José Antonio Figueroa (actualización en 6 de julio de 2017 a partir de la entrada original de Pablo Dávalos en versión impresa en 2007 )

René Ramírez Gallegos (segunda actualización en 2 de abril de 2021)

Fuentes:

¹ CIA: World Factbook.
² ONU: World Population Prospects: The 2012 Revision Database.

³ INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador), Censo 2021.
⁴ ONU: World Population Prospects, the 2014 Revision.
⁵  Banco Central del Ecuador.
⁶  ONU/PNUD: Human Development Report, 2020

El 15 de enero de 2007, el economista Rafael Correa asumió como presidente de Ecuador, dando comienzo al período de transformaciones sociales, políticas y económicas más grande de la historia republicana del país y también con más estabilidad política desde el retorno a la democracia en 1978. La estabilidad fue conquistada a pesar de las transformaciones profundas implantadas por Correa e incluso de la fuerte oposición liderada por segmentos de la extrema derecha, de la derecha, y también por sectores de la izquierda.

La llegada de Correa al poder fue el resultado de una movilización social y política que creció y se consolidó a partir de la década de 1980. Esa dinámica incluyó al movimiento indígena, sectores de clase media de las grandes ciudades, el campesinado, la clase obrera, así como amas de casa, estudiantes y desempleados. La oposición decidida de dichos grupos a los gobiernos más reaccionarios del período terminó en la deposición de tres presidentes neoliberales en el intervalo de una década. La llegada de Correa decantó la experiencia de organización y movilización posdictadura, y su característica general fue la oposición al neoliberalismo y la recuperación del papel regulador del Estado.

Algunos antecedentes históricos permiten comprender cómo la sociedad ecuatoriana realizó transformaciones radicales dentro de estructuras de gobernabilidad propias de los regímenes capitalista-dependientes, sin pasar por experiencias traumáticas de violencia y lucha armada. Tres de esos antecedentes fueron determinantes para la construcción de una sociedad secular, característica que se reflejaría en el modo de negociar los antagonismos políticos: la revolución liberal de fines del siglo XIX; la presencia activa de la izquierda en el diseño sociopolítico del país a lo largo de los siglos XX y XXI; y los procesos de reforma agraria que, a pesar de ser tímidos, impusieron como regla de resolución de los conflictos en el campo la negociación en vez de la confrontación armada. Esta particularidad hizo que se siguieran manteniendo trazos neocoloniales y que se impusiera el modo neoliberal en el campo (Grandin, Figueroa, Molano).

Entre las herencias más significativas de la revolución liberal se encuentran la secularización derivada de la confrontación radical de los liberales con el control ideológico y económico de la Iglesia, el surgimiento de sectores más o menos progresistas dentro de las fuerzas armadas, y la transición del liberalismo al socialismo, que se expresó no sólo en el ámbito partidario, sino también en influyentes corrientes de pensamiento, como el indigenismo, o en la precoz fundación de disciplinas del campo de las ciencias sociales, como la sociología.

La secularización tuvo un gran impacto en la vida cotidiana de los ecuatorianos. La ley de divorcio, por ejemplo, entró en vigor en 1912, hace ya más de medio siglo. La presencia de sectores sociales progresistas en las fuerzas armadas, por otro lado, se manifestó en diversas coyunturas. La Revolución Juliana, en la década de 1930, fue uno de esos episodios. Los militares progresistas ofrecieron una importante resistencia a los sectores plutocráticos, que habían frenado los avances promovidos por el liberalismo. También fueron fundamentales para trazar el programa de gobierno nacionalista de la junta militar que bajó del poder a Velasco Ibarra, en 1971. El ministerio formado en aquella ocasión llegó a incluir representantes de la izquierda. El ala progresista de los cuarteles también explica por qué las fuerzas armadas ecuatorianas tuvieron una participación relativamente secundaria en las oleadas de terror que caracterizaron a las dictaduras en las décadas de 1970 y 1980, en América del Sur y central.

Los procesos de reforma agraria de 1964 y 1973 dieron el golpe final a las estructuras heredadas de la colonia, como los huasipungos –pequeños pedazos de tierra que los latifundistas ofrecían a los indios a cambio de su trabajo gratuito‒, y establecieron las bases para una gran migración de la población rural hacia las ciudades y para la politización del movimiento indígena.

Otro legado de las reformas fue haber quitado el poder latifundista de la iglesia católica y facilitado el surgimiento de un ala popular dentro de ella, vinculada a las pastorales sociales y a la Teología de la Liberación. Sus representantes cumplieron un papel fundamental en la organización de campesinos, indígenas y sectores populares urbanos.

A fines de la década de 1980 el país sufrió las consecuencias de la caída del Muro de Berlín y del socialismo real en Europa del este. La izquierda tradicional se debilitó y en su lugar se consolidaron los llamados Nuevos Movimientos Sociales. Éstos establecieron formas renovadas de actuación de los sectores progresistas, abandonando, en algunos casos, la idea de revolución por reivindicaciones puntuales y particulares, pero no menos radicales. La acción de esos nuevos actores políticos tuvo efectos contradictorios: por un lado, sirvió para ampliar la participación de la sociedad y para su democratización, pero en otros casos el énfasis puesto en los requerimientos particulares hizo que surgieran lógicas corporativas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Éstas se consolidaron sustituyendo al Estado, fortaleciendo así los principios neoliberales.

Los Nuevos Movimientos Sociales se articularon en torno de demandas ambientales, de género, y en favor de la ampliación de servicios y demás reivindicaciones de regiones carenciadas. Entre ellos, hay que mencionar especialmente al movimiento indígena, por su papel protagónico en las dinámicas políticas a partir de 2000. Y también porque la cuestión indígena expresó una de las transformaciones más importantes de la historia reciente de Ecuador y se convirtió en una de las vías de expresión más fuertes de la izquierda radical. Los diferentes levantamientos que hicieron caer a los gobiernos de Abdalá Bucaram, en 1997; de Jamil Mahuad, en 2000, y del coronel Lucio Gutiérrez, en 2005, fueron la mejor escuela política del electorado que apoyó la llegada de Rafael Correa al poder y que permitió que su gobierno se mantuviera.

Abdalá Bucaram tuvo un escandaloso, breve e influyente pasaje por la presidencia, luego de desarrollar su trayectoria política en Guayaquil, su ciudad natal, donde había sido alcalde. Allí usufructuó y desvirtuó la herencia política de su cuñado, el popular presidente Jaime Roldós, y en cuya memoria fundó el Partido Roldosista Ecuatoriano. Con su estilo excéntrico y personalista, Bucaram ayudó a profundizar la crisis de los partidos, que coincidió con el auge neoliberal. Conocido como “el loco”, era merecedor del epíteto. Su figura combinaba elementos populares y una explosiva mezcla de moralismo, machismo y autoritarismo.

La llegada de Bucaram a la presidencia significó un claro distanciamiento de las prácticas políticas de su inspirador, el fallecido presidente Roldós. Adepto del neoliberalismo, su gobierno se manifestó a favor de la apertura económica y de la destrucción de las conquistas sociales que provenían del boom petrolero de la década de 1970. Se eliminaron los subsidios al gas, la gasolina y los servicios públicos. La energía eléctrica residencial, por ejemplo, tuvo un aumento del 400%. Una política de flexibilización de los derechos de los trabajadores hecha a medida de los patrones acabó con importantes conquistas. La participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, que era del 15% se redujo al 1%. Las indemnizaciones por despido fueron eliminadas, el período de experiencia para un contrato de trabajo se amplió y el régimen de vacaciones tuvo algunos cambios.

 

Los gastos sociales, que en 1983 representaban el 12,1% del presupuesto nacional, en 1996 se habían reducido al 5,18%, gracias a los recortes en educación y salud promovidos por Bucaram. Centralizaba el presupuesto social y hacía un uso clientelista de él. Por otro lado, el presidente patrocinó la privatización de empresas estratégicas, como Incemel, de electricidad; Emetel, de telecomunicaciones, y Petroecuador, de petróleo.

Durante su gobierno, la corrupción y el nepotismo alcanzaron niveles alarmantes. Uno de sus hijos, Dalo Bucaram, no se privó de alardear cuando conquistó su primer millón, acumulado poco después de asumir el mando de la aduana nacional. El mismo Bucaram, inmediatamente después de ser depuesto, huiría cargando unas maletas llenas de dinero tomado del Estado. La caída del presidente ocurrió después de una movilización masiva en la que el movimiento indígena fue el actor principal. El empujón que faltaba para derribar al presidente vino de la derecha, debido a los intereses encontrados entre Bucaram y el Partido Social Cristiano. Él fue declarado mentalmente incapaz y abandonó la presidencia; se refugió en Panamá el 6 de febrero de 1997. El mandato fue concluido por el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, en una maniobra que, por razones de género, sacó del medio a la vicepresidente Rosalía Arteaga. Así pues, a pesar de ser la sucesora de Bucaram, ocupó la presidencia por algunas pocas horas.

Jamil Mahuad, del Partido Demócrata Cristiano, venció en las siguientes elecciones y asumió el 10 de agosto de 1998. A pesar de la caída estrepitosa de Bucaram, el candidato del Partido Roldonista Ecuatoriano, Álvaro Noboa, llegó a la meta presidencial en segundo lugar, mostrando que el líder depuesto todavía era influyente. Noboa tuvo un buen desempeño electoral en la región serrana y también en el litoral, lo cual es una prueba del peso de las regiones en la política ecuatoriana a fines del siglo XX.

El gobierno de Mahuad se caracterizó por drásticas medidas monetaristas, que incluyeron la dolarización de la economía, implementada con el objetivo de detener la ola inflacionaria. La moneda nacional sufrió una acentuada devaluación, pasando de 4.000 a 25.000 sucres por dólar. Mahuad estableció una serie de alianzas con la derecha, a fin de garantizar que se aprobaran los ajustes estructurales que, además de la dolarización, profundizarían el proyecto de privatización de empresas estatales.

Durante su gobierno las movilizaciones sociales alcanzaron su mayor expresión y el movimiento indígena, una vez más, tuvo un papel destacado. Consiguió, incluso, articular un movimiento de base popular amplia, pero finalmente el proyecto terminaría perdiendo fuerza.

El movimiento indígena y la movilización de sectores del ejército fueron decisivos para la salida de Mahuad. Un grupo de coroneles estaba descontento con la reducción del presupuesto de las fuerzas armadas y también a causa de un acuerdo de paz firmado con Perú. Una alianza entre indígenas y coroneles tomaría el poder por algunas horas y lo entregaría al vicepresidente, Gustavo Noboa, quien concluyó el mandato.

En las elecciones de 2003, el resultado de las urnas llevó a la presidencia al coronel Lucio Gutiérrez, uno de los militares que había encabezado la revuelta contra Jamil Mahuad y que conformó, junto con Antonio Vargas, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y con el ex presidente de la Corte de Justicia, Carlos Solorzano, el triunvirato que asumió el poder por pocas horas tras la deposición de Mahuad. Gutiérrez triunfó con un importante apoyo de sectores de izquierda, que veían en él una especie de Hugo Chávez ecuatoriano. No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que el coronel mostrara su verdadera cara. Se aproximó a los Estados Unidos, negociando acuerdos comerciales e invirtiendo en el fortalecimiento del papel de Ecuador como gran aliado económico y militar de la potencia del norte. El apoyo al gobierno por parte de la Conaie y Pachakutik – Movimiento de Unidad Plurinacional, Nuevo País, duró más de lo deseado y representó un duro golpe contra el movimiento indígena. A partir de entonces, el movimiento perdió su papel protagónico en las movilizaciones contra los regímenes neoliberales. Ese cambio daría fuerza y visibilidad a los demás sectores, que fueron fundamentales tanto en el derrocamiento de Gutiérrez, como en el triunfo de Rafael Correa. Recién llegado a la presidencia, Gutiérrez dio comienzo a las prácticas nepotistas, dando luz verde a la corrupción. Él mismo se encargó de establecer pactos con las elites más sospechadas de las agrupaciones de derecha, como el PRIAN, de Álvaro Noboa, y el PRE, de Bucaram, y también con sectores maoístas albergados en el partido Movimiento Popular Democrático (MPD). Su intención era conseguir apoyos a fin de enfrentar a la oposición del líder más influyente de la derecha ecuatoriana, el ex presidente León Febres Cordero, y controlar las cortes de justicia y el tribunal electoral.

En la práctica, esa coalición espuria comandó un asalto a las instituciones y a los organismos de Estado, como el Servicio de Rentas Internas y la Petroecuador; cooptó los procesos de negociación de la deuda externa, y los acuerdos resultantes del tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Además de pronorteamericano, el gobierno de Gutiérrez se convirtió en aliado de la extrema derecha colombiana, liderada por el presidente vecino, Álvaro Uribe. Después de un tiempo, los aliados de izquierda abandonaron la coalición pero la proximidad que mantuvieron con Gutiérrez fue determinante del debilitamiento que sufriría en el futuro. A fin de consolidar su alianza con el PRE y conseguir los votos que permitieran llevar a cabo sus proyectos, Gutiérrez anuló el proceso contra Abdalá Bucaram, usando sus influencias sobre el presidente de la Corte Suprema, “Pichi” Castro. El retorno de Bucaram al país agitó todavía más las olas de movilización y de protesta que llevarían a la caída de Gutiérrez. En el auge de las manifestaciones, el presidente llamó “forajidos” a los miles de ciudadanos y ciudadanas que salían a las calles de las diferentes ciudades del país y, en especial, de Quito, la capital. Una vez depuesto el presidente, esa fuerza social se organizó en nuevos colectivos políticos, que serían los responsables de un cambio en la escena ecuatoriana, con el triunfo de Rafael Correa en 2007.

Los gobiernos Rafael Correa: avances y desafíos

El 1° de mayo de 2015, las principales ciudades ecuatorianas fueron el escenario de importantes concentraciones para celebrar el Día del Trabajo. Una de ellas fue convocada por el gobierno Rafael Correa, que entonces sumaba ocho años en la presidencia; y la otra fue convocada por una pluralidad de movimientos de oposición, que aglutinaba a sectores de la derecha y de la izquierda radical. En su discurso, el presidente destacó las cifras relacionadas con las transformaciones estructurales que ocurrieron en Ecuador desde la llegada al poder de la Alianza País, el partido que representa: en 2006, 170.000 trabajadores eran sindicalizados. En 2015 ese contingente sumaba 370.000 afiliados. La seguridad social registraba 120.000 inscriptos en 2006. En 2015 ese número sobrepasaba los 3,1 millones de personas. El salario mínimo era de US$ 160 en 2006. En 2014 se había más que duplicado, alcanzando los US$ 354, lo que por primera vez permitió cubrir los gastos de la canasta familiar. Mientras que en 2006 imperaba la desregularización laboral, en 2015 la legislación prohibía la contratación por horas y con plazo fijo. Cuando el gobierno Correa estableció el nuevo marco laboral, los empresarios se apresuraron a divulgar previsiones catastróficas de desempleo, garantizando que si se lo cumplía sólo se desestimularían las contrataciones. Desde entonces, los números del desempleo no dejaron de caer. En 2015, rondaban el 4%, un recorte histórico. Al mismo tiempo, las políticas de Estado de carácter redistributivo permitieron que casi dos millones de ecuatorianos salieran de la línea de pobreza en el lapso de ocho años.

El discurso de Correa destacó ciertos avances laborales en ocasión de la celebración del Día Internacional de Trabajo, pero también para hacerle frente a la campaña de la oposición. En su lucha contra el presidente, la oposición siempre contó con un aliado ruidoso: los grandes medios. A pesar de autoproclamarse “independiente”, los medios vienen oponiéndose sistemáticamente a las medidas gubernamentales. El marco regulatorio de los medios de comunicación, por ejemplo, fue presentado como un atentado a la libertad de expresión. El fin del carácter fijo de 40% de las contribuciones del Estado a la previsión social apareció en las páginas de los diarios, en la radio y en la TV, como una medida que podría llevar al sistema jubilatorio a la quiebra.

El 1° de mayo de 2014, las manifestaciones fueron precedidas por una amplia convocatoria patrocinada por los medios de comunicación, que llamó al pueblo a las calles para protestar contra el gobierno. La prensa viene cediendo generosos espacios para que representantes de la derecha y de la izquierda castiguen a Correa, en la esperanza de que uno de ellos se consolide con una candidatura de oposición en las próximas elecciones presidenciales. La campaña mediática ha cuestionado, especialmente, la transformación de la matriz productiva como uno de los ejes más importantes de la revolución ciudadana propuesta por Correa, y el peso que el petróleo continúa teniendo a la hora de mantener un modelo exportador primario.

El alineamiento de la extrema izquierda con la oposición conservadora puede ser visto como una respuesta a sus intereses corporativos contrariados, intereses que se habían fortalecido con el auge del período neoliberal. Como veremos, por medio de una imagen esencialista del indígena, un sector de la izquierda construyó una oposición basada más bien en la defensa de una pauta particular, que en la construcción de una alternativa política de poder, o en la profundización de un proyecto de democracia radical.

Planes de gobierno y mecanismos de concreción

La llegada al gobierno de la Alianza País puso en evidencia, antes que nada, que las promesas de transformación no eran mera retórica de campaña. Era indispensable crear e implementar un plan económico y social suficientemente amplio y capaz de romper las asimetrías heredadas de un modelo neocolonial, profundizado con el neoliberalismo. Dicho modelo se expresaba en los ámbitos de clase, de etnicidad y de género, así como en las grandes diferencias regionales y en la agudización de la dependencia del país al capitalismo global. La alternativa sociopolítica propuesta por Correa se apoyaba en la recuperación del papel regulador del Estado y en la elaboración de un marco de relaciones internacionales que diera prioridad al interés nacional y regional, y no al de las elites nacionales e internacionales con el neoliberalismo.

La llegada de Rafael Correa fue precedida por la decisión radical de no incluir candidatos al Congreso, debido al nivel de desprestigio de sus representantes, y a fin de cumplir la promesa de campaña de convocar una asamblea constituyente que permitiera elaborar y aprobar una nueva constitución y crear una nueva estructura de Estado. Sin contar con miembros en el Congreso y al haber establecido como uno de sus principales objetivos la refundación del país mediante una nueva constitución, Correa salió a buscar apoyo en los sectores progresistas que tenían representantes en el Congreso y apeló a los organismos electorales a fin de que permitieran convocar a un plebiscito nacional, lo que era posible según la constitución entonces vigente.

La propuesta del plebiscito nacional encontró mayoría en el Congreso, pero fue ignorada por los representantes de la derecha y de los sectores ligados al neoliberalismo. Entonces, el tribunal supremo electoral tuvo que destituirlos y sustituirlos por sus suplentes, y definir, así, la convocatoria aprobada por la mayoría. La consulta popular por la aprobación o no de una asamblea constituyente se realizó el 15 de abril de 2007. Ganó el Sí con el 82,72% de los votos. En septiembre del mismo año se realizó la elección de los constituyentes. La Alianza País conquistó 80 de los 130 escaños disponibles, lo que le otorgó un amplio margen en la elaboración de la nueva constitución.

La ciudad de Montecristi, cuna del caudillo liberal Eloy Alfaro, albergó los trabajos constituyentes. La elección indicaba que la carta en gestión respondería a las aspiraciones más radicales del liberalismo, pero mostraba también un interés genuino de descentralizar el poder. Lo que, en la práctica, dio como resultado la presencia del ejecutivo en todo el país representado en gabinetes itinerantes, que todas las semanas rendían cuentas sobre el curso de los trabajos.

A diferencia de la descentralización neoliberal, la descentralización concebida por el gobierno se expresó también en políticas de redistribución económica para regiones que siempre fueron vistas como simples zonas de explotación, como las áreas petroleras de Amazonia, y asimismo en la elaboración de políticas públicas que dieron prioridad a la salud y la educación en regiones tradicionalmente marginadas.

La asamblea constituyente inició sus trabajos el 30 de noviembre de 2007, y terminó sus funciones el 25 de octubre de 2008. La redacción de la nueva constitución finalizó el 24 de julio. Ésta fue sometida a un referendo el 28 de septiembre de 2008, y fue aprobada con el 82,72% de los votos. Antes de terminar sus funciones, la asamblea constituyente estableció la comisión legislativa y de fiscalización y la función electoral, encargadas de hacer valer el cumplimiento de la disposición constitucional de adelantar el calendario electoral. La redacción de la Constitución movilizó la sociedad política de Ecuador. Montecristi recibió miles de visitantes de colectivos y representantes de diversas regiones del país, interesados en dejar su marca en la carta. Y a partir de Montecristi, los constituyentes se dirigían a las respectivas bases electorales, generando una dinámica que resultaría en la carta más innovadora de la historia de Ecuador, y también una de las más extensas del país.

La Constitución de Montecristi tiene 44 artículos, divididos en nueve títulos, 40 capítulos, 93 secciones y 30 disposiciones transitorias, así como un dispositivo derogatorio, un régimen de transición y una disposición final. El volumen, que fue motivo de crítica, puede ser interpretado como resultado del carácter participativo de su elaboración y prueba también de las transformaciones fundamentales que tuvieron lugar en la historia republicana de Ecuador. La carta da cuentas de la inclusión democrática del país en la globalización, incorpora la pluralidad de los diferentes actores que conformaron el país y reconoce, simultáneamente, las responsabilidades del Estado en generar un desarrollo sustentable y los derechos de la naturaleza. En relación con la división de poderes, el texto establece otros dos, además del ejecutivo, el legislativo y el judicial: la función electoral, representada por el consejo nacional electoral y el tribunal contencioso electoral, y la función de transparencia y control social, representada por el consejo de participación ciudadana y de control social. La aprobación de la Constitución sirvió de base para el marco legal y normativo sobre el cual se asentó el proyecto de la revolución ciudadana. Las transformaciones vividas por el país en los ocho años de gobierno Correa no tuvieron parangón en la historia nacional. Los números de 2014 señalaban a Ecuador como el país que más había avanzado en desarrollo humano. Su clasificación pasó el nivel medio alto. La proporción de pobres respondía por el 25,6% del total de la población; y los que vivían en extrema pobreza, el 8,6%. Los salarios ecuatorianos estaban entre los más altos de la región y el trabajo tercerizado quedó prácticamente desterrado del país.

El modelo ecuatoriano fue a contramano del pregonado por el Consenso de Washington –suspensión de las garantías y de los derechos sociales, entre otras medidas‒; de esta manera se mostraba competitivo y ventajoso. Los salarios crecieron y el país surgió como un mercado atractivo debido a las grandes inversiones en rutas, puertos y aeropuertos, así como por los índices de seguridad y confiabilidad de la justicia. A diferencia de los modelos neoliberales, en los que la inseguridad se convierte en un problema estructural articulado a los intereses privados que, en lugar de resolverlo, lo agravan, en Ecuador el Estado introdujo medidas radicales que llevaron a una profunda depuración del sistema de justicia, el penitenciario y el policial.

En el sector energético, la administración Correa introdujo mejorías tecnológicas que actualizaron Esmeraldas, una refinería estratégica. Invirtió también casi US$ 900 millones en el proyecto de la refinería del Pacífico, que en 2015 se encontraba en una etapa avanzada de su construcción y generaba casi tres mil empleos directos. La renovación del parque termoeléctrico representó una economía de US$ 500 millones y dejó de comprarse diesel importado. Por otra parte, el gobierno viene apostando en proyectos eólicos y en nuevas termoeléctricas. El objetivo es cambiar la condición de importador por la de exportador de energía limpia.

La economía del país continúa dependiendo de la exploración petrolera y de la exportación de materias primas. Pero la decisión política de cambiar la matriz productiva ya aumentó la participación de la exportación no petrolera y de las materias primas procesadas –incluidos los derivados del petróleo- en las cuentas nacionales. El buen momento de la economía ecuatoriana durante el gobierno de Correa también estuvo ligado al crecimiento del papel estatal en los negocios petroleros. Los contratos fueron renegociados, se volvió a comprar la deuda externa y la recaudación de impuestos creció con procesos más eficientes.

 

El modelo económico apuesta, por un lado, a la transformación del carácter primario exportador, y por otro al talento humano. El gobierno se convenció de que es necesario acogerlo e incentivarlo, y que la mejor forma de hacerlo es garantizando el acceso universal a una educación pública de calidad en todos los niveles de la enseñanza. Por lo tanto, un frente de acción reunió inversiones en infraestructura y en la capacitación permanente de los docentes. Se implementaron mecanismos de evaluación para los profesores y ajustes salariales, con el fin de incentivar y consolidar las carreras académicas. En 2015, la media salarial de un profesor de la enseñanza ecuatoriana era de US$ 1.100.

En el ámbito de la enseñanza superior también se implementaron medidas radicales. La inversión en el sector pasó de 1,1% a 2% del PBI, uno de los índices más altos del mundo. La medida estuvo acompañada de un procedimiento legal y normativo, destinado a revertir los desastrosos efectos del neoliberalismo en la educación superior, que ofreció una formación indiferente a las necesidades nacionales, llegó casi a eliminar la educación pública y transformó la enseñanza en un negocio, en muchos casos, alejada de la calidad y de la pertinencia de los temas. Se crearon la secretaría nacional de educación superior, ciencia y tecnología, el consejo de educación superior y el consejo de evaluación y garantía de la calidad de la educación superior, encargados de establecer parámetros de calidad y de fiscalizar su cumplimiento.

En ese proceso se cerraron catorce universidades que representaban lo que se calificó de “fraude académico”. El acceso de las instituciones de enseñanza superior a los fondos públicos se hizo transparente y se crearon cuatro universidades consideradas estratégicas para el proceso de transformación de la matriz productiva: la universidad de ciencia y tecnología Yachay, la universidad nacional de educación, la universidad Ikiam de las ciencias de la vida, la universidad de las artes, todas ubicadas en las afueras de Quito, para responder al deseo de descentralización.

Igualmente importante fue la inversión en los institutos técnicos, que se encontraban abandonados. Comenzaron a funcionar articuladamente con la enseñanza superior y fueron redistribuidos según las necesidades regionales y las exigencias propias de la calidad y la pertinencia de los temas. Otra medida de fuerte impacto fue la creación del Proyecto Prometeo, con el objetivo de internacionalizar la educación superior ecuatoriana, trayendo académicos de afuera para enseñar en el país y dando oportunidad a los ecuatorianos de completar su formación en el exterior, ofreciendo becas de maestría y doctorado en programas internacionales. Desde la creación del proyecto hasta 2015, casi 800 profesionales extranjeros habían aportado al país y 8.000 becas habían sido concedidas.

Contra lo pronosticado por los sectores de la oposición, especialmente la izquierda, que creían que la introducción de medidas como exámenes y el cumplimiento de requisitos de calidad serían un obstáculo para los sectores más desprotegidos de la población a la hora de acceder a la educación, los cambios trajeron avances notables. Los indígenas y los afrodescendientes, por ejemplo, alcanzaron la media nacional de incorporación a la educación básica. Y los sectores más pobres de la población aumentaron su inserción en la enseñanza básica, de 31% a 56%, y 27% de ellos tuvieron acceso a la universidad.

En el plano internacional, Ecuador apostó a la creación de nuevas reglas y nociones en relación con el sur global. La tragedia histórica y social provocada por la bancarrota económica de 1999, que obligó a casi dos millones de ecuatorianos a abandonar el país, sirvió para que el gobierno de la revolución ciudadana contemplara la situación de los inmigrantes en Ecuador –y de los ecuatorianos que vivían en el exterior‒ desde una nueva perspectiva. Así pues, comenzaron a ser considerados ciudadanos de pleno derecho. Esa visión se opone a la práctica neoliberal, que no sólo crea condiciones para expulsar altos contingentes poblacionales de su patria natal, sino que los criminaliza cuando están en tierra extranjera. En ese sentido, Ecuador flexibilizó la entrada de inmigrantes, con el objetivo de tener contrapartidas internacionales que apoyaran las reivindicaciones a favor de sus compatriotas en el mundo. También implantó acciones concretas de amparo a los ecuatorianos afectados por la crisis financiera en España, cuando les expropiaron sus casas. El gobierno ofreció asesoramiento jurídico y apoyo económico, lo que permitió resolver centenas de casos.

Aun en el ámbito internacional, el país trabajó activamente en la creación de nuevos foros regionales e internacionales, de manera de no quedar a merced de decisiones influenciadas por el poder económico y político del norte. El esfuerzo dio como resultado avances concretos, como la resolución definitiva de territorios de frontera, y el establecimiento de dispositivos regionales que prohíben y desestimulan la intervención de fuerzas militares y políticas extrarregionales en conflictos sudamericanos. El gobierno también obtuvo algunas victorias en la lucha por la indemnización que sostiene contra la multinacional de petróleo norteamericana Chevron, responsable por un desastre ambiental en Amazonia en los años en que operó en la región, entre 1972 y 1990. Incluso el servicio diplomático ecuatoriano, históricamente de elite, percibió los aires democráticos con la incorporación de gente del pueblo a sus cuadros.

Dichos avances constituyeron algunas de las conquistas de los ocho primeros años de gobierno de la revolución ciudadana y pusieron en jaque el discurso neoliberal, que pregona el abandono de la soberanía nacional por la vía de la privatización del Estado y la renuncia de la construcción de un futuro. Incluso así, en Ecuador se gestó una oposición tanto de derecha como de izquierda, que amenaza con un retroceso en lo logrado hasta ahora. A partir de la oposición de la izquierda que, con base en un esencialismo etnicista y en una idea de ecología, se contrapone al modelo de desarrollo propuesto por el gobierno, y que combate también los avances en la educación, podremos ver algunos de los desafíos más complejos que amenazan el proyecto de la Alianza País.

Apertura de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur, en Santa Cruz, Galápagos, en mayo de 2014 (Cancillería del Ecuador)

La revolución ciudadana y los cambios de escenario a partir de 2014

El gobierno de Rafael Correa mantuvo una clara hegemonía política hasta las elecciones del 23 de febrero de 2014. A partir de entonces, se renovaron viejas fuerzas debilitadas, surgieron otras nuevas y entre todas comenzaron a ejercer gran presión en la política nacional. En la contienda, la Alianza País perdió ante la derecha la importante gobernación de Quito y no consiguió derrotar al popular líder social cristiano Jaime Nebot, que venía al frente de la alcaldía de Guayaquil desde 2000 y cuya victoria prolongó su mandato hasta 2019. De la misma forma, Paúl Carrasco, figura de la oposición vinculada a la socialdemocracia, mantuvo la alcaldía de Azuay, el tercer estado más importante del país. Carrasco ocupa el puesto desde 2002. También hubo importantes triunfos tanto de partidos de derecha, como Suma y Creo, y de otros próximos a la socialdemocracia, como Avanza, que hasta poco antes de la elección era aliado del gobierno. Hay que mencionar también el cambio de posición del Partido Socialista, que todavía tenía un grupo importante de cuadros que apoyaban a Correa. Resumiendo, la Alianza País no consiguió controlar las dos ciudades más importantes del país, ni el tercer estado más importante de la nación. Así, la gobernabilidad pasó a depender más fuertemente de las alianzas regionales, lo que hasta entonces no había sido necesario.

El resultado de las elecciones de 2014 apuntó también a un debilitamiento del ala de izquierda del gobierno y del movimiento Alianza País. La oposición comenzó a manifestarse con vehemencia, principalmente en los medios de comunicación, y a ocupar las calles de manera ostensiva. Por primera vez, en ocho años de gobierno Correa, comenzaron a escucharse voces que pedían su salida, lo que llevó al presidente a consolidar la teoría de que detrás de los movimientos de la oposición se escondía una estrategia desestabilizadora, que él clasificó de “golpe blando”.

La oposición reunió sectores de la derecha y de la izquierda que se articularon en torno de viejas y nuevas demandas. El grupo se movilizó, por ejemplo, contra la ley de comunicación que estableció avances importantes, como los mecanismos que permiten a la sociedad defenderse de los abusos mediáticos, y nuevos criterios para la distribución de los canales de radio, para impedir la formación de monopolios. La oposición también cerró filas contra la idea del ejecutivo de proponer una ley que permitiera la reelección ilimitada y se rebeló contra la reforma que proponía modificar el índice que corresponde a la parte del gobierno en el pago de las jubilaciones. El gobierno quería flexibilizar el índice –fijado en 40%‒ a fin de que variara conforme a las necesidades reales del instituto ecuatoriano de previsión social.

La izquierda también se opuso a la ley que pretendía proteger la industria nacional, mediante el aumento de los impuestos de importación de un determinado conjunto de bienes. Como Ecuador no tiene moneda nacional, no puede recurrir a la devaluación ante situaciones como la caída de precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar, lo que encarece sus ítems de exportación y los deja en desventaja dentro del mercado internacional. La oposición, liderada por la organización indígena Conaie, se concentró principalmente en la crítica a la ley de tierras, porque para la perspectiva de la organización no combatía el latifundio. La Conaie protestó también contra la exploración petrolera del Yasuní y contra medidas tomadas en el campo de la educación intercultural.

El resultado de tantas presiones puede verse en las calles. Durante 2015 se realizaron diversas marchas contra el gobierno, y otras tantas pidiendo que la gestión Correa se dirigiera a la radicalización política, lo que podría significar un salto peligroso rumbo a la ingobernabilidad. Una de las iniciativas gubernamentales que despertó la furia de la oposición de derecha fue la ley de herencia y plusvalía, que propone tasar en hasta el 75% herencias que superen el valor de cien salarios mínimos, y cobrar impuestos de propiedades que tengan ganancias resultantes de la especulación y del aprovechamiento de la renta derivada de inversiones públicas.

La derecha lideró una serie de movilizaciones agresivas contra esas leyes, lo que llevó al gobierno a cambiar de estrategia, proponiendo, entonces, un gran debate nacional. La idea era avanzar más allá de las leyes en cuestión y discutir con la sociedad civil un proyecto de país. El gobierno propuso que el diálogo girara en torno a cuatro principios: la profundización de la democracia; la participación activa de la sociedad en los rumbos del país; la prioridad del bien común por sobre los intereses personales y sobre las demandas corporativas; y la generación de corresponsabilidades ciudadanas.

El análisis de ciertos puntos en los que se basa la oposición liderada por la izquierda permite mostrar cómo las transformaciones llevadas a cabo por el gobierno Correa afectaron intereses corporativos, que la izquierda misma creó en las últimas décadas. De esa forma es posible entender las convergencias de la izquierda con la derecha neoliberal en su oposición al gobierno.

El gobierno de Correa y la oposición de izquierda

El 24 de junio de 2008, Alberto Acosta presentó su renuncia a la presidencia de la Asamblea Constituyente, gesto que se convertiría en una de las rupturas más significativas de la izquierda liderada por la Alianza País y por el gobierno de Rafael Correa. Presionado tanto por el gobierno como por el buró político por no haber cumplido con el plazo estipulado para la redacción de la nueva Constitución, Acosta sugirió la ampliación de los trabajos. Tuvo un no como respuesta tanto de su partido como del presidente, que cultiva el lema “trabajar extremadamente bien y extremadamente rápido”.

Al dejar el gobierno y el partido, Acosta definió su oposición a Correa, apartándose definitivamente del presidente en temas como la exploración minera, la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní (el proyecto Yasuní ITT), los exámenes para el ingreso en las universidades y las negociaciones comerciales con Europa. Acosta argumentaba que Rafael Correa le había hecho un guiño a la derecha, y que esto se notaba en la resistencia presidencial para implementar la reforma agraria, en la exhibición de un modelo de gobierno autoritario y de orientación religiosa conservadora, a juzgar por la oposición al aborto y al casamiento homosexual.

Sin embargo, al ignorar los avances promovidos por la administración Correa, Acosta reveló la situación paradójica de un sector de la izquierda ecuatoriana, que legitima su oposición a partir de la postura del “todo o nada”: el gobierno traicionó a la izquierda porque no satisface todas sus reivindicaciones del grupo. Mientras una parte de esa izquierda formula reivindicaciones que parecerían radicales, muchos de sus representantes participan de frentes con los sectores más retrógrados de la derecha ecuatoriana, como fue evidente en la aproximación entre el Movimiento Pachakutik y Guillermo Lasso, una de las cabezas coronadas del neoliberalismo ecuatoriano. ¿Cómo entender, finalmente, la radicalización de la oposición de izquierda y su aproximación con el sector más representativo del neoliberalismo en el país?

La aproximación de la izquierda a la derecha para oponerse a Correa se da porque ambas vieron afectados sus intereses corporativos forjados durante el auge neoliberal. Esto queda ejemplificado en el tratamiento que dichos sectores de izquierda dieron a las transformaciones llevadas a cabo por el gobierno en temas como ecología, educación superior y etnicidad, y en la manera en que combatieron la determinación de Correa de construir una sociedad basada en la democracia radical.

La oposición de ultra izquierda se concentró en sectores en los que había creado un capital político transformado en interés corporativo. Como ejemplo se puede citar el rechazo al ordenamiento estatal promovido en la educación, en la planificación del manejo del agua y en la decisión gubernamental de propiciar la extracción y la exploración minera con control de las minas ilegales.

Otro frente de oposición fue el ambientalismo, principalmente en torno del proyecto Yasuní ITT. La idea del gobierno era dejar bajo tierra por tiempo indeterminado 856 millones de barriles de petróleo localizados en las reservas ecológicas Ishpingo, Tiputini y Tambococha, en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, si la comunidad internacional se comprometía a entregar el equivalente al 50% de las ganancias que se produjeron por la exploración de aquellos recursos petroleros. La propuesta, sin embargo, no encontró apoyo en el exterior y el gobierno comenzó a padecer una oposición beligerante de los ambientalistas.

Amparados en un discurso antidesarrollo, los militantes ambientalistas priorizaron los derechos de la naturaleza antes que las necesidades sociales y económicas del país. Las organizaciones ambientalistas, cuyos esfuerzos particulares estaban lejos de resolver los problemas ambientales del país y tampoco consiguieron cambiar las reglas del juego en relación con la apropiación de ganancias por parte de las transnacionales, se negaron a oír los argumentos del gobierno cuando éste presentó el proyecto de exploración de las reservas amazónicas. La extracción, según el plan gubernamental, haría uso de una tecnología de punta y tendría un impacto mínimo sobre la naturaleza. Además, el gobierno defendía la necesidad estructural de explorar los recursos naturales como medida indispensable para crear infraestructura y desarrollar el talento humano, necesarios para construir un modelo posextractivista.

Los ambientalistas hicieron oídos sordos y la oposición de izquierda tampoco presentó ninguna propuesta que decidiera a la comunidad internacional a compartir los costos de la preservación ambiental, como era el caso del proyecto Yasuní ITT.

En el plano educativo, el gobierno Correa emprendió una transformación sin precedentes en la historia republicana, con el objetivo de recuperar el papel estratégico que la enseñanza cumple en la sociedad. Se establecieron normas que estipulan el compromiso obligatorio del Estado como financiador de la enseñanza de calidad, y los deberes y las responsabilidades de los distintos actores que constituyen el sistema educativo. La iniciativa afectó, parafraseando a Marx, el consenso de mutua mediocridad establecido entre el sector de la izquierda, que había secuestrado el sistema educativo público, y el sector neoliberal, que siempre privilegió el fortalecimiento de la educación privada con el fin de formar cuadros de excelencia, adheridos a su proyecto político y económico, y consolidar la educación como negocio.

Como veremos, varios intelectuales de izquierda intentaron deslegitimar el proceso de recuperación de la educación impulsado por el gobierno, apelando a un excepcionalismo que ve los marcos regulatorios y los parámetros de calidad establecidos como categorías externas a la enseñanza, además de haber sido impuestos de modo vertical y autoritario por la administración Correa. Los críticos, sin embargo, no se percataron de que sus argumentos consolidan las asimetrías sociales y el papel dependiente de Ecuador en el contexto del capitalismo globalizado.

La educación superior se sometió a una gran reforma gestionada por Correa. Pasó a funcionar articulada a los planes de desarrollo trazados por el gobierno. Se crearon universidades consideradas estratégicas y se cerraron otras –consideradas, como ya hemos dicho, “fraudes académicos”‒. Se inició el proceso de consolidación del papel estratégico desempeñado por las universidades y por los institutos técnicos en el cambio de matriz productiva ecuatoriana. La intervención profunda del Estado en la educación como un todo –en la educación superior en particular‒ significó un cambio radical en el rumbo neoliberal que el segmento había seguido en las últimas décadas. Para que las transformaciones tuvieran éxito, era necesario corregir las consecuencias negativas de una autonomía universitaria que, en medio de la efervescencia neoliberal y con raras excepciones, dejaría a la universidad pública a merced del botín clientelista de partidos de izquierda como el Movimiento Popular Democrático, así como de facciones próximas a los partidos socialistas y comunistas ecuatorianos. Mientras tanto la universidad privada se convertía en un descarado negocio lucrativo. Una noción deformada de autonomía había sumido a la universidad a un desorden académico y organizacional. No por nada, la enseñanza superior ecuatoriana llegó a exhibir uno de los peores índices de la región en investigación y producción científica, colocando a la universidad a contramano de las necesidades sociales y económicas del país.

Sin embargo, era indispensable reformar los organismos de control de la enseñanza superior, que a su vez estaban integrados por representantes de las mismas instituciones que iban a ser reguladas. El gobierno trató de minimizar el peso de los sectores que habían secuestrado la universidad. Se impusieron criterios técnicos y meritocráticos para conformar los organismos encargados de regular el sector. Se persiguió la calidad y la pertinencia, los ejes principales de la normatización del sistema. Tras la reforma, las universidades fueron obligadas a consolidar su cuerpo docente teniendo en cuenta la calidad de la producción académica. Asimismo, los criterios para evaluar la generación de conocimiento académico y técnico tienen en cuenta las demandas económicas y sociales de un país empeñado en transformar su matriz productiva.

La reforma universitaria también intentó hacerse cargo de otras cuestiones como ser la internacionalización de la comunidad académica, la creciente movilidad profesional que ocurre paralelamente a los procesos de integración subcontinentales y continentales, y la constitución cada día mayor de comunidades científicas transnacionales. Reconoció también la vinculación de la educación superior con las realidades regionales y nacional, lo que se expresa en la incorporación de componentes como el principio de la pertinencia y de elementos interculturales provenientes del reconocimiento de la plurinacionalidad y de la interculturalidad en la constitución nacional.

Ecuador no puede darse el lujo de constituir una comunidad endógena, descontextualizada de los procesos mundiales. Esa postura reforzaría la dependencia externa y excluiría a los profesionales ecuatorianos de las comunidades internacionales y del conocimiento global.

En ese contexto, llama la atención que académicos de la oposición de izquierda, como Alberto Acosta y Pablo Ospina, hayan cuestionado el marco regulador de las universidades, caracterizando al Estado como un agente externo que viola la autonomía universitaria. Ellos reivindican un supuesto excepcionalismo, que coloca a la universidad ecuatoriana por encima de la meritocracia y de las nociones de calidad. Ospina criticó, por ejemplo, lo que denominó utilización de criterios “convencionales de calidad” en los procesos de evaluación. También cuestionó la exigencia del título de doctor hasta 2017 para los docentes investigadores de las universidades y la realización de pruebas para ingresar en las escuelas de enseñanza superior. Como alternativa propuso “permitir mecanismos descentralizados de identificación de los estudiantes según su preferencia, basados en entrevistas y ensayos, además de pruebas que se consideran apropiadas para cada curso y cada contexto local” (Ospina, 2013: 186).

Sus argumentos se convirtieron en declaraciones políticas de un sector que tergiversó las conquistas obtenidas gracias a las movilizaciones de la ciudad de Córdoba (Argentina), a principios del siglo XX, y que transformaron la autonomía universitaria conquistada en un ejercicio de intereses corporativos, que, en el Ecuador contemporáneo, paradójicamente aproximaron a sectores que se denominan de izquierda y al neoliberalismo. Del mismo modo, contra lo pronosticado por las predicciones de intelectuales de izquierda, la búsqueda de la calidad y la implantación de exámenes estuvo acompañada de la democratización en el acceso a la enseñanza superior, lo que fue bien notorio a partir de 2007, cuando se duplicaron las tasas de ingreso a la universidad de segmentos excluidos, como los pueblos indígenas y afroecuatorianos (Senescyt, 2015).

Asimismo es necesario hacer referencia a otro tópico que se convirtió en un factor importante para la movilización política de la oposición de izquierda: la problemática indígena. En trabajos anteriores (Figueroa, 2003; 2009) se demostró la importancia de identificar la coyuntura de los años 70 cuando ocurre el pasaje del indigenismo al neoindigenismo, esto es, el momento en que teorías políticas que acentuaban la incorporación de los excluidos étnicos al Estado nación, dieron lugar a teorías que sostenían la existencia de distancias ontológicas entre las nacionalidades y pueblos denominados ancestrales y los estados nacionales. Fueron varios los factores que contribuyeron a la construcción de ese nuevo escenario; entre ellos, el fracaso de la incorporación plena de nacionalidades y pueblos al Estado nacional y la continuidad de la marca racial y regional en los modelos internos coloniales, que se mantuvieron y se profundizaron a lo largo del siglo XX, especialmente en las últimas décadas de auge neoliberal.

Otros factores que también ayudaron a consolidar el neoindigenismo se relacionan con el debilitamiento del paradigma de clases, asociado a la crisis del llamado socialismo real en Europa; con las reformas neoliberales en el campo, que en las últimas décadas expulsaron sistemáticamente contingentes rurales a las ciudades, originando nuevos movimientos sociales, entre los cuales se destacan los movimientos étnicos; así como el surgimiento y la consolidación de una comunidad intelectual indígena. Ésta recreó las teorías esencialistas que académicos, teóricos y activistas nacionales e internacionales cercanos a los posmodernismos construyeron sobre los indígenas.

El caso de Ecuador permite ver cómo la emergencia de los movimientos sociales –movimientos de género, ambientalistas, étnicos, entre otros‒ estuvo acompañada de una serie de paradojas, ya que al mismo tiempo que las movilizaciones conquistaban derechos en el sentido amplio del término, incorporaban una serie de lógicas neocorporativas, que acentuaron intereses particulares y debilitaron la construcción de amplios frentes populares contrahegemónicos. Esta situación se volvió más evidente con la llegada de Correa al poder. Desde el comienzo de su gestión, hizo de la lucha contra los intereses corporativos uno de los ejes fundamentales de la recuperación del papel regulador del Estado, que se sumó al combate contra las prácticas políticas derivadas de la desregulación neoliberal.

Las tensiones entre el gobierno y la Conaie, por ejemplo, hablan de una disputa entre una lógica estatal que lucha contra los intereses corporativos y otra que se nutrió de una serie de teorías posmodernas opuestas a la intervención estatal, y que busca eliminar el ejercicio de la política moderna apelando a un esencialismo culturalista. Éste presupone diferencias esenciales entre pueblos y nacionalidades, entre estado nacional y modernidad. Esta concepción puede observarse en la misma historia de la Conaie, en especial en el intento frustrado de Pachakutik, en los años 90, de formar un bloque popular antihegemónico. El fracaso se debió, en gran medida, al peso que el esencialismo étnico tuvo dentro de la organización.

La visibilidad política conquistada por la Conaie a partir del levantamiento de 1990 y la crisis de los sectores clasistas de la izquierda, golpeados por la caída del socialismo real en Europa, incentivaron en 1995 la fundación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País (MUPP-NP), que tuvo un papel protagónico en la política ecuatoriana hasta los primeros años del siglo XXI. El MUPP-NP estuvo al frente de la movilización política que llevó a la caída de los ex presidentes neoliberales Abdalá Bucaram, en 1996, y Jamil Mahuad, en 2000, y formó parte del gobierno tumultuoso del coronel Lucio Gutiérrez, en 2003.

Pachakutik fue dirigido por la Conaie y por la segunda organización indígena Ecuarinari –Ecuador Renacumpaj Ricchmarimui‒, y en su constitución estuvieron presentes trabajadores de los sectores estratégicos, socialistas, comunistas y ex trotskistas, además de movimientos sociales de mujeres, ecologistas, y sectores de base de la Teología de la Liberación (Freidenberg y Alcántara Sáez, 2001). El partido tenía un año de vida cuando participó de las elecciones, disputando la presidencia, bancas en la asamblea nacional y en las provinciales, en las cámaras de concejales y alcaldías. Conquistó más del 20% de los votos en todo el país y se convirtió en la tercera fuerza política ecuatoriana (Freidenberg y Alcántara Sáez, 2001). Tras desempeñar un papel clave en la caída de Bucaram, en 1997, la Conaie y Pachakutik, ya por entonces reconocido como el movimiento político de la Conaie, tuvieron un papel protagónico en la Constitución de 1999, a partir de la formación de la alianza Concertación Democrática, que reunió a Pachakutik y a sectores de la socialdemocracia, de la izquierda democrática y del Partido Socialista Frente Amplio de Izquierda (Freidenberg y Alcántara Sáez, 2001). El debilitamiento político de Pachakutik comenzó a hacerse evidente tras su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y por la incapacidad estructural del movimiento para dirigir un frente popular amplio. En gran medida, la causa de ello fue que en el seno del movimiento primaron los intereses corporativos de los sectores etnicistas.

La formación de la Concertación Democrática permitió que la Constitución de 1999 introdujera demandas del movimiento indígena, como la declaración de la plurinacionalidad, pero no consiguió avances en las transformaciones estructurales del país, principalmente porque Pachakutik privilegió las demandas étnicas en detrimento de las demandas plurales de la Concertación (Freidenberg y Alcántara Sáez, 2001).

Por otro lado, como afirma Hernández (2004), durante el gobierno de Gutiérrez, Pachakutik entró en un proceso de negociación burocrática y abandonó la disputa por el sentido y la dirección del gobierno. Cuando la alianza se desarmó, las relaciones entre indígenas y mestizos en el interior del movimiento ya estaban deterioradas, y un sector de indígenas responsabilizó por el fracaso de la experiencia política a la presencia mestiza dentro del movimiento. Por su parte, la participación de Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez abrió un vacío en el liderazgo de oposición, que fue ocupado por sectores de clase media urbana, identificados como “forajidos” por el coronel Gutiérrez en uno de los momentos más crudos de la insurrección que terminaría derrocando al poder.

Vale la pena hacer referencia a algunas de las teorías derivadas del posmodernismo, que son apropiadas y vueltas a apropiar por las direcciones étnicas. Ellas acentúan las supuestas diferencias esenciales entre el Estado nación y los pueblos y nacionalidades, y tienen gran responsabilidad en el fracaso de proyectos populares contrahegemónicos, como podría haber sido Pachakutik. En dichas teorías convergen las críticas a los proyectos reguladores. Éstas promueven al Estado como un agente externo, que pervierte la autonomía de los pueblos sociales. En el caso de los movimientos étnicos, también difunden una idea de superioridad moral de los pueblos indígenas y de su modo de vida, que sería la solución de los males de la modernidad, lo que contribuye para despolitizar al movimiento y consolidar la exclusión económica y social de sus pares.

Las teorías neoindigenistas comenzaron a circular en el medio académico ecuatoriano a fines de los años 70, en la misma época en que los estudiantes indígenas comenzaban a tener acceso a la enseñanza superior, principalmente por medio de la Universidad Católica. Desde su irrupción, el indigenismo o neoindigenismo constituyó una parte importante del currículo y de la formación de departamentos como el de antropología, con autores latinoamericanos, especialmente mexicanos y peruanos, como Guillermo Bonfil, José Alcina Franc, Oscar Arze y Juan Ossio. Fueron esos intelectuales quienes construyeron imágenes persuasivas de los indígenas latinoamericanos como esencialmente opuestos a los Estados nacionales, a la integración, al desarrollo y, especialmente, al marxismo. Como afirma Alcina: […] se fundamenta en la visión cósmica de la vida y del mundo que para el indio significa el equilibrio y la armonía entre los distintos elementos de la naturaleza, de la cual él mismo es parte integrante. El indianismo es también la búsqueda y la identificación con el pasado histórico, pues pasado y presente forman un todo inseparable basado en la concepción colectivista del mundo […] Así es como el indianismo comienza a identificarse con un proyecto civilizatorio diferente del occidental, caracterizado por el capitalismo sin límites, el desarrollismo y el consumismo hasta su extremo más radical, la degradación contaminante del medio ambiente […] El indianismo como base ideológica de la acción política se encuentra confrontado a un marxismo revolucionario, tal vez matizado con un cierto culturalismo que constituye generalmente la base ideológica de los movimientos indígenas de México y de América Central (Alcina Franch, 1990:15).

Al mismo tiempo, teóricos y activistas influyentes con fuertes vínculos con la academia norteamericana y con los movimientos indígenas latinoamericanos, como Walter Mignolo y Catherine Walsh, sostienen teorías que radicalizan las distancias entre los Estados nacionales y los pueblos y nacionalidades (que en el caso de Ecuador son 14 nacionalidades y pueblos indígenas, además de afroecuatorianos y montubios). Para Mignolo, la oposición fundamental es la que se da entre los criollos/mestizos y los indígenas. Desde su perspectiva, los mestizos se limitaron a repetir miméticamente los patrones de modernidad euroamericana y a ejercer la exclusión y el racismo contra los pueblos ancestrales que, por su parte, encarnan la alternativa contra los desasosiegos de la modernidad. Walsh afianza las diferencias, como lo hace al citar a Fausto Reynaga: “[…] autonomía entendida como libertad de control de las iglesias, de los hacendados, de los comerciantes intermediarios y de los partidos políticos –incluidos los de izquierda‒, así como de las instituciones y de los modelos dominantes del Estado, y también como la concretización de proyectos políticos que se materializan en lo social, en lo político y en lo económico” (Reynaga, en Walsh, 2007:30-31).

En el discurso de esos teóricos y activistas sobresalen imágenes dicotómicas que desconocen las ricas y complejas articulaciones entre indígenas, mestizos y sectores populares, a la hora de diseñar agendas democráticas en los escenarios nacionales, al mismo tiempo en que niegan cualquier posibilidad de articulación conjunta de indígenas y sectores populares en las luchas contemporáneas. Apoyadas en el excepcionalismo y en la resistencia, tales teorías dificultan la lucha por la hegemonía y perpetúan la exclusión de los pueblos y las nacionalidades, bajo la premisa de las diferencias culturales esenciales.

Otros teóricos y activistas ecuatorianos que apelan al esencialismo étnico, como Pablo Ospina y Alberto Acosta, coinciden con activistas y teóricos como Hoetmer (2009) y Zibechi (2009), que establecen una decidida oposición a los proyectos reguladores de Evo Morales en Bolivia. En ese caso, el esencialismo étnico sirve para hostigar acciones fundamentales del Estado, por ejemplo la recuperación de áreas estratégicas: salud, educación, servicios públicos esenciales, así como la soberanía energética y alimentaria, e incluso la recuperación por parte de los Estados del monopolio del uso de la fuerza. Por medio de la construcción de una imagen pura y autonomista de los movimientos étnicos, las intervenciones reguladoras de los Estados surgen en el contexto de esos teóricos como una “lógica estatista, implacable, hostil y que se asienta en las profusas burocracias estatales” (Zibechi, 2009:190). Inspirado en Foucault, para Zibechi el Estado representa la cooptación, la disciplina y la implementación de un control biopolítico del denominado socialismo del siglo XXI, cuando un conjunto de problemas comunes permitió el surgimiento de movimientos con formas flexibles de coordinación (Zibechi, 2009:193).

Por su parte, Hoetmer (2009), inspirado también en Foucault, sostiene que el Estado es una máquina de dominación que se adaptó a las transformaciones de la globalización y se convirtió en un sofisticado instrumento de control de los movimientos sociales en escala nacional, complementando las tendencias supranacionales del neoliberalismo. Por otro lado, los movimientos sociales son el lugar de mayor potencialidad de ejercicio de la libertad, porque son más sensibles a la opresión, gozan de más libertad de pensamiento y tienen más necesidad de transformaciones. En un contexto que caracteriza como un momento de crisis civilizatoria que exige un cambio de paradigma, el autor otorga al movimiento indígena un lugar fundamental. Y, si se compara el movimiento zapatista de Chiapas con el movimiento indígena ecuatoriano, los zapatistas tienen una especie de superioridad moral, porque ni siquiera elaboraron una estrategia para tomar el Estado. Al mismo tiempo, la participación del movimiento indígena ecuatoriano en los procesos electorales y en la administración del Estado significó una “enorme pérdida de legitimidad y de apoyo” (Hoetmer, 2009:103).

Todas estas teorías son creadas, apropiadas y recreadas en circuitos que van desde dirigentes étnicos hasta intelectuales nacionales y extranjeros, pero también pueden verse sus limitaciones en las divisiones que se profundizan en el interior de los movimientos étnicos ecuatorianos. Uno de los principales puntos de apoyo popular del proyecto correísta fue un importante sector indígena, el afroecuatoriano y montubio. También hay que destacar que una gran parte de la participación política que se da en diferentes procesos locales en Ecuador tiene un carácter marcadamente popular más allá de los límites étnicos, y esto brinda la posibilidad de abrir frentes populares en los cuales la problemática de la exclusión étnica pueda ser debatida sin una necesaria prioridad moral sobre otras exclusiones.

Por otro lado, la convergencia en los discursos antirregulatorios de la oposición de izquierda y de derecha neoliberal, muestra cómo ambas coinciden con las perspectivas más conservadoras de la política. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe expusieron las notorias conexiones entre los discursos anti-Estado y el conservadurismo: uno de los más importantes teóricos neoconservadores, Fredrick Hayek, fue el crítico más férreo de la reglamentación y de la planificación del Estado, porque los consideraba el camino que desemboca en el colectivismo y el totalitarismo. Según Laclau y Mouffe, ese tipo de crítica a la intervención del Estado no es sino la reivindicación de la libertad tradicional, que identifica la no interferencia del Estado con el derecho a la apropiación limitada y con la economía de mercado, lo que se hace desacreditando la libertad positiva por ser potencialmente totalitaria (Laclau y Mouffe, 1987:284).

En el caso de la oposición de izquierda, la asociación entre reglamentación y cooptación coincide con la tesis neoliberal de la reglamentación como pérdida de la libertad. Además, soslaya las dinámicas de poder que se establecen entre los distintos grupos por medio de los movimientos sociales, y abandona la construcción de la hegemonía y de las esferas comunes que se pueden obtener a través del Estado.

 

Diálogo nacional

En junio de 2015, el presidente Rafael Correa envió al Congreso con carácter de urgencia el proyecto de ley de herencias y el de ley de plusvalía. Éstos surgieron como soluciones estructurales para reducir las brechas socioeconómicas que todavía son exponentes de niveles ética y políticamente insustentables en Ecuador. Aunque el gobierno repitiera que la medida impactaría únicamente en el 2% de la población, además de mostrar que el proyecto no tenía fines más redistributivos de recaudación, la oposición lo interpretó como una injerencia autoritaria más del Estado y como un atentado a la familia.

Dado el caldeado ambiente político del momento y la inminente visita del papa Francisco, el gobierno decidió retirar los proyectos de listas de votaciones y convocar a los ciudadanos a debatir ampliamente los beneficios de las medidas. Si finalmente se comprueba que los proyectos afectan a las capas medias de la población, el gobierno se compromete a abandonarlos.

La convocatoria que realizó el gobierno puede ser una oportunidad excepcional para recuperar el debate y la educación política. Puede ser también una oportunidad valiosa para que la izquierda dentro del gobierno deje bien en claro a la sociedad los lineamientos fundamentales que subyacen a la conformación de una sociedad posneoliberal, que apuesta a la construcción de una democracia radical. Se trata de una oportunidad para terminar con las asociaciones perversas que la oposición estableció entre reglamentación y autoritarismo, y mostrar que los problemas estructurales de clase, etnicidad y género, así como las asimetrías regionales derivadas de viejas estructuras coloniales y neocoloniales, sólo pueden resolverse si media una activa intervención del Estado y una participación política activa de la sociedad.

Ese momento también puede convertirse en una excelente oportunidad para reposicionar las relaciones entre Estado y movimientos sociales además de las luchas contra los intereses corporativos. La limitada capacidad de reacción de sectores del gobierno, que en determinadas ocasiones se vieron sobrepasados por las violentas manifestaciones callejeras de la oposición en el transcurso del 2015, demuestra hasta qué punto es necesario reconstruir el tejido y las múltiples redes sociales desconstruidas en la lucha contra el corporativismo. La reconstrucción del tejido social es fundamental no sólo para dar apoyo al régimen, sino también para concretar una agenda que muestre que la política va más allá de los procesos técnicos orientados a superar las desigualdades. Uno de los puntos medulares de esa agenda es la constitución de bloques populares, que tengan capacidad de responder a las demandas y los requerimientos particulares de los grupos que lideraron las movilizaciones en las últimas décadas y, al mismo tiempo, que puedan articular tales demandas a un objetivo general más abstracto sobre el cual se basa la hegemonía. Una agenda que priorice el trabajo simultáneo de fortalecimiento del Estado y del tejido social democrático permitirá también crear mecanismos eficientes de vigilancia y de lucha contra la corrupción y los nuevos clientelismos que se forjan en el ejercicio del poder. Una medida de esas características es fundamental, si se quiere posicionar a la ética como eje central de los gobiernos progresistas y para justificar la lucha misma contra el corporativismo, que definió el conflicto contra el neoliberalismo y el fundamentalismo de la ultraizquierda.

por René Ramírez Gallegos
(actualización en 2 de abril de 2021)

Luego de décadas de resistencia al neoliberalismo, Ecuador parió en el 2008 una nueva Constitución que se convertía en la hoja de ruta de lo que la sociedad deseaba para su futuro. No se trataba de cambios cosméticos. Implicaba romper el antropocentrismo y construir una sociedad biocéntrica; pasar del colonialismo a la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural; transitar de una economía capitalista a una economía social y solidaria; de caminar de una sociedad patriarcal a una sociedad que respete las identidades de género; de mutar de una democracia exclusivamente representativa a una  democracia participativa, deliberativa y comunitaria. No eran simples artículos plasmados en una nueva Constitución. Era reafirmar el deseo de querer vivir juntos bajo nuevos compromisos eco-sociales y democráticos.  El parto no fue fácil, pero se dio a luz a la denominada “sociedad del buen vivir”. Los primeros años de vida fueron igual de difíciles que el mismo parto, sobre todo porque el nacimiento del proyecto de sociedad se enfrentaba a la no muerte del neoliberalismo, que no solo se aferraba a seguir con sus privilegios, sino que buscaba matar a lo recién nacido. El neoliberalismo estaba muriendo, pero seguía latente. Debido a la traición política más significativa de la historia del Ecuador encarnada en la figura de Lenin Moreno, estos cuatro últimos años (2017-2021) el neoliberalismo retornó para buscar matar a lo nuevo: (…) Lo nuevo agoniza y lo viejo parecía que empezaba a respirar mejor.

No obstante, más allá de los pocos o muchos avances que se haya tenido en los primeros años del nacimiento, entre el 2007 y 2017 se dejó traslucir que en los pocos años de vida se generaron condiciones objetivas y subjetivas (con múltiples paradojas) para enfrentar una lucha de clases que este mismo instante está definiendo el futuro de la sociedad ecuatoriana. Las movilizaciones de octubre de 2019 en Ecuador dan cuenta que lo nacido quiere seguir viviendo. No obstante, las nuevas formas parainstitucionales que asedian a la democracia más la coyuntura de la pandemia dio oxígeno al gobierno de Moreno a través de implementar Estados de Excepción. La imposibilidad de movilización popular, el ataque sistemático al “correísmo” a través de “lawfare”, la no posibilidad de consolidación de una fuerza organizada por parte de la Revolución Ciudadana, más la articulación con prácticas autoritarias que apuntalan lo que se ha denominado “dictaduras democráticas” (Ramírez, 2021) dieron paso para que en el proceso electoral del 11 de abril de 2021 gane las elecciones, a su tercer intento, el banquero Guillermo Lasso. Con esto queda latente la contradicción entre las clases populares que ven deteriorar su nivel de vida y la agenda neoliberal que busca recuperar la tasa de ganancia que vio deteriorarse a lo largo de los casi tres últimos lustros. A continuación se presenta la historia reciente de Ecuador en las últimas décadas.

1. La agonía de lo viejo: ideología y praxis del neoliberalismo¹

Las circunstancias específicas del presente político están marcadas por nuestra oposición al proyecto de dominación neoliberal: un régimen que condiciona la circulación de poderes y saberes que legitiman una serie de prácticas apuntadas a resolver la crisis de acumulación de capital fijo, de finales del siglo XX e inicios del XXI, normalizando nuevas formas de explotación de los seres humanos, que ya no son solo agentes de la acumulación, sino que devienen sus objetos. El día de hoy ya no solo consumimos manufacturas adquiridas en el mercado, sino que estamos permanentemente conectados en la red virtual que explota y consume nuestra subjetividad cotidiana: relaciones intersubjetivas, modos de vida, afectividades y experiencias. Se impone así una disyunción alienante del sujeto político-económico: si en el siglo XIX la crítica denunció la separación entre el burgués y el ciudadano, en el siglo XXI la vida misma deviene sujeto y objeto de la explotación.

El proyecto neoliberal en este sentido no tiene ninguna esencia propia, pero es operativo y funcional, provoca una serie de efectos políticos que suponen el desplazamiento de la razón política desde el Estado social hacia la razón económica del sujeto individual.

Partiendo de esta perspectiva se asume una secuencia putativa donde lo bueno se define como el bien que es útil, y la utilidad se calcula a partir de la elección individual; esta se entiende como reflejo de las preferencias propias, que se “revelan” a través del “poder de compra” de la persona. De esta manera, se normaliza la cadena de sentido: bien = autointerés = preferencia = elección = satisfacción = bienestar. En esta operación normalizadora se asume el bienestar social como la suma de elecciones individuales reveladas mediante la compra; y se mide a través del ingreso/consumo, y a nivel social a través del ingreso agregado o consumo agregado, o la producción agregada. Así se reivindica como sujeto agente al individuo trabajador perceptor del ingreso; y en el extremo opuesto se encontraría —tácito, tanto en el nivel discursivo a la vez que práctico, como veremos más adelante— el sujeto pasivo “improductivo”, cuyo malestar se mide a través de la pobreza de ingreso o consumo (Ramírez, 2012).

1.1. El contrato (anti)social

Este sentido común de la época impregnaba todos los ámbitos de la vida social, pero un punto de anclaje primordial se ubica en las definiciones normativas de la ingeniería constitucional. En la tradición (neo)liberal del (neo)contractualismo, la Constitución se asume como un acuerdo que define cómo se han de distribuir los poderes, que se entienden como sustancias naturales discretas que se pueden poseer, transferir y agregar a la manera de la libre concurrencia mercantil. Más allá de esto, toda Constitución es una instantánea del campo de fuerzas —una correlación descriptiva tanto como normativa— en un momento histórico concreto, y tiene efectos y consecuencias en la vida social.

En el caso de Ecuador la instantánea neoliberal es la Constitución de 1998, que fue elaborada por una coalición dominada por la derecha-centroderecha (socialcristianos + democristianos = 40 de 70 asambleístas) y con una minoría débil de centroizquierda (socialdemócratas + indigenistas). La impronta de la constelación político-jurídica de 1998 es un modelo ambiguo de “economía social de mercado”, que en realidad fue un membrete abanderado por los democristianos, pero poco explícito de la situación concreta. Hacia el fin del período constituyente, la coalición de derechas se rompió durante una disputa sobre la privatización de la seguridad social. Los líderes democristianos dimitieron y el bloque socialcristiano también se ausentó. Se formó una nueva mayoría de centro, autodenominada “convergencia”, que se autoprorrogó ocho días más, durante los cuales se añadió a lo aprobado anteriormente un amplio catálogo de derechos.

En esta secuencia de poder dual, si por un lado la minoría de convergencia promovió los derechos de tercera y cuarta generación (se reconoce al país como “pluricultural y multiétnico”; por otro lado la centroderecha redujo el margen de maniobra estatal en la economía, y subordinó el orden social al mercado: así, se omitió la reserva de “sectores estratégicos” abriendo la puerta para su expropiación; y se indujo la privatización de los bienes públicos.

En la nueva distribución de poderes de la “economía social de mercado”, mientras al Estado le corresponde “promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos” y “mantener una política fiscal disciplinada”, la economía tiene como “objetivo permanente” la “conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un crecimiento suficiente y sostenido”. Por otra parte, al Banco Central se le asigna “autonomía técnica y administrativa”, con las funciones de “establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria”.

De esta inclinación a favor de la disciplina fiscal, autonomía financiera y crecimiento mercantil para conjurar la “tentación populista”, se sigue que las pautas de bienestar se definen, a nivel micro, por la utilidad individual a través del aumento del trabajo/consumo (“el incremento y la diversificación de la producción orientados a la oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades”); y a nivel macro, por el “crecimiento sustentable de la economía”. Las aspiraciones de justicia social se orientan de esta manera hacia la asignación en el mercado y, marginalmente, a la asistencia estatal focalizada para asegurar mínimos de supervivencia.

En esta distribución, que resta poder al Estado y lo traspasa al mercado, se establece una nueva concepción de los sujetos políticos: nominalmente se indica que “todos los ecuatorianos son ciudadanos”, pero el ciudadano activo, capaz de ejercer derechos en este modelo social, es el trabajador adulto, capaz de producir/consumir para estimular el crecimiento. Como medida de articulación social al mercado se compromete al Estado a “garantizar el pleno empleo”; y además la exclusión desaparece porque el Estado asegura “el acceso de los pobres a los recursos productivos” y se obliga a “erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes”. A la par surge una nueva zona liminar, entre empleo/desempleo: los “grupos vulnerables” que son de “atención prioritaria” (niños, adolescentes, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y ancianos; es decir, todos quienes no caben en la definición de la población económicamente activa).

Estas maniobras normativas obedecen a la emergencia de un nuevo poder sobre la vida, que entra así en un renovado campo de cálculo, explícito e implícito, como factor económico: en un primer momento el “ciudadano” se coloca en el lugar activo de quien elige, es decir el agente de trabajo/consumo; pero en un momento subsecuente se desplaza al lugar de quien es objeto de la atención/inatención estatal, vulnerable/pobre; y en ambos casos se subordina a las metas de la acumulación mercantil. En términos de configuración estatal de la política pública, esta disyunción dio paso, en el plano subjetivo, a una topografía marcada por dos espacios de ciudadanía y una zona fronteriza: por un lado la ciudadanía activa en y a través del mercado, que no entra en la mirada estatal; por otro lado la ciudadanía pasiva, objeto de la acción estatal para “erradicar la pobreza”; finalmente el territorio limítrofe de la “atención prioritaria” ².

En el plano objetivo, la disyunción de la ciudadanía también asume la impronta y marca el carácter ambivalente del Estado neoliberal: la debilidad de la mano social estatal se evidenció al final del siglo XX cuando se volvió más tangible la precariedad para enfrentar la catástrofe social que provocó el fenómeno de El Niño (1998); y el oportunismo de la mano desreguladora estatal se mostró en la complicidad entre la clase política y el capital financiero durante la corrida bancaria y la dolarización de la economía, que benefició a los acaparadores de divisas (2000). De hecho, la propia Constitución de 1998 indujo normativamente la socialización del atraco de los banqueros en su infame transitoria 42: “Hasta que el Estado cuente con los instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras (…) el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras”.

En realidad, el (des)gobierno de la economía nacional se decidía desde hace mucho fuera del país: entre 1980 y 2005 se firmaron 13 cartas de intención con el FMI, con sus respectivos compromisos en beneficio del capital financiero. El propio plan de desarrollo de 1998 ya señala el clima de la época: “estamos ante la disyuntiva de mantener el mito de las multinacionales como adverso para nuestro desarrollo, y la intervención estatal como la panacea, o de romperlo y subimos al tren del desarrollo moderno” (ODEPLAN, 1998: 27).

El problema fue que el “tren del desarrollo moderno” descarriló. La ambivalencia estatal se convirtió en condicionante estructural para la concentración de la riqueza, el aumento de la pobreza y las desigualdades sociales. En los últimos cinco años del siglo XX la pobreza aumentó 12,84% hasta alcanzar al 52,18% de la población del país. A partir del año 2000 la estabilidad nominal provista por la dolarización permitió que seis años más tarde la pobreza y la pobreza extrema retornen a niveles similares a los registrados hace una década. No obstante, dado el crecimiento poblacional y considerando que la tasa de fecundidad de los más pobres es más elevada que el resto de la población, en la década 1996-2006 el número de pobres aumentó en términos absolutos. El proyecto neoliberal, que en la Constitución de 1998 prometía el “acceso de los pobres a los medios de producción” y la “atención prioritaria para los grupos vulnerables”, en los hechos profundizó la desigualdad entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos (Ramírez, 2010).

Entre 1990 y 2006 el modelo de “economía social de mercado” tuvo impactos diferentes dependiendo de la categoría ciudadana: los hogares pertenecientes a los estratos de ingresos más altos no vieron retroceder su ingreso per cápita, mientras que, sistemáticamente, los ocho primeros deciles de la población redujeron sus ingresos. Se puede observar que en el período mencionado se confirmó la disyunción de la ciudadanía postulada constitucionalmente en un proceso sistemático de polarización social. En estos 16 años, el 90% de la población redujo su participación en el ingreso total, mientras que el 10% más rico de los ecuatorianos incrementó la suya del 35% al 43%, mientras en 1990 la diferencia de ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 19 veces, en el 2006 esta diferencia fue de 36.

Contra la oferta constitucional de la economía social de mercado, la expropiación de los sectores estratégicos y la apertura de la economía al sector privado no erradicaron la pobreza ni integraron a los ciudadanos pasivos al pleno empleo con el incremento de la demanda de nuestro “factor productivo” más abundante, la “mano de obra poco calificada”.  Por el contrario, el proyecto neoliberal incrementó la demanda de mano de obra de “alta calificación”. Esta dinámica provocó, a su vez, una nueva división dentro de la clase trabajadora, con el aumento de la brecha salarial entre “calificados” y “no calificados”; y con ello contribuyó adicionalmente a la concentración del ingreso y el aumento de la desigualdad antes descritos. Sucede que bajo el término “trabajo” se comprenden dos tipos de actividad: la primera involucra el esfuerzo y el agotamiento del cuerpo para cambiar la naturaleza y producir mercancías que no existían antes del proceso; la segunda consiste en ordenar a otros que lo hagan. El primer trabajo no es placentero, está mal pagado y se valora como “no calificado”; el segundo es placentero, se valora como “calificado” y está bien pagado. Por eso en la sociedad neoliberal todos sueñan con convertirse en managers.

El proyecto neoliberal fue desgastando sus credenciales, y las disyunciones comenzaron a carcomer las lealtades. La situación era ya insostenible en 2006 cuando solo un 13,8% de la ciudadanía creía que la situación era “buena” y apenas 22% opinaba que iba a “mejorar en el largo plazo”.  En 1996 el 48% de los ecuatorianos sostenía que la democracia podría funcionar sin los partidos; doce años después, la proporción había aumentado al 61% (datos de Latinobarómetro³). Entre 1997 y 2008 el promedio de confianza de los partidos en Ecuador no alcanza el 15%, y en las ocho elecciones presidenciales del período ningún partido político fue reelecto: de ocho partidos distintos provinieron los ocho presidentes elegidos, cada uno de los cuales se postulaba como una alternativa radicalmente opuesta a su predecesor. Por aquellos días, en las paredes de la ciudad se podía leer: “Nuestros sueños no caben en sus urnas”. Aunque las elecciones se mantuvieron como un procedimiento rutinario durante todo el período, el apoyo a la gestión de la clase política cayó hasta umbrales críticos, se incrementaron progresivamente los índices de abstención electoral y de votación nula, y se empezó a volatilizar el respaldo electoral. ⁴

Por otra parte, el desafecto ciudadano era correspondido por la clase política: “si las propuestas de una reforma política llegan a enfrentar el dilema entre participación y gobernabilidad, es necesario optar por la segunda” (así se expresa Osvaldo Hurtado en 2005). La asumida impotencia de la clase gobernante dio lugar a que la potencia de lo político comience a desbordar el sistema, en la medida en que las desafecciones se convirtieron en antagonismos hasta el punto de quiebre.

2. Las vísperas del parto: “¡Que se vayan todos!”

El adelgazamiento del vínculo de representación iba de la mano con la descomposición estatal, a la vez objetivo estratégico y flanco débil del proyecto neoliberal. Esta debilidad permitió que la desafección se traduzca en creciente movilización social al margen (y en contra de) las instituciones representativas, que a medida que cobró fuerza se activó como un poder de veto del sistema político. Entre 1996 y 2005 se sucedieron siete gobiernos, y los únicos tres presidentes elegidos en las urnas fueron derrocados en medio de amplias manifestaciones sociales de rechazo, y luego tuvieron que huir del país para eludir juicios por corrupción (Abdalá Bucaram, el 5 de febrero de 1997; Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000; y Lucio Gutiérrez, el 20 de abril de 2005) ⁵. Un nuevo grafiti se repetía con insistencia en las paredes urbanas: “La lucha nos da lo que las urnas nos quitan”. Para entonces, nada quedaba de la confianza en los partidos como canales para las demandas ciudadanas, y los “forajidos”, como fueron calificados por la clase política impugnada, proclamaban su desafecto bajo el lema: “¡Que se vayan todos!”

La irrupción ciudadana era, más que un rayo en cielo sereno, una tempestad de irrupciones que invadía el sistema por varios frentes. Pero después del estallido la dinámica contenciosa comenzaba a aquietarse sin haber encontrado alternativas políticas concretas.⁶

Esta imposibilidad de asumir la política como arte de lo posible condicionó el margen de maniobra de los partidos tradicionales y los políticos profesionales, e impidió que las aspiraciones se canalizaran por su intermedio. Entonces se volvió evidente que para buscar cambios reales era necesario pasar de la impugnación del poder de veto a la afirmación de un nuevo poder constituyente. Para ello se requería conformar una fuerza política efectiva al margen del sistema. Así surgió la oportunidad para que jóvenes intelectuales de clase media (25-40 años) con ambiciones políticas pero sin estatus social ni influencia como para hacer carrera política por los medios convencionales, funden el Movimiento Alianza Patria Altiva y Soberana (Alianza PAÍS – AP).

AP comenzó como un conglomerado de más de 30 organizaciones sociales, un “movimiento de movimientos” agrupados en una estructura flexible que permitía convivir posturas diversas pero aliadas en un frente común antineoliberal, asentado en la convicción compartida de que “la organización política no debe limitarse a actuar, lo que tiene que hacer es construir: tiene que construir ideas, tiene que construir propuestas, tiene que construir políticas” (Ricardo Patiño⁷, entrevistado por Harnecker, 2011: 238). Las organizaciones redactaron colectivamente un programa político que proponía una nueva Constituyente para hacer una Revolución Ciudadana organizada en cinco “ejes programáticos para la transformación radical del Ecuador”: revolución constitucional y democrática; revolución ética: combate frontal a la corrupción; revolución económica y productiva; revolución educativa y de salud; revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana (AP, 2006).

3. La Revolución Ciudadana: el nacimiento y los primeros momentos de vida de lo nuevo

En efecto, el nuevo movimiento buscó hacer alianzas electorales con el movimiento indígena (PK), con la socialdemocracia (ID) y con el populismo (PRE), pero ningún partido mostró apertura. En las elecciones de octubre 2006 se presentó a Rafael Correa Delgado —el rostro más visible de AP luego de un fugaz paso de dos meses como ministro de economía que impugnó las políticas impuestas por el FMI— como candidato presidencial único, con la promesa de una constituyente y sin candidatos a congresistas para conectar con la desafección ciudadana. En noviembre Correa resultó elegido en segunda vuelta, por el 56,7% de los votos; y de inmediato luego de asumir el cargo en enero de 2007, convocó a una consulta popular para dar paso a una Asamblea Constituyente. ⁸ La consulta fue respaldada por el 82% de los ecuatorianos en abril de 2007.

En septiembre, 80 de 130 de los asambleístas elegidos fueron de AP, una mayoría amplia que permitió recoger en la nueva Constitución de 2008 los puntos programáticos de la Revolución Ciudadana. Al bloque constituyente de AP se aliaron 10 asambleístas de otras tendencias de izquierda (indigenistas, sindicalistas). La nueva coalición de izquierdas impulsó un modelo social que afirma una nueva matriz de poder ciudadano: mientras que el preámbulo de 1998 comienza en tercera persona con un sujeto constituido: “El pueblo ecuatoriano… establece en esta Constitución las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades”; el preámbulo de 2008 involucra al sujeto constituyente: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador… decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir”. Es decir la división que es inherente a la configuración normativa del poder (pueblo soberano-gobierno soberano) es en el primer caso externa, y en el segundo interna (ciudadanía que se autoafirma): la supuesta sustancia discreta del poder es evacuada por el sujeto constituyente (en otros términos, en la nueva concepción del poder coinciden el sujeto del enunciado y el sujeto enunciante).  Esta coincidencia es más que declarativa y tiene un asidero factual muy significativo.

Mientras la Constituyente de 1997-1998 fue convocada por consulta popular para reformar la anterior Constitución, y luego se autoarrogó funciones para redactar una nueva, la Asamblea de 2008 fue convocada con plenos poderes, y por su origen y propósitos fue acompañada por e impulsó nuevos mecanismos de participación directa, que incluían consultas virtuales y foros itinerantes que contaron con la participación de más de 11.500 ciudadanos y el procesamiento de más de 3.100 propuestas constitucionales provenientes de la ciudadanía (Birk, 2009). No fue por azar que el debate constitucional adquirió tales dimensiones, en la participación y en su duración, sino también por la profundidad de los cambios que se buscaron.

El nuevo poder ciudadano así manifiesto que ya no asume constitucionalmente los límites negativos que en el proyecto neoliberal el mercado imponía a la acción estatal, sino que los postula como límites afirmativos de un nuevo posicionamiento estatal, una nueva zona de actividad a partir de un “sistema económico social y solidario”, que “reconoce al ser humano como sujeto y fin” y “propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado, mercado y medio ambiente”. ⁹

El objetivo constitucional principal consiste entonces en “garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. Con ello se legitima la recuperación de las capacidades instrumentales del Estado para “administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos” que corresponden a los expropiados por el neoliberalismo: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley; a los que se añaden ahora la biodiversidad y el patrimonio genético. En correspondencia con esta nueva agenda estatal, se redefinen los márgenes de maniobra política, pues se justifica que “el Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas”.

En concordancia con lo anterior, la política económica tiene como primer fin “asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional” y la  planificación del sector público asume un nuevo “régimen de desarrollo” que tiene como meta “construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”. La “formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central”.

Es preciso resaltar que estos cambios van más allá del diagnóstico superficial de “retorno del Estado”: si bien es cierto que el nuevo paradigma constitucional contrarresta ciertos puntos del anterior (que se valoran como negativos: la regulación de la economía, la reserva de los “recursos estratégicos”, el interés por la redistribución además del crecimiento) y asume otros (que se valoran como positivos: los tópicos del “pleno empleo”, la “erradicación de la pobreza” o los “grupos de atención prioritaria”, ya no enunciados como “vulnerables”), lo más relevante son las innovaciones que, con el antecedente de las promesas incumplidas del proyecto neoliberal, genera el reposicionamiento estatal respecto a una topografía ciudadana más compleja y diversificada, y que podemos analizar en la inscripción constitucional del “buen vivir” como horizonte a “alcanzar”.

En consonancia con este postulado constitucional, el documento de planificación expedido por la función ejecutiva luego de la aprobación de la Constitución se denominó Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013. Ahí se entiende que el “buen vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros —entre diversos pero iguales— a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido” (Ramírez, cit. en SENPLADES, 2009).

El buen vivir introduce así constitucionalmente un cambio de la matriz de poder que involucra una nueva trama de relacionamientos políticos, una nueva forma de reconocimientos y reciprocidades: los sujetos activos de ciudadanía en la Constitución de 2008 ya no se definen a partir de su productividad laboral. ¹⁰ En esta lógica, la ciudadanía rompe los márgenes productivistas y se define desde otra grilla normativa que se propone realizar los “derechos del buen vivir”: en términos de garantía de provisión pública, siguiendo el principio de la “inclusión y equidad”, estos se asignan en capítulos de ambiente; salud; educación; seguridad social; hábitat y vivienda; cultura; cultura física y tiempo libre; comunicación social; ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales; gestión del riesgo; población y movilidad humana; seguridad humana; y transporte. Y en correspondencia con estos derechos, se establecen nuevas formas de institucionalidad política: la estructura estatal se divide en cinco “funciones” (ya no “poderes”), donde a la clásica tríada ejecutivo-legislativo-judicial se añaden la función electoral y la de control ciudadano, con sus ramificaciones y agencias para considerar la diversidad ciudadana en “las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”.

Es decir que la disyunción neoliberal de la ciudadanía es depuesta por una topografía ciudadana más diversa y múltiple, pero no necesariamente heterogénea: el tópico del retorno estatal es un indicio de la vocación universalista de la nueva política ciudadana. En todo caso se trata de un universalismo de las singularidades, que se pueden entrever en los cambios profundos en la gradación de las racionalidades políticas: se abre un nuevo campo de posibilidades, nuevas valoraciones de lo que se ha de hacer y cómo. En este sentido un punto de avanzada radical —una cabeza de puente para la disputa de la socioecología política— es el reconocimiento de derechos a la naturaleza: “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Es claro indicio de una moralidad biocéntrica, que asume directamente que no se puede reafirmar una ética ciudadana sin cambiar las relaciones políticas de los seres humanos con la naturaleza, para la protección recíproca de (las condiciones de reproducción de) la vida.

Hay que tener en cuenta que la definición de la “naturaleza” como un sujeto de derechos es primordial para concebir el cambio en la matriz de poder porque en Ecuador —como en muchos países del Sur global— la naturaleza se ha integrado en la historia nacional a partir de la explotación de recursos naturales, configurando un régimen de acumulación primario-exportador que solo reconoce su valor en clave utilitaria. Es decir que se inscribe como objeto de explotación bajo la disyunción entre naturaleza e historia legado del colonialismo. En el nuevo paradigma constitucional aquello se vuelve problemático en tanto se asume un compromiso primero con la vida misma. El referente de la “Pachamama” asume  la postura de un saber ancestral que atribuye agencia a la naturaleza, y este es el rasgo decisivo en clave cosmopolítica: lejos de ningún esencialismo nativista, de lo que se trata es de recuperar una relación humano-naturaleza que no es una relación instrumental sujeto-objeto, sino una relación de reconocimiento sujeto-sujeto.

Al poder de normalización del mercado el nuevo proyecto opone por tanto no solo el poder regulador del Estado, sino sobre todo la potencia afirmativa de la vida misma. Aquí resulta claro que mientras el neoliberalismo es conservador porque su fin último consiste en restaurar el determinismo mercantil, el socialismo del buen vivir es revolucionario porque además del impulso negador del presente se orienta hacia nuevos modos de pensar y hacer política. Por ello no se trata simplemente de una nueva razón de economía política, que se restringe a distribuir castigos y recompensas, sino que proviene de un impulso eudemónico capaz de generar nuevas ciudadanías: no meramente importa la acumulación de capital sino la reivindicación de todo aquello que hace posible la vida misma.

En términos analíticos, el centro de los componentes constitutivos de la filosofía social de la vida buena -de la nueva sociedad- en el proceso de deliberación democrática vivida en el Ecuador es la recuperación de la mirada y el sentido del “otro”. Como se ha señalado, no es fortuito que en sus artículos se coloque en el centro del debate, más allá de la democracia representativa, la necesidad de construir una democracia deliberativa, participativa y comunitaria. Tampoco es azaroso que frente a la economía de mercado se reconozca la pluralidad de economías en donde su centro sea la construcción de la economía social y solidaria que existe en virtud de que el “otro” vive. Asimismo, el mandato de construir un Estado Plurinacional e Intercultural frente al monolítico Estado instrumento colonial en donde se reconozca la pluridiversidad de nacionalidades y pueblos que conforman al territorio ecuatoriano es parte de recuperar al “otro” invisibilizado, silenciado. La “otra” también es mujer en la sociedad del buen vivir en donde se parte por el reconocimiento de pluralidad de identidades y se reconoce –entre otros aspectos- el trabajo que implica el cuidado de “los otros” realizada principalmente por ellas.  De la misma forma, frente al mundo xenofóbico, la Constitución de la República manda a construir el derecho a la movilidad humana y la ciudadanía universal en donde todos “los otros” del mundo estemos incluidos. Y, en la disputa por recuperar la mirada de “el otro” se rompe con el logos antropocéntrico al colocar a la naturaleza como sujeto de derechos. Bajo esta perspectiva, la otra también implica una relación armoniosa con la naturaleza.

Las propuestas de la nueva sociedad plasmada en la Constitución fueron aprobadas en referendo popular en septiembre de 2009 con el 63,9% de votos. En las elecciones de abril de ese mismo año, se ratificó en las urnas la gestión de gobierno con el 52 % de los votos para la reelección presidencial en primera vuelta—un hecho inédito en el país desde el retorno a la democracia en 1979—.¹¹ En febrero de 2013, por tercera vez en seis años Correa vuelve a ganar las presidenciales, en primera vuelta, con el 56,67% de los votos; y con una mayoría legislativa absoluta de 100 curules sobre 137, AP se ubica como primera fuerza política en 33 de las 34 circunscripciones electorales. Un año más tarde, en las elecciones seccionales de febrero de 2014, AP consolida su liderazgo a nivel nacional con 69 alcaldías, en todas las regiones del país, y 10 prefecturas (incluyendo Pichincha, Guayas y Manabí); es decir el 38,7% de las dignidades electas (de 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes municipales, 1.305 concejales y 4.079 miembros de juntas parroquiales). No obstante, las tres ciudades principales del país eligen alcaldes de oposición (Guayaquil, Quito y Cuenca; en estas dos últimas AP pierde la alcaldía); una circunstancia que hay que tomar en cuenta en la implantación local de las oposiciones y el espacio mediático que ocupan.

Durante los diez años de nacida, 2007-2017, se duplicó el tamaño de la economía, no solo casi dos millones de personas salieron de la pobreza, sino que hubo un proceso amplio de democratización de derechos sociales y económicos y de reducción sostenida de la desigualdad (reducción de 9 puntos porcentuales del coeficiente de Gini) (Ramírez, 2017: 168).  El crecimiento económico fue pro-pobre, es decir hubo un proceso de convergencia social (ver Gráfico 1). Asimismo, se cambió la estructura de la distribución primaria del ingreso pasando a tener más peso en la economía la porción que reciben los trabajadores frente a los capitalistas, situación que era contraria en el período neoliberal previo a la RC. En este sentido, el cambio generado en los diez años fue también pro-trabajador. Asimismo, las prioridades de intervención pública fueron trastocadas. Se dio énfasis en garantizar derechos por encima del pago de la deuda externa. Asimismo, la inversión pública fue contracíclica y creció focalizando la acción en infraestructura que permita generar ventajas competitivas. Quizá el ejemplo más claro de dicha inversión fue la realizada en el sector energético. En dicho sector, se dejó de ser importador de energía “sucia” a ser exportador de energía limpia luego de la construcción de 8 nuevas hidroeléctricas y un parque eólico al sur del país. Los 10 años de la “Revolución Ciudadana” puso el centro de acción en el retorno del Estado y en la búsqueda de construcción de un Estado de Bienestar, que permitió sistemáticamente democratizar derechos sociales.

Gráfico 1. Cambio porcentual del ingreso nominal per cápita según deciles, (1996-2006 y 2006-2016)

Observación: 1996-2006: el ingreso del 10% más rico creció 112%, el del 10% más pobre  aumentó apenas 20% en toda la década. 2006-2016: los ingresos del 10% más pobre crecieron 112% mientras que los ingresos de los más ricos crecieron 40%.

Los rendimientos o impactos de las políticas públicas implementadas en términos de (re)distribución de la riqueza y del bienestar produjeron una ruptura en la adaptación de las preferencias de los sectores populares y medios bajos. Estos luego de probar lo dulce que estaban las uvas, estuvieron dispuestos a defender su derecho a seguir disfrutando de ellas. Por ello, tal mejora se constituye en uno de los mayores logros de la denominada Revolución Ciudadana (RC). No en vano, por ejemplo, la posibilidad de tener una educación pública, gratuita y de calidad se constituyó en parte del sentido común de buena parte de la población. Así, un silencioso cambio estructural, que podría ser considerado quizá el más profundo de la RC había acontecido.

Estas mejoras no sólo impactaron objetivamente en las clases bajas y medias, sino que tuvieron alcances subjetivos. Así, por ejemplo, en los indigentes la autopercepción de pobreza o la pobreza subjetiva se redujo a la mitad en el período señalado: cayó del 8,2% al 3,5% (Ramírez, 2016: 158). Tal sentimiento sucedía prácticamente en los primero 5 deciles de la estructura social (50% de la población) (Ídem: 158).

No obstante, mientras por abajo se rompía con las “preferencias adaptadas”; en las clases medias altas, desde los deciles 5 al 9, se producía un efecto contrario y paradojal. Justamente la ciudadanía que no era pobre según consumo, es decir no pobre en términos materiales, presentaba un incremento en su percepción de pobreza o sentimiento de infelicidad monetaria. En otras palabras, en el período referido creció el porcentaje de personas insatisfechas (subjetivamente) con sus ingresos monetarios o el porcentaje que se “siente pobre” en el grupo de población que no es pobre objetivamente, aunque haya visto mejorar sistemáticamente sus recursos económicos (de ingreso y gasto). Es decir, se observa un crecimiento del malestar subjetivo dentro del grupo de ciudadanos que registraba bienestar objetivo. Esto fue denominado como “la paradoja del bienestar objetivo y malestar subjetivo”. ¹²

La respuesta parece vincularse a los efectos menos visibles de los procesos de incorporación política y económica de amplios sectores antes excluidos, los cuales generaron dinámicas de distinción, estratificación y jerarquización. Así, si bien en los pobres el sentimiento de mejora subjetiva del bienestar se incrementó y acompañó a la mejora objetiva, en los sectores ya “establecidos” -dirían Elias y Scotson (2016) -, de las clases medias altas, se produjo una divergencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Ya no se sentían satisfechos con lo alcanzado, deseaban más como mecanismo para reafirmar su posición de clase y su aspiración “legítima” a seguir ascendiendo en la escala social (Ramírez y Minteguiaga, 2019).

A mediados del 2015, se dio un punto de inflexión. En el afán por redistribuir riqueza y no sólo ingresos (partir la torta de nuevo y no sólo una parte de sus porciones), el Poder Ejecutivo en Ecuador envió un proyecto de ley de carácter tributario sobre herencias y plusvalía cuyo nombre oficial fue Ley orgánica para la redistribución de la riqueza. Más allá que la propuesta centraba su impacto en el 5% más rico de la población, grupo de población que arengó la movilización, las oposiciones desplegadas a esta reforma dejaron entrever que se había construido una clase media que anhelaba ser parte del grupo de la población del 5% más rico¹³. Un grupo para el cual el consumo produce distinciones valiosas a ser defendidas. Resultó tan violento el cuestionamiento al proyecto que el entonces presidente Rafael Correa tuvo que retirarlo del debate parlamentario. Como se mencionó, se trataba de una oposición no sólo de la clase alta sino de la media en sus estratos más altos que defendía mediante su rechazo -a la propuesta de ley- las aspiraciones de la clase alta. Es decir, y esto es lo relevante, más allá de la bajísima probabilidad de que este sector lograra pertenecer a esa selecta minoría, se jugaba una portentosa expectativa, que fundamentó el cuestionamiento al proyecto, de llegar algún día a integrarla, cual zanahoria en una carrera de conejos.

Así, si por una parte, las conquistas materiales en las clases medias bajas y bajas posibilitaban la destrucción de una subjetividad perversa (adaptación de las preferencias), en las clases medias altas construían una subjetividad insaciable.

4. Resucitando a lo viejo, matando a lo nuevo: autoritarismo neoliberal. ¹⁴

Lo señalado condujo a un escenario de lucha de clases que parte por la objetivación de la materialidad por “abajo” (luego de una ruptura subjetiva de las preferencias adaptadas), en tanto que “por arriba” se da una subjetivización de las expectativas de distinción inalcanzables.  Por ello, la insurrección de octubre fue una movilización de base material en el marco de una subjetividad configurada por las políticas de mejora objetiva del bienestar operadas entre 2007-2017. Si bien fue una movilización de jóvenes, feministas, ecologistas, proletarios e indígenas nunca estuvieron en juego en esta protesta demandas por el reconocimiento, por la defensa de las identidades, sean cuales fueran. Se trató de cuestiones netamente ligadas al deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población a raíz de las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Moreno Garcés durante los dos años y medio que lleva de gestión (Tamayo, 2019; CELAG, 2018).

Para explicar esto último es necesario retrotraernos un poco en el tiempo. Ecuador transitó en los primeros lustros del siglo XXI, 10 años de un gobierno que propuso un proyecto que buscaba contraponerse al modelo neoliberal. En las últimas elecciones presidenciales (2 de abril de 2017 -segunda vuelta-) ganó (aunque con una estrecha diferencia de 2,3%) la fórmula y el programa de acción que planteaba darle continuidad a esa alternativa. Se suponía que esta conquista implicaba un cierto coto al avance de la derecha que se había producido en Argentina luego de las elecciones del 22 de noviembre de 2015 y en Brasil cuando se produce la destitución de Dilma Rousseff mediante el ilegal e ilegítimo juicio político en su contra en agosto de 2016. Empero, lo que sucedió después fue uno de los casos más paradigmáticos de traición política en la historia republicana del país, comparable a la que vivió un siglo antes Eloy Alfaro por parte de Leónidas Plaza Gutiérrez.

Para comprenderla hay que indicar que la fórmula vencedora fue integrada por Lenín Moreno Garcés, político que fuera ex vicepresidente de Rafael Correa Delgado desde 2007 a 2013 y luego funcionario de ese gobierno ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (2013-2016) y por Jorge Glas Espinel, también ex vicepresidente de Correa en el periodo 2013-2017. Moreno, apenas llegó al poder, decidió abandonar el mandato de las urnas y configurar una nueva alianza gubernamental con los partidos políticos de derecha conservadora, los sectores financieros, las cámaras empresariales y los medios de comunicación más concentrados e influyentes del país. También se sumó una dirigencia gremial y de movimientos sociales históricamente inconsecuentes en términos ideológicos y programáticos, atentando los propios derechos de la ciudadanía y de los trabajadores que deberían defender. Paralelamente dinamitó al partido político que le permitió llevarlo a la presidencia -Alianza País (AP)- y la mayoría parlamentaria que se había alcanzado en los comicios¹⁵, e inició una persecución política sin igual por vía judicial y mediática hacia sus ex compañeros de militancia de la RC. ¹⁶ Para ello fue necesario crear un problema público de envergadura que pudiera construirlas profunda y rápidamente y además dotarlo de un carácter moral y moralizador (Minteguiaga, 2019a).

Este fue la “corrupción”, issue tan remanido en la América Latina post progresista. No se trató simplemente de cualquier definición de “corrupción” la que operó. Hubo importantes disecciones. Primero se redujo el problema de la corrupción a lo estrictamente “estatal”. El Estado fue la fuente, el medio y el fin de todos los males. Con esto desaparecía el carácter relacional del “problema” y la mismísima contraparte del vínculo: los empresarios, los gobiernos extranjeros, las agencias internacionales, los paraísos fiscales, etc. Luego se recortó para circunscribirla a la corrupción “correísta”. En esta última poda se esfumó de la formulación toda la complejidad estatal de agencias, procedimientos, dinámicas, prácticas y funcionarios que potencialmente intervienen en diferentes grados y escalas en el fenómeno de la corrupción. En esto vale la pena indicar cuán clave fue la activa participación de una academia poco rigurosa que se allanó sin cuestionar dicha construcción del problema y propagó sin investigación teórica ni empírica ni contrastación de fuentes no sólo el carácter “estructuralmente corrupto” del correísmo sino su condición de máximo referente histórico en la historia institucional del país (Ospina, 2016, 2017, 2018; Burbano de Lara, 2017; Meléndez et. al., 2017).

La corrupción actuó entonces como un poderoso catalizador de sentidos. Como ordenador y formador de opiniones. Esto permitió, y acá está el poder performativo de este problema público, por un lado, igualar esta cruzada con el ajuste fiscal y el achicamiento del aparato estatal. Porque frente al diagnóstico de un Estado “obeso y elefantiásico”, la lucha contra la corrupción fue igual al logro de un Estado mínimo. De la misma manera, si el Estado fue instrumento clave, en las experiencias progresistas, para llevar a cabo políticas de desendeudamiento, inversión, planificación, regulación y control, ahora bajo la “lucha contra la corrupción” podrá ser su antítesis: endeudamiento vía retorno a los organismos de crédito internacional, desinversión pública, destrucción de la planificación, desregulación, y entrega del control público a favor de intereses privados mercantiles. Un Estado mínimo en sus funciones y delegando al máximo sus responsabilidades en el mercado, la familia o la sociedad. Por otra parte, el segundo recorte permitió justificar lisa y llanamente la persecución por cualquier medio de los funcionarios catalogados como “correístas”.

En Ecuador, esta cruzada anticorrupción se apalancó en una consulta popular que buscó destruir deliberadamente la figura de Rafael Correa, descorreizar el proyecto de la RC y restaurar el viejo statu quo del Estado oligárquico (Ramírez, 2018b). Para ello era indispensable avanzar en la intromisión y control de todos los poderes del Estado. Esto se hizo mediante la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con atribuciones descomunales y sin control, aunque suene una contradicción en sus términos. Asumió que sus normas y decisiones estaban por encima de la Constitución de la República y bajo una arbitraria y discrecional “evaluación” destituyó autoridades legal y legítimamente constituidas. Fue tan irregular que operó creando procedimientos a medida que avanzaba. ¹⁷ La felonía de Moreno se esparció así por todo el gobierno como una suerte de “elogio a la traición”, como vileza hecha virtud. Los nuevos ocupantes de tales puestos se allanaron rápidamente a las directivas de Moreno y ambas instituciones se transformaron en la punta de la lanza de la caza contra los correístas (Chávez y Soto, 2018). Es importante indicar que la consulta se aprobó, contraviniendo el procedimiento legal previsto, sin contar con dictamen de constitucionalidad y proscribiendo, mediante el nuevo CNE, a organizaciones que postulaban hacer campaña por el “no” ¹⁸. Asimismo, dentro de la consulta se estableció la prohibición de la reelección en todos los cargos electivos y, aunque resulte a todas luces ilegal, la aplicación retroactiva de esta interdicción a fin de impedir la participación de Rafael Correa y de otros dirigentes de AP en los procesos eleccionarios.

A esta embestida sin tregua le siguió el juicio a Correa por supuesto “secuestro”, su vertiginoso juzgamiento, el dictado de prisión preventiva y el pedido a Interpol para ubicarlo y capturarlo. Esto finalmente no logró concretarse ya que Interpol rechazó los dos pedidos (2018 y 2019) realizados por la justicia ecuatoriana básicamente porque argumentó que tales solicitudes eran incompatibles con los acuerdos de cooperación, dentro del marco de Derechos Humanos, y bajo la interpretación de que se estaba operando una persecución política contra el exmandatario.  Así Ecuador también entró de lleno en la denominada lawfare o guerra política vía judicial. Esto fue conformando condiciones que trastocaron el régimen democrático en el país andino volviéndolo una suerte de dictadura democrática o dictadura electoral, es decir un régimen que si bien cada cierto tiempo realiza “procesos eleccionarios”, cercena derechos civiles y políticos básicos que incluyen proscripción de candidatos y de partidos políticos, encarcelamientos, asilos  o exilios políticos y la muerte pública y política de los considerados “opositores” a través de la destrucción de su honra y buen nombre, mediante denuncias falsas, censuras o fake news difundidas gracias a las corporaciones mediáticas pro oficialistas.

Tales condiciones resultan consustanciales con la recomposición neoliberal de nuevo cuño que se experimentó en varios países de la región a partir de 2015. Por ello, se ha sostenido que se trata de un “autoritarismo neoliberal” (Ramírez, 2019) (en donde el sustantivo es “autoritarismo” y el adjetivo es “neoliberal”  y no al revés) porque para producir la feroz acumulación en ciernes se muestra inviable hacerlo por la vía democrática y se necesita el ejercicio discrecional de la justicia y de su poder y aparato punitivo (Zaffaroni, 2016, 2017; Delgado, 2019). Esto marca una diferencia sustantiva con el neoliberalismo de los ´80 y ´90. Se retorna, de esta forma, a algo más cercano a lo que fueron los orígenes del neoliberalismo en las dictaduras latinoamericanas. ¹⁹

En este marco, es que la nueva alianza gubernamental llevó a cabo políticas de un neoliberalismo recargado. Más agresivo, más saqueador y más desprotector que el vivido en décadas previas. El fantasma azuzado fue la pesada herencia correísta y la solución fue nuevamente el ajuste y la austeridad fiscal. Situación que no se condecía con los guarismos que dejó el gobierno de Correa en mayo de 2017²⁰. A diferencia de otros países que lo nuevo no acaba de nacer, no cabe duda de que en Ecuador “lo nuevo nació”. Empero, en el marco de la historia, ni siquiera empezaba a caminar y se está buscando matarlo y resucitar algo que se asemeja a un autoritarismo neoliberal. Luego de haber planteado y buscado mecanismos para concretar una democracia participativa, deliberativa luego de la Constitución del 2008, hoy en día se retorna al debate público de demandar que se respete el debido proceso en el ámbito de la justicia o la libre competencia en el campo electoral (Ramírez, 2019). Lo mencionado nos permite señalar que lo que vive Ecuador hoy en día es un oxímoron: una dictadura democrática (Ídem). Este régimen permite garantizar la concreción de la arremetida neoliberal.

Así, la embestida neoliberal del gobierno de Moreno implicó en primer lugar darle el control de las principales carteras del Estado a los representantes de las cámaras empresariales o directamente a los CEO’s de grandes empresas privadas. ²¹

Bajo un escenario de “autoemboscada fiscal” (Páez, 2019), se justificó la necesidad de que Ecuador volviera a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional²² y otros organismos de crédito como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Reserva Latinoamericano (FLAR) y el Banco Mundial (BM) ²³, cuando durante el gobierno de Correa se había realizado un saneamiento de la deuda externa, determinando la parte ilegítima, y habiéndose garantizado el pago de estos préstamos.

En el marco de las exigencias de los organismos de crédito, se aprobó en agosto de 2018 la Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal²⁴, conocida popularmente por su envergadura normativa como “Trole 3”. ²⁵ El título rimbombante parecía ser fundamental para enmascarar la austeridad fiscal y empezar tanto el desmontaje de la planificación nacional como de las políticas de redistribución progresiva de los ingresos. Esto se operó fundamentalmente a través de una potente y regresiva reforma tributaria. Bajo el discurso de “crear condiciones para el regreso y atracción de las inversiones” se permitió una condonación formidable de deudas fiscales a favor de los más ricos. ²⁶

En los hechos los análisis coincidieron en que se trató de un acto de insubordinación fiscal a favor de los poderosos²⁷ (Arauz, 2018b; López, 2019). Incluso igual que en el Brasil de Michel Temer se prohibió que el gasto público aumente más del 3% al año y se restringió el déficit presupuestario solamente al reembolso de los intereses de la deuda, sin ningún compromiso para el gasto social (Salgado, 2018). De igual forma bajo la “Trole 3”, la inversión pública desaparece de la caja de herramientas de política pública y empieza una promoción desabozada a favor de las privatizaciones de las empresas públicas facilitándose a quien las compre subvenciones por varios años. Esto se hace paralelamente al despliegue de un sistemático proceso de desinversión y vaciamiento de éstas para venderlas a precio de “gallina enferma”. También en términos de soberanía nacional y de transgresión de la Constitución vigente (2008) se adoptó el sistema internacional de arbitraje para la resolución de litigios en todas las inversiones extranjeras. Asimismo, se afectaron importantes derechos laborales, entre los que destacan: 1) la reducción de los montos que les corresponden a los trabajadores por utilidades de las empresas donde laboran ; 2) la supresión del artículo 1 de la Ley orgánica de defensa de derechos laborales que permitía al Ministerio del Trabajo cobrar, mediante coactiva, a los propietarios de las empresas que hayan perjudicado a trabajadores si los dueños escondieron recursos o vaciaron la empresa; y, 3) la modificación de la Ley de seguridad social de la policía nacional y una disposición legal para todo el sector público a fin de reducir el tamaño del Estado y suprimir y liquidar diferentes categorías de personal (Arauz, 2018c). Inclusive, establece que todos los concursos de merecimientos y oposición del servicio público queden suspendidos lo que equivale sostener que personas aún con estabilidad laboral pueden ser despedidas. ²⁸ En mayo de 2019, siguiendo la política de achicamiento estatal se aprueba la desaparición de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, organismo clave en el proceso de recuperación de la visión de mediano y largo plazo del Estado para el desarrollo nacional y para la garantía de derechos ciudadanos.

Empero en octubre de 2019 se llevó a cabo un nuevo y feroz avance del programa neoliberal con el denominado “paquetazo”. En la retórica oficial se justificó nuevamente en el marco de las “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y como “contraprestación” para efectivizar los desembolsos. Las reformas debían entrar en la estructuración del presupuesto del 2020. El paquetazo anunciado el martes 1ero. de octubre de 2019 incluyó la quita del subsidio a los combustibles (Decreto No. 883) y una serie de medidas  que iban a entrar vía reformas legales a la Asamblea Nacional entre las que destacan las ligadas al campo sociolaboral. ²⁹

Octubre: la defensa de la vida

Las protestas no se hicieron esperar, iniciaron el 2 de octubre con un paro de los transportistas y luego se fueron sumando otros actores. Los estudiantes universitarios, sindicatos, agrupaciones feministas, una serie de colectivos urbanos especialmente de Quito, los militantes de la RC, los indígenas con sus organizaciones y la ciudadanía en general. Es significativo destacar que incluso cuando el movimiento indígena decide sumarse, lo hace bajo un discurso político en clave clasista, como parte del pueblo vulnerado por las medidas neoliberales. No como particular colectivo indígena con demandas en clave étnico-cultural. Esto se revelaba como un dato interesante ya que su incorporación en el gobierno de Moreno fue como “indios” y, en este sentido, fueron atendidas sus demandas de carácter étnico-cultural³⁰. Empero ahora protestaba dentro de los sectores plebeyos, componiendo una acción popular más amplia que los incluía, pero también los excedía. Debe quedar claro, que la magnitud alcanzada de la protesta social y su potencia sólo fue posible por la acción colectiva y la fuerza generada por el movimiento indígena al momento de unirse a las manifestaciones. Una participación de este sector que, visto en perspectiva histórica, algunos consideran equiparable al levantamiento indígena de 1990.

Un tema no menor en el debate de la programática política, y para entender lo que constituyeron los gobiernos progresistas, hace alusión a la relación existente entre feminismo, construcción de Estados plurinacionales y lucha anti-capitalista. Como bien señalan Troya et. al (2019), las políticas antisociales que propone el proyecto neoliberal son también políticas anti-mujer y anti-pueblos indígenas o afroecuatorianos. El recorte en el ámbito del gasto social (salud, educación, seguridad social, etc.) supone una carga adicional para la “economía del cuidado” y la economía social y solidaria que siempre han sido principalmente practicada por las mujeres y por los pueblos originarios. Ha sido la “experiencia de los recortes en la economía de cuidado la que profundizó la radicalización de las mujeres en nuestras sociedades. Si la ´mano invisible´ no cuidaba a las personas, el ´corazón invisible´ tenía que hacerlo”. ³¹   No es fortuito entonces que hoy en las insurgencias del continente las mujeres sean protagonistas de la lucha antineoliberal, así como los indígenas.

Por ello, sin dejar de reconocer la importancia per se del cambio en la matriz cognitiva frente al patriarcado y al colonialismo, es necesario no caer en la “trampa de la diversidad” (Bernabé, 2018) en donde se separa estas luchas o se desvinculan estas batallas de la lucha de clases. No es viable que prospere la lucha feminista o anticolonial sino se alcanza una igualdad material que permita el mutuo reconocimiento inter-clases, inter-etnia e inter-género, sin supremacías de unas frente a otras.

Esto reveló que la emergencia insurreccional se conectaba con los procesos ocurridos en los últimos 10 años, en tanto rechazo a los intentos por revertir las mejoras en el bienestar que se habían conquistado. Era una reacción a la tentativa de restablecer la adaptación de las preferencias de los sectores populares y eliminar expectativas de mejora que lo habían conseguido durante una década. Así, se configuraba un nuevo escenario de lucha de clases.  El gobierno y sus aliados buscaron desde el inicio de la protesta dividir a los actores opositores. Por ello, cuando entró de lleno el colectivo indígena buscó indigenizar la protesta y llevó a cabo varias acciones para concretarlo. Para ello configuró un potente relato en el que recortó: 1) el campo de actores partícipes; y, 2) las demandas en juego. También establecer a quién y a qué corresponde la “legitimidad” de cada recorte.

Respecto a lo primero desde el oficialismo se van a distinguir dos actores excluyentes: los correístas que quieren “desestabilizar al gobierno”, que “buscan un golpe de Estado” y que por eso llevan a cabo acciones de “desorden y caos social” que incluyen destrucción de bienes públicos y privados, robos, etc.; y por el otro, los indígenas -resguardados por la moral de la exclusión y ciertos sentidos esencializados de la indigenidad- que están en desacuerdo con el “alza de los combustibles” porque afecta sus magras condiciones de vida. Queda claro que bajo semejante narrativa, la “legitimidad” de la protesta quedará sólo reservada a un actor. Los demás actores que participan de las protestas o se diluyen o se degradan moralmente. De manera paralela, se buscó mutilar la demanda inicial que dio lugar a la protesta y a las movilizaciones. De la eliminación del “paquetazo” se transita al “alza de los combustibles”. Recuérdese que la exigencia primera incluía todos los componentes de las medidas de ajuste anunciadas, las cuales afectaban a diversos sectores, especialmente, aquellos ligados al empleo público y privado en el ámbito urbano. Empero el recorte propuesto considerará como “válida” solo la ligada a la quita de los subsidios a las gasolinas.

Finalmente, el gobierno lo conseguirá cuando logre sentar en su “mesa de diálogo” (y luego de las balas³²) a los “indígenas” . ³³ No serán tampoco todos entre ellos. Serán tres de sus organizaciones: la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). También cuando más allá de lo que se escuchó por televisión o radio (ya que el diálogo supuestamente debía ser a la luz pública), la negociación final realizada en secreto y a puertas cerradas, terminó reduciendo el temario de los reclamos a la quita del Decreto No. 883. Con esto se levantó el paro y se desactivó la movilización social (13 de octubre). ³⁴

Es importante tener en cuenta este resultado porque permitirá explicar lo que sucederá automáticamente después. Luego del pacto alcanzado con los actores indígenas, el gobierno arremetió aún más en su persecución contra los correístas. Apalancados por los supuestos desórdenes producidos por las protestas, y a través de la Fiscalía General del Estado, se instruyeron causas para detener (mediante prisiones preventivas) a dirigentes de la Revolución Ciudadana. Por esto la Prefecta de Pichincha (Paola Pabón) en funciones se encuentra detenida por el “delito de rebelión” y por su relación “a los actos delictivos registrados durante las protestas”. ³⁵  Esta arremetida además buscó sacar del juego al sector político que más abierta y explícitamente expresó su resistencia y oposición a la gestión morenista. ³⁶

También el oficialismo comprendió que para avanzar en el programa neoliberal debía hacerlo más rápido y más profundamente. Justo después de los sucesos de octubre envió un nuevo proyecto legal aún más regresivo que la “Trole 3”. Uno que desafía a la sociedad ecuatoriana, pero sobre todo a los que aceptaron el pacto con el gobierno luego de las protestas. El 18 de octubre se remitió a la Asamblea Nacional una iniciativa bautizada como “Trole 4”. ³⁷ Esta altera 22 cuerpos legales, en algunos casos de raíz (Meyer, 2019; Báez, 2019). De acuerdo con los especialistas, esta nueva macro ley “abre la vía para una enorme concentración económica, a expensas de los recursos del Estado y de la estabilidad económica de las familias ecuatorianas. Más que contener medidas de corte fiscal, es una ley que cambia las normas para favorecer a los grandes grupos económicos del Ecuador” (Arauz, 2019; King, 2019; Campana). Una ley hecha para que el saqueo sea más hondo, voraz y expedito.

Entre las más relevantes medidas que contiene se destacan: mayores instrumentos para la evasión y reducción de impuestos frente al SRI con una orientación claramente regresiva en términos de redistribución; autonomía de la Junta Financiera y el Directorio del Banco Central para que sea ocupado por personas que representan al sector privado, con períodos de duración de seis años (mayores a los del presidente de la República). Tal composición se estructura para que la regulación esté orientada a favorecer a la banca privada mediante la eliminación de:

• Controles de liquidez doméstica a los bancos;
• Normas que permitan a la Junta orientar el crédito y fijar tasas de interés máximas;
• Disposiciones que obligan a que los bancos sean dueños de bancos;
• Obligación de desinvertir en las subsidiarias offshore de los bancos ecuatorianos;
• Obligación de establecer fideicomisos para vender negocios vinculados a los banqueros (canales de televisión a banca privada).
• Prohibición de que los bancos puedan ser dueños de aseguradoras y casas de valores, entre otras.

En el ámbito de la economía real busca generar más condiciones para que se concreten procesos de privatización de inversiones públicas realizadas por el anterior gobierno. Así, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, en la práctica exonera del cobro del 80% de los derechos de concesión por el espectro radioeléctrico. La orientación de la ley también se puede observar en el sector minero o en el de educación superior.

El proyecto fue duramente cuestionado por diversos actores políticos y por movimientos sociales. El 17 de noviembre el Pleno de la Asamblea Nacional decidió negarlo y archivarlo por completo bajo el liderazgo de los asambleístas de la bancada de la RC. La decisión se tomó con 70 votos afirmativos (de 133 presentes), pocas horas antes de que se terminaran los 30 días de plazo que tenía el cuerpo legislativo para pronunciarse por tratarse de un proyecto de ley económico urgente. No obstante, el Ejecutivo insistió dos veces más. Finalmente, al tercer intento y para cumplir las exigencias del FMI, éste fue aprobado en medio de la segunda vuelta de la campaña presidencial.

5. Pandemia, Estado de excepción y continuidad neoliberal

Luego de la primera vuelta electoral en donde Arauz, representante de la Revolución Ciudadana, obtuvo el 32,72% de los votos mientras que Lasso, representante de la derecha en Ecuador,  logró el 19,74%, superando apenas a Yaku Pérez, el candidato del movimiento indígena, el 11 de abril de 2021 se llevó a cabo el ballotage en Ecuador. Lasso, de 65 años, intentaba por tercera vez alcanzar la presidencia con su movimiento político Creando Oportunidades (CREO), luego de haber sido derrotado por Rafael Correa en 2013 y por Moreno, el mandatario saliente, en 2017.

Lasso con 52.36% de los votos válidos ganó a Arauz que obtuvo el 47,64%. Si bien el triunfo no deja dudas de la victoria, es necesario enmarcar la contienda electoral en el marco de lo que son las nuevas formas de dictaduras democráticas (Ramírez, 2021). Este oxímoron, da cuenta de nuevas prácticas que asedian a la democracia y suprimen los principios básicos de la misma. Estas nuevas formas consisten en el uso de las instituciones democráticas para violar las reglas de juego de la misma democracia e instaurar regímenes autoritarios para recuperar la tasa de ganancia del capital. Brasil, Bolivia y Ecuador son claros ejemplos de regresiones autoritarias neoliberales en el siglo XXI.

En el caso de Ecuador el proceso es diáfano. En el año 2017, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Presidente Lenin Moreno y María Fernanda Espinosa se quedan con la conducción del Alianza País (movimiento creado por Rafael Correa). En este marco, los líderes históricos de Alianza País, buscan tener acceso a las claves en el CNE para recolectar firmas para registrar el movimiento Revolución Ciudadana. En vista de la negativa del CNE de utilizar el nombre Revolución Ciudadana se decide solicitar la inscripción de un movimiento con otro nombre: Revolución Alfarista. Se niega la inscripción argumentando que una organización de izquierda no podía llevar el nombre de un líder de la revolución liberal. Frente al bloqueo de los órganos electorales de entregar las claves para iniciar la inscripción de un nuevo movimiento se llega a un acuerdo con el Movimiento Acción Nacional; movimiento en proceso de inscripción que ya contaba con la clave. Este acuerdo permitía que las bases y los dirigentes del movimiento Revolución Alfarista se unan al Movimiento Acción Nacional y recojan las firmas necesarias para su aprobación. Personas ajenas al Movimiento Acuerdo Nacional tomándose el nombre de ese movimiento y con el apoyo de quien presentó la solicitud de clave del Movimiento Acuerdo Nacional, hacen una declaración diciendo que expulsan a Rafael Correa y otros actores políticos afines a la Revolución Alfarista de su partido. Si bien se habían recogido 500.000 firmas y siendo el movimiento más importante del país, no se pudo inscribir el mencionado movimiento. Para poder participar en las elecciones seccionales del 2018, se negoció con el Movimiento Fuerza Compromiso Social, partido que ya tenía registro en el CNE. Este proceso de fusión entre MFCS y la RC se llevó a cabo en secreto para evitar un posible bloqueo del CNE. En las elecciones pluripersonales, el MFCS obtuvo el 11.3% de votos a nivel nacional, pese a no haber participado en todas las elecciones para nombrar dignidades en los gobiernos autónomos descentralizados. Tales niveles de votación lo convirtieron en la fuerza política más votada.

Al igual como sucedió en otros países de la región, la consigna, no obstante, era impedir la participación de Rafael Correa en las elecciones presidenciales. El 1 de agosto del 2019, contraloría aprueba un informe de auditoría (en un proceso en donde nunca fue notificado el MFCS), en donde se recomienda al CNE: “considerar y vigilar la situación legal de los MFCS (…) con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica”. Se interpusieron varias medidas cautelares para suspender un posible procedimiento administrativo por el Consejo Nacional Electoral que revise la personería jurídica del Movimiento FCS. Todas las acciones fueron denegadas argumentando que no existía inminencia en el daño.

Paralelamente, el 6 de julio, el CNE aprobó las reformas al Reglamento de “Democracia Interna” que entre sus modificaciones exige que los precandidatos acepten su nominación ante un delegado del CNE luego de diez días de efectuado el proceso democrático interno. Esta restricción buscó impedir la participación directa de Rafael Correa. El CNE interpretó esa norma en el sentido que el precandidato debía estar físicamente ante el funcionario del CNE, lo cual buscaba obligar a regresar al Ecuador para aceptar su nominación. Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado subrogante, presentó una acción de dirigencia de competencia en la Corte Constitucional. Los señores jueces del Segundo Tribunal de Sala de Admisión de la Corte Constitucional resuelven admitir a trámite la causa N° 01-20-DC.

Mediante resolución No. PLE-CNE-1-19-7-2020 del Consejo Nacional Electoral se inicia el procedimiento administrativo de revisión de la personalidad jurídica del MFCS y se dictan medidas cautelares de suspensión de movimiento hasta que se resuelva el procedimiento.

En el marco de la posibilidad de no poder escribir el binomio a través del MFCS, la Revolución Ciudadana hace un acuerdo con Centro Democrático, listas 1. Casi dos meses después de interponer el recurso, el TCE se pronunció revocando la Resolución del CNE y por tanto ratificando la personalidad jurídica del MFCS. El 22 de septiembre del 2020, la alianza de los movimientos Centro Democrático y MFCS presentó al binomio presidencial Andrés Arauz y Rafael Correa. No obstante, como parte de los procesos denominados lawfare, en un juicio nunca antes visto, el Tribunal de Casación en tres semanas resolvió el recurso de casación dentro del caso denominado “sobornos” que sentenció -por “influjo psíquico”- al expresidente Rafael Correa, con lo cual perdió sus derechos políticos. Luego de un proceso nada fluido, se inscribió un nuevo binomio a menos de dos meses de la primera vuelta. El binomio fue Andrés Arauz y Carlos Rabascal.

Finalmente, entre el 31 de diciembre y el 4 de febrero, el CNE y sus delegaciones suspendieron o no otorgaron autorización de la publicidad en la que aparecía el expresidente Rafael Correa.

Las dictaduras democráticas tienen varios mecanismos que no garantizan la mínima transparencia ni la libre competencia en los procesos electorales. No solo aquello. Son procedimientos con soluciones esquinas: los gobiernos progresistas no tienen otra opción que aceptar reglas de juego asimétricas en donde su participación termina legitimando la democracia representativa, a sabiendas que éstas son violadas sistemáticamente.  A través de diferentes mecanismos, líderes populares como Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa han sido proscritos y no han podido participar en los procesos electorales directamente. En el caso de Brasil y Ecuador, esto ha afectado los resultados electorales.

 

Composición de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2021

La victoria del banquero Guillermo Lasso se inscribe en el marco de estas nuevas prácticas carentes de valores democráticos. Guillermo Lasso, sin duda, es continuidad de una agenda de gobierno que busca profundizar el neoliberalismo empezado por Moreno.

Luego de las manifestaciones de octubre, la pandemia fue utilizada estratégicamente para instaurar Estados de Excepción. A través del miedo, no solo frenaron las manifestaciones sino que avanzaron en una agenda de despojo social siguiendo las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para otorgar crédito.

El saldo social es claro de la implementación de políticas neoliberales. En términos de bienestar se puede señalar que se retrocedió una década. Los niveles de pobreza son equivalentes a los que se tenía en el 2010: 32.4%. El crecimiento de la pobreza no solo se debe a la pandemia. Esto venía sucediendo sistemáticamente desde el 2017, año que asume Moreno la Presidencia. Claro está, que se agudiza producto de la crisis ocasionada por la COVID-19 en el 2020. Asimismo, la desigualdad incrementó 9 puntos porcentuales en los últimos 4 años de gobierno, con lo cual se retrocedió igualmente una década. Al 2021, el coeficiente de Gini se ubica en el 0.50. El decrecimiento de la economía es del -7.8%, el más bajo desde el retorno a la democracia. El subempleo se ubica en el 66%. Al igual de lo que sucedió en otros gobiernos neoliberales, la agenda estuvo acompañada de procesos de endeudamiento significativos. Ésta incrementó un 21% desde el 2017 y se ubica en 63.206 millones de dólares (aproximadamente el 60% del PIB).

En el marco de la Covid los resultados no son alentadores. El Estado reconoce oficialmente 20,357 personas fallecidas por Covid-19. No obstante, al analizar el exceso de personas fallecidas durante la pandemia esta cifra sube a 67,659 personas al compararlo con el promedio histórico registrado entre 2015 y 2019. Esta cifra coloca a Ecuador entre los países con peores resultados a nivel regional. Tiene 423 mil casos confirmados, equivalente a 1,19 casos por cada 1.000 habitantes. ³⁸

En estas circunstancias, asume el 24 de mayo de 2021 Guillermo Lasso la presidencia del Ecuador hasta el 24 de mayo del 2025. Su gobierno, de acuerdo al programa de gobierno³⁹, se espera que continúe con el programa neoliberal de reducción del Estado, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio y de los mercados financieros y articulación geopolítica con Estados Unidos a través de la agenda de Alianza del Pacífico.

A su vez, continuando con lo sucedido durante el gobierno de Moreno, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) pacta con el nuevo gobierno de derecha de Lasso y consigue mayoría parlamentaria. A partir de tal alianza gana la presidencia Guadalupe Llori, primera mujer indígena que consigue la presidencia del poder legislativo en la historia del Ecuador.

Es importante señalar que durante los últimos años ha habido una separación programática entre el movimiento indígena, que mantuvo una posición de defensa de los derechos sociales y económicos de la población, y su brazo político Pachakutik ⁴⁰, quien incluso cogobernó con Moreno hasta el 2019 y colegisló con el partido de gobierno aprobando las leyes que daban avance al neoliberalismo.

A mediados del año de 2021, se realizarán las elecciones por la presidencia de la CONAIE, que definirá el curso de acción de parte de la resistencia en Ecuador.  La eficacia o no de la ejecución de la agenda neoliberal estará dada por el nivel organización de la resistencia dada por la ciudadanía, los movimientos sociales y los movimientos políticos de oposición a la agenda del nuevo gobierno, frente al grado de articulación de los grupos de poder político y económico (nacionales e internacionales) afines al gobierno del Presidente Guillermo Lasso.

 

Notas

1. Esta sección se basa en el artículo de Ramírez y Guijarro, 2017.
2. La ética de la mirada universalista de la política social fue así desplazada hacia una óptica local, asumida por la proliferación de organismos del tercer sector (ONG, fundaciones, organizaciones caritativas, etc.), y la difusión de una nueva ética pública de doble rasero: la reivindicación del éxito emprendedor convive y se justifica con y a partir de la asunción de la caridad residual (como sostiene el ignominioso principio maximin de John Rawls: la distribución inequitativa de la riqueza se justifica si mejora (o no empeora) la situación del más pobre).
3. Latinobarómetro (2015). Base de datos disponible en http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp.
4. En las elecciones presidenciales los índices de volatilidad bordean el 50% en los períodos de gobierno 1988-1992 y 1992-1996, y más del 70% en el período 1998-2002. En las elecciones legislativas el índice medio alcanza niveles que llegan casi al 50% en los períodos de gobierno 1979-1984 y 1998-2002 (para el detalle de los cálculos ver Pachano, 2008: 12).
5. Los rasgos específicos de cada derrocamiento marcan la magnitud y la composición del poder de veto ciudadano: mientras las protestas de febrero de 1997 contra Bucaram fueron encabezadas por los partidos opositores y los movimientos sociales, en el derrocamiento de Mahuad en enero de 2000 se aliaron los indígenas con mandos medios del ejército para dar un golpe de Estado que instaló una efímera Junta de Salvación Nacional; en cambio, los levantamientos de abril de 2005 contra Gutiérrez fueron protagonizados por ciudadanos que actuaron al margen de toda estructura organizativa. En todo caso, se configuraba en estas acciones de resistencia el germen de lo nuevo.
6. Un indicio de la rigidez del sistema se puede encontrar en la opinión difundida en la propia izquierda política de que “el cambio estructural debe hacerlo el pueblo sin hegemonismos de ninguna clase” (Rodas Chaves, 2000: 199). Pareciera que así los (supuestos) partidarios del cambio asumen como norma la ideología de “convergencia” de 1998, efecto de una maniobra táctica más que de la capacidad de dirigir el cambio; capacidad que se da por descontada ya con la devaluación de la posibilidad hegemónica.
7. Miembro fundador del Movimiento Alianza País de la Revolución Ciudadana.
8. Todos los datos electorales se pueden consultar en la página web del Consejo Nacional Electoral: http://cne.gob.ec/es/resultados/estadisticas.
9. Por supuesto, en la teoría revolucionaria las posibilidades reales de este “equilibrio” son las que demarcan la dimensión de los cambios. Pero tengamos en cuenta que en el presente no es estratégico abordar la cuestión: alianza transitoria o revolución permanente, al margen de la ecuación: sujeto colectivo más productividad. Las circunstancias actuales exigen plantear ambos desafíos a la par: consenso táctico y profundización del cambio junto con sujeto colectivo a la par que otro modo de acumulación. Estas exigencias nos enfrentan con nuevos obstáculos y nuevos retos, y por ello demanda nuevas estrategias. Volveremos sobre este asunto más adelante.
10. Ibid.
11. Además, por primera vez en la historia del país, el voto se distribuyó proporcionalmente en todo el territorio nacional, rompiendo con los tradicionales clivajes regionales (Sierra/Costa; Quito, capital política/Guayaquil, capital económica). AP también obtuvo mayoría relativa en la Asamblea Legislativa con 59 curules de 124.
12. Ibid.
13. Un buen ejemplo del sentido que se había construido en ciertos estratos de las clases medias lo graficó el expresidente Rafael Correa en la entrevista que le realizara Daniel Filmus: “Hay un ejemplo muy representativo de esto. En esa época de dificultades económicas, un periódico sacó un gran titular por los ajustes que hacíamos desde el gobierno, criticando que aumentó el precio de la Nutella. Lo que pasó fue que aumentamos los aranceles a la importación de productos de lujo, como la Nutella. Pero esa fue la gran crítica, ¿por qué? Porque el ajuste recayó sobre los que más dinero tenían. Los pobres no consumen Nutella” (Correa, 2019: 273). Véase: Correa, Rafael (2019). “El proceso de transformación en Ecuador y los desafíos a futuro”. En Filmus, Daniel y Rosso, Lucila (comps.) Las sendas abiertas en América Latina. Aprendizajes y desafíos para una nueva agenda de transformaciones. Buenos Aires: CLACSO.
14. En esta sección sólo nos concentramos en las principales medidas económicas, productivas, comerciales y laborales. Empero el proyecto neoliberal morenista abarcó a todos los sectores de intervención estatal, incluso la reforma institucional del Estado. Incluso en el plano internacional supuso asestarle un golpe mortal a la integración latinoamericana. Para ello fue central la salida de Ecuador de la UNASUR. En esta jugada el gobierno primero entregó la sede central de la UNASUR en Quito al movimiento indígena para que allí funcionase la universidad particular ligada a este actor colectivo. Diversos políticos, intelectuales y activistas expresaron su rechazo a que el movimiento indígena acepte este “regalo”. Como botón de muestra véase: https://www.telesurtv.net/opinion/Carta-publica-de-Adolfo-Perez-Esquivel-a-la-CONAIE-20180829-0016.html. Finalmente, Ecuador dejó de pertenecer a la UNASUR al denunciar la totalidad de su Tratado Constitutivo mediante el Decreto Ejecutivo No. 915 del 29 de octubre de 2019. También debilitó a la CELAC y propuso la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico. Finalmente -contraviniendo el derecho internacional humanitario y las garantías dadas por el Estado ecuatoriano- retiró el asilo concedido a Julián Assange, fundador de Wikileaks, entregándolo al Reino Unido para su juzgamiento en EE. UU. Es relevante mencionar que el encolumnamiento del gobierno a las directrices de EE. UU. se reveló desde los primeros días de gestión cuando decidió introducir al país en la misma estrategia aplicada a Colombia en temas de seguridad y narcotráfico, algo que había logrado evitarse históricamente. También permitiendo nuevamente la operación de bases y/o asentamientos militares norteamericanos en territorio nacional (Galápagos) y la intromisión de esta fuerza extranjera en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad locales. Esto marcó otra profunda quiebra respecto a la gestión correísta que había logrado desactivar la base militar estadounidense que operaba en Manta y prohibir este tipo de injerencia a través del texto Constitucional de 2008.
15. Había alcanzado a ocupar 74 de los 137 escaños de la Asamblea Nacional.
16. Como indica Ramírez (2018a), es relevante indicar que la estrategia utilizada para semejante destrucción fue extrañamente concretar un gran e inclusivo “diálogo nacional”, justamente para mostrar “diferencias” con la gestión saliente caracterizada por algunos sectores como de estilo confrontacional, agresivo y jerárquico y bajo una agenda programática que había “polarizado a la sociedad” a raíz de proyectos redistributivos excesivamente radicales a favor de los sectores populares. Sin embargo, a poco de instrumentarse las publicitadas mesas de diálogo se reveló que su objetivo era otro muy distinto: “operar el acercamiento entre el Palacio de Carondelet (sede del Poder Ejecutivo) y las elites anticorreístas” (Ibid). De esta manera, si ahora la legitimidad de Moreno pasaba a depender de su capacidad para efectuar semejante “insólita reconciliación”, el programa de gobierno que acababa de ser refrendado por el voto popular, pero ponía entre las cuerdas al encumbrado “diálogo nacional”, podía evaporarse (Ibid). Véase: https://mondiplo.com/el-regreso-del-neoliberalismo-a-ecuador.
17. Se trató de un órgano ad hoc con atribuciones “excepcionales” por fuera del marco legal vigente cuyo objetivo central fue renombrar a los titulares de los principales poderes del Estado incluyendo a la Corte Constitucional (CC), la Procuraduría General del Estado (PGE), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo de la Judicatura (CJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Defensoría del Pueblo (DP), las Superintendencias entre las que están la de Comunicación, Economía Social y Solidaria, Ordenamiento Territorial, etc. En algunos casos este consejo transitorio actuó sólo, en otros se apoyó en procesos irregulares realizados celerísimamente por la Asamblea Nacional como en el caso de la FGE o en la Contraloría General del Estado (CGE). Para ello antes fue necesario descabezar a ambas entidades también bajo el mantra todopoderoso de la anticorrupción. Bajo procesos fraudulentos se removieron a sus titulares y los que eran sus segundos a bordo asumieron los cargos.
18. Incluso el Tribunal Electoral renombrado decidió poner al partido AP bajo el control de Moreno y su nueva fracción política, obligando a los militantes de esa agrupación que seguían fieles a Correa a fundar una nueva estructura que finalmente en esa oportunidad se le negó el registro.
19. Fundamentalmente, a lo ocurrido en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, entre otros). En el caso de Ecuador, la última dictadura asumió algunas características económicas ligadas al nacional desarrollismo (García, 1987). Es importante destacar que la instauración del neoliberalismo en la región tiene mucho que ver con los regímenes dictatoriales del siglo XX. En este sentido, el neoliberalismo y el capitalismo en sentido amplio tienen a la violencia como parte de su esencia (así ésta sea expresada también mediante nuevas modalidades históricas). El capitalismo es incompatible con la democracia, por ende, tal como afirmaba Gramsci, cuando dejan de ser competentes las instituciones que construyen la hegemonía para garantizar su supremacía, siempre recurrirá a la violencia. Es decir, la dominación mediante el tándem “consenso y coerción” puede en ciertos momentos resolverse sólo por esta última. En este sentido, si durante las dictaduras los disidentes/opositores eran secuestrados, torturados y/o asesinados ahora se les aplica la “muerte política” y “muerte social” (deshonra pública en articulación con medios de comunicación) vía prisión o degradación pública. Por tanto, es necesario volver a darle toda la visibilidad a esta relación entre neoliberalismo y autoritarismo débilmente tratada y analizada actualmente y destacar el carácter violento y antidemocrático del neoliberalismo de hoy y de ayer. Véase: García Gallegos, Bertha (1987) Militares, Economía y Lucha Política; Ecuador en los años setenta. Tesis Doctoral. México D. F.: Colegio de México (COLMEX).
20. En efecto, a pesar de problemas exógenos a la economía ecuatoriano como fueron desde el terremoto de 7.8 Mw en Manabí en abril de 2016, el desplome a nivel mundial de los precios de petróleo, la caída sostenida de las exportaciones durante dos años consecutivos, la devaluación de Colombia y Perú (principales socios comerciales) o el pago a las petroleras Occidental y Chevron, por los írritos juicios que Ecuador perdió en manos de tribunales arbitrales internacionales espurios, ya en el último trimestre del 2016 la economía doméstica estaba creciendo y se había recuperado. Los precios estaban estables y el desempleo, la pobreza y la desigualdad, a pesar de la recesión, no habían incrementado. La democratización de derechos sociales continuaba avanzando, razón por la cual la pobreza multidimensional incluso continuaba disminuyendo en las zonas rurales. Si bien a nivel nacional la pobreza multidimensional (Índice Multidimensional de Pobreza – IMP-) se mantuvo constante en el año de la crisis (2015-2016), en las zonas rurales esta pobreza continuó disminuyendo en 3.5 puntos porcentuales de acuerdo a la ENEMDU de diciembre del 2016 levantado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
21. Richard Martínez Alvarado al frente del Ministerio de Economía, Eva García Fabre al frente del Ministerio de Industrias y Productividad, Carlos Pérez García al frente del Ministerio de Hidrocarburos o Pablo José Campana Sáenz al frente del Ministerio de Comercio Exterior son algunos ejemplos de ello. Richard Martínez fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (2015-2018), presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador (2015) y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (2014-2018).

Eva García fue directora de Estudios Económicos y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Guayaquil entre los años 1990 y 2004. Carlos Pérez se desempeñó como gerente y coordinador en Ecuador y otros países de la corporación Halliburton.  Pablo Campana fue presidente ejecutivo de Nobis Entrerprises Nueva York – Miami. Entre 2011 y 2012 fue presidente de directorio de Howard Johnson-Guayaquil. Entre 2012 y 2017 fue presidente ejecutivo de Promotora Millenium S.A.

22. Por US$ 4.200 millones.
23. Por US$ 6.000 millones.
24. Registro Oficial Suplemento No. 306 del 21 de agosto del 2018.
25. La Ley Trole/Trolebus 1 fue la Ley para la transformación económica del Ecuador; Ley No. 4, Registro Oficial Suplemento 34 de 13 de marzo del 2000. La Trole/Trolebus 2 fue la Ley para la promoción de la inversión y la participación; Ley No. 000, Registro Oficial Suplemento 144 de 18 de agosto del 2000. Ambas modificaban muchos y muy diversos cuerpos legales.
26. Los términos de la condonación de deudas fiscales fueron:
    i.“Remisión”, es decir perdón, del 100% de intereses, multas y recargos sobre obligaciones “tributarias o fiscales”, sujetas a recaudación del Servicio de Rentas Internas (SRI);
    ii.“Remisión” especial para los contribuyentes pertenecientes al RISE (régimen impositivo simplificado) del SRI;
    iii.“Remisión” del 100% de intereses, multas y recargos de las obligaciones aduaneras;
    iv.“Remisión” de deudas sobre impuestos vehiculares, matriculación e infracciones de tránsito;
    v.“Remisión” del 100% de intereses, multas y recargos de obligaciones pendientes por servicios básicos que proporcionan las empresas públicas de la Función Ejecutiva;
    vi.“Remisión” que “podrán hacer” los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), así como sus empresas, agencias, instituciones y entidades adscritas, sobre intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos;
    vii.“Reducción” de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), incluyendo obligaciones por glosas, títulos de crédito, acuerdos de pago parciales, o convenios de purga de mora;
    viii.“Exoneración” del Impuesto a la Renta (IR) para las nuevas inversiones productivas, en sectores priorizados, por 10 años, si se realizan fuera de Quito y Guayaquil;
    ix.“Exoneración” del IR para las nuevas inversiones productivas, en sectores priorizados, pero por 8 años, si se realizan en Quito y Guayaquil;
    x.“Exoneración” del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión, en los pagos al exterior por concepto de: importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias para el desarrollo del proyecto; dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en Ecuador, bajo condiciones señaladas;
    xi.“Exoneración” del pago del ISD para contribuyentes que inviertan en activos productivos el 50% de sus utilidades; y quienes se benefician con los dividendos distribuidos en Ecuador, también están exentos del IR en ese reparto;
    xii. Exoneración del IR para las nuevas inversiones productivas en el sector industrial durante 10 años;
    xiii. Exoneración del IR para las nuevas inversiones productivas en el sector de “industrias básicas” durante 15 años;
    xiv. Exoneración del IR para nuevas inversiones industriales en “cantones fronterizos del país” durante 5 años más, a los señalados en los dos numerales anteriores;
27. “Beneficios e incentivos” de esta Ley (o sea remisiones, exoneraciones o reducciones tributarias) para los “proyectos de vivienda de interés social” calificados como prioritarios, pero también para las “industrias de fabricación de viviendas de interés social”.
28. Incluso Salgado (2019) sostiene que a la “fecha en que entró en vigencia dicha Ley, el sector privado debía al Estado, solamente por impuestos no pagados al SRI, 4.291 millones de dólares (sin considerar intereses), cifra superior al monto del crédito aprobado por el FMI”.
29. Ibid.
30. Por ejemplo, en el sector público, reducción del 20% de las remuneraciones en contratos temporales, eliminación generalizada de 15 días de vacaciones y la quita compulsiva de un día laborado por mes para aumentar los fondos del Ministerio de Economía. En el sector privado, la introducción de nuevas modalidades de contratación menos costosas para los empleadores. También una reforma a la seguridad social que habilitaba la apertura del sistema a fondos de capitalización. Todas evidentemente pro-flexibilización laborales y pérdida de derechos y protecciones adquiridas.
31. Por ejemplo, cuando se les entregó el manejo (con los cargos y el presupuesto) de la Educación Intercultural Bilingüe dentro del Ministerio de Educación. https://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/26/nota/6200545/indigenas-volvera-educacion-intercultural. También cuando se designó a Humberto Cholango como nuevo Secretario Nacional del Agua (ex presidente de la CONAIE). https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko/1/humberto-cholango-se-incorpora-al-equipo-de-lenin-moreno?
32. Ibid.
33. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, las cifras oficiales, fueron: 1192 aprensiones, 1340 heridos y 10 fallecidos.
34. Si bien se sostuvo en Ecuador que la negociación con el gobierno debía sí o sí producirse porque no podía sostenerse en el tiempo, la protesta acontecida Chile con más de un mes de movilizaciones, paros y protestas ininterrumpidas cuestiona este argumento.
35. Es importante indicar que en este acuerdo formalizado y luego dado a conocer no se colocaron todos los ítems del paquetazo que fueron expuesto en la cadena nacional del presidente a fin de que no estén incluidos en ninguna reforma normativa posterior. Empero, debe indicarse que gracias a la trascendencia que supuso la protesta, con toda la pluralidad de los actores involucrados, se logrará que el gobierno luego de su desactivación consintiera postergar la concreción del resto de medidas anunciadas. Respecto al reclamo por los actos perpetrados por las fuerzas de seguridad durante la movilización desapareció de la agenda.
36. También fueron detenidos otros funcionarios de su gobierno provincial. Incluso ex asambleístas, como Virgilio Hernández. Otros igualmente perseguidos apenas lograron pedir asilo político en la Embajada de México en Ecuador.
37. Es importante indicar que luego de haberse levantado el paro, el gobierno buscó “extender” la categorización de “violentos y desestabilizadores” a otros actores de la protesta. Esto afectó con el correr de los días incluso a algunos miembros del movimiento indígena lo cual fue denunciado públicamente.
38. Aunque como en anteriores ocasiones su nombre oficial resultó más ostentoso ; “Ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, y manejo responsable de las finanzas públicas”.
39. Al 28 de mayo de 2021.
40. Plan de Gobierno Lasso y Borrero 2021-2025. Disponible en: https://guillermolasso.ec/wp-content/uploads/2020/10/Plan-de-Gobierno-Lasso-Borrero-2021-2025-1.pdf
41. Pablo Dávalos Aguilar: Movimiento Pachakutik: El difícil aprendizaje de ser poder (pablo-davalos.blogspot.com). Disponible en: http://pablo-davalos.blogspot.com/2021/05/movimiento-pachakutik-el-dificil.html

 

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Mapa del Ecuador

 

Datos Estadísticos

Indicadores demográficos de Ecuador

Fuentes: ONU. World Population Prospects: The 2004 Revision Database
¹ Datos sobre la población urbana y rural tomados de ONU: World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.
* Proyección. | ** Estimaciones por quinquenios. | *** Incluye el Caribe.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos indicada. 

 

Indicadores socioeconómicos de Ecuador

Fuentes: CEPALSTAT

¹ UNESCO Institute for Statistics

² Calculado a partir de los datos del Global Health Observatory de la Organización Mundial de la Salud
³ Fuente: UNDP. Countries Profiles

* Proyecciones. | ** Para los años de 1970, 1980 y 1990 el dato se refiere a los médicos que trabajan en establecimientos de salud. En los demás se contabilizan los médicos de tiempo parcial o de guardia.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en el documento indicados.