para el país.

Los discursos del nuevo presidente Tabaré Vázquez durante el comienzo de su mandato fueron moderados, pero claros, en la perspectiva de que su gobierno buscaría lo que él mismo calificó como “cambios posibles, responsables, continuados, progresivos, con sentido de nación y teniendo a las personas como centro y norte”. El gobierno, en suma, enfrentaría tareas de una magnitud que trascendería las posibilidades que otorgan las mayorías parlamentarias. Había miles de compatriotas, cuyas necesidades no dejaban espacio para esperas, y mucho menos para postergaciones, la mayoría de los cuales no estaban siquiera organizados ni podían ampliar sus reivindicaciones ni aprovechar plena y rápidamente (sin capacitación adecuada para las nuevas demandas del mercado de trabajo) las oportunidades de una economía en crecimiento. La ciudadanía dio muestras de enojo; votó enojada en el referendo sobre la Ley de Asociación de la ANCAP, en diciembre de 2003, y en las elecciones de junio y octubre de 2004. Y no es fácil gerenciar el voto enojado, sobre todo para el vencedor, a quien lógicamente se le requerirá más que a nadie. Es cierto, sin embargo, que en los días de campaña, así como también durante la elección, se pudo percibir una ciudadanía que quería creer y que parecía cansada de agnosticismos cívicos, de democracias rutinarias y desencantadas, que no exhibían virtudes republicanas.

Actualización (2005 – 2015)

por Mônica Rodrigues

El primer mandato de Tabaré Vázquez

Después de 175 años de gobiernos colorados, nacionalistas o de dictaduras cívico-militares, la izquierda uruguaya llegó al poder con Tabaré Vázquez, electo presidente en 2005 por el Frente Amplio. Fue una victoria rotunda. Y las fuerzas que apoyaban al nuevo mandatario también conquistaron la mayoría en ambas Cámaras Legislativas. Pero Vázquez heredó un país en recesión y hundido en una profunda crisis social, con la tasa de desempleo golpeando la puerta del 20% de la población.

Durante su administración, la economía volvió a crecer, gracias a una coyuntura que favoreció a los precios de exportación de los productos uruguayos y, sobre todo, debido a la reactivación económica promovida por la distribución de la renta que fue impulsada por las políticas sociales gubernamentales. Éstas se convirtieron en la prioridad para Vázquez. El presidente creó el Ministerio de Desarrollo Social, responsable de la implementación del Plan de Atención Nacional de Emergencia Social (Pasen). Y con un presupuesto inicial de US$ 200 millones, el Pasen distribuyó alimentos y dinero a las familias carentes, que “pagaban” la ayuda con servicios comunitarios. De esta forma, aproximadamente 200.000 personas que vivían debajo de la línea de pobreza resultaron beneficiadas por el programa.

Además, casi el 90% de los jubilados y el 80% de los trabajadores dejaron de pagar impuestos por sus ingresos o vieron reducidas las alícuotas después de que el gobierno promovió un ajuste fiscal. Incluso estuvo acompañado de una ley aprobada por el Parlamento que instituyó el piso salarial nacional. El monto sirve de base para el cálculo del salario mínimo y también para el piso de cada categoría profesional. En general, durante el gobierno de Vázquez el salario creció 19%. Y la pobreza extrema fue reducida a menos de la mitad –de 4,7% a 1,7%–, mientras la pobreza disminuyó casi un tercio –de 32% a 21%–. Así pues, al final de su mandato, el presidente celebraba haber sacado de la pobreza a casi 260.000 personas, y de la pobreza extrema a 59.000.

El gobierno también se valió del escenario internacional favorable para reducir el peso de la deuda externa en relación con el PBI, que pasó de 69%, a comienzos del mandato, a 39% al final. Es más, Uruguay se libró de las deudas con el FMI y las necesidades de financiamiento externo también cayeron de 23% a 6% del PBI.

En 2007, el país se convirtió en la primera nación latinoamericana en legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. En 2009, el Congreso aprobó la adopción de niños por parte de parejas gays. Y ese mismo año, se aceptó la eutanasia en aquellos casos en que el paciente expresa su voluntad de recurrir al procedimiento.

De esta forma, Tabaré Vázquez terminó el mandato con la popularidad en alza. En las elecciones previas para escoger al candidato del Frente Amplio para la presidencia, apoyó a Danilo Astori, su ministro de Economía, pero el elegido terminó siendo Pepe Mujica, ministro de Agricultura y Pesca, quien encabezó la lista con Astori como vicepresidente. Mujica fue elegido en segunda vuelta con casi el 52% de los votos.

El gobierno Pepe Mujica

Ex líder guerrillero de los Tupamaros, capturado cuatro veces por las fuerzas de represión del régimen dictatorial, Pepe Mujica pasó en total trece años en prisión, casi todos en una celda solitaria. Asumió el gobierno en 2010, continuando en líneas generales el legado de Vázquez. En consecuencia, las políticas de inclusión social y de distribución de la renta siguieron siendo la prioridad.

Heredó un país que crecía a una tasa del 10,4% con un desempleo del 6,2% de la población económicamente activa. Sin embargo, promediando su mandato, el vigor de la economía se enfrió, como en la mayoría de los países de la región que reflejaban la recesión internacional. Con todo, las políticas sociales mantuvieron su ritmo de expansión garantizando la popularidad del presidente.

Durante el gobierno de Mujica, Uruguay se deshizo de la fama de paraíso fiscal  sudamericano. El país firmó acuerdos relacionados con el intercambio de datos fiscales que se materializaron en el informe presentado al Foro Global de Transparencia Fiscal e Intercambio de Información. Otra iniciativa fue calificar como hediondos y, en consecuencia, imprescriptibles, los crímenes de violación a los derechos humanos cometidos durante los doce años (de 1973 a 1985) de la dictadura militar.

Con todo, la característica más destacable del mandato de Pepe Mujica –junto a la fascinación de los medios de comunicación por su forma de vida simple y austera, que contrasta enormemente con gran parte de los dirigentes políticos– fue el avance en el cambio de las costumbres. Uruguay aprobó la legalización del aborto, así como la descriminalización del consumo de la marihuana. La ley uruguaya regula el consumo, el cultivo, la distribución y el comercio de la hierba. Todos están bajo la supervisión estatal. Se estima que entre 150.000 y 200.000 usuarios de marihuana comenzarán a recibirla del Estado. La “ley de la marihuana”, como era de esperar, estuvo en las primeras planas de la prensa local y mundial, pero opacó otra iniciativa tanto o más importante: la aprobación de la ley de democratización de los medios de comunicación, cuyos puntos principales son:

• Ninguna persona o entidad puede tener más de seis licencias de TV en todo el país, o más de tres si una de ellas estuviera localizada en la capital, Montevideo;
• Los concesionarios de los medios deben pagar una tasa para utilizar el espectro de ondas, y sufrirán penas monetarias si no respetan las reglas vigentes;
• Todo partido político tiene derecho a un espacio de propaganda electoral gratuita en la TV, proporcional a su desempeño en la elección precedente;
• Por lo menos el 60% del contenido de la TV pública debe provenir de la producción uruguaya o de una coproducción con participación de empresas nacionales;
• Por lo menos el 30% de la programación nacional de TV debe ser generada por productores independientes. Ningún productor será responsable de más del 40% de la programación de una emisora de radio;
• Se establece la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual compuesto por cinco miembros: uno designado por el gobierno y los demás por el Congreso, con mandatos de seis años que pueden ser renovados por tres años sólo una vez.
• Se prohíbe exponer a los niños a publicidades relacionadas con el alcohol, el tabaco o cualquier otro “producto perjudicial para la salud”.
• Ningún proveedor de servicios de TV podrá tener más del 25% del total de sus abonados en domicilios de la zona rural.

Al dejar la presidencia en enero de 2015, Pepe Mujica asumió su mandato en el Senado.

por Constanza Moreira – Susana Mallo (2015-2021)
(actualización en 22 de junio de 2021)

El segundo mandato de Tabaré Vázquez

En las elecciones de octubre-noviembre de 2014 el Frente Amplio consiguió por tercer período la mayoría en ambas cámaras. El FA obtuvo más o menos los mismos votos que en la elección de 2009 (47.8% contra 47.9%), pero había caído con relación a la elección de 2004, donde había obtenido 50.5% de los votos, y había ganado en primera vuelta. El Partido Nacional, por su parte, había apenas aumentado un punto a su votación en 2009 y el Partido Colorado seguía cayendo (y no volvería a recuperarse) a guarismos cercanos al 13%. El “cuarto espacio”, fue ocupado por pequeños partidos, como el Partido Independiente (que había pertenecido al Frente Amplio y a partir de 2004 apoyó a la coalición de blancos y colorados), algunos partidos ecologistas, y partidos de la izquierda “radical” escindida del Frente Amplio. Todos ellos consiguieron alguna banca en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en la elección de 2015, augurando el robustecimiento progresivo de este “cuarto espacio”, bisagra del sistema de tres partidos luego del fin del bipartidismo¹.

En esa elección, además, el plebiscito por la baja de edad de la imputabilidad penal² había perdido, aunque había alcanzado una votación del 47%, apenas tres puntos por debajo del umbral requerido para su aprobación y había mostrado que el arco conservador era capaz de utilizar los mecanismos de democracia directa, para llevar adelante su plataforma.

Pero este segundo gobierno de Tabaré enfrentaría dificultades que no se habían experimentado durante los gobiernos anteriores. Para empezar, la caída en la actividad económica, a tono con la región, y como resultado de la caída del precio de las commodities en todo el mundo. Si el primer gobierno de Tabaré había experimentado un proceso de crecimiento económico a una tasa de crecimiento del producto del 6% de promedio anual, y el gobierno de Mujica había gozado de un sólido crecimiento anual de 4,5%, la segunda presidencia de Vázquez inició con una proyección de 2,5%, convertida rápidamente al 0,5% en el segundo año de administración. Ello lo obligó a reestimar sus proyecciones y a aprobar, en 2016, un “ajuste” presupuestal con postergación de varios gastos en rubros importantes, como salud, educación y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), así como aumentar la presión tributaria sobre los altos salarios y jubilaciones.

En segundo lugar, el contexto regional había cambiado sensiblemente. Brasil, donde el PT había vuelto a ganar las elecciones en 2014, se encontraba en una etapa recesiva tanto económica como políticamente, y la salida de Dilma Rousseff, en 2016, volvía a dejar al Uruguay sin aliado. En Argentina triunfaba Macri, con una economía que mostraba francas señales de deterioro, lo cual era una pésima señal para Uruguay. La actividad turística, fuertemente dependiente del país vecino, y uno de los servicios en mayor expansión en la última década, vendría a resentirse en los años siguientes. Tabaré, que venía a cerrar con broche de oro su segunda gestión, siendo uno de los pocos privilegiados en repetir gobierno en un país sin reelección³, se encontró con un panorama radicalmente distinto al que había inaugurado su gestión en 2004. 

Aunque el gobierno de Tabaré intentó una política “moderada” en este contexto, eso ya sería suficiente para que Uruguay quedara aislado en el entorno de los gobiernos de derecha. Posiciones como las adoptadas por el gobierno nacional en relación al autoproclamado presidente Juan Guaidó, en Venezuela, colocarían a Uruguay, francamente, en el lado de los países que aún practicaban una política latinoamericanista⁴.

Por lo demás, algunas de las políticas desarrolladas durante el gobierno de Mujica, y que pertenecían al cerno de su gestión, especialmente las más controvertidas, como la ley que regulaba el uso recreativo de cannabis, o la ley de medios, fueron revisadas y su implementación postergada o retrasada.

La regulación de la cannabis, su venta en farmacias y su consumo medicinal, permanecieron en latencia durante el primer año y medio del segundo mandato de Vázquez, y solo los clubes de autoconsumo y los cultivadores fueron la señal en este período, de que algo había cambiado. Sin embargo, y luego de una compleja negociación con el sector farmacias, el gobierno logró reencauzar la venta de marihuana en farmacias. Esta continuó siendo una política resistida por parte de la oposición y por buena parte de la población. Sin embargo, evidenció su poder contrahegemónico cuando enfrentó los obstáculos que le puso el sistema financiero (a través de Estados Unidos) y que obstaculizaron la “financiarización” de la venta de cannabis. Al igual que con la política en relación al tabaco, Uruguay sufrió las consecuencias de las limitaciones a sus políticas públicas emanadas de los centros financieros y económicos transnacionales.

Los datos de las encuestas comenzaron, por primera vez, a marcar un deterioro pronunciado en la popularidad del gobierno. Este luchaba entre la difícil aprobación de un presupuesto sin mayores novedades ni incrementos; la movilización de los gremios de la educación a los que intentó enfrentar –desgraciadamente- con un decreto de “esencialidad” (completamente ineficaz y altamente contraproducente) para impedir la huelga⁵ y; una inseguridad pública que continuó altísima, aunque el aumento del desempleo y la retracción del consumo consiguieron desplazarla en la opinión pública de un problema central a un problema más secundario.

La oposición, que durante la campaña electoral, había saboreado anticipadamente el triunfo dado el escaso margen anticipado por las (erradas) encuestas, se aprestaba a desarrollar una estrategia de oposición férrea, con alto desarrollo mediático y altísima judicialización de los conflictos políticos. Así, el tercer período de gobierno frenteamplista se caracteriza por una profunda judicialización de la política y un cambio en la estrategia de la oposición que, además de propiciar más interpelaciones a ministros y ministras de Estado con poco impacto (los votos mayoritarios del FA siempre han sostenido a dichos cargos), elige crear comisiones parlamentarias para la investigación de denuncias y supuestas irregularidades en la administración pública. Los principales temas a que estuvieron abocados fue a las denuncias sobre la gestión de empresas y servicios públicos, con gran destaque de la petrolera estatal; la gestión del programa de apoyo a empresas recuperadas, los servicios de salud del Estado y el Ministerio de Desarrollo Social⁶.

La oposición también se dedicó a destruir el prestigio del Vicepresidente de la República Raúl Sendic, y propició la instalación de una comisión investigadora por el tema de la empresa petrolera ANCAP, que aquel había dirigido en los cinco años anteriores, y que mostraba un deterioro patrimonial y un déficit de gestión acentuado (también producto de la crisis que afectaba a Venezuela, que vendía crudo a Uruguay a condiciones muy ventajosas). A esto se añadió la polémica que se desató al revelarse que el título de «Licenciado en Genética Humana», supuestamente obtenido por Sendic en Cuba, en realidad no existía. El “descubrimiento” generó un gran malestar en las propias filas frenteamplistas.

Durante su segundo año, el gobierno enfrentó otras dos grandes dificultades. En primer término, se le hizo difícil remontar la caída de la brevísima luna de miel al descontento. Por primera vez en más de una década, las encuestas mostraban que la oposición era superior en intención de voto al FA, y que la desaprobación del gobierno era superior a su aprobación. En segundo lugar, el gobierno anunció un aumento de tarifas e impuestos para su rendición de cuentas del año, lo cual fue conocido como el primer “ajuste fiscal” bajo gobiernos de izquierda. La rendición de cuentas de ese año postergaba incrementos presupuestales en varios rubros, ante una proyección de crecimiento inferior a la prevista en la aprobación del presupuesto nacional del año anterior. El equipo económico, junto con la obligación de que las empresas públicas (fuertemente denostadas a partir de la comisión investigadora que analizó las inversiones en ANCAP y la necesidad de capitalización que tuvo que hacer el Estado) contribuyeran con el 1,5% del producto bruto interno (PBI) a la reducción del déficit fiscal, anunció la reinstalación del impuesto primario a las propiedades rurales, la modificación del procedimiento de liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), y modificó la alícuota del IRPF y el IASS, con un incremento en la contribución de los escalones superiores.

Evolución de la aprobación y desaprobación del gobierno del Frente Amplio (2015-2020)

El gobierno de Tabaré Vázquez intentó recuperar credibilidad a través de la búsqueda de acuerdos con el resto del sistema político y del llamado a un gran “diálogo social”. Este último se desarrolló entre junio de 2016 y el mismo mes de 2017. Participaron 1.150 representantes de 678 instituciones en 11 mesas temáticas y decenas de foros. Durante ese proceso se recogieron 200 propuestas con orientaciones de políticas y líneas de acción en áreas estratégicas definidas a partir de tres grandes ejes temáticos: desarrollo e inserción internacional, protección social y políticas transversales, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El resultado fue un amplio documento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), organizado sobre las metas de desarrollo social hacia el 2030. Lo más discutido de este Diálogo Social: Uruguay hacia el futuro estuvo dado por la participación de las iglesias y por las propuestas realizadas por las Fuerzas Armadas, en especial, las referidas al trabajo con los llamados jóvenes ni-ni (que ni estudian, ni trabajan)⁷.

También en 2016, el juicio que enfrentó a Uruguay con Philip Morris en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) (institución del Banco Mundial destinada a la resolución de controversias) tuvo su punto final, con un fallo favorable para el país que obligó a la tabacalera al pago de 7 millones de dólares.

Hacia el año 2017, en el tercer año de gobierno, toma cuerpo el acuerdo con la empresa UPM, papelera finlandesa, que sería el único e importante proyecto de inversión externa directa en Uruguay luego de una relativa sequía de afluencia de capitales en la región, y del fracaso de los grandes proyectos del período Mujica, entre ellos la regasificadora (a consecuencia de la crisis brasileña), la minera Aratirí y el puerto de aguas profundas. El acuerdo con la finlandesa llevó a un gran debate del Frente Amplio y el gobierno con los movimientos ambientalistas que se opusieron a esta idea. El período termina sin que el gobierno pudiera recoger dividendo alguno político o económico por ese emprendimiento. Será el gobierno de Luis Lacalle el que cosechará los beneficios de esta inversión a partir de 2021.

En el ámbito internacional, el gobierno de Michel Temer en Brasil siguió zozobrando política y económicamente, aunque fue un eslabón imprescindible en el triunfo de Jair Bolsonaro en 2018. Asimismo, el triunfo de Sebastián Piñera en Chile confirmó ampliamente que la derecha estaba dominando el Cono Sur. Uruguay sobrellevó gallardamente su aislamiento político, pero quedó completamente solo en la región. La declinación de Venezuela y su “mal ejemplo” estuvieron presentes en todas las campañas electorales contra las izquierdas en América Latina y Uruguay no fue ajeno a este debate.

En el año 2017, se produjeron avances legislativos importantes. En primer lugar, se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que significó un cambio sustancial en la administración de justicia. La justicia abandonó el modelo inquisitorio, donde el director del proceso era el juez, por el modelo acusatorio donde quien dirige es el fiscal. Aunque el nuevo CPP fue votado por todos los partidos, las críticas llovieron en el primer año de su puesta en marcha, y se lo hizo responsable por los problemas de la “seguridad”. Pero más allá de todas las críticas, el CPP representó el avance más notable en la administración de justicia que el Uruguay hubiera procesado luego de la vuelta a la dictadura.

En otro orden de cosas el gobierno acometió los problemas de la seguridad social, blindando a la generación de los “cincuentones” que en 1996 habían sido afiliados masivamente a las aseguradoras privadas, y quienes habían quedado en clara desventaja frente a otros grupos etarios. Aunque la contienda fue resuelta favorablemente para estos grupos etarios, y representó una erogación importante de recursos por parte del Estado, nada indica que el gobierno obtuviera rédito político alguno por ello.

El caso Sendic fue remitido al Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA, a raíz de nuevas denuncias efectuadas por el uso de tarjetas corporativas. La polémica, que se había desatado a partir de una investigación del diario El Observador sobre el inexistente título universitario de Sendic, se profundizó con el libro “Sendic, la carrera del hijo pródigo” (2017), donde las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero revelaron varias irregularidades de la gestión de aquel al frente de ANCAP. Asimismo, el semanario Búsqueda informó, luego, en relación a los gastos de las tarjetas corporativas. Esto fue el punto de partida para el examen del caso en la Junta de de Ética y Transparencia Pública (JUTEP); el papel de Sendic en ANCAP es aún objeto de escrutinio por parte de la Justicia de Crimen Organizado, que ya ha tenido sentencia y apelaciones con resultados malos para el imputado⁸. El propio presidente Tabaré Vázquez sugirió, oportunamente, que los órganos del FA se expidieran sobre la ética del vicepresidente, expediente al que ya él mismo había recurrido en ocasiones anteriores. Con un fallo condenatorio del propio TCP, el vicepresidente Sendic renunció a su cargo de Vicepresidente de la República el 11 de septiembre de 2017, dos días después, la Asamblea General aceptó formalmente su dimisión y designó a Lucía Topolansky en el cargo.

1. Avances en la agenda de género y diversidad en el último gobierno del Frente Amplio

El 8 de marzo de 2017, la marcha por el Día Internacional de la Mujer evidenció el poder las organizaciones feministas y el año abrió con la presentación de varios proyectos de ley que se plasmaron en la aprobación de leyes como las de femicidio, de violencia basada en género y de cuotas para los cargos electivos. También hacia fines del período se aprobó la Ley Integral Trans.

La Ley N° 19.580 aprobada en diciembre de 2019, que tomaba como base una ley anterior (la Ley de Violencia Doméstica, N° 17.514, del año 2002), estableció medidas y políticas de prevención, protección, sanción y reparación a la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y tuvo un largo y complejo tránsito en el parlamento uruguayo.

En el marco de un crecimiento exponencial de las denuncias por violencia de género y del crecimiento de los femicidios, la ley fue propuesta por el Poder Ejecutivo y empujada por una fuerte movilización de sociedad civil⁹. Tuvo como principios rectores el priorizar los derechos humanos de las víctimas; la responsabilidad del Estado en prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género (VBG); la prohibición de toda forma de distinción, exclusión o limitación basada en la nacionalidad, origen étnico-racial, sexo u orientación sexual, edad, religión, discapacidad, y la promoción del Estado en la eliminación de las relaciones de dominación hacia las mujeres. La ley tipificó la violencia física; la violencia psicológica o emocional; la violencia sexual; la violencia por prejuicio hacia la orientación sexual; identidad de género o expresión de género; la violencia económica, patrimonial, simbólica, obstétrica; la violencia laboral; la violencia en el ámbito educativo; el acoso sexual callejero (que implicó todo un reconocimiento de estas formas de violencia “socialmente aceptadas” y generó distintas movilizaciones en torno al tema); la violencia política (tipificada por primera vez); la violencia mediática; la violencia femicida (que llevó a la aprobación del delito de femicidio).

El delito de femicidio (aprobado por ley aparte) tipificó como un agravante muy especial del delito de homicidio cometido contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal. Aunque fue largamente resistido por vías indirectas (como, por ejemplo, por el hecho de que el uso del término “femicidio” estaría reñido con la Real Academia Española), ello no obstaculizó la marcha del proyecto que terminó en ley.

Hubo variadas resistencias al proyecto de la ley, que tuvo un trámite largo y engorroso: comenzó su tratamiento en abril de 2016 y se aprobó en diciembre de 2017. La ley levantó algunas resistencias en legisladores de la oposición que se manifestaron abiertamente en contra, diciendo que a partir de ahora “los hombres estarán en libertad condicional [ya que] depende de la discrecionalidad del juez o de la jueza que se apruebe una orden de restricción, que sabemos que no sirve para nada si no la controlamos”, o que estaba basada en “la ideología de género”. Las resistencias a la ley también se manifestaron después, al pedirse la postergación de su entrada en vigencia hasta 2020. El diputado Pablo Abdala (quien había sido el principal impulsor del referéndum para la derogación de la despenalización del aborto) señaló que: “la ley de violencia de género es muy mala, es voluntarista y autocomplaciente”. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo que la implementación de la ley de violencia de género requeriría más presupuesto, más cargos, reformas edilicias y capacitación para poder entrar en vigencia, poniendo indirectamente en duda su eficacia. No faltó la Iglesia Católica uruguaya, a través de sus máximos representantes, que la consideró “confusa”, “imprecisa” y “errónea”. El cardenal Daniel Sturla declaró que la ley integral de violencia de género tiene algunos artículos que dejan abierta la posibilidad de “poder condenar a una persona hasta por cuestiones simbólicas o religiosas”¹⁰. Movimientos tales como Varones Unidos, señalaron en sus redes que “la ley nunca habla de la violencia de género dentro del grupo familiar si es ejercida por una mujer; es decir, si una mujer golpea a su pareja, sus hijos o los expone a diferentes situaciones donde el interés superior del niño es vulnerado, en ese caso no hay problema, no hay castigo, pero si lo hace un hombre sí y con todo el peso de la ley y más”¹¹.

Finalmente, cabe consignar aquí la aprobación de la Ley Integral Trans en el Uruguay hacia el final del período de gobierno.

En 2016 se realizó en Uruguay el primer Censo Nacional de Personas Trans, a través de la Universidad y del Ministerio de Medio Ambiente. El Censo dejó en evidencia la bajísima esperanza de vida, los niveles de pobreza y violencia, y las redes de prostitución de la población trans.

La Ley Integral Trans (N°19.684) plantea la creación de políticas públicas específicas dirigidas a esta población, a través de medidas de acción afirmativa, y busca reducir la vulnerabilidad y discriminación que sufren. Tiene como propósito des-invisibilizar a esta población en el contexto de las políticas públicas (por ejemplo, incorpora la “identidad de género” en los sistemas oficiales de información estadística); facilita el trámite para el sexo registral; propugna la inclusión en el sistema educativo (facilita cupos y becas para su permanencia en este); incluye un cupo en los llamados públicos y en los programas de formación para el empleo, en los planes de vivienda, y facilita los tratamientos de hormonización sin requerir autorización judicial. También estipula una pensión reparatoria para las personas que, por su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional durante la dictadura.

En el debate público, el tema de la hormonización e intervención quirúrgica en menores de edad fue el aspecto más espinoso. Diversas organizaciones se reunieron y juntaron rápidamente 40.000 firmas contra la nueva norma en nombre de la defensa de “sus hijos” y la minoridad.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo en mayo de 2017, y pasó a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado en junio. Allí, las demoras fueron varias y la iniciativa no comenzó a tratarse hasta noviembre. Cuando comenzó el año 2018, el proyecto aún experimentaba varias dilaciones, entre otras cosas, porque algunos grupos religiosos comenzaron a operar fuertemente sobre los legisladores de la oposición. Así, lo que al principio parecía un “consenso” fue, luego, un tema tan polémico que hasta entre los propios legisladores del FA se fue abriendo paso la idea de que el proyecto traería más rechazos que adhesiones. Pero el texto había venido del Poder Ejecutivo, tenía el respaldo de las autoridades del MIDES y el de buena parte de la bancada frenteamplista, así que, aceptando algunas modificaciones, terminó por ser aprobado en octubre de 2018.

Las voces más críticas en ambas cámaras no fueron tanto contra el contenido del proyecto (las barras estaban repletas de personas trans en espera de la aprobación su aprobación, y eso intimidaba un poco), sino contra el hecho de que al crear “derechos especiales” en relación a la vivienda, la educación y la salud, se producía una suerte de “discriminación” al revés, hacia el resto de la sociedad. La senadora Alonso, del PN, señaló que el Estado “no debe pagar porque se quiera vivir de una forma diferente”. El colectivo “Proyecto Segunda República Oriental” (que pidió autorización para crear un partido político) y los colectivos evangelistas se organizaron para resistir a la iniciativa. Presionaron fuertemente a los legisladores en su contra y pusieron en entredicho su aprobación. Finalmente, optaron por la recolección de firmas para derogar la ley votada, y en marzo de 2019 se presentaron 69.000 firmas para iniciar el proceso de derogación, lo que apenas representaba el 10% de las firmas requeridas.

2. El debate del Frente Amplio con el movimiento ambientalista

En el año 2018 el gobierno fue por primera vez impugnado desde sus bases sociales, a través de una iniciativa de referéndum contra la Ley de Riego, aprobada en ese mismo año.

La llamada “Ley de Riego” (N° 19.553) fue una propuesta presentada por el ex ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre (anterior presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz y empresario destacado en el rubro) quien, tras desempeñarse como secretario de la cartera durante el gobierno de Mujica, había sido renovado por Vázquez. El objetivo de la ley fue abrir la posibilidad a los productores de asociarse para acceder al riego, ampliando el rubro a empresas no agropecuarias (incluso extranjeras), para atraer inversiones e incrementar la productividad agrícola.

La ley comenzó su aprobación en el Senado en octubre de 2017 con el respaldo de todos los partidos. Las voces del ambientalismo se hicieron sentir fuera y dentro del parlamento, pero la ley continuó su trámite de aprobación. La Facultad de Ciencias de la Universidad de la República hizo un informe contrario a la ley («este proyecto no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala», expresaron en un informe preparado sobre el tema). En noviembre de ese mismo año, la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo público un informe en contrario, basado en la inconstitucionalidad de la misma. El movimiento sindical, a través de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado, que había conducido el plebiscito que aseguraba la soberanía sobre los recursos hídricos y la prohibición de privatización en 2004, también se manifestó en contra. La mesa estaba servida: se instaló la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y se promovió un referéndum contra la ley, que necesitaba las firmas del 25% del padrón electoral para ser promovido. En abril de 2018, y a dos meses del inicio de la recolección de firmas, algunos grupos del FA le solicitaron a sus autoridades que iniciaran un proceso de negociación con el movimiento sindical y sus aliados, a los efectos de procesar las modificaciones necesarias para lograr un acuerdo político que destrabara esta nueva “iniciativa popular”, esta vez, contra la propia izquierda. El acuerdo no prosperó, y aunque en octubre de 2018 quedó claro que no se reunirían las 650.000 firmas necesarias, se dejó en evidencia que el gobierno no había conseguido acompañar la sensibilidad medioambiental de una buena parte de sus clases sociales.

3. La cuestión militar en el tercer gobierno del Frente Amplio

“Vivir sin miedo» fue el slogan con el que se identificó la comisión nacional encargada de recolectar las firmas necesarias para convocar a un nuevo plebiscito sobre seguridad ciudadana, a instancias del sector Alianza Nacional, del senador Larrañaga.

La propuesta “Vivir sin Miedo” propuso crear, a través de una modificación constitucional, una guardia nacional que pueda trabajar en materia de seguridad pública conjuntamente con el Ministerio del Interior, y que estuviera integrada por militares que apoyaran a la policía en el combate al crimen. También se propuso permitir los allanamientos nocturnos cuando exista orden de un juez. Lo más regresivo era la propuesta de prisión perpetua revisable para aquellos delincuentes que cometan crímenes aberrantes (violación, abuso sexual seguido de muerte, sicariato y homicidios múltiples). Finalmente, elimina la libertad anticipada de todos los delitos graves (que incluyen la rapiña).

Aunque esta nueva propuesta de “seguridad” fracasó, al igual que la baja de edad de imputabilidad, los votos obtenidos (47%) fueron suficientes para mostrar que el tema estaba en la agenda, y que el arco conservador tenía buenos argumentos para levantarlo como un tema central en la opinión pública. El senador Larrañaga –quien estuvo a cargo de la organización del plebiscito- fue nombrado Ministro del Interior en la administración del gobierno de Luis Lacalle. Pero más allá de eso, mostró que los militares habían cobrado un nuevo prestigio en un país, como Uruguay, donde durante décadas habían sido denostados por su compromiso con la dictadura uruguaya.

En el último período en que gobernó el Frente Amplio, el debate sobre el costo de las Fuerzas Armadas y su peso en el presupuesto nacional, tomó notoriedad pública. Esto fue evidenciado a través de la discusión sobre el sistema de retiros y pensiones militares que ocasionaba un déficit de 1% del PBI al país. Pero no sólo el gobierno del Frente Amplio avanzó en temas económicos, sino que se propuso acometer la reforma de la justicia militar, la reforma de la Ley Orgánica Militar y la reforma de la caja militar¹², a la que se agregó el impuesto a las altas jubilaciones militares.

La mayor parte de estas iniciativas o bien fracasaron (como el impuesto a las altas jubilaciones militares), o bien quedaron completamente amortiguadas y desnaturalizadas (como la reforma de la caja militar). El nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, apenas iniciado, revirtió los pocos avances existentes, involucró a las Fuerzas Armadas en el combate a la pandemia, y se aseguró que en el recorte del 15% de todo el gasto público, las mismas fueran exceptuadas.

Cabe consignar que el Frente Amplio no tenía una biblioteca propia sobre qué hacer con las Fuerzas Armadas (como sí la tenía con la economía, la política exterior o las negociaciones laborales), era claro que éstas evidenciaban mucho más contigüidad con el pensamiento de la derecha. Con el tiempo se hizo evidente, que habían desarrollado un pensamiento propio. Hacia el final de la década y media de los gobiernos “progresistas” del Frente Amplio, éstas se habían reagrupado ya como partido político, y encontrado su líder principal: Guido Manini Ríos, actual Senador de la República y líder del sector Cabildo Abierto, que se alzó con el 11% de los votos en la elección de 2019.

Los militares habían estado durante muchos años, producto de la designación de Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército durante un período que abarcó dos de los gobiernos del Frente Amplio, bajo un liderazgo indiscutible. Para cuando el Presidente Tabaré Vázquez lo cesó en funciones, habida cuenta de su claro rol político en defensa de la corporación (especialmente a propósito de la reforma de la Caja Militar) y de sus declaraciones defendiendo a los “compañeros de armas” (los militares detenidos por delitos vinculados al terrorismo de estado)¹³, el huevo de la serpiente ya estaba anidado. Guido Manini Ríos¹⁴ se transformó en el líder indiscutible de la “familia militar” y armó su propio partido, ante la sorpresa de blancos y colorados. Fue quien mejor elaboró una estrategia de “colonización” de la opinión pública, a través de amplias publicaciones, del prestigio de la participación de Uruguay en las Misiones de Paz, de las actuaciones militares en las emergencias climáticas, y de la oferta a la colaboración con las políticas sociales, especialmente en el “encuadramiento” de los Ni-Ni (jóvenes que no trabajan ni estudian).

El ex comandante en jefe del Ejército irrumpió públicamente como candidato presidencial de Cabildo Abierto, pocos días después de su destitución, en marzo de 2019. Fundó su grupo político con oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y con cuadros políticos de los partidos conservadores. Con votos conseguidos en el interior del país, en los electorados pobres, en las regiones con fuerte presencia de cuarteles, y en las zonas rurales, el “Bolsonaro uruguayo” se transformó en un socio indispensable del gobierno de Luis Lacalle, e inició un proceso de “colonización” del Estado dirigiendo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, obviamente las Fuerzas Armadas, y los organismos encargados de la minoridad infractora. En el Ministerio de Defensa, los nombramientos de las jerarquías ministeriales volvieron a recaer en militares, desdibujando la política de nombramientos civiles que había predominado desde el inicio del ciclo progresista.

En 2020, el Decreto Nº271/020 de Política de Defensa Nacional amplió las misiones y potestades de las Fuerzas Armadas. También volvió a entrar en vigencia la vieja doctrina de la defensa hemisférica, coherente con el retorno del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947¹⁵. Hoy Cabildo Abierto es un actor de “veto” en el sistema político uruguayo y los militares gozan de un privilegiado estatus político en este momento.

El fin del “ciclo progresista” y el gobierno de Luis Lacalle Pou

En el último período de gobierno, la caída de la tasa de crecimiento del producto fue acompañada de un deterioro en alguno de los indicadores más importantes de la economía: se contrajo el empleo, se redujo el ritmo de reducción de la pobreza y se redujo el margen de maniobra del Estado para continuar el ritmo expansivo de sus políticas públicas en educación, salud, seguridad, vivienda, entre otras. La aprobación del gobierno comenzó a desplomarse, y pocos meses antes de la elección, las encuestas mostraban que el Frente Amplio habría perdido en el entorno de un 8% a 10% de los votos.

La desaprobación de la gestión del gobierno del FA ya superaba, a mediados del segundo año de gobierno, a la aprobación (con antecedentes registrados durante el primer año de mandato, en tiempos coincidentes con el decreto de esencialidad para la educación, durante la discusión del presupuesto nacional). Con inicios auspiciosos durante los tres primeros meses de gobierno, la aprobación reflejaba, en buena medida, los votos obtenidos en la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2014; más, prontamente, la evaluación positiva fue disminuyendo en forma paulatina, y hacia marzo de 2019 se ubicaba en el 28%, frente a un 47% de desaprobación.

La mesa estaba servida para la “coalición” que se armó prácticamente con todos los partidos que existían fuera del espectro del Frente Amplio. La coalición “multicolor” (como se le llamó) conjugó al menos cinco partidos relevantes: los viejos partidos del sistema –el Nacional y el Colorado- al que se agregó Cabildo Abierto –del novel candidato Guido Manini Ríos, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

 

El gobierno comenzó trece días antes de que la pandemia fuera declarada a nivel mundial. Ello no obstó para que comenzara con altos índices de popularidad, un buen manejo comunicacional, y un importante respaldo a su gestión sanitaria, y en especial, a su Ministro de Salud. En buena medida, ello fue posible por un giro en el cambio de discurso, privilegiando conceptos como el de “libertad responsable” (para negarse a implementar políticas de reducción de la movilidad), y depositando en el “pueblo irresponsable” los malos resultados sanitarios, cuando el Uruguay se transformó en el primer país del mundo en número de contagios y muerte per cápita.

El consenso de la derecha intentó impulsar otra historia o sujeto político que impidiera las políticas de corte igualitaristas, para poder libremente excluir, ilegitimar, destruir, o expulsar a un otro. Este relato permitió a una derecha aggiornada en muchos lugares del mundo y en nuestro país el ascenso al gobierno de un gobernante de derecha. Pero aunque la derecha ha tomado un nuevo impulso, sin embargo, no todo es novedoso, se repiten gestos y discursos ya existentes. Como afirma Forster, “estas frases y estos gestos, de tanto repetirse, van vaciando su capacidad de sorprendernos, para ir generando un clima de época que entremezcla el revival de los 90 y la novedad de una nueva derecha cool, naif, revanchista y represiva….. a la que los focus group van informando respecto del humor, la sensibilidad, las prioridades y otras cosas de la ciudadanía que bajo esa lógica, es reducida a ser una muestra estadística operada por publicitas, encuestadores y psicólogos…” ¹⁶

Estos discursos se enfrentaron a un relato político progresista que no terminó de concretar una alternativa que mostrara los peligros de dichas propuestas, ni logró que los sectores sociales pudieran comprender la amenaza que se estaba gestando en un mundo afectado por el creciente empobrecimiento, la represión más violenta y luego la pandemia.

Sin duda la construcción del discurso político ha sufrido variaciones, y muchas de ellas no fueron percibidas por el ideario progresista. Adorno afirmaba en “La personalidad autoritaria” que existen personas que tienen la necesidad que la complejidad les sea explicada de forma simple, sobre todo porque creen que todo aquello que dice el líder es verdad. La crítica adorniana, es legítima aún en nuestros tiempos. La construcción del discurso político de la derecha se ha basado en el apoyo de sectores, que en tiempos actuales han logrado incorporar a “operadores políticos” que apelan a la simplicidad cultural, la frivolidad, las falsas promesas, y las mentiras, las famosas “fake news”. Esto permitió en la batalla cultural de nuestros tiempos introducir en la agenda política un discurso reaccionario invisibilizando los graves temas que afrontan nuestras sociedades, o permitiendo el ascenso de “lideres” que no poseen programas alternativos, sino la reproducción de un neoliberalismo en creciente decadencia plagado de promesas sin conciencia, invocando lo peor de las tradiciones ancestrales, los miedos, la inseguridad, el terrorismo y un ramplón nacionalismo.

Los cambios en la retórica de la derecha no fueron totalmente comprendidos por los sectores progresistas, ni fueron evaluados en toda su dimensión. Muchos sectores de izquierda mantuvieron una cierta rigidez, limitando la observación e ignorando los cambios que se habían operado en, por lo menos, nuestra sociedad.

Derrida¹⁷ se pregunta ¿es mentiroso aquel que piensa que está diciendo la verdad? El autor, en concordancia con muchos pensadores, afirma que estamos en la época de la post verdad, cuya función esencial es realizar un culto sistemático a la mentira, a lo que se denomina “verdad inconveniente”. En la actualidad las mentiras de algunos políticos se ven ampliadas por la existencia de las redes capaces de convertir en hashtag cualquier rumor.

En Uruguay una parte de la derecha está conformada por ex militares y aliados civiles, del sector más conservador de la sociedad. El nuevo liderazgo del ex Comandante en Jefe del Ejército ha demostrado penetración e influencia en el interior, y ha sido capaz de estructurar un movimiento político al que se incorporó un contingente de personas de distintas clases sociales. Fue bautizado “Cabildo abierto” nombre con destacables improntas históricas.

Pero en la conformación de gobierno, quien de verdad pone la impronta es el Presidente Luis Lacalle, hijo de Luis Alberto Lacalle, quien fuera Presidente por el Partido Nacional en la “media década de oro” del neoliberalismo. Además de poseer casi un tercio de los votos y ser sin duda el socio mayor de la coalición (quien le sigue en votos tiene menos de la mitad de su electorado), su discurso moderno, con aires juveniles, representa a los sectores más poderosos, financieros e industriales del país. Han obtenido la victoria en la inmensa mayoría (16 de los 19) gobiernos departamentales, y poseen mayorías holgadas en ambas cámaras.

Desde el inicio de su presidencia, Luis Lacalle ha marcado una impronta singular. Su liderazgo está marcado por no perder nunca el primer plano, en una melange de populismo de derecha con casi todos sus ingredientes, acercamiento a la gente, discursos oportunistas, impronta de falsa jovialidad, afectada frivolidad. Su cuidado de los sectores del interior del país se constata en las permanentes visitas que realiza, en todo acto celebratorio o inaugural. Sus discursos son realzados por su presencia en una simbólica y permanente centralidad de la figura presidencial y su clara decisión de no ceder espacio a otras figuras –con la excepción del Ministro de Salud, cuya popularidad sigue en alza, a pesar de los malos resultados de la pandemia. Son pocos los ministros que puedan opacar su figura, y pese a tímidos intentos, estos han fracasado rotundamente.

Los que no se resignan a dicha centralidad son los partidos que forman la Coalición. Ante el pedido constante de una mesa de discusión sobre los acuciantes problemas que están afectando al país, como es hoy la pandemia, han sido ignorados o descalificados. Asimismo, el procesamiento de las noticias pasa casi exclusivamente por la figura presidencial con todos los ingredientes de un populismo de derecha, simpatía-seriedad, frivolidad-empaque, pero sobre una base de pensamiento neoliberal irreductible.

Los discursos pro mercado son explícitos, y la afirmación persistente de que es el empresariado el único capaz de reactivar la economía así lo muestra. Los recortes en el Estado son muy importantes, y el desmantelamiento de buena parte de las políticas públicas también. Pero el gobierno no deja de hacer gestos de “simpatía” hacia las organizaciones de derechos humanos (de hecho, ha colaborado con el financiamiento de la búsqueda de los restos de los desaparecidos), con el movimiento feminista (la vicepresidente es una mujer política con credenciales “feministas”), o con el movimiento ambientalista (ha creado un Ministerio del Ambiente, que ha sido una demanda permanente de estos grupos). Por otra parte, la seguridad –talón de Aquiles de los gobiernos del Frente- ha dejado hoy por efecto de la pandemia de ser un problema central, y el gobierno enarbola la cifra de la baja de los delitos con tal eficacia, que las encuestas de opinión pública muestran la aprobación de la política de seguridad pública del gobierno, por primera vez en décadas. La política de seguridad ha producido incontables situaciones de violencia, algunos dispositivos legales han facilitado el “gatillo fácil” por parte de la policía, y las nuevas normas restrictivas producidas por la pandemia han aumentado la violencia institucional a niveles sin precedentes.

 

4 El primer referéndum contra el gobierno: el debate sobre la Ley de Urgente Consideración

La Ley de Urgente Consideración (LUC), Ley 19889, fue promulgada en el año 2020, consta de 474 artículos, y constituye la columna vertebral del actual gobierno. Introduce un variado conjunto de artículos referidos a normas penales. Apenas aprobada, el movimiento sindical y un conjunto importante de organizaciones sociales resolvieron impulsar un referéndum para su derogación. El Frente Amplio adhirió a la iniciativa. La campaña por el “No a la Luc” busca la derogación de 135 artículos referidos a la ley. A continuación se detallan algunos de los mismos.

Las normas de seguridad pública establecen la discrecionalidad en el uso de la fuerza pública dejando a criterio de los actores de la represión juzgar cuando se comete un delito. Se aumentan las penas y tendrá un impacto en el aumento de la población carcelaria. Las normas relativas al proceso penal significan un retroceso sobre el nuevo Código del Proceso Penal aprobado en el tercer gobierno del Frente Amplio y contradicen lo establecido en la Ley Integral de Violencia de Género en aspectos relativos a la seguridad de las víctimas. También se sustituye la Ley de Procedimiento Policial del primer período de gobierno que obligaba a la policía a respetar los derechos humanos de las personas y eliminaba el principio de obediencia debida. Elimina la Dirección de Políticas de Género de la órbita del Ministerio del Interior, y dificulta la recepción de las denuncias de violencia de género. Las normas sobre estupefacientes, se vuelve a la vieja concepción represiva de la “guerra contra las drogas” que durante los gobiernos del Frente Amplio se fue abandonando y se pena el microtráfico.

La LUC es profundamente regresiva en la normativa sobre la privación de libertad. Se endurecen las condiciones para los adolescentes privados de libertad contraviniendo la Convención de los Derechos de la Niñez y en línea con la política de “baja de edad de imputabilidad penal” que fracasó en el plebiscito de 2014. Las normas sobre reformas del sistema penitenciario sistemáticamente niegan los avances realizados en las administraciones precedentes sobre la mirada integral al sistema penitenciario y sus distintas poblaciones. La ley también crea el registro nacional de violadores y abusadores sexuales, que es una herramienta discutida desde la doctrina penal. Esta propuesta no había sido de recibo en la administración anterior, pero la ley la instala.  Entre otras cosas, se habilita a los militares retirados a portar armas

Los artículos sobre educación son de los más complejos y han sido denunciados y resistidos por las gremiales docentes. Se cambian aspectos centrales de la Ley de Educación que promulgó el Frente Amplio en su primer gobierno, se limita la autonomía en materia educativa, se hace a la educación dependiente del Poder Ejecutivo, se limitan competencias, entre otros.

Los artículos que establecen límites por ley al gasto público (denominados “regla fiscal”) van directamente en línea con la política de ajustes. Los artículos sobre libertad financiera perjudican a los trabajadores/as en relación a las posibilidades de negociación con sus empleadores y vuelven a crear “opacidad” a la política de transparencia financiera arduamente trabajada durante los gobiernos del FA y que acabaron con el proyecto de Uruguay como “paraíso fiscal”.

El movimiento sindical, la Intersocial Feminista, el movimiento cooperativo, el movimiento estudiantil entre otros, han adherido al referéndum para su derogación. Al momento de la redacción de esta actualización, restaban pocas firmas para que el referéndum pudiera habilitarse.

4. El horror de la Pandemia

Una definición del coronavirus es aquélla que la caracteriza como un “virus semiótico”, fijación psicótica que prolifera en el cuerpo estresado de la humanidad (Franco Berardi).  Estamos viviendo la catástrofe productora del mayor caos, en mucho tiempo, se ha producido un -hecho social total-

El virus ha producido el desmoronamiento en los mundos estructurales de la economía, acentuando los niveles de pérdida de valores éticos y sociales acentuando las contradicciones a nivel mundial a las ya existentes, sólo 10 países poseen el 75% de las vacunas, dejando a los países más pobres en la mayor desprotección del virus, aunque ya podemos decir, de los virus.

A ello se deben sumar las incoherencias de los sistemas políticos en diversos países. El capitalismo, hasta este momento, no sólo ha logrado mantenerse indemne a la crisis, sino que ha aumentado la capacidad de enriquecimiento de las minorías a través de la comercialización del sistema virtual y la enorme ganancia de los laboratorios que defienden incondicionalmente la potestad de conservar monopólicamente el valor que crea el conocimiento desarrollado mediante el sistema de patentes que rige el derecho internacional.

Existen tendencias divergentes y contradictorias a pesar de un “consenso” mundial sobre el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, las estrategias de confinamiento o la defensa de la “libertad” existen y han existido en nuestra región como parte de las estrategias políticas.

Los cambios producidos por el virus no sólo han seleccionado a la población de los “prescindible”, sino que ha tocado amplios sectores sociales de la población. Debemos de reconocer en gran parte la responsabilidad del estado omiso a tomar medidas más drásticas ante el aumento desmesurado de los contagios, colocando a Uruguay entre los primeros países con mayor cantidad de muertos en comparación a su densidad de población. En palabras del propio Presidente “no se explica el aumento de casos”. Así el Uruguay pasó de ser un “ejemplo mundial” en el combate a la pandemia a ser “el pero de la clase”. El siguiente cuadro es una muestra de ello.

La mayor resistencia social al impacto del virus ha provenido en gran medida de la sociedad civil. La autoayuda, el movimiento sindical y las ollas populares han dado cuenta de la resistencia de la sociedad uruguaya a la pandemia.

El aumento de la población en situación de pobreza e indigencia ya ha empezado a sentirse, y la desigualdad afecta la resiliencia ante la pandemia. Mientras en Montevideo los poseedores de dos casas abandonan la ciudad y se instalan en sitios más aislados y seguros, el “quédate en casa” propagandeado hasta el hartazgo dista de ser posible tanto para los que no tienen casa, como para los que han sido desalojados por no pagar el alquiler, como para los que tienen que ir a trabajar todos los días. Sus posibilidades de subsistencia es buscar sitios que por los menos les asegure cualquier recurso de subsistencia . Se instalan bajo puentes, en parques, o simplemente duermen en los portales de casa o comercios cerrados.

El Estado no ignora o trata de no ver esta realidad. Sin embargo, las medidas son tardías o no existen, puesto que la idea es no afectar la economía y el uso de la “libertad responsable” tiene que ver con la apertura de los free-shops, los shoppings, o el comercio.

En un principio el gobierno integró a un grupo de científicos, de primer nivel del país, que se denominó “Grupo Asesor Científico Honorarios” (GACH), dado el aumento explosivo. Este grupo propuso medidas de control y cierre, apoyando el criterio de cerrar durante la circulación, pero apoyar económicamente los sectores más desprotegidos

Las medidas de precaución fueron ignoradas por el gobierno por lo cual la pandemia se expandió de una manera descontrolada para lograr impedir la muerte diaria promedio de 53 muertos por día, en una población de 3.200.000 habitantes, abril y mayo han sido meses de mayor intensidad de contaminación ha sido impedida por el gobierno que se niega a cerrar (o “blindar”, por usar los términos del GACH) por algunas semanas para aminorar los contagios.

Los siguientes cuadros muestran esta evolución:

Uruguay: evolución casos contagio por millón Covid-19

Uruguay: evolución muertes/millón Covid-19

Frente a esta evolución, el GACH ha declarado finalizada su tarea de “apoyo al gobierno” y el Frente Amplio, en junio de 2021 ha decidido hacer la primera interpelación al gobierno, interpelando al mismo tiempo al Ministro de Salud y a la Ministra de Economía.

La “naturalización” de la pandemia es un dato a tener en cuenta. Las cifras de apoyo al gobierno siguen superando el 55% en las encuestas de opinión pública. Nunca fue más claro que los individuos no pueden hacerse cargo de sí mismos, en las condiciones de precariedad generalizada o de auténtica pobreza. Sin embargo, el concepto de “libertad responsable”, o su concepto opuesto (la “irresponsabilidad ciudadana”) vuelve a colocar en las personas la responsabilidad de lo que pasa. El efecto de aislamiento social, por su vez, tiende a profundizar la indiferencia en individuos cada vez más autocentrados. En una cultura con fobia al dolor, en una cultura de complacencia, de rendimiento, la negación del sufrimiento parece profundizarse.

 

Notas

1. Este análisis del segundo mandato de Tabaré Vázquez toma base en los capítulos 2 y 3 de “Tiempos de democracia plebeya: presente y futuro del progresismo en Uruguay y América Latina”, Constanza Moreira, CLACSO (Colección: Temas) y Ediciones de Banda Oriental, Montevideo, 1919.
2. El tema de la llamada “minoridad infractora” había cobrado gran relevancia en durante el gobierno de Mujica; jóvenes pobres y marginados se habían transformado de pronto en el principal factor de “riesgo” del país. A inicios del gobierno de Mujica se instala una comisión en el Parlamento llamada Comisión Especial para el Análisis de la Legislación relativa a los temas de Seguridad Pública y en especial la de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, donde se deja instalado el debate sobre la conveniencia de bajar de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Los legisladores de la oposición nucleados en sus sectores más conservadores (“Vamos Uruguay” dentro del PC y el Herrerismo y la entonces “Unidad Nacional – UNA” dentro del PN) lanzaron una campaña de recolección de firmas con la intención de promover un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal. En octubre de 2012, la Corte Electoral confirmó que la “Comisión para Vivir en Paz” había reunido las firmas necesarias, y que el plebiscito se celebraría junto con las elecciones nacionales de octubre de 2014. Las encuestas de opinión pública registraban un significativo respaldo hacia la medida propuesta: 65% de la población se manifestaba a favor de bajar la edad de imputabilidad hacia mediados de 2011 según datos de Cifra.Por vez primera en la historia reciente, la derecha apelaba a la democracia directa en su beneficio. Frente a este escenario, en abril de 2011, la sociedad civil se organizó en torno a la llamada “Comisión No a la Baja”, un heterogéneo espacio integrado por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y hasta de corte religioso y político. En noviembre de 2012, el apoyo a la iniciativa de reforma constitucional comenzó a menguar, pasando, según encuestas de Cifra, de una adhesión del 64% en junio de 2011, a una del 47% en octubre de 2014. Así, ya con un apoyo más marcado del FA, hacia el final de la campaña electoral, el “No a la Baja” se erigía como toda una consigna de defensa de derechos frente a la estrategia de la derecha.
3. Los otros casos de presidentes elegidos en las urnas que repitieron mandato fueron los de José Batlle y Ordóñez (1903-1907; 1911-1915) y Julio María Sanguinetti (1985-1990; 1995-2000). Cabe señalar, empero, que Vázquez fue el único presidente votado dos veces en elecciones completamente libres y bajo todas las garantías impuestas por una poliarquía; los dos mandatos de Batlle y Ordóñez son previos al establecimiento de un orden totalmente poliárquico, en tanto los comicios de 1984 en los que fue investido Sanguinetti por vez primera, se celebraron en dictadura, con candidatos y ciudadanos proscriptos).
4. El 23 de enero de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió un comunicado en el que claramente “desconoce” a Guaidó (apoyado por los países del Grupo de Lima y por Estados Unidos) como presidente autoproclamado de Venezuela y, asimismo, llama a un diálogo pacífico con la intermediación de Uruguay y México. Más tarde, el presidente Nicolás Maduro apoyaría el diálogo pero no así Guaidó, ni el resto de los países del grupo de Lima.
5. El 24 de agosto de 2015, a poco de iniciado el tercer gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, previendo una huelga docente por la discusión presupuestal, declaró esenciales los servicios correspondientes a los centros de educación inicial, primaria, secundaria, educación técnico profesional y centros de formación docente, y estableció en 30 días la duración de la medida de esencialidad. Se argumentó que las decisiones adoptadas por las organizaciones sindicales comprometían –dada su extensión- el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, que el Estado había agotado todas las instancias de negociación, pero que los gremios habían decidido continuar con la huelga. Como era de esperarse, la declaratoria de esencialidad galvanizó a los gremios docentes y, aun en aquellos gremios más “moderados” que evidenciaban estrategias diferentes y un talante de negociación distinto al de los más intransigentes, la ira se desató. Las movilizaciones fueron espontáneas, numerosísimas y en todo el país. Se ocuparon centros de enseñanza y el PIT-CNT respaldó al movimiento. Se consideró que el decreto era ilegal y que violentaba el derecho de huelga e, incluso, se evaluó denunciar al Estado uruguayo ante la OIT. Una semana después de decretada la esencialidad, ante las enormes manifestaciones realizadas y la imposibilidad práctica de llevar a cabo la medida, el Consejo de Ministros decidió por unanimidad dejar sin efecto el decreto.
6. Entre las Comisiones Preinvestigadoras (y que el FA bloqueó con sus votos) se cuentan, la de “Negocios realizados desde Uruguay con Venezuela” (24/10/2016), la de “ Proyecto de construcción de una planta regasificadora” (11/2016), la de “Presuntas vinculaciones de determinadas empresas con la financiación de campañas electorales “ (03/2017), “Gestión del Ministerio de Desarrollo Social desde el 1ro de marzo de 2010 a la fecha” (03/2019)”, “Actos del Sr. Representante Daniel Placeres en relación a su vinculación y actividad con el grupo empresarial Envidrio-Ebigold” (11/2018); “Gestión de Asse desde 2008 a la fecha y la denominada estafa al FONASA” (06/2017); “Actividades realizadas por el FONDES desde su creación” (05/2015). Entre las que el FA dio sus votos para que efectivamente se integraran, cabe citar las del FONDES, las de la financiación de las campañas electorales y la de la planta regasificadora.
7. Ver nota “La propuesta del Ejército para instruir a los “ni-ni” es un “dislate” y carece de sentido común, según jerarca del Ministerio del Interior”, publicada en el semanario Búsqueda N°1872, 23-29/6/2016. Rescatada de: https://www.busqueda.com.uy/Secciones/La-propuesta-del-Ejercito-para-instruir-a-los-ni-ni-es-un-dislate-y-carece-de-sentido-comun-segun-jerarca-del-Ministerio-del-Interior-uc26047 (consultada en agosto de 2019).
8. En diciembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Sendic por peculado y abuso de funciones originado en la denuncia del Partido Nacional. El fallo señaló que Sendic “se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones” y “en cuanto al delito de peculado [que] resulta acreditado en principio y sin perjuicio de interioridades que se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal”. Texto completo del fallo recuperado de: http://poderjudicial.gub.uy/institucional/item/5763-tap-4-turno-confirmo-procesamiento-de-ex-vicepresidente-por-abuso-de-funciones-y-peculado (consultado en junio de 2019).

9. Entre ellas, las varias organizaciones de todo el país nucleadas en la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS): Abriendo caminos; Accionar entre mujeres Guyunusa; Amanecer en vos; Amnistía; Andenes; Arcoiris; Batoví; Cambios; Casa Abierta; Casa de la Mujer de la Costa; Casa de la Mujer de la Unión; Centro Interdisciplinario Caminos; Centro Interdisciplinario de Apoyo a la Familia (CINAF); Dimensión Mujer; Espacio Salud; Foro juvenil/ El faro; Gamu; Grupo Mujeres Ciudad de la Costa; Grupo Raíces; IACI; Iniciativa Latinoamericana; Instituto Mujer y Ciudad; Juventud para Cristo; Mujer Ahora; Mujeres de las Piedras; Mujeres de Negro; Mujeres sin miedo; Nuevos caminos; PLEMUU; Salto Grupo Vivir (ver: http://www.violenciadomestica.org.uy/organizaciones.php, consultado en mayo de 2019).
10. Ver nota “Para la Iglesia Católica, la ley contra la violencia de género es ‘confusa’, ‘imprecisa’ y ‘errónea’”, publicada en el portal Montevideo.Com, el 21/12/2018. Recuperado de: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Para-la-Iglesia-Catolica-la-ley-contra-la-violencia-de-genero-es-confusa–imprecisa-y-erronea–uc670399 (consultada en mayo

de 2019).

11. Ver: “Lecciones para Uruguay de la ley de violencia de género española”, escrito por Federico Rivero y publicado en el sitio web de Varones Unidos, el 12/4/2016. Recuperado de: http://varonesunidos.com/misandria/lecciones-para-uruguay-de-la-ley-de-violencia-de-genero-espanola/ (consultado en mayo de 2019).
12. Cuando el Poder Ejecutivo anunció su intención de reformar el Sistema de Retiros y Pensiones Militares, lo hizo en el marco del “ajuste” de la rendición de cuentas del año 2016, y porque el déficit alcanzaba los 570 millones de dólares (1% del PBI).
13. Sobre el último año del tercer gobierno frenteamplista (2019) se desató un escándalo a raíz de los dictámenes de los tribunales de honor sobre los militares procesados por la justicia por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, dado que éstos se negaron a pasarlos “a reforma” (quitarles su categoría “militar”). Esto fue acompañado por declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército y hombre “fuerte” de las Fuerzas Armadas, cuestionando la imparcialidad del proceso y la falta de datos para haberlos procesado. Luego de esto, el Presidente Tabaré Vázquez lo cesó en su cargo, también a quienes habían integrado los Tribunales de Honor, y se los eliminó del ordenamiento jurídico.
14. Guido Manini Ríos viene de un antiguo linaje de políticos conservadores. Su abuelo, Pedro Manini Ríos, fue diputado, senador y Ministro del Interior en las primeras décadas del siglo XX durante las presidencias del reformista José Batlle y Ordóñez, a quien rápidamente abandonó para crear el sector más conservador del Partido Colorado, y que apoyó la primera dictadura en Uruguay de la que fue su Ministro de Hacienda. El tío de Guido, diputado, senador y Ministro de Jorge Pacheco Areco fue quien ayudó a instalar las “Medidas de Excepción” que anticiparon el golpe de Estado en Uruguay. El hermano del actual fundador de Cabildo Abierto fue presidente de la Asociación de Productores Arroceros del Uruguay y fundador de la Juventud Uruguaya de Pie, una organización juvenil anticomunista iniciada en los 70s, que protagonizó hechos de violencia política anticipatorios del terrorismo de Estado.
15. En el Comunicado Nº18/20 del Ministerio de RREE (10/03/2020).
16. Forster Ricardo (2003), Crítica y sospecha, Los claroscuros de la cultura moderna, Buenos Aires, Paidós.
17. Derrida Jacques (1995), Espectros de Marx, Madrid, Editorial Trotta.

 

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Mapa

  

Datos estadísticos

Indicadores demográficos de Uruguay

	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020*
Población (en mil habitantes)	2.239	2.539	2.810	2.916	3.110	3.321	3.372	3.482
• Sexo masculino (%)	50,58	50,04	49,70	49,05	48,50	48,40	48,27	48,42
• Sexo femenino (%)	49,42	49,96	50,30	50,95	51,50	51,60	51,73	51,58
Densidad demográfica (hab./km²)	13	15	16	17	18	19	19	20
Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)**	21,23	21,90	21,12	18,34	18,16	15,94	14,5*	13,5
Tasa de crecimiento poblacional**	1.16	1.19	0,15	0,65	0,72	0,03	0,34*	0,31
Expectativa de vida (años)**	66,11	68,34	68,77	70,98	73,03	75,31	77,1*	78,7
Población entre 0 y 14 años (%)	27,88	27,86	27,90	26,93	26,01	24,55	22,51	20,7
Población con más de 65 años (%)	8,23	8,16	8,91	10,52	11,64	13,09	13,88	14,9
Población urbana (%)¹	77,93	80,24	82,37	85,39	88,97	92,03	94,41	95,97
Población rural (%)¹	22,07	19,76	17,63	14,61	11,03	7,97	5,59	4,03
Participación en la población latinoamericana (%)****	1,33	1,15	0,98	0,80	0,70	0,63	0,57	0,53
Participación en la población mundial (%)	0,089	0,084	0,076	0,066	0,058	0,054	0,049	0,045

 

Fuentes: ONU: World Population Prospects: The 2012 Revision Database.
¹ Datos sobre la población urbana y rural tomados de ONU: World Urbanization Prospects, the 2014 Revision

* Proyecciones. | ** Estimaciones por quinquenios. | *** Incluye el Caribe.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos indicada.

Indicadores socioeconómicos de Uruguay

Fuentes: CEPALSTAT
¹ Los datos de 1960 se refieren solamente al Ministerio de Salud.
² UNDP: Countries Profiles.

* Proyecciones. | ° A partir del año 1998 los datos de matrícula pasaron a ser calculados según la nueva clasificación, por lo tanto los datos hasta 1997 no son estrictamente comparables con los dos años siguientes.

Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en el documento indicado.