Jorge Rovira Mas (actualización en 2 de marzo de 2021 a partir de la entrada original en versión impresa en 2007)

Fuentes:
¹ CIA: World Factbook
² INEC: Censo
³ INEC: Estimaciones y Proyecciones
⁴ ONU: World Urbanization Prospects, The 2014 Revision.
⁵ CEPALSTAT.
⁶ ONU/PNUD: Human Development Report, 2014.

Antecedentes históricos fundamentales

 

El legado precolombino y colonial

Desde el punto de vista de la historia precolombina, el territorio de la actual Costa Rica junto con las sociedades que lo habitaban fueron parte de un área cultural diferenciada, la de la Zona Sur de la América Central, constituida también por el sureste de Nicaragua y Panamá. Área de tradición cultural chibchoide por la preeminencia de las lenguas surgidas a partir de la familia lingüística chibcha, poseía rasgos culturales propios. Tempranamente en la historia antigua de Centroamérica se fraguaron ciertas características que diferenciarían a las sociedades que habitaron Costa Rica respecto de las de aquellas otras que se desarrollaron en el norte del istmo centroamericano: una menor densidad demográfica, sociedades con dimensiones y organización social menos complejas, así como una arquitectura y un arte no tan ricos y variados, en contraste con las mesoamericanas localizadas en el norte de esta región de América.

El descubrimiento del territorio costarricense por Colón se produjo en 1502, durante su cuarto y último viaje. Se despertaron entonces expectativas de unas tierras con muchas y accesibles riquezas auríferas, frustradas luego por la realidad. La conquista fue un proceso tardío y en 1563 se fundó la población de Cartago en el este del Valle Central del país (desde esa época dicho valle el eje económico y político, al igual que centro de la vida cultural), convirtiéndose en capital de la Provincia de Costa Rica. Durante todo el periodo colonial el territorio de esta y sus habitantes formaron parte de la Audiencia de Guatemala en lo político y del Obispado de Nicaragua en lo religioso.

Rasgos estructurales de la Provincia durante la Colonia fueron la carencia de minas de oro y plata conocidas y explotables; la escasez de población indígena controlada por los españoles mediante la encomienda y el repartimiento (existió la esclavitud pero de una población negra muy poco numerosa); las limitaciones extremas en que se desenvolvía el comercio; y la lejanía de la Audiencia de Guatemala, de la que era su división política más al sur y también la más abandonada a su propia suerte, circunstancias todas ellas desfavorables para la generación y acumulación de excedentes significativos. Esto contribuyó a producir algunos de los perfiles ancestrales de la sociedad costarricense: acceso relativamente fácil a la tierra y fuerte acento campesino, y si bien existió diferenciación social y jerarquías -muy distinto todo del igualitarismo que alguna vez pregonaron erradamente varios historiadores-, lo cierto es que dichas diferenciaciones fueron muchísimo menos pronunciadas que las observadas en el resto de Centroamérica.  De aquí una sociedad con menores distancias de estatus entre sus miembros y propensa a crear mejores oportunidades. Desde entonces, por cierto, las sociedades de Costa Rica y Guatemala ofrecen en Centroamérica el contraste más prominente.

La Independencia, la sociedad agroexportadora y el Estado nacional

Agroexportación y Estado 

El 15 de setiembre de 1821 es la fecha oficial de la independencia de España de los países centroamericanos, es decir, en el 2021 se alcanzó el bicentenario. En 1824 se produjo la incorporación pacífica al territorio de Costa Rica de la región de Nicoya (hoy provincia de Guanacaste, colindante con Nicaragua y entonces perteneciente a la Intendencia de León, dependencia político-administrativa que incorporaba también a la Provincia de Nicaragua, todo dentro del Reino de Guatemala). A partir de este mismo año Costa Rica formó parte de la República Federal de Centroamérica. Los interminables conflictos entre liberales y conservadores en el seno de esta, principalmente en el norte del istmo pero que también salpicaban a los costarricenses, condujo a estos en 1838 a abandonar la Federación y a establecer en 1848 la República como Estado plenamente soberano. A partir de aquellos años Costa Rica ha mostrado una voluntad reticente de sumarse a proyectos de integración regional centroamericana o en todo caso se ha incorporado a ellos de manera muy acotada.

La inserción agroexportadora del país por medio del café en los circuitos de la economía capitalista internacional emergente en el siglo XIX (primero entre los centroamericanos en lograrlo), se inició en la década de los años 1830 y se consolidó en la siguiente. El universo cafetalero, en el que había también medianos productores y otros grandes que igualmente exportaban, además de comerciantes importadores y financistas, se estructuró sobre el trasfondo de la economía campesina expandida durante el siglo XVIII. Los efectos distributivos beneficiosos de esta pauta de producción y vinculación al comercio capitalista internacional reforzaron la índole menos desigual de los estratos sociales en la sociedad costarricense respecto de estos en otras partes de Centroamérica. La exportación de café, primer producto comercial que resultó en un éxito duradero y significativo, brindó desde el inicio, a pesar de las fluctuaciones cíclicas de los precios, un nuevo dinamismo a la sociedad y con él se empezaron a vivir hondas transformaciones que alcanzarían a diversos grupos sociales.

El segundo producto de exportación importante ha sido el banano. Fue la necesidad de acortar la ruta seguida en la exportación de café a Europa para hacerlo por medio del Atlántico -antes se hacía por el Pacífico bordeando América del sur- lo que impulsó la construcción del ferrocarril hacia el Caribe.  Aunque el proyecto fue una iniciativa estatal, lo culminó en 1890 un empresario norteamericano, Minor Keith. Este lo inauguraría y también obtuvo grandes concesiones de tierras próximas al litoral, las que habilitó para la producción bananera y su exportación a Estados Unidos por medio de la United Fruit Company (1899) -a la que Carlos Luis Fallas, el líder sindical bananero, en su novela de aguda crítica social denominara Mamita Yunai. Este rubro productivo ha atraído y concentró durante mucho tiempo a una buena parte del proletariado agrícola del país.

La conformación del Estado nacional atravesó por diversos periodos. Desde las primeras décadas del siglo XIX se produjo un fortalecimiento de las posiciones liberales en detrimento de aquellas de los conservadores, lo que trajo entre sus resultados el de convertir a San José en ciudad capital a partir de 1823 y una inicial e igualmente pronta limitación de los privilegios de la Iglesia Católica. Otro momento relevante ocurrió cuando en 1856 y 1857 los costarricenses repelieron a las fuerzas invasoras de William Walker y ayudaron decisivamente a derrotarlo, un norteamericano que había llegado a Nicaragua con la aspiración de sojuzgar a Centroamérica bajo la perspectiva de los intereses del sur esclavista de Estados Unidos.

Si bien fueron frecuentes jefes de Estado con periodos inconclusos, golpes militares y nuevas constituciones, que se sucedieron entre 1821 y 1870, a partir de este último año con el ascenso del general Tomás Guardia por la vía militar (al frente del Gobierno hasta 1882) y con la aprobación de la Constitución de 1871, el Estado nacional ingresó en una nueva fase. Al mismo tiempo que empezó a adquirir mayor autonomía frente a la oligarquía cafetalera y a acotarse el poder militar -el cual, sin embargo, preservó importancia desde un segundo plano por lo menos hasta los años veinte del siglo recién pasado-, fue ascendiendo una nueva generación de abogados y hombres públicos firmemente comprometidos con el ideario liberal. Los cimientos de un Estado de derecho; la extensión de la educación pública en el nivel primario; la expansión paulatina del sufragio; nuevos deslindamientos de las prerrogativas de la Iglesia Católica en beneficio de un Estado cada vez más laico; y procesos electorales reiterados -interrumpidos por un golpe de Estado entre 1917 y 1919- fueron logros sobresalientes del largo periodo transcurrido entre la década de los años ochenta del siglo XIX y 1929. A esto cabe agregar que Costa Rica logró constituir un Estado nacional con fronteras aceptadas internacionalmente y mantener su territorio libre de la intervención de fuerzas extranjeras, a diferencia de otros países centroamericanos como Nicaragua en el norte y Panamá en el sur de sus fronteras, países intervenidos por Estados Unidos, poder que instituyó en ellos, durante las primeras décadas del siglo XX, los ejércitos convocados a resguardar sus intereses en la región.

La crisis económica y la guerra civil (1929-1949)

La crisis económica mundial iniciada en 1929 y más tarde la II Guerra Mundial (1939-1945) impactaron prolongadamente a la sociedad costarricense. Fueron dos décadas durante las cuales entró en crisis todo un modelo de sociedad, la agroexportadora.

En 1931 se fundó el Partido Comunista (PC) de Costa Rica liderado por Manuel Mora Valverde. Y en 1934 se produjo la gran huelga bananera dirigida por esta organización política en contra de la United Fruit Company, con la cual se consiguieron mejoras importantes en las condiciones de contratación del proletariado agrícola dedicado a este rubro de exportación. A diferencia del resto de los países de Centroamérica, en donde a partir de 1931 se entronizaron dictaduras personalistas que se prolongarían por más de una década -la de los Somoza en Nicaragua duraría cuatro-, en Costa Rica, a pesar de la crisis económica y el malestar social, la normalidad democrática y el cambio de poderes por la vía pacífica y electoral prevaleció.

Hacia 1940 con la elección como presidente (1940-1944) del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia del Partido Republicano Nacional (PRN), quien se reconocía influido por la Doctrina Social de la Iglesia Católica, comenzaron unos años turbulentos de reformas sociales y de confrontaciones políticas. Calderón Guardia, con el respaldo de la Iglesia Católica y de su arzobispo progresista de entonces, Monseñor Víctor Sanabria Martínez, y con el apoyo del PC más tarde, concretó, entre otros logros, la creación en 1941 de la seguridad social y su institución clave, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la aprobación del Código de Trabajo en 1943 y la incorporación a la Constitución de un capítulo sobre garantías sociales, además de fundar la Universidad de Costa Rica en 1940.

La oligarquía cafetalera, que inicialmente lo había apoyado, le quitó su respaldo. Pero la oposición a Calderón y a quien de su mismo partido le sucedió en el Gobierno entre 1944 y 1948 -en un régimen político con periodos presidenciales de cuatro años y sin reelecciones inmediatas-, provino también de otros frentes. Uno de ellos, una coalición de grupos procedentes de los sectores medios de la sociedad, compuesto por figuras como José Figueres Ferrer, Rodrigo Facio Brenes, Daniel Oduber Quirós y Luis Alberto Monge Álvarez, entre otros. Estos habían conformado el Partido Social Demócrata (PSD) en 1945 y adversaban a Calderón y a su partido por otras acciones distintas a su reformismo en materia social, en especial por presuntos hechos de corrupción y por temores de fraude electoral.

En el transcurso de la década de los años cuarenta se fue desarrollando un clivaje, una fractura social en Costa Rica, entre quienes se aferraban al viejo orden agroexportador sin cambios, por una parte, y quienes apostaban por hacerle reformas, por la otra. Pero la manifestación partidaria y electoral de dicho clivaje no resultaba tan evidente, por cuanto este se entremezclaba con intereses y preocupaciones políticas de corto plazo. Para las elecciones de febrero de 1948 las principales fuerzas políticas se alinearon en aguda confrontación. De un lado se encontraban Calderón y su partido con el apoyo de los comunistas y su base social, el proletariado bananero y algunos sectores de artesanos y trabajadores urbanos, quienes temían un retroceso en los logros sociales alcanzados durante la década y estaban decididos a toda costa a no perderlos. De otro, el periodista Otilio Ulate Blanco, quien se había convertido en el candidato de la oposición tras derrotar a Figueres en una convención y que contaba con el respaldo de su partido, el Unión Nacional (PUN), con Figueres y el PSD, y a quien la oligarquía también apoyaba esperanzada de que así se pudiera derrotar al calderonismo y hacer retroceder la rueda de la historia en materia de desarrollo social. Los resultados electorales le dieron el triunfo a Ulate, pero Calderón los cuestionó y finalmente el Congreso, de mayoría calderonista y comunista, anuló las elecciones.

Figueres Ferrer, que ya venía preparándose para tal eventualidad desde meses antes, había conseguido apoyo en armamentos de parte del Dr. Juan José Arévalo -líder principal de la Revolución de Octubre de 1944-1954 de Guatemala y presidente entre 1945 y 1951- y había constituido, junto con otros líderes centroamericanos, la denominada Legión Caribe con la mira de erradicar las dictaduras en esta región (empezando por la de Somoza en Nicaragua y la de Trujillo en República Dominicana). Contaba también con un contingente de jóvenes provenientes de los sectores sociales medios dispuestos a irrumpir de manera renovadora en la vida política de Costa Rica y se alzó en armas el 12 de marzo de 1948.

La guerra civil duró poco más de un mes.  Sus resultados fueron el triunfo de Figueres y el exilio tanto de Calderón como de Mora Valverde, con lo que los comunistas no volverían a tener la importancia e influencia que alcanzaron entre los años 30 y 40.  Pero también, como parte de las negociaciones con las cuales se clausuró el conflicto armado, Figueres se comprometió a respetar las instituciones de reforma social que Calderón había concretado con apoyo comunista, para disgusto profundo de la oligarquía. Y, más aún, Figueres y Ulate acordaron que el primero estaría a cargo de una Junta de Gobierno por dieciocho meses (mayo de 1948 a noviembre de 1949), tras los cuales este obtendría la Presidencia en respeto a los resultados electorales de febrero de aquel año. Figueres y el PSD, que ideológicamente se inclinaban por el keynesianismo y el intervencionismo del Estado, que consideraban agotada la visión liberal de la economía y que ardían en deseos de transformar las políticas de desarrollo de Costa Rica, fueron más allá.  En junio de 1948 nacionalizaron todos los bancos privados, se abolió el ejército en diciembre y se ejecutaron otras acciones en materia económica. En noviembre de 1949 una asamblea constituyente dio a luz la Constitución que actualmente se encuentra vigente con sus enmiendas. Figueres le entregó efectivamente el poder a Ulate en este mismo mes y se cerraron así las dos décadas previas mediante las cuales se produjeron las condiciones para que llegara a su fin el orden social agroexportador.

Un hecho sobresaliente de esta etapa, de consecuencias duraderas para la democracia y el desarrollo social costarricense, fue la abolición del ejército y su proscripción en el artículo 12 de la Constitución. Los militares en Costa Rica habían venido declinando en importancia poco a poco, lo que se había acelerado en los treinta años anteriores. Sin embargo, Figueres y el PSD les dieron el golpe de gracia, como una medida preventiva destinada a impedir que la oligarquía pudiera intentar luego boicotear, por la vía de las armas, la concreción de su proyecto político tras su ascenso al poder. Y se depositó la defensa del país frente a agresiones externas en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en el marco de la Guerra Fría que entonces despuntaba.

 

El desarrollo de la Posguerra: los años dorados (1950-1980)

Política y consolidación de la democracia

El factor que enmarcó favorablemente el desarrollo de la sociedad costarricense de la Posguerra fue la expansión que experimentó la economía y el comercio internacional una vez concluida la II Guerra Mundial, es decir, los llamados años dorados del capitalismo en el siglo XX (1945-1973). La modernización política, entendida como institucionalización y consolidación de la democracia, y la búsqueda del desarrollo, fueron las dos grandes metas de este periodo en América Latina, pero en poquísimos países pudo concretarse. Costa Rica fue uno de ellos. Y la explicación hay que encontrarla principalmente en los factores políticos internos, que son los que permiten a cada sociedad aprovechar o desaprovechar las oportunidades y los retos que le plantea el entorno internacional.

Los factores decisivos en Costa Rica fueron los desenlaces que trajo consigo la guerra civil de 1948.  El debilitamiento relativo de la influencia política de los sectores económicos oligárquicos; el anquilosamiento de las reducidas y desgastadas élites que comandaron el orden social agroexportador y liberal; y la emergencia política de grupos medios reformistas, primero, y de su predominancia electoral, posteriormente, es lo que explica la dirección tan progresiva que tuvo el estilo de desarrollo del país entre 1950 y 1980.

En 1951 se fundó el Partido Liberación Nacional (PLN), heredero del PSD, que se convirtió en la organización más exitosa electoralmente y en la más influyente en la política entre 1953 y 1978. Durante estos poco más de veinticuatro años el PLN ejerció la Presidencia durante dieciséis (cuatro periodos con Figueres en 1953-1958, con Orlich en 1962-1966, con Figueres nuevamente en 1970-1974 y con Oduber en 1974-1978, en estas dos últimas ocasiones consecutivamente), pero durante todos los veinticuatro mantuvo la mayoría de diputados y el control de la Asamblea Legislativa. Pudo así disponer de muchos recursos de poder para impulsar sus políticas cuando accedía al gobierno y para resistir intentos de hacerlas retroceder cuando la Presidencia era ganada por la oposición (lo que sucedió alternativamente en 1958-1962 y en 1966-1970). Detrás del PLN había una nueva generación política y a través suyo se expresaban otros intereses económicos y de grupos sociales. Contó especialmente con el respaldo de la burguesía industrial emergente, con el de las nuevas clases medias urbanas que se expandieron junto con el Estado, y con el de la mediana burguesía rural, sectores interesados en la modernización del país. La del PLN ha sido una socialdemocracia que, sin sustento en una clase obrera que era prácticamente inexistente en Costa Rica y que nunca ha estado bien organizada, se anclaba en dos convicciones fundamentales: la importancia del papel del Estado para potenciar el desarrollo económico y social, es decir, el Estado intervencionista y benefactor, de una parte, y la aspiración de ampliar las oportunidades de mejoramiento para el conjunto de la sociedad y disminuir la desigualdad, por otra.

La oposición política al PLN provino de dos partidos, el PUN de Ulate, a través del cual la vieja oligarquía procuraba retener influencia, y el PRN del Dr. Calderón Guardia, partidos que habiendo sido opositores entre sí en los años cuarenta se fueron poco a poco aproximando durante los cincuenta y sesenta en contra del PLN, hasta que en la segunda mitad de esta última década empezaron a forjar coaliciones electorales. De modo que a partir de cierto momento se produjo una mezcla sui generis de intereses: de un lado los sectores empresariales antiliberacionistas de vieja cuna y de otro, por el efecto ideológico y político derivado de la guerra civil, sectores de las clases trabajadoras, rurales y urbanas, que confiaban en el calderonismo como su vehículo político. Su ideario fue siempre, además del antiliberacionismo, el liberalismo económico y el antiintervencionismo estatal, la defensa a ultranza de la propiedad privada, pero igualmente la concreción de algunos principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

Entre 1950 y 1980 el clivaje que ocurrió en Costa Rica durante los años cuarenta y que condujo a la guerra civil de 1948 se expresó política y electoralmente mediante los anteriores partidos políticos, los cuales tanto en lo ideológico, como en términos programáticos y de políticas gubernamentales, evidenciaron una clara contraposición entre sí, pero sin que se llegara a una polarización ideológica del tipo derecha-izquierda. Los comunistas, sin embargo, fueron reprimidos con posterioridad al 48, proscrito su partido y debilitada su fuerza, no habiendo podido alcanzar una pequeña representación parlamentaria sino hasta los años setenta cuando igualmente, en 1975, se eliminaron las restricciones constitucionales a su participación, una tarea que tenía pendiente la democracia costarricense.

Durante los años cincuenta la democracia representativa no fue la alternativa preferida por todos los principales actores políticos para acceder al poder del Estado.  Calderón Guardia intentó fallidamente regresar al país en dos ocasiones por la vía armada con el soporte de Somoza García (en 1948 y en 1955). Pero a partir de 1958, y sobre todo luego de 1962, cuando las más importantes fuerzas políticas (el PLN, el PUN y el PRN) participaron en las elecciones de este año aspirando a la Presidencia (faltaron sólo los comunistas), puede afirmarse que la democracia se aceptó ya incuestionablemente como la única vía legítima para competir por el poder del Estado y acceder a él. En este sentido, la consolidación del régimen político democrático representativo en Costa Rica es temprana cuando se la compara con lo sucedido en gran parte del resto de América Latina y en toda Centroamérica, habiéndose conseguido durante la segunda ola democratizadora mundial (1943-1962) y no a lo largo de la tercera que se iniciaría a partir de 1974 en el sur de Europa.

Economía y sociedad

En materia económica y social los años 1950-1980 fueron los dorados del desarrollo costarricense. Costa Rica inició esta etapa con una población total de alrededor de 860 000 habitantes y hacia 1980 contaba con 2 280 000, fruto de un impetuoso crecimiento inicial (del 4% anual o superior en los años 50, que se redujo a 2,9% en 1980 mediante programas         orientados a la planificación familiar). La esperanza de vida al nacer al comienzo del periodo era de 56 años pero al final alcanzaba los 72.

La estrategia seguida por el PLN como fuerza política hegemónica y por ello la más influyente en la resultante histórica de estos treinta años, se afincó en cuatro pilares: diversificación agroexportadora, industrialización sustitutiva de importaciones, intervención del Estado, y mejoras en la distribución y redistribución del ingreso.

La sociedad costarricense aprovechó la prolongada expansión económica mundial de la Posguerra para hacer crecer su Producto Interno Bruto (PIB) a una tasa promedio anual superior al 6,0%, la más elevada de Centroamérica para este periodo de tres décadas y en acompañamiento con Brasil en la vanguardia en toda la América Latina entre 1945 y 1972. Su estructura productiva se modernizó al reducirse la participación del PIB de origen agropecuario de cerca del 25% en 1957 a 18% en 1980 e incrementarse la del sector industrial como se indicará más adelante. En cuanto a las exportaciones, éstas se diversificaron un poco pero aumentaron mucho en cuanto al valor, pasándose de café y banano, que juntos contabilizaban más del 90% del valor exportado en 1950, a contar con dos nuevos productos, el azúcar y la carne de ganado vacuno a partir de la década de los años 60, ambos dirigidos hacia el mercado norteamericano, pero de menor importancia relativa.

La industrialización se aceleró a partir de 1959 (Ley de Protección y Desarrollo Industrial) y de 1963, cuando el país ingresó de último al Mercado Común Centroamericano establecido en 1960 en Managua (Nicaragua) por las otras naciones de la región. A él -y no al mercado extrarregional- es que se dirigieron las exportaciones de esta naturaleza. Esto se orientó dentro del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones y de ampliación de mercados en el nivel regional originalmente postulado por Raúl Prebisch y la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas en 1952 para Centroamérica, esquema poco después modificado en algunos aspectos bajo presión de Estados Unidos. El PIB generado por la industria pasó del 13% en 1950 al 20% en 1980. Y al igual que en el resto de Centroamérica y de la América Latina en general, la inversión extranjera directa (IED) por medio de las empresas transnacionales, primordialmente la originada en Estados Unidos, se dirigió en gran medida hacia el sector industrial, además de encaminarse hacia los agronegocios (las transnacionales que expandieron la producción y que controlaban la comercialización bananera pasaron de ser una a cuatro).

Pero el actor más sobresaliente de este periodo fue sin duda el Estado, fruto de la concepción intervencionista y benefactora acentuada del PLN fundado por Figueres. Si a la altura de 1950 existían 106 instituciones estatales, para 1980 su número se había incrementado en otras 121 para totalizar 227. Y la participación estatal en la generación del PIB se había trasladado del 10,3% en 1950 al 24% en 1980. El Estado desempeñó funciones reguladoras del mercado en múltiples ámbitos y contribuyó decisivamente en la producción de la infraestructura material y en la formación de una mano de obra más instruida y calificada, ambos componentes requeridos por el desarrollo nacional. E intervino directamente en la producción en actividades estratégicas, habiendo incluso llegado a tener en la década de los años setenta excesos intervencionistas con la creación de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) -durante los dos gobiernos consecutivos liberacionistas de Figueres y Oduber-, lo cual despertó un agudo malestar, recelo y oposición entre los sectores empresariales del país. En términos más cualitativos, el Estado tuvo el monopolio de los depósitos bancarios con cuatro bancos estatales; el de los seguros con el Instituto Nacional de Seguros (INS); y contó igualmente con el monopolio de la producción de energía eléctrica y de la telefonía mediante una institución muy apreciada por los costarricenses en virtud de su eficacia, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), constituido en 1949 por la Junta de Gobierno, entre muchas otras entidades importantes.

Gracias a la abolición del ejército en 1948 y a gastos limitados en el mantenimiento de la policía, se pudieron destinar también más recursos al gasto social. Los servicios públicos de salud a cargo de la CCSS, que en 1960 apenas cubrían el 15% de la población total, llegaron al 76% de ella en 1980; y los fondos previsionales, administrados igualmente por la CCSS, que en aquel año tenía incorporado al régimen de pensiones al 6% de la población económicamente activa (PEA), en el último año era ya el 50% de esta la que se encontraba dentro del sistema. Por otra parte, en los años setenta durante la administración Oduber (1974-1978), con la creación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, se multiplicaron los programas de comedores escolares y de nutrición en todo el país y se creó un régimen no contributivo de pensiones para personas de muy escasos recursos. En este periodo se multiplicaron los establecimientos de educación primaria (el analfabetismo se redujo de un 20% en 1953 al 7% en 1984) y de educación secundaria, y además de la UCR (1940), se fundaron otras tres universidades estatales (frente a una sola privada pequeña establecida en 1975), lo que llevó la matrícula en la educación superior al 23% de la población en la edad correspondiente (20 a 24 años) y al 2,16% de la población total del país en 1980. Las políticas de vivienda igualmente lograron cierta expansión e importancia, apelándose a varios medios institucionales según los sectores sociales.

Como consecuencia del elevado crecimiento económico, de los bajos niveles de desempleo a lo largo de las tres décadas, de una baja inflación, de cierto mejoramiento salarial, pero sobre todo en virtud de las anteriores políticas sociales, principalmente las redistributivas, que convergieron con el crecimiento sostenido del PIB, lo complementaron y reforzaron, la pobreza en Costa Rica se redujo de modo sustancial hacia 1980. Y en materia de distribución del ingreso, su estructura se hizo menos desigual, adquiriendo un cierto perfil mesocrático al mejorarse la participación en el ingreso nacional de los deciles tercero a octavo, reduciéndose la concentración en el décimo decil, pero asimismo debilitándose un poco la participación de los dos primeros deciles, es decir, la de aquel 20% de la población con más bajos ingresos.

La dinámica social durante estas tres décadas rara vez se tradujo en conflictos y protestas sociales de gran envergadura. Sobresalen aquí el amplio movimiento estudiantil nacional, sobre todo universitario, para adversar el contrato del Estado con la empresa transnacional Aluminum Company of America (ALCOA) en 1970.  El sindicalismo, particularmente en el sector privado de la economía y con la excepción del que sí alcanzó a desarrollarse en el universo bananero, éste último de larga data influido por los comunistas, tuvo un perfil sumamente bajo, obstaculizado por las acciones empresariales de amedrentamiento de los que intentaban organizarlo o participar en él. Aquel que se implantó entre los trabajadores del Estado -en 1980 con el 20% del empleo total- fue el relevante para la reivindicación de mejoras salariales y de otros beneficios sociales, en especial durante los años setenta en los cuales sí pudo constatarse un mayor activismo. El desarrollo del cooperativismo, importante a lo largo de todos estos treinta años, fue parte asimismo de la impronta liberacionista.

El acceso a la tierra no fue un problema serio, aunque no faltasen tensiones y conflictos. Al calor de la Carta de Punta del Este (Uruguay), en Costa Rica se creó en 1961 el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que como su mismo nombre lo evoca procuró atender el conflicto agrario a través de la colonización de baldíos, de propiedades estatales entregadas a los demandantes de tierras y de compras a los propietarios en zonas conflictivas. Mucho más tarde se convertiría en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

En punto a materia ambiental, este periodo puso en evidencia una contradicción presente en la sociedad costarricense. Al mismo tiempo que el Estado, particularmente a partir de los años sesenta, le imprimió fuerza y orientación a su política de conservación de los recursos naturales y de creación de parques y reservas nacionales, en suma, a un sistema de áreas protegidas muy ambicioso que hoy se mantiene con aportes estatales moderados, por otra el sector privado aceleró la deforestación del país.

Los treinta años del desarrollo costarricense que transcurren entre 1950-1980 fueron dorados porque esta sociedad avanzó como muy pocas en tres dimensiones de una manera simultánea: en la económica, por medio de un elevadísimo crecimiento de su producto y por la vía igualmente de la modernización de su estructura productiva; en la social, con políticas y logros ambiciosos en educación, salud y pensiones principalmente, todo ello con fuerte efecto redistributivo; y en la dimensión política, porque logró consolidar la democracia representativa como régimen político muy tempranamente en la segunda mitad del siglo XX.

En el resto de Centroamérica, en cambio, tras el aborto de la Revolución de Octubre de Guatemala (1944-1954), que patrocinó Estados Unidos en estrecho asocio con las élites conservadoras en el contexto de la Guerra Fría, y los regímenes autoritarios que se generalizaron a partir de entonces (el de Somoza los precedía), se produjo una evolución concentradora del ingreso, empobrecedora de las grandes mayorías y cada vez más excluyente de estas en lo económico, en lo social y en lo político.

 

Crisis económica y cambio en el estilo de desarrollo

La crisis económica (1980-1982)

La crisis económica de los años ochenta fue para Costa Rica más profunda pero a su vez más breve que la de los treinta. En ambos casos, sin embargo, implicó la cancelación de una modalidad de su devenir histórico así como la necesidad de plantearse y de buscar nuevos derroteros.

Las causas principales de la crisis pueden sintetizarse en tres. La primera de ellas fueron las secuelas de largo plazo que trajo consigo la modalidad de desarrollo prevaleciente (limitada diversificación de las exportaciones, industrialización altamente dependiente de insumos importados, y el Estado con un perfil intervencionista muy pronunciado y propenso a generar desbalances financieros y macroeconómicos). La segunda hay que buscarla en el entorno económico y político tanto internacional como regional (elevación de los precios del petróleo a partir de 1973 y de las tasas de interés internacionales poco después, debilitamiento del comercio intra centroamericano y guerra civil en Nicaragua en 1978-1979). Y la tercera causa se halla en la conducción económica que hizo la administración del presidente Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), quien alcanzó el gobierno en representación de varios de los partidos antiliberacionistas los cuales conformaron una coalición de nombre Unidad. Una alianza efectuada para triunfar electoralmente pero con diversas contradicciones en su seno que le impidieron a Carazo gobernar con una política económica coherente, a lo que se añadió la personalidad y el estilo de conducción errático del Presidente.

La crisis económica nacional se desenvolvió en medio de la crisis política que vivía la región centroamericana: la Revolución Sandinista triunfante en 1979 y el inicio de su hostigamiento en 1981 por la administración Reagan (de dos periodos, 1981-1989) de Estados Unidos; la guerra civil de El Salvador; y en Guatemala el escalamiento de la represión por parte del régimen autoritario del general Romeo Lucas García (1978-1982), al que sucedieron dos golpes de Estado adicionales por los militares (en 1982 y en 1983).

Al calor del mencionado clima nacional y regional, en Costa Rica se impuso la amplia legitimidad adquirida por su democracia. En las elecciones de febrero de 1982 el PLN obtuvo su más sonado triunfo desde 1953, que llevó a la Presidencia a Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) con una mayoría muy sólida de diputados, a quien le correspondió encarar la crisis económica en un entorno excepcionalmente difícil. La apuesta de la sociedad entonces fue muy clara: confrontarla en un marco democrático, apelando al partido que más había influido en el exitoso curso seguido por el país en las anteriores tres décadas.

La gestión de la crisis hecha por Monge y el PLN se sustentó en dos pilares: una negociación con la administración Reagan y un acuerdo de índole interelitaria con la principal fuerza política de la oposición, la coalición Unidad que comandaba el hijo del Dr. Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón Fournier. Mediante la primera se le garantizaron apoyos económicos al gobierno de Costa Rica que resultarían fundamentales a lo largo de todo el primer lustro de los años ochenta. A cambio, la administración Reagan procuraba evitar que la única democracia centroamericana sólida corriera riesgos de desplomarse y buscó también ejercer presión de distintas maneras para que Monge cooperase con su estrategia anticomunista en la región, de cercamiento y aislamiento de los sandinistas. De esta manera se produjo un juego político delicado: mientras Costa Rica requería del financiamiento norteamericano para enfrentar sus dificultades económicas, al mismo tiempo intentaba evitar, con éxito reducido, algunos de los propósitos del gobierno de Reagan, en particular el uso del territorio costarricense para apoyar a la contrarrevolución nicaragüense en el frente sur. Esta dinámica política fue la que llevó a Monge en 1983 a declarar la Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada de Costa Rica, como un pilar de su política exterior y como un valladar ante las presiones norteamericanas. A su vez, la negociación interelitaria con la oposición política interna condujo a los siguientes resultados: de una parte el Presidente obtuvo el respaldo de los adversarios históricos del PLN para no obstaculizar su gestión de la crisis; y por otra, estos consiguieron que se aprobaran ciertas reformas electorales que les permitirían desentenderse de la fatigosa formación de coaliciones anti PLN cada cuatro años, que mucho los desgastaba, y formar un nuevo partido, lo que ocurrió en 1983 con la fundación del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) liderado por Calderón Fournier. Con esto se cerró un proceso histórico de más de tres décadas que dejaría constituido, por fin de modo nítido aunque de corta vida, un sistema de partidos bipartidista en Costa Rica (PLN-PUSC).

Fue así como se pudo enfrentar la crisis con prontitud y relativo éxito, impidiéndose que en 1983 se profundizara aún más y lográndose que a partir de 1984 la economía volviera a crecer satisfactoriamente.

A partir de entonces dos procesos se constituyen en los fundamentales en la transformación que va a ir experimentando la sociedad costarricense: los cambios en el sistema de partidos políticos y los que se corresponden con una modernización neoliberal paulatina de las instituciones económicas, y sus resultantes.

La política

Este periodo que analizamos se extiende aproximadamente por unas cuatro décadas, desde 1983 hasta el 2020. El proceso de transformación ocurrido en  el sistema de partidos políticos tiene que subdividirse en dos momentos: primero, el de la plasmación del sistema bipartidista antes aludido, con el PLN y el PUSC como sus actores protagónicos, lo que se presenta entre 1983 y 1998; y un segundo momento, en el cual el sistema partidario transita hacia uno más fragmentado con un formato de pluralismo partidario limitado (entre tres y cinco importantes), con moderación ideológica alrededor del centro-derecha, dinámica acontecida a partir de las elecciones del 2002, que prevalece en la actualidad.

El primero de estos momentos se materializa en un predominio electoral acentuado entre el PLN y el PUSC a lo largo de las elecciones de 1986 (PLN victorioso con Óscar Arias Sánchez como presidente en 1986-1990); la de 1990 (PUSC, triunfador Rafael Ángel Calderón Fournier, al frente del gobierno en 1990-1994); la de 1994 (PLN, José María Figueres Olsen, vástago de Figueres Ferrer y presidente en 1994-1998); y la de 1998 (PUSC, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, gobernante en 1998-2002). En las tres primeras estos dos partidos conjuntamente sumaron más del 92% de los votos para presidente, más del 84% de los votos para diputados, y el 90% o más del número de estos en un congreso unicameral de 57 miembros, si bien en las de 1998 se inició el debilitamiento del bipartidismo.

Alternancia en el gobierno e inclinación hacia un cierto mimetismo ideológico, que va dejando atrás las propuestas programáticas contrastantes del periodo 1950-1980 entre el PLN y la oposición antiliberacionista, van tornando a aquellas dos organizaciones partidarias en el tipo atrapalotodo, en el marco de una competencia muy estrecha en sus resultados. Son socios que cogestionan a la sociedad en estrecha colusión y que aprovechan también en beneficio propio una institucionalidad que han venido construyendo desde antes y que continúan haciéndolo durante las últimas décadas del siglo XX. Hay que agregar que el abstencionismo electoral, situado en un 18% en las tres primeras elecciones mencionadas, hicieron del comportamiento electoral en Costa Rica en esta materia uno de los más bajos en perspectiva comparada internacional. Las fuerzas de izquierda quedan, por su parte, inicialmente minimizadas.

De todos estos gobiernos sobresale el de Óscar Arias Sánchez (1986-1990) por su audaz política exterior, con la cual contribuyó decisivamente a concluir las guerras civiles en la región centroamericana. El Plan de Paz que Arias propuso a los presidentes centroamericanos a inicios de 1987 y que luego fuera procesado, acordado y firmado por ellos en la ciudad de Esquipulas (Guatemala) en agosto de 1987, le valió el Premio Nobel de la Paz a finales de ese mismo año. La de Arias fue una administración cautelosa y prudente en política interior. Superada ya la crisis económica durante la de Monge pudo gozar así de más autonomía para desempeñar un papel independiente frente al gobierno de Reagan y su estrategia geopolítica en la región, contando con el soporte de los demócratas en el congreso norteamericano y aprovechando las debilidades y escándalos del segundo periodo de dicha administración (el caso Irán-Contras).

El segundo momento del sistema de partidos, de inédita fragmentación hacia un formato de pluralismo partidario limitado, despunta con las elecciones del 2002. Participan entonces varias nuevas organizaciones, entre ellas: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000 por un ex congresista del PLN, Ottón Solís Fallas; el Movimiento Libertario (ML), establecido en 1994, liberal de derecha, concurrente electoral a partir de 1998, pero que no terminará de arraigar en el electorado nacional, muy reacio frente a los planteamientos extremos; y el Frente Amplio (FA), un partido moderado de izquierda que se autodefine como propulsor de un socialismo democrático. Al PAC, que sobresale por su fuerza electoral desde su primera participación en las elecciones del 2002, hay que situarlo en el centro político, con soporte de las clases medias urbanas. Sus planteamientos se asientan en la defensa del Estado Social de Derecho vigente pero con transformaciones, si bien difusamente identificadas, frente a los embates del neoliberalismo, el cual gana terreno y penetra dentro del PLN y el PUSC. Preconiza la reforma del Estado y reivindica la ética en la función pública. En este segundo momento del sistema partidario también empiezan a adquirir respaldo electoral algunos partidos menores de filiación cristiana evangélica.

 

Los resultados de esta dinámica han sido los siguientes: el PUSC repite su triunfo en el 2002 y elige como presidente a Abel Pacheco de la Espriella para el periodo 2002-2006. El PLN obtiene victorias consecutivas en el 2006 y en el 2010. En el primer año, con la segunda elección muy ajustada de Óscar Arias Sánchez sobre el PAC y su fundador. Esto lo convierte en presidente para el 2006-2010, tras efectuar una operación política sostenida y sigilosa ante la Sala Constitucional con el propósito de eliminar la reforma de 1969 que impedía la reelección presidencial, aunque en el caso de Costa Rica fuese no consecutiva, con lo cual se retorna a los cauces originales de lo establecido por la Constitución de 1949. Arias como gobernante desempeñaría un papel determinante en la aprobación en Costa Rica del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (TLC), así como en la ruptura con Taiwán y el inicio de las relaciones diplomáticas con la República Popular China. En el 2010 el PLN lleva a la presidencia a una mujer, Laura Chinchilla Miranda, 2010-2014, primera ciudadana en alcanzar dicho cargo.

Dicho lo anterior, hay que destacar que en las dos últimas jornadas electorales, ha sido el PAC la organización partidaria triunfante: eligió a Luis Guillermo Solís Rivera para el periodo 2014-2018 y a Carlos Alvarado Quesada para el 2018-2022, evidenciando el arraigo de esta nueva fuerza política aun cuando sin alcanzar una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, prerrogativa que ha salvaguardado el PLN desde el 2006. Por último, en las elecciones del 2018, un partido cristiano evangélico, el Restauración Nacional, logró ingresar al balotaje junto con el PAC, en un contexto político insospechado durante la campaña cuando al puro final de ella emergió el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo y su legalización, lo que finalmente se consumó en el 2020.

El PLN, dividido en su interior, en ese evento electoral del 2018 apenas arribó de tercero en la primera vuelta, su peor resultado histórico. El PUSC, por su lado, a raíz de escándalos por corrupción y tráfico de influencias, o sobornos, atribuidos a dos de sus expresidentes, Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría, salidos a la luz pública en el 2004, se desplomó electoralmente a partir de las elecciones del 2006 y solo ha venido recuperando algún terreno en la Asamblea Legislativa de modo lento. Hay que agregar, en el marco de dicho año, que también se produjo un cuestionamiento sobre las actuaciones del expresidente Figueres Olsen del PLN por haber recibido fondos de una transnacional encontrándose ya afuera del gobierno -similar a lo de Calderón. Sin embargo, en el momento del cuestionamiento vivía fuera del país y no fue objeto de procesamiento formal, lo que aprovechó para no regresar a Costa Rica hasta una década después, cuando no hubiera sido posible llevarlo a juicio. Ambos conjuntos de circunstancias sacudieron hondamente a la opinión pública y desacreditaron a ambos partidos históricos. Del FA habría que subrayar su lucha por tener una presencia aumentada en la Asamblea Legislativa, lo que consiguió con 9 diputados (16% del total) en las elecciones del 2014, el mejor resultado de la izquierda en más de 70 años, aunque se trató de un triunfo excepcional habida cuenta de que lo frecuente ha sido un solo congresista.

Algunos rasgos del comportamiento electoral de los costarricenses en esta transición del sistema de partidos han sido los siguientes: un constante debilitamiento de las identificaciones partidarias tradicionales ancladas en el clivaje socio político e  histórico de 1948 (traducidas en la caída del apoyo al PLN y al PUSC) a partir de 1998 y 2002; el abstencionismo electoral que salta del 18% a valores superiores al 30%; volatilidad electoral significativa entre elecciones; respaldo a varios nuevos partidos de manera importante; y se introduce como posibilidad efectiva en la práctica histórica el balotaje (2002, 2014 y 2018), ignorado en toda la segunda mitad del siglo XX.

Pero qué ha sucedido con el apoyo a la democracia en todo este tiempo, valga decir, con la preferencia de los costarricenses por este régimen político. De acuerdo con el estudio longitudinal del Latinobarómetro del 2018, el apoyo ha variado desde un 80% en 1996 -el más elevado, junto con Uruguay, en la región latinoamericana- hasta un 63% en ese 2018, ligeramente por encima de este país y por debajo únicamente de Venezuela, en un contexto de declinación generalizada de dicho apoyo, que se ha modificado de 63% en 1997 para el conjunto de América Latina -su punto más elevado- a 48% en el 2018.

En este periodo se inauguró también el instituto más importante de la democracia directa, el referéndum. Fue llevado a su práctica el 7 de octubre del 2007 para abordar un asunto de una magna trascendencia para la sociedad costarricense: tuvo lugar para dirimir la controversia nacional en torno a la aprobación del TLC, único país de la región que acudió a este expediente y no a la usual tramitación parlamentaria. Por un estrecho margen de 51.2% a 48.1% los costarricenses se inclinaron por aprobarlo. Si bien se produjo una muy grande y prolongada movilización de la sociedad costarricense en torno a este referéndum, no puede dejar de subrayarse la ausencia de financiamiento público para las opciones en disputa y la injerencia manifiesta del gobierno de Arias Sánchez, en abierta alianza con los sectores empresariales, a favor del TLC. Al no haber sanciones por este proceder, quedó en evidencia el riesgo de la competencia desigual en favor de estos grupos, que suele acompañar y a amenazar el marco competitivo de la democracia.

Un aspecto crucial que hay que relevar son los avances en materia de igualdad de género, a lo cual mucho han contribuido la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990), la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU, 1998), así como los movimientos sociales de mujeres y feministas en su lucha por reivindicar y consolidar sus derechos. Cabe destacar sus logros en la representación en la Asamblea Legislativa, entre otros ámbitos de importancia. Mientras que en 1998 habían sido electas 11 diputadas -19% de los 57 legisladores de que se compone el congreso unicameral-, para el periodo 2018-2022 las féminas resultaron 26, prácticamente un 46% del total de congresistas. A la altura del 2020, entre 35 países de América Latina y el Caribe, Costa Rica ocupaba la sexta posición de vanguardia en esta materia, detrás de Cuba, Bolivia, México, Nicaragua y Granada. Explicación que ha de encontrarse no sólo en la legislación aludida sino también en las subsecuentes modificaciones introducidas al Código Electoral a finales del siglo XX, a lo que vino a sumarse la presión social y política provista por el movimiento de mujeres sobre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para impedir que el régimen de cuotas sea manipulado por los varones dentro de los partidos políticos.

En acompañamiento a la política partidaria e institucional, las tres últimas décadas han sido testigos también de varias olas de movilización social intensa, con un inequívoco perfil de resistencia frente al proceso de cambio social en dirección neoliberal y promercado que se le ha venido imprimiendo al estilo de desarrollo de Costa Rica. Esto ha provocado que el ritmo seguido en la concreción de las reformas haya resultado más bien gradual y paulatino a lo largo de estas décadas.

Hay que resaltar la huelga magisterial de 1995 en contra de la reforma al régimen de pensiones de los educadores, finalmente aprobada como acuerdo político entre el PLN y el PUSC, auspiciada por Figueres Olsen (PLN) y Calderón Fournier (PUSC), hijos de los líderes que impulsaron la transformación del país en la segunda mitad del siglo XX, pero ya para ese año operadores ambos a favor de este otro cambio social. Otra de gran importancia fue el amplio movimiento nacional en contra del llamado “Combo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)” en el año 2000, un planteamiento del PUSC y del presidente de entonces, Rodríguez Echeverría (1998-2002), para crear las condiciones legales desde el Congreso con el fin de privatizar una de las instituciones públicas más valoradas por los costarricenses: el ICE, empresa pública creada en 1949, entonces de alcance monopólico, mediante la cual se modernizó y amplió la producción de energía eléctrica basada en el abundante recurso hídrico de que goza Costa Rica y con la cual se hizo otro tanto en el caso de las telecomunicaciones. En esta oportunidad se logró detener la maniobra política privatizadora. Un tercer movimiento social de gran magnitud y repercusión fue el gestado en contra de la aprobación del TLC, antes aludido, que se fue debatiendo y construyendo en el país durante varios años hasta llegarse al referéndum de octubre del 2007. Más recientemente, en el 2018, frente a un proyecto de reforma fiscal de gran alcance propiciado por los gobiernos del PAC desde finales del 2017, con múltiples implicaciones (entre ellas la conversión del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado en la venta de bienes y servicios, e incrementos largamente pospuestos en los tramos del impuesto sobre la renta que afecta a los grupos de mayores ingresos, pero también con el que se establecieron topes al gasto público y al aumento de salarios en este sector), se desarrolló, en el segundo semestre del 2018, la más prolongada huelga de trabajadores en la historia del país, de cerca de tres meses, liderada por las organizaciones sindicales de los trabajadores del Estado y por los gremios educativos. Finalmente, la reforma fiscal se aprobó.

Economía y sociedad

Las proximidades y las coincidencias programáticas en una dirección económica de reforma neoliberal entre el PLN y el PUSC fueron estimuladas por la profundidad de la crisis de 1980-1982 y por los acuerdos con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como también por otros firmados con la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de Estados Unidos, durante la década de los años ochenta. Con el BM en especial Costa Rica suscribió dos programas de ajuste estructural (PAEs) en 1985 y en 1989.

La AID, por su parte, influyó decisivamente en la articulación de grupos locales de pensamiento económico pro reformas, como la Academia de Centroamérica, y sectores empresariales inclinados por una nueva modalidad de crecimiento económico y de inserción del país en la economía internacional globalizada. Una emergente coalición de intereses sociales compuesta por nuevos exportadores, grandes comerciantes importadores y representantes de un recién llegado pero próspero sector financiero, han venido patrocinando una modernización neoliberal socialmente conservadora. De resultas de ello, se constituyeron entidades como la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) desde 1982, privada pero en amalgama sutil con el aparato público, para atraer inversiones; y PROCOMER (1996) -entidad pública no estatal en la cual las cámaras empresariales cuentan con una numerosa representación en su órgano directivo-, con el fin de propiciar la diversificación de las exportaciones. Dichas entidades, junto con el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX, 1986) se han complementado entre sí y han desempeñado un papel cardinal en la reorientación del aparato productivo.

La dirección seguida en materia de reformas económicas ha sido la del fortalecimiento del papel del mercado y un intento de redefinir las funciones del Estado y redimensionar sus alcances. Se han introducido modificaciones en tres áreas primordiales: en la liberalización del comercio exterior y en el retorno a las exportaciones como el principal motor de la economía; en la reforma del sistema financiero y en la reforma del Estado.

Entre 1990 y el 2019 -año anterior a la Pandemia-, es decir, por 30 años, la economía costarricense creció en términos reales a un promedio anual de alrededor del 4%, con frecuente volatilidad interanual y con una tendencia clara a la disminución de ese valor a partir del 2014. Estos resultados de largo plazo no son desfavorables para el caso de Costa Rica con respecto a los correspondientes de Centroamérica y de América Latina, pero sí contrastan con su sobresaliente desempeño de la Posguerra (1950-1980) de alrededor del 6%.

Una dimensión importante del patrón de crecimiento económico que se ha ido decantando en este periodo, ha sido la de las exportaciones, pues entre 1980 y el 2019 se incrementó notablemente su valor, se consiguió una enorme diversificación de ellas y se ampliaron los destinos. Este dinamismo se fortaleció con la llegada de la empresa INTEL en 1997 y la expansión del régimen de zonas francas. En el primer año de los anteriores las exportaciones tradicionales (café, banano, azúcar y carne) contaban por el 57% del valor total y las no tradicionales (entre otras, las industriales dirigidas al mercado regional) representaban el 43%.  En cambio, en el 2019, el peso relativo de los primeros (banano, café y ahora sumadas las voluminosas exportaciones de piña) alcanzaron el 19.5%, con el régimen privilegiado de las zonas francas aportando el 53% del valor total exportado. Dentro de este, los dispositivos médicos sobresalen al hacerse cargo del 30% de las exportaciones totales de Costa Rica por medio de unas 100 empresas. Las zonas francas, poderosas seductoras de IED, constituyen el sector más dinámico, con empresas extranjeras de alta tecnología, muy intensivas en capital y alto valor agregado pero que impactan en conjunto a una proporción reducida de la población ocupada total del país (apenas un 10%, entre empleos directos e indirectos). Estas empresas importan directamente una parte de sus insumos y si bien se han desarrollado vínculos productivos o encadenamientos con el resto de la economía nacional, su efecto dinamizador ha sido limitado. También ha de subrayarse el costo fiscal que conllevan, minusvalorado y poco visibilizado.

Otra dimensión por resaltar de este patrón de crecimiento ha sido el turismo en sus variados perfiles (ecológico, de salud, de bienestar y el común de ocio y recreación), una de las actividades que más impulso ha cobrado en las últimas dos décadas. En el 2019 el país recibió más de tres millones de turistas -tres veces los de 1999, con un monto cercano a los cuatro mil millones de dólares en ingreso de divisas, que multiplicó casi por tres lo recibido dos décadas antes y representó un equivalente al 34% del valor de las exportaciones-, con una repercusión sobre el empleo en algunas regiones del país que ha venido siendo muy significativa.

Las modificaciones realizadas al sistema financiero son numerosas, pero sobresale una, la más representativa: la eliminación, a mediados de los años noventa, justo en 1995 durante la administración Figueres Olsen (1994-1998), del monopolio de los bancos estatales sobre la recepción de los depósitos del público, casi medio siglo después de que Figueres Ferrer, su padre, lo decretara y la Constitución de 1949 lo sancionara.  Este es un ejemplo de cómo el PLN ha contribuido a desmontar las condiciones institucionales que en el pasado creó y que fueron fundamento del desarrollo nacional precedente. Representa igualmente el basamento legal que ha posibilitado la emergencia de un sector financiero, con presencia de capital nacional y extranjero, muy próspero.

La reforma del Estado ha incluido variaciones en materia de liberalización del comercio exterior; en la desregulación de los precios de los bienes y servicios; en reformas al Banco Central de Costa Rica para concentrarlo en la política monetaria; y en la privatización de numerosas empresas que se gestaron desde CODESA en los años setenta. Sin embargo, el número de entidades estatales no sólo no ha disminuido sino que se incrementó, al pasar de 227 en 1980 a 322 en el 2019. Hay que puntualizar, no obstante, que las fundadas en las últimas décadas poseen en numerosos casos un peso e importancia menor que las instituidas entre 1950 y 1980. El empleo público ha experimentado una disminución relativa, que no absoluta, al haber pasado de un 20% del empleo total en 1980 a un 14% en el año 2019.

La situación fiscal del Estado a partir de la crisis económica internacional del 2008 se desmejoró y se fue deteriorando en la década pasada: la deuda pública del Gobierno pasó del 28% del PIB en el 2008 al 58% en el 2019, debido ello a déficits fiscales anuales continuados que oscilaron entre 3.5% del PIB en el 2008 y 7% en el 2019. En el 2018, tras muchísimos años de posposiciones, se aprobó una reforma fiscal de importantes alcances, entre estos la creación de nuevos tramos del impuesto sobre la renta para las personas de altos ingresos, si bien el sector empresarial no fue afectado significativamente y se ha soslayado la posibilidad de crear un impuesto a la riqueza.

En materia de gasto social del Estado como un todo -no sólo considerado el Gobierno central, lo que suele dificultar las comparaciones por la accesibilidad de los datos- el país ha tenido una evolución favorable: el gasto en educación alcanzó incluso el elevado valor del 7% del PIB (incluido el fondo especial para la educación superior), el más alto en toda América Latina; y en materia de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la institución divisa de la sociedad costarricense en este ámbito, logró una cobertura contributiva superior al 95% de la población total.

El desempleo, la pobreza y la creciente desigualdad de ingresos constituyen tres de los más importantes talones de Aquiles de este patrón de crecimiento económico instalado en Costa Rica en el transcurso de las últimas tres décadas, que contrasta de modo marcado con las resultantes del estilo de desarrollo precedente.

Si bien el país se caracterizó durante sus años dorados de la Posguerra por contar con un desempleo abierto bajo de entre 5% y 6%, una vez superada la crisis de 1980-1982 que golpeó fuertemente al mundo del trabajo, ya en los años noventa del siglo pasado el valor de este indicador se elevó, para ingresar a una nueva tendencia tras la crisis financiera internacional del 2008, que lo ha llevado a situarse entre un 8,5% en el 2010 y un 12,5% en el 2019, previo a la Pandemia. Se trata de un problema estructural, agravado ahora por esta. Igualmente, la informalidad laboral se ha incrementado de un 40% en el primer año a un 46% en el segundo de los antes mencionados.

En cuanto a la pobreza, tanto la total como la extrema, que tuvieron un pico en 1982, la primera superando el 50% y la segunda llegando a cerca del 22% de la población total respectivamente, fue reduciéndose a lo largo de los años ochenta hasta alcanzar un 28% y un 10% en 1990. A partir de 1994 los valores empezaron a descender y desde entonces la pobreza total ha oscilado alrededor de un 20% y la pobreza extrema en un 5% de la población, valores estancados en el último cuarto de siglo anterior a la Pandemia. Se trata de una tendencia menos grave que la del resto de las sociedades centroamericanas e incluso de las latinoamericanas, excepción de Uruguay y Chile, pero que no se ha conseguido modificar.

La distribución del ingreso, por su parte, evidencia un claro deterioro a partir del año 1999, en contraste con lo sucedido en casi todo el resto de los países latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XXI. Mientras que en 1990 el índice de Gini mostraba un valor de 0,453, tres décadas más tarde, en el año 2019, era de 0,482, con varios años en los cuales fue superior a 0,500. De hecho, en Centroamérica, Costa Rica ha venido a sumarse, junto con Honduras y Panamá, al grupo de las sociedades más desiguales del mundo.

Un componente novedoso que caracteriza a este periodo de cuatro décadas, ha sido el peso adquirido por la inmigración. Costa Rica ha sido tradicionalmente un país receptor de inmigrantes. Sin embargo, entre el censo de población de 1984 y el del 2011 su porcentaje dentro de la población total más que se duplicó pasando de 3.9% a 9%. A su vez, la proporción de ellos de origen nicaragüense pasó de ser el 50% en el primer año al 75% en el segundo, una parte significativa de los cuales llegaron al país luego de 1990 tras la derrota electoral del sandinismo en las elecciones de febrero de ese año y el inicio de una acelerada reforma económica neoliberal en Nicaragua. Sin embargo, a partir del año 2000 la inmigración de este origen ha tendido a estabilizarse hacia la baja en su crecimiento anual. Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica desempeñan una función valiosa cada año en labores de recolección de productos agrícolas (como peones en el café y en la cosecha de la caña de azúcar, entre otros productos), así como en el sector de la construcción y como vigilantes. Esta proporción de migrantes tan elevada de una sola nacionalidad en la población total de un país es un caso excepcional en América Latina.

Perspectivas del siglo XXI

A lo largo de parte de su historia, pero especialmente en la segunda mitad del siglo XX, la sociedad costarricense y sus élites políticas han tenido presente en su horizonte de futuro el interés por institucionalizar el régimen político de la democracia representativa y consolidarlo; la búsqueda del crecimiento económico, pero acompañado con la distribución y la redistribución de los beneficios de ese crecimiento, así como la preocupación frente a la pobreza y la desigualdad social. Durante sus años dorados entre 1950 y 1980 los logros de Costa Rica en las tres dimensiones del desarrollo -la política, la económica y la social- fueron sobresalientes, no sólo en perspectiva latinoamericana sino incluso mundial.

Pero en las últimas tres décadas, la última del siglo XX y las dos iniciales del XXI, las fuerzas sociales y políticas propiciadoras de una modernización que antes alcanzó al conjunto de la sociedad con una orientación socialmente muy progresiva, se han visto debilitadas.

Tras la crisis económica 1980-1982 se estableció inmediatamente un sistema de partidos bipartidista cuyos actores protagónicos, en mimetismo creciente, se coludieron y concentraron sobre sí mismos, tomaron ventajas de las oportunidades que les ofreció el poder del Estado y comenzaron a impulsar reformas de mercado neoliberales. La reacción política (electoral y desde los movimientos sociales) de la ciudadanía creó las condiciones para una transición hacia un sistema partidario de pluralismo limitado ideológicamente moderado, con creciente abstencionismo e incluso proclive al balotaje. Esto posibilitó la ralentización relativa de dichas reformas. De igual modo, mientras que los sectores empresariales organizados en grandes cámaras han contado con influencia destacada en todos los principales partidos, las clases medias urbanas se han rebelado e inclinado por nuevas opciones como el PAC principalmente, con resultados mixtos en la política pública concretada por este partido. La población de las zonas de la periferia territorial del país (regiones portuarias como Puntarenas y Limón) enfrentan un deterioro marcado de sus condiciones de vida, son proclives a ausentarse de los procesos electorales o bien consideran nuevas alternativas como las que ahora ofrecen los partidos cristianos evangélicos.

La nueva modalidad de crecimiento económico instaurada se ha traducido en resultados muy favorables en punto al crecimiento y la diversificación de las exportaciones del país, gracias al expediente de las zonas francas y la expansión de servicios como el turismo, entre otros. Sin embargo, el desempleo estructural, el estancamiento de los todavía elevados niveles de pobreza y la creciente desigualdad en materia de ingresos, han venido formando parte asimismo de este patrón de crecimiento y de un nuevo estilo nacional de desarrollo excluyente.

La presencia extendida del narcotráfico en el país como ruta de paso entre Suramérica y Estados Unidos, y entre Suramérica y Europa también, en los circuitos internacionales de distribución de estupefacientes, que conllevan el incremento del consumo interno y la drogadicción, así como el aumento en la criminalidad y los homicidios, forman parte igualmente de este nuevo cuadro que patentizaba Costa Rica a finales del 2019.

Hasta entonces no ha surgido una nueva coalición de intereses con visión alternativa auspiciadora de una renovada modernización progresiva y que disponga de instrumentos partidarios y políticos para impulsarla y hacerla viable.

La Pandemia surgida en el 2020, en el año previo al del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de España (1821-2021), no ha hecho más que agravar las tendencias negativas que se habían venido acumulando en materia de crecimiento económico, desempleo, pobreza y desigualdad, si bien, una vez más, las exportaciones originadas en las zonas francas, en virtud de su diversidad y nuevos subsectores, no han cesado de crecer.

Con poco más de cinco millones de habitantes (2020) y 51 000 kilómetros cuadrados de territorio, con una esperanza de vida de su población al nacer ligeramente superior a los 80 años y una democracia muy consolidada, pero también con las tendencias antedichas, en un contexto internacional decaído y de lenta recuperación económica, con transformaciones en el mundo del trabajo y en los estilos de vida, a Costa Rica se le abre una etapa histórica diferente llena de amenazas pero quizás igualmente de desafíos y algunas oportunidades, con resultantes que estarán por decantarse a lo largo de esta década en curso.

 

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Mapa de Costa Rica

 

Datos Estadísticos 

Indicadores demográficos de Costa Rica

Fuentes: ONU. World Population Prospects: The 2012 Revision Database
¹ Datos sobre la población urbana y rural tomados de ONU. World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.
* Proyecciones. | ** Estimaciones por quinquenios. | *** Incluido el Caribe.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en los documentos indicados.

 

Indicadores socioeconómicos de Costa Rica

Fuentes: CEPALSTAT
¹ UNESCO Institute for Statistics
²Calculado a partir de los datos de Global Health Observatory de la Organización Mundial de la Salud.
* Proyecciones. | ** Estimaciones por quinquenios. | *** Incluido el Caribe.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en los documentos indicados.