Por Bernardo Mançano Fernandes
La cuestión agraria es el resultado de un conjunto de problemas generados por el proceso de acumulación capitalista y el desarrollo de la agricultura y, en particular, de la cría de ganado. En América Latina se relaciona con la estructura agraria intensamente concentrada y con los procesos de expropiación y exclusión de los campesinos, en las diversas modalidades en que éstos producen sus condiciones de supervivencia. La resistencia a estos procesos se expresa en la lucha por la tierra, por la reforma agraria y por condiciones de trabajo dignas. Así se produce un enfrentamiento entre las necesidades de un capitalismo volcado al consumo de artículos de lujo y a la exportación y las necesidades de la masa de trabajadores del campo, que resulta en los enfrentamientos violentos que han caracterizado la cuestión agraria en nuestro continente.
Por lo tanto, la cuestión agraria es característica del desarrollo del capitalismo; nace de las desigualdades y contradicciones de ese sistema, cuyos principales factores son políticos y se expresan en el control de los precios, del mercado y de las políticas agrícolas. Los grupos que poseen el poder invierten grandes sumas en investigación, infraestructura y tecnologías. Las desigualdades generan aumento y concentración de riqueza y tierra, y, simultáneamente, intensifican la pobreza y la miseria.
No obstante, el desarrollo del capitalismo genera sus propias contradicciones: si bien, por un lado, expropia al campesino, por otro, lo hace resurgir mediante el proceso de arrendamiento de la tierra. Al arrendar partes de su propiedad, el hacendado posibilita la recreación del trabajo familiar; vale decir, del campesinado. El hacendado tiene interés en el arrendamiento –forma de explotación basada en el cobro de parte de la renta generada por el trabajo familiar en la producción agropecuaria– porque, además de los beneficios económicos directos, evita que la tierra quede ociosa y sea ocupada por campesinos sin tierra.
El conjunto de problemas que afecta a la cuestión agraria puede ser atenuado y/o reducido en escala e intensidad, pero es imposible de solucionar dentro de la sociedad capitalista, porque solucionarlo implicaría afectar profundamente el proceso de acumulación de capital en el campo, centrado en las grandes propiedades y en la exportación. No obstante, el movimiento campesino lleva a cabo movilizaciones constantes en su lucha por la ocupación de tierras, con marchas, huelgas y acciones concretas en pro de la reforma agraria.
A mediados de la década de 1990, el avance de las políticas neoliberales produjo innovaciones en la cuestión agraria latinoamericana. Con la globalización de la economía se amplió la hegemonía del modelo de desarrollo agropecuario que, con sus patrones tecnológicos, caracteriza al llamado agronegocio. A medida que se restringía el protagonismo del Estado, los grupos económicos ruralistas comenzaban a producir e imponer nuevas políticas agrícolas, extendiendo cada vez más su control de los mercados. Esta nueva fase de la agricultura capitalista modificó también las estrategias de control y explotación de la tierra. Gracias a la intensificación de la mecanización y el uso de agrotóxicos –y a la introducción y difusión del cultivo de plantas transgénicas– aumentó la producción y la productividad de determinados cultivos. Esto provocó el aumento de áreas agrocultivables ocupadas y la extensión de las fronteras agrícolas.
Estos cambios trasladaron la cuestión agraria fuera del ámbito rural. El aumento de la producción y del control político y territorial fue acompañado por el aumento de la exclusión, la pobreza y la miseria. En la segunda mitad del siglo XX, el intenso éxodo rural hizo bajar el porcentaje de la población rural en toda América Latina: del 43% en 1970 al 23% en 2005, según los datos aportados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade). La población urbana, a su vez, aumentó de 158 millones de personas en 1970 a 420 millones en 2005. En el campo, en números absolutos, la población se mantuvo estable: en 1970 eran 117 millones y, en 2005, 125 millones de habitantes. No obstante, con la tendencia al intenso éxodo rural en baja, el desarrollo del campo ya no puede pensarse, exclusivamente, como un espacio de producción sectorial. Es imprescindible verlo desde una perspectiva inclusiva basada en el desarrollo territorial, considerado como espacio de producción, residencia, trabajo y ocio.
En las ciudades latinoamericanas se multiplicaron los problemas resultantes del desempleo estructural, el agotamiento ambiental, la marginalización de la mayoría de la población urbana y el aumento del narcotráfico. La cuestión agraria y la cuestión urbana se transformaron en problemas territoriales interrelacionados, por lo que es necesario pensar el campo y la ciudad como espacios de una misma lucha por la conquista de la dignidad humana. La cuestión agraria abarca, por lo tanto, las dimensiones económica, ambiental, social, cultural y política. Para comprenderla mejor es fundamental saber cómo se formó el campesinado.
Formación del campesinado y resistencia
En las dos últimas décadas del siglo XX hicieron eclosión las luchas de resistencia de los movimientos campesinos e indígenas en América Latina y el Caribe. Esas luchas representaron la perseverancia registrada a lo largo de cinco siglos de dominación y sometimiento, como asimismo las perspectivas de futuro de esos pueblos y naciones. También significaron el rechazo permanente al modelo capitalista de desarrollo, que ha venido destruyendo sus territorios y sus culturas. En los proyectos de desarrollo de la agricultura capitalista no hay espacio político para la agricultura campesina, cuya concepción del mundo es muy diferente. Para justificar los fracasos del modelo de desarrollo capitalista, las corrientes hegemónicas difundieron un discurso que moteja de atrasados a campesinos e indígenas por igual, aduciendo que no logran incorporarse a las sociedades modernas. La resistencia de campesinos e indígenas al productivismo salvaje –que no respeta los tiempos ni los espacios de la naturaleza y las culturas de los pueblos– fue una de las fuerzas determinantes que los distanciaron del modelo del agronegocio.
Si bien se configuró y organizó dentro del sistema capitalista, el origen del campesinado latinoamericano se remonta a las civilizaciones amerindias anteriores a la conquista europea. Existe un campesinado indígena, con formas particulares de organización del trabajo y la producción acordes a su cultura. Otra vertiente proviene del mestizaje entre pueblos indígenas, africanos, europeos y asiáticos. Por eso es posible hablar de diferentes tipos de campesinado: indígena y no indígena. O, simplemente, de un único campesinado latinoamericano y caribeño que se constituyó con el desarrollo del capitalismo y la confluencia de pueblos oriundos de diversas partes del mundo.
La resistencia y la persistencia del campesinado en la defensa de su territorio y su modo de vida se vinculan con la integración del modelo capitalista. Esta condición significó distintos niveles de inclusión y exclusión. La exclusión aumentó a fines del siglo XX con la intensificación de la desterritorialización del campesinado y de los pueblos indígenas por el avance de las políticas neoliberales, interesadas en apropiarse de los recursos naturales de esos territorios. Con sus políticas de explotación no sustentable, el agronegocio ha destruido selvas y agotado ríos, extinguiendo los recursos hídricos y creando problemas ambientales a escala mundial. En varios países latinoamericanos, los territorios indígenas y campesinos son los mejor preservados y, por ese mismo motivo, la industria agropecuaria capitalista se los disputa. Las luchas en la selva de Chiapas y la selva amazónica son apenas dos ejemplos entre muchos.
La organización diversificada de los territorios y las relaciones laborales de indígenas y campesinos se estructura sobre bases familiares y/o comunitarias y determina la producción a pequeña escala, lo que no es sinónimo de producción baja o menor. La producción campesina –orientada hacia la propia reproducción y los mercados locales, regionales y nacionales– es responsable de un importante porcentaje de los alimentos que se consumen en toda América Latina. La explotación del trabajo y el territorio ajenos –cuyo objetivo principal es la concentración de la riqueza y el poder– no forma parte del modo de vida campesino. Numerosas regiones del continente todavía se encuentran subordinadas a la producción capitalista, que impone la “integración” a las agroindustrias y la participación parcial en el sistema agroexportador.
El avance de las políticas neoliberales creó nuevos tipos de conflicto. La territorialización del agronegocio intensificó la desterritorialización del campesinado y el latifundio. Estos procesos conllevan la expansión de la producción agroexportadora, sobre todo en los mercados de América Latina y, principalmente, del denominado Primer Mundo. La “modernización” de la industria agropecuaria –representada por el agronegocio– ha provocado un aumento simultáneo de la productividad y el desempleo.
La mecanización y la informatización condujeron a la creciente ocupación de nuevos territorios y, al mismo tiempo, disminuyeron el número de personas requeridas para el trabajo. El desempleo estructural y la disminución del éxodo rural intensificaron la disputa por los territorios, convirtiendo la cuestión agraria en una lucha territorial. La garantía del territorio campesino es condición esencial para su futuro. Si bien es una barrera para la territorialización del capitalismo, ello no anula la posibilidad de que el capital monopolice los territorios campesinos e indígenas generando permanentes conflictos.
Tanto la forma de organización como las opciones de lucha y resistencia de los movimientos campesinos e indígenas dependen de las coyunturas políticas. En Brasil, una de las manifestaciones contra la exclusión y la expropiación y a favor de la recreación del campesinado (mapa adjunto) es la ocupación de tierras. También se emprenden marchas y se organizan cortes de rutas para llamar la atención de la sociedad y presionar al gobierno para que acepte negociar políticas públicas que alivien la situación de pobreza y miseria. Esas formas de lucha aspiran a modificar la coyuntura político-económica.
El rechazo de los gobiernos a debatir estas cuestiones y el aumento de la violencia contra los indígenas y campesinos han dado origen a la resistencia armada, una opción extrema que expresa la brecha existente entre los límites del capitalismo para resolver la cuestión agraria y la persistencia campesina en defensa de su dignidad.
Ante esta coyuntura, campesinos e indígenas se han organizado en movimientos políticos y han creado ramificaciones a escala nacional, latinoamericana y mundial. Entre otros, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC, Guatemala); el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, Brasil); la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); la Federación Nacional de Organizaciones Campesino-Indígenas y Negras (Fenocin, Ecuador), y la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri, Paraguay). Los movimientos campesinos de América Latina conforman la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y también participan de la Vía Campesina: articulación mundial de movimientos campesinos.
Orígenes del agronegocio
En la segunda mitad del siglo XX el campo latinoamericano sufrió profundas modificaciones causadas por el modelo de desarrollo que generó, al mismo tiempo, cambios y permanencias. Con el avance de la industrialización agropecuaria, el tradicional sistema de latifundios que durante siglos determinara la estructura agraria atravesó cambios sectoriales, técnicos y tecnológicos. La población rural conoció uno de los mayores éxodos de su historia. La territorialización de las corporaciones norteamericanas y europeas amplió sus dominios mediante la expansión de sus sistemas de producción. Estos cambios intensificaron las formas de explotación del modelo agroexportador y profundizaron la expropiación a campesinos e indígenas, generando pobreza y miseria. Las políticas de reforma agraria implementadas no lograron desconcentrar la estructura agraria.
El sistema de latifundios –que se caracteriza por el control de grandes extensiones de tierra, la actividad agropecuaria extensiva, el monocultivo y la intensa explotación de la mano de obra– comenzó a ser sustituido desde mediados del siglo XX. La introducción de nuevas técnicas y tecnologías y el uso de insumos químicos aumentaron la producción y la productividad. El desarrollo de nuevas variedades de cultivo facilitó la mecanización, volviendo innecesario en gran medida el trabajo manual. Las familias que vivían y trabajaban en las grandes propiedades rurales fueron expulsadas y se vieron obligadas a emigrar a la periferia de las ciudades. Este proceso acentuó la urbanización y la proletarización del campesinado y valorizó las tierras en las décadas de 1960 a 1980, privilegiando la territorialización de los inmuebles capitalistas sobre la de los campesinos e indígenas –quienes se vieron obligados a vender sus tierras o fueron sometidos a expropiación sumaria–. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con las tierras de cultivo de café en Brasil y Colombia, y de caña de azúcar en las regiones Sudeste y Nordeste de Brasil.
En la década de 1990 –con la avanzada de las políticas neoliberales– se consolidó el proceso de territorialización de las empresas multinacionales norteamericanas y europeas, que expandieron sus dominios y aumentaron el control sobre los principales productos primarios: soja, café, leche, frutas, etc. En esta etapa también aumentó el control político-territorial. A raíz de los procesos de compra o fusión con empresas nacionales, las corporaciones multinacionales pasaron a controlar mercados, tecnologías y patentes, concentrando poder y saber. Entre las grandes corporaciones que se establecieron en América Latina se destacan: Nestlé (Suiza); Philip Morris, Cargill, Coca-Cola, Del Monte y United Fruit Company (EE.UU.); Bunge (Holanda); Danone (Francia), y Parmalat (Italia). Al actuar en diversos sectores de la economía, estas corporaciones disfrutan de una serie de ventajas y adoptan estrategias para asumir el control político de los procesos productivos, los mercados y las políticas económicas.
Estos procesos consolidaron un modelo de desarrollo agrícola que se conoció como agronegocio. Valiéndose de argumentos que destacaban sus supuestas cualidades, el agronegocio ejerció un control político extraordinario sobre todo el proceso productivo, subordinando a todos los involucrados. En esta nueva fase, los dominios territoriales llegaron a controlar el agua –un recurso fundamental, por ejemplo, para las industrias de zumos de fruta–. La liberalización del comercio mundial tuvo todavía más incentivos con la firma del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT) en 1947, cuyo objetivo fue incrementar el flujo comercial mediante la rebaja de las tarifas aduaneras.
El creciente control político de los territorios y sus recursos, las relaciones sociales y el conocimiento no dejó a los movimientos campesinos e indígenas otra salida que el enfrentamiento directo con el agronegocio. Así surgieron nuevos conflictos en toda América Latina, con manifestaciones y ocupaciones de fábricas multinacionales para exigir mejores precios y protestar contra el control generalizado del proceso productivo. La privatización de las semillas y su inmediata normalización produjeron una merma en la diversidad de las especies. El control de las semillas y la investigación por parte de las corporaciones afectó de manera negativa la seguridad alimenticia y aniquiló la soberanía en el campo de los alimentos. En 2005, once grandes empresas controlaban la mayor parte de los tipos de semilla en el mundo: Monsanto, Dupont/Pioneer, Land O’Lakes y Delta & Pine Land (Estados Unidos); Syngenta (Suiza); Groupe Limagrain (Francia); KWS AG y Bayer Crop Science (Alemania); Sakata y Taikii (Japón), y DLF-Trifolium (Dinamarca).
Contradicciones y conflictividad
La conflictividad subyace a la esencia de la cuestión agraria. Los medios globales presentan constantemente los conflictos como si fueran provocados por los movimientos campesinos e indígenas. Pero lo cierto es que continúan siendo parte de un proceso de exclusión. Para comprender ese proceso es fundamental considerar las contradicciones y paradojas que hacen surgir, en la solución de los conflictos, tanto su desarrollo como la aparición de otros. La desigualdad generada y regida por el capitalismo no sólo produce riqueza, pobreza y miseria. También crea conflicto, porque las personas no son objetos que integran unidades de producción. Son sujetos históricos que se resisten a la explotación y la expropiación y que quieren compartir los resultados de su producción laboral. Por lo tanto, desarrollo político-económico es sinónimo de desarrollo de conflictos.
El conflicto es un estado de confrontación entre fuerzas opuestas –con relaciones sociales distintas y en condiciones políticas de oposición– que buscan superarlo mediante la negociación, la manifestación, la lucha popular y el diálogo. Un conflicto por la tierra es una confrontación o disputa de territorios entre clases sociales o entre modelos de desarrollo diferentes. El conflicto puede ser “aplastado” o resuelto por la conjunción de fuerzas que se disputan las ideologías; la conflictividad, no. Ninguna fuerza o poder puede aplastarla, asesinarla, masacrarla. Permanece adherida a la estructura de la sociedad, en espacios diferentes, a la espera de que retornen las condiciones políticas que posibilitaron su manifestación. Los acuerdos, pactos y treguas definidos mediante negociaciones pueden resolver o postergar conflictos pero no acabar con la conflictividad, porque la conflictividad es producida y alimentada día a día por el inequitativo desarrollo del capitalismo.
La conflictividad es una propiedad de los conflictos en sus diversas formas: posesión y arrendamiento de la tierra, producción capitalista y consiguiente concentración de la estructura agraria con expropiación a campesinos e indígenas, por diversos medios y en diferentes escalas, con base social, técnica, económica o política. Las respuestas son la lucha por la tierra, la reforma agraria y la resistencia territorial con la perspectiva de superar la cuestión agraria. Estos procesos no sólo atañen a la cuestión de la tierra, sino a las formas de organización del trabajo y la producción, del abastecimiento y la seguridad de los alimentos; a los modelos de desarrollo de la industria agropecuaria y sus patrones tecnológicos; a las políticas agrícolas; a las formas de inserción en el mercado; a los tipos de mercado; a la cuestión campo-ciudad; a la calidad de vida y a la dignidad humana.
La conflictividad está en la naturaleza misma del territorio, que es un espacio político por excelencia. La creación del territorio está asociada a las relaciones de poder, dominio y control político. Los territorios no son solamente espacios físicos, sino también espacios sociales y culturales donde se manifiestan las relaciones y las ideas, transformando en territorio hasta las palabras mismas. Las ideas –con sus diferentes y contradictorias interpretaciones de las relaciones sociales– son productoras de territorios. Los paradigmas que buscan afirmar o negar la cuestión agraria son territorios políticos. La cuestión agraria, por ser imposible de superar, conlleva las posibilidades de transgresión e insurgencia y, por la misma razón, las posibilidades de cooptación y conformismo. Y son precisamente estas propiedades contradictorias de la cuestión agraria las que configuran la conflictividad. Están presentes en las disputas paradigmáticas entre cuestión agraria y capitalismo agrario que determinan los proyectos de desarrollo.
La estructura agraria en el continente
La estructura agraria de América Latina y el Caribe es una de las más concentradas del mundo. Esta realidad es resultado directo del control territorial de los inmuebles rurales por los sectores ruralistas y las corporaciones multinacionales. De acuerdo con los datos disponibles, los países con estructuras agrarias más concentradas son: Barbados, Paraguay, Venezuela, Perú y Brasil, según el cuadro siguiente:
Índice de GINI* de países de América Latina
Fuente: www.fao.org/ES/ESS/yearbook/vol.1
El coeficiente de GINI mide de 0 a 100 la desigualdad en la distribución del ingreso.
En la segunda mitad del siglo XX, algunos países de América Latina y el Caribe –Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, Brasil y Cuba– emprendieron políticas de reforma agraria. Pero, en la mayor parte de estos países, las medidas no bastaron para promover la desconcentración agraria. Aunque la reforma agraria implique políticas destinadas a minimizar la cuestión agraria, el desarrollo del capitalismo genera profundas desigualdades que producen reconcentración. Las luchas por la tierra y la reforma agraria se han vuelto permanentes por esa misma razón; la cuestión agraria lleva ya varios siglos de existencia en los países latinoamericanos, lo que provoca un estado de conflictividad constante. Este estado es producto de la contradicción generada por el proceso de destrucción, creación y recreación simultáneas del campesinado.
La conflictividad y el desarrollo son simultáneos y, en consecuencia, promueven la transformación de territorios, alteran paisajes, crean comunidades, empresas y municipios, modifican sistemas agrarios y bases técnicas, complementan mercados, rehacen costumbres y culturas, reinventan modos de vida y reconfiguran permanentemente el mapa de la geografía agraria. La agricultura campesina establecida, o que se establece mediante la ocupación de tierras o como resultado de las políticas de reforma agraria, fomenta los conflictos y el desarrollo, así como la agricultura capitalista –en su nueva denominación de agronegocio– al territorializarse y expropiar al campesinado. Este proceso es responsable del crecimiento de la organización campesina –en diferentes escalas y de diversas formas– en América Latina y el Caribe.
Un buen ejemplo de este proceso es el caso de la soja, uno de los productos primarios más característicos del agronegocio mundial. En la cosecha 2003-2004 se produjeron 186 millones de toneladas y, de acuerdo con las proyecciones, en el año 2020 se llegará a los 300 millones de toneladas. En América Latina, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia son los países con mejores perspectivas de expansión de este producto (mapa adjunto, inferior). El impacto social y territorial de la soja ha provocado la desterritorialización de campesinos e indígenas, dado que el agronegocio se ha mostrado extremadamente agresivo para viabilizar la explotación del monocultivo a gran escala.
En Brasil, en cambio, aproximadamente el 30% de la soja es producto de la agricultura campesina, parcialmente mecanizada y más generadora de empleo que los cultivos a gran escala. En promedio, la agricultura campesina productora de soja genera tres puestos de trabajo cada 24 hectáreas, mientras que la agricultura capitalista genera un empleo cada 200 hectáreas. Los mapas adjuntos ilustran esta situación. En el primero se observa que la territorialización de la soja en Brasil avanza en dirección a la Amazonia. El segundo muestra que los principales espacios recientemente ocupados por la soja en Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia corresponden a las regiones de la Amazonia, el cerrado brasileño y el Gran Chaco.
Paradigmas del capitalismo agrario
La comprensión y la explicación de la cuestión agraria también se discuten en el ámbito de las universidades, los gobiernos, los movimientos campesinos y la sociedad. Como toda problemática política, la cuestión agraria permite lecturas diversas, puesto que los interesados la piensan desde distintos paradigmas; vale decir, de diferentes formas. Las referencias también son pautadas por las ideologías que postulan distintos análisis e influyen sobre la comprensión del problema. La tentativa de entender la cuestión agraria plantea un enorme desafío, porque implica buscar la solución a un problema que se autoalimenta. Sólo será posible comprender la cuestión agraria analizándola en su esencia, sin subterfugios, reconociendo y revelando sus límites dentro de un campo de posibilidades que exige una postura objetiva. Desde fines del siglo XIX se ha venido pronosticando la desaparición del campesinado. Pero lo que se observa, en realidad, es un proceso de resistencia permanente. Y, desde la década de 1990, dos paradigmas se han disputado la explicación de la cuestión agraria: uno procura afirmarla; el otro, negarla.
De acuerdo con el paradigma de la cuestión agraria, la destrucción del campesinado por diferenciación no determina su fin. Es un hecho que, al apropiarse de la riqueza producida por el trabajo campesino, el capital genera la diferenciación y la destrucción del campesinado. Pero también es un hecho que al capital le interesa la continuación de ese proceso para su propio desarrollo. Según sean las condiciones, la apropiación de la renta puede ser más interesante para el capital que el trabajo asalariado. Por esta razón, los capitalistas ofrecen sus tierras en arriendo a los campesinos o bien ofrecen condiciones propicias para que los campesinos produzcan en sus propios inmuebles. Existen tres alternativas de recreación del campesinado: el arrendamiento, la compra y la ocupación de la tierra. De este modo se desarrolla un constante proceso de territorialización y desterritorialización de la agricultura campesina, o de destrucción y recreación del campesinado. Lo que se entiende como un fin también tiene su término en la poderosa ventaja del capital sobre la renta de la tierra, que es producto del trabajo familiar o comunitario.
Según el paradigma del capitalismo agrario, el fin del campesinado no significa el fin del trabajo familiar en la agricultura –utilizando el concepto de agricultor familiar como eufemismo del concepto de campesino–. Basándose en una lógica dualista, el capitalismo agrario clasifica al campesino como un ente atrasado y al agricultor familiar como un individuo moderno. Esa lógica dualista conlleva un proceso, porque para ser moderno el campesino necesita metamorfosearse en agricultor familiar. Ese proceso de transformación del campesino en agricultor familiar también indica una modificación ideológica. El campesino metamorfoseado en agricultor familiar pierde su historia de resistencia –fruto de su perseverancia– y se convierte en un sujeto conforme con el proceso de diferenciación, que a su vez pasa a ser un proceso natural del capitalismo. Los límites de los espacios políticos de acción del agricultor familiar moderno subyacen a la diferenciación generada por la producción de la renta de la tierra. Su existencia está condicionada por la situación generada por el capital.
En el paradigma del capitalismo agrario, las relaciones capitalistas se presentan como una totalidad. La única perspectiva es la posibilidad de convertirse en unidades del sistema. El campesinado metamorfoseado es una unidad más del sistema, que avanza o retrocede obedeciendo los preceptos del capital. Por este motivo, los movimientos campesinos que se identifican con el paradigma del capitalismo agrario no tienen dificultad alguna en aceptar políticas basadas en la lógica del capital –por ejemplo el Banco de la Tierra, un programa brasileño de financiación de inmuebles rurales–. La lógica del paradigma del capitalismo agrario crea un estado de malestar cuando el tema en discusión implica contradecir al capitalismo, porque eso lo afecta en su médula. Ése es el límite de su ideología. La desobediencia sólo está permitida dentro de los parámetros estipulados por el desarrollo del capitalismo. Más allá de ese límite, se transforma en subversión. La “integración plena” es algo más que un estado de subordinación comprobada: implica obediencia absoluta a las reglas del juego comandado por el capital. En este paradigma, el campesino, para estar a tono, tendrá que estar plenamente integrado al capital.
El paradigma de la cuestión agraria no se restringe a la lógica del capital, por lo que la perspectiva de enfrentar al capitalismo es una condición posible. De allí que la ocupación de tierras sea una de las formas de lucha más empleada por los movimientos campesinos. También cabe considerar la economía de la lucha, que indica que la conquista de la tierra no debe transformarse en condición única de producción de mercaderías sino en producción de vida en plenitud, como asimismo de enfrentamiento al capital para la recreación continua del campesinado. La economía política de este paradigma tiene en cuenta el mercado y, al mismo tiempo, usa esta condición para promover la lucha por la tierra y la reforma agraria. Por esta razón desafía la realidad comandada por el capital, ya que éste sólo quiere al campesino como productor de mercaderías, jamás como productor de conocimientos adversos a los principios capitalistas.
Mapas
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