Por Ana Esther Ceceña
La Alianza para el Progreso, primer plan estratégico con pretensiones de liderazgo continental implementado por los Estados Unidos, fue lanzada por el presidente John F. Kennedy (1917-1963) en el momento en que Cuba se declaró socialista y América Latina inició un ciclo de luchas de liberación nacional. Contaba con un presupuesto de US$ 20.000 millones de ayuda, a ser distribuidos en un período de diez años y que se otorgarían de acuerdo con la disponibilidad y el compromiso de los países latinoamericanos en el cumplimento de los preceptos de la declaración de principios. La Alianza para el Progreso constaba de 7 puntos: fortalecer las instituciones democráticas; acelerar el desarrollo económico y social sustentable, disminuyendo la desigualdad con los países industrializados; desarrollar planes de viviendas rurales y urbanas; impulsar la reforma agraria (de acuerdo con las peculiaridades de cada país); asegurar salarios justos y condiciones de trabajo satisfactorias; erradicar el analfabetismo; y promover el desarrollo de la iniciativa privada y la estabilidad de los precios, tanto internos como de exportación. Estos compromisos se propusieron como un llamado a los países de América Latina a producir profundos cambios económicos, sociales y políticos, por iniciativa propia y con ayuda externa –ayuda que podía tomar la forma de golpes de Estado o derrocamiento de gobiernos cuando fuera necesario–.
Ofensiva contra Cuba
Anunciada oficialmente el 13 de marzo de 1961, la Alianza para el Progreso se convirtió en acuerdo formal en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en agosto de ese mismo año en Punta del Este, Uruguay. Ernesto Che Guevara, como representante de Cuba en la reunión de la OEA, denunció que el proyecto era una maniobra destinada a aislar el proceso revolucionario iniciado en la isla. En palabras del Che:
Hoy, aquí, los Estados Unidos vienen con una bolsa de oro –afortunadamente más grande– en una mano, y una barrera para aislar a Cuba en la otra […]. Denunciamos que la Alianza para el Progreso es un vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América Latina y esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana, para después domesticar a los otros pueblos obedeciendo las directivas del imperialismo.
Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, y negocia su retorno a la Organización en 2015.
Con la intención de administrar los recursos de la Alianza para el Progreso, las agencias gubernamentales destinadas a ese fin fueron reformuladas y reestructuradas, y en 1961 se publicó la FAA (Foreign Assistance Act), norma legal que regula la asistencia económica fuera del territorio de los Estados Unidos –que hasta hoy casi no ha sufrido modificaciones–. Se crearon organizaciones gubernamentales de intervención norteamericana en América Latina, entre otras la USAID (U.S. Agency for International Development), el 3 de noviembre de 1961, y los Cuerpos de Paz (Peace Corps, grupos de voluntarios destinados a tareas humanitarias), constituidos ese mismo año. Se dio impulso al Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT) y al Área Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, 1960), que puede considerarse el antecedente inmediato de las Iniciativas para las Américas anunciadas por el presidente George Bush en 1990.
Más allá de su retórica democrática, durante el período de vigencia de la Alianza para el Progreso –y en gran medida amparadas por su política–, se multiplicaron las acciones militares de los Estados Unidos en América Latina y las intervenciones en los procesos políticos locales. Según las cifras oficiales de la USAID, en el período 1960-1969 se destinaron a la región cerca de US$ 6.500 millones de Asistencia Económica y cerca de US$ 980 millones en el rubro Asistencia Militar, que contribuyeron a instaurar regímenes propensos a favorecer las políticas trazadas por el gobierno de los Estados Unidos.
Década de conflictos
1961 fue un año particularmente intenso en acciones destinadas a limitar la influencia de la Revolución Cubana y debilitar los proyectos nacionalistas en el continente. En Colombia se instalaron los Peace Corps y prepararon el terreno para lo que hoy es el Plan Colombia; en Ecuador, un golpe de Estado derrocó al presidente José María Velasco Ibarra. A partir de ese momento se sucedieron las intervenciones: golpe de Estado contra Víctor Haya de La Torre en Perú (1962); golpe de Estado en Guatemala (1963) para evitar las elecciones que llevarían a la presidencia a Juan José Arévalo; y golpe de Estado en la República Dominicana (1963) contra Juan Bosch. En 1964 hubo golpe de Estado en Bolivia contra Víctor Paz Estenssoro y en Brasil contra João Goulart; la American Security Operation –conocida como Plan LASO– se instaló en Colombia para controlar las insurrecciones populares independentistas iniciadas en Marquetalia; y en Chile fue saboteada la candidatura de Salvador Allende. En todos los casos, las actividades intervencionistas fueron acompañadas por un incremento, muchas veces significativo, del financiamiento otorgado en asistencia militar por los Estados Unidos.
En 1964 se constituyó también la Organización Democrática Nacionalista en El Salvador, de carácter paramilitar, que fue denunciada por haber sido instrumento del Ejército para conseguir información imprescindible para los servicios de inteligencia, mientras simultáneamente se desempeñaba como fuerza operativa en los trabajos sucios de contrainsurgencia.
En 1965-1966 hubo una nueva intervención en la República Dominicana para impedir que Juan Bosch recuperara la presidencia; en 1966 se produjo el golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía en la Argentina, y en 1967 se cerró el ciclo con la captura y el asesinato del Che Guevara en Bolivia.
publicado 31/08/2016 12:02, Conteúdo atualizado em 03/07/2017 17:04
