Tomas Moulian (actualización en 18 de diciembre de 2020 a partir de la entrada original en versión impresa en 2007)

Emir Sader (actualización en 1 de septiembre de 2016; segunda actualización en 14 de agosto de 2021)

Fuentes:
¹ CIA: World Factbook.
² ONU: World Population Prospects: The 2012 Revision Database.
³ ONU: World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.
⁴  CEPALSTAT
⁵  ONU/PNUD. Human Development Report, 2014
⁶  Ley 20.840 de 5 mayo de 2015, intitulada “Sustituye el sistema electoral binominal por uno de caráter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional”

Chile, una loca geografía: este es el título de un libro de 1940, escrito por Benjamín Subercaseaux. ¿Quién puede negar que un país con 4.300 km merece ser llamado “una geografía loca”, pegado a la cordillera de los Andes, compuesto al norte por un inmenso desierto, en el centro por un amplio valle, más allá por un sur lluvioso, salpicado de lagos, volcanes y, más lejos, por un extremo sur que es un sinuoso laberinto de canales que desembocan en el Estrecho de Magallanes? De las imágenes, representaciones o metáforas que los chilenos construimos sobre el país, esta es una de las pocas que no es pura retórica, que no es fruto de la corriente idealizadora.

De muchas otras afirmaciones debemos sospechar: no existe la llamada larga tradición democrática, que permitió a las élites chilenas sentirse civilizadas en un continente de costumbres políticas consideradas bárbaras; tampoco es cierto que Chile haya alcanzado, en brazos del neoliberalismo , el carácter del capitalismo moderno; tampoco es cierto que seamos un pueblo hospitalario con los extranjeros  Ahora está colonizado por el individualismo burgués y la mercantilización generalizada.

El país y su gente

Desde la línea de la concordia, que representa la frontera con Perú , hasta el Polo Sur, Chile tiene 8.000 km de longitud. Su superficie total es de 2.006.096 km² , de los cuales 756.096 km²  corresponden a la superficie sudamericana e insular y 1.250.000 km²  a la superficie antártica.

De la superficie total de Sudamérica e islas, Chile tiene 16.560 km²  de suelos agrícolas, 129.300 km²  de tierras para la ganadería y 84.200 km²  de suelos forestales. Los no productivos suman 526.036 km² .

En el  censo de 1835 contaba con una población de 1.103.036 personas, casi un tercio de los 3.220.531 habitantes de 1907. En 1940, la población alcanzó los 5.023.539; en 1960 a 7.374.115; y en 1970 a 8.884.768. El censo de 1982 registró la presencia de 11.329.736 personas y el censo de 1992 de 13.348.401. Según datos de 2010, el país tenía 17 millones de habitantes.

En cuanto al género, el censo de 2002 registró la presencia de 7.447.695 hombres y 7.668.740 mujeres. Del total de habitantes del país, el 85,5% vivía en zonas urbanas y solo el 11,4% en zonas rurales. En 1920, la población rural alcanzó el 53,6%, cambiando esta situación con respecto al censo de 1940.

Contrario al mito sobre la prosperidad que trajo el neoliberalismo, en los últimos años la población ha enfrentado dificultades. El período 2000-2003 fue parte de la fase final de una crisis que comenzó en 1997, que frenó la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentó significativamente el desempleo.

El crecimiento medio entre 2000 y 2003 fue del 3,4% y el desempleo alcanzó el 8,9%. La tasa de inflación se mantuvo baja, alcanzando el 2,8% en este período.

En 2003, en relación con los años inmediatamente anteriores, se mantuvo la estructura general de participación en el PIB de las distintas clases de actividad económica. La industria manufacturera se mantuvo a la cabeza con un 17,1%, seguida de los servicios financieros con un 13,5%. Sin embargo, el mayor crecimiento con respecto a 2002 provino del sector minero (+5,4) y el mayor descenso, del sector pesquero (-9,2%). Esto significa que en las exportaciones el cobre representó en 2003 más del 40,2% del total de bienes y servicios exportados, mientras que en 2002 representó el 34,6%.

En 2003, la población ocupada total era de 5.550.300 personas y la población activa alcanzaba las 6.065.600 personas. Los principales sectores de empleo fueron los servicios sociales y personales y luego el comercio. En 2003, el primer sector absorbió el 27,45% de la población ocupada, mientras que el segundo representó el 18,97%.

También en 2003, la deuda externa chilena ascendió a 43.396 millones de dólares. El sector público representa sólo el 21,5% de la deuda y, dentro de esta magnitud, los créditos a largo plazo representan el 84,5%. La siguiente tabla muestra otros indicadores económicos y sociales para el período, incluidos los cambios en el índice de precios al consumidor.

Variación de los indicadores socioeconómicos (2000-2003)

Fuente: Resumen estadístico de Chile. Banco Central.

Orientaciones hacia una República autoritaria

Chile tiene una tendencia mítica, especialmente en el ámbito político. Sin embargo, no es una imaginación idealizadora decir que construyó su Estado de manera muy precoz en relación con otros países de América Latina. La independencia se logró plenamente en 1818 y, tras un período de vacilaciones y juicios constitucionales de un tribunal liberal y federalista, prevalecieron los grupos autoritarios y conservadores. Mientras Argentina y Uruguay estaban destrozados por guerras civiles, Brasil vegetaba bajo el régimen imperial y México con el gobierno personalista de Santa Anna, los chilenos crearon un modelo político estable, articulado en torno a principios y reglas impuestas como universales, que recién se rompió en 1891.

De esta capacidad para crear la institución estatal con una sucesión en el poder regulada y pacífica, surgió el mito chileno de una larga tradición democrática, que habría vivido su momento inaugural en 1830, cuando las armas cautivaron a los sectores conservadores en el poder, cuyo principio de unidad era el antiliberalismo y cuya noción central era la de autoridad efectiva, que imponía el orden no solo de arriba hacia abajo, sino también entre los grupos dominantes. Esta efectividad política en un país de precario desarrollo económico y, hasta el final de la Guerra del Pacífico (1879-1883), con escasa riqueza, fue la clave del desarrollo político chileno del siglo XIX.

De hecho, en 1830 se creó un orden político de larga data. Pero no era una democracia, sino una República, porque no cumplía con las reglas procesales más importantes que expresaban la soberanía popular. El poder tenía un carácter no hereditario, como es típico de la República; los presidentes eran elegidos, así como los parlamentarios, pero el control  por parte de los gobiernos y los terratenientes en los pueblos campesinos era casi absoluto, hasta la crisis del régimen en 1891.

A diferencia de otros países latinoamericanos, en Chile no había ningún dictador, pero el régimen estaba lejos de ser liberal. Inspirada en las concepciones centralizadoras de Diego Portales (1793-1837), la Constitución de 1833 construyó un estado fuerte, dotado de amplios poderes para mantener el orden político.

Y a pesar de todo esto, la estabilidad política se vio amenazada primero en 1851, como consecuencia de la resistencia suscitada por la candidatura de Manuel Montt, y luego en 1859, al final del período presidencial. En 1851 se produjeron sucesivos levantamientos armados, en los que participaron militares y civiles; los más importantes fueron en Concepción y La Serena. En esta última ciudad, la rebelión tomó la apariencia de un avanzado experimento liberal, cuya base de clase era una incipiente burguesía minera, alimentada ideológicamente por algunos intelectuales. La experiencia de 1859, encabezada por importantes figuras radicales de la burguesía minera, tuvo su centro en Copiapó, entonces la capital minera de Chile.

Estas revueltas fueron expresión de una diversificación económica e ideológica de las clases dominantes y de su diferenciación política. En 1842 se formó la Sociedad de la Igualdad, que reunió en un club político a los sectores liberales diezmados tras la guerra civil de 1830 y a los incipientes grupos más radicalizados. A mediados de la década de 1840, comenzó a formarse el Partido Liberal, creado en medio de las luchas por la sucesión presidencial. En la década de 1850, el Partido Conservador se fragmentó en dos grupos, divididos por la lealtad a la Iglesia o al Estado. El grupo católico ultramontano constituía el Partido Conservador y el sector estatista el Partido Nacional. En la década de 1870, el Partido Radical acabó adquiriendo su fisonomía como organización nacional. Vinculado doctrinalmente a la masonería, fue expresión de élites provinciales, profesionales, de otros sectores de la clase media, y también de dueños de tierras de las zonas de colonización surgidas tras la ocupación de la región Araucana.

Con el gobierno de José Joaquín Pérez (1861-1871), cuya nominación representó la búsqueda de una solución consensuada entre los grupos políticos que representaban a los sectores dominantes, se inició un proceso de diversificación del poder. Se inauguraron las administraciones quinquenales y hubo un cambio en el clima político, una transición hacia una mayor participación parlamentaria, por tanto, con gobiernos algo menos autoritarios y, a partir de 1871, para gobiernos autoritarios con ideología liberal. Dichos gobiernos lucharon por debilitar las prerrogativas civiles de la Iglesia, lo que ocurrió especialmente durante el gobierno de Domingo Santa María (1881-1886), en el que se aprobó la ley sobre el matrimonio civil y los cementerios laicos. Estas reformas desataron luchas apasionadas, que, sin embargo, no deshicieron la paz civil. Tampoco se modificó la concepción centralizadora y absorbente de la figura presidencial. En 1891, víctima de la derrota en una guerra civil, el presidente liberal José Manuel Balmaceda se suicidó defendiendo el concepto portaliano de un Estado fuerte.

Conflictos y parlamentarismo

En 1879, Chile se vio envuelto en una guerra comercial con Perú y Bolivia , por la ocupación de territorios salitreros. Más allá de la retórica patriótica que todos los países construyen para justificar las incursiones bélicas, fue un enfrentamiento vinculado a la expansión capitalista de Chile, que contaba con el orden político y el aparato estatal necesarios para asegurar el dominio inglés del salitre, pero carecía de control territorial de la materia prima.

El triunfo en este conflicto marcó el desarrollo económico y político de Chile en algunos puntos importantes. Primero, porque permitió el período del boom del salitre, asociado a importantes cambios en el régimen político. Segundo, porque creó en las relaciones entre Chile y Bolivia una herida que no cicatriza.

La victoria chilena en la Guerra del Pacífico permitió al país controlar los territorios del salitre. El Estado facilitó la transferencia de la propiedad de estas posesiones a capitales extranjeros, especialmente a ingleses. A cambio de esta transferencia, creó un impuesto a la exportación, que introdujo un cambio profundo en el poder económico del aparato estatal. A diferencia de Argentina, país en el que la fase de producción de los bienes agrícolas exportados estaba en manos de nacionales o extranjeros avecindados  en Chile todo el proceso (con excepción de trámites aduaneros o portuarios y servicios legales) ) estaba bajo control extranjero. Por tanto, el principal canal de distribución de una parte importante del excedente producto del  salitre, era el Estado el que actuaba como recaudador de impuestos.

Comparando la situación con la Argentina, la relación de propiedad de los bienes exportables permitió a los grandes propietarios agrarios de ese país jugar un papel decisivo en la circulación del excedente. En Chile, fue el Estado el que cumplió este rol. Fue por ello que la figura del presidente concentrador y con un proyecto de desarrollo, tuvo que dar paso a un presidente casi sin atribuciones. Este cambio llevó a una metamorfosis del régimen político, aunque sin cambios en la Constitución de 1833. La guerra civil de 1891 llevó a la instalación del parlamentarismo sui generis, en relación a los clásicos existentes en Europa. El presidente siguió siendo elegido en votaciones populares indirectas; no hubo posibilidad de adelantar elecciones parlamentarias, celebradas a intervalos fijos, y durante mucho tiempo tampoco hubo posibilidad de cerrar los debates, lo que permitió que una fracción  parlamentaria realizara una obstrucción efectiva. Esto dio lugar a una situación de poder atomizado, compartido entre los partidos y las direcciones parlamentarias: situación totalmente contraria a la de la presidencia centralizadora.

Este fenómeno, que fue designado como un cambio de la noción de Estado entre los grupos dominantes, instaló un estado de compromiso oligárquico. Las decisiones debían ser consensuadas entre todas las fracciones significativas de los numerosos partidos existentes. Cualquiera, con la intervención de un pequeño número de votantes, podría bloquear una decisión legislativa.

Sin embargo, estos gobiernos de baja eficiencia y gobernabilidad tuvieron la virtud de permitir la participación de todos los grupos en las decisiones de inversión del fondo acumulado con la recaudación de impuestos al salitre. Este tipo de administración consensuada por parte de la élite gobernante puede funcionar correctamente cuando hay un auge económico. Pero desde el final de la Primera Guerra Mundial, ha aparecido un horizonte para el fin del crecimiento basado en el salitre, ya que se ha sustituido el abono natural por el sintético, producto de la tecnología alemana.

Alessandri y las intervenciones militares

Este horizonte de cambio estuvo ligado a la aparición -en un universo de políticos habilidosos en el juego parlamentario, pero sin vinculación con los gobernados y sin carisma de masas- de una figura, vinculada a la elite gobernante, que propuso un programa de reforma y estableció relaciones empáticas con los votantes. Fue Arturo Alessandri, quien inauguró en 1920, las formas de hacer política que se impondrían a partir de 1932. Los proyectos de este primer líder de la política electoral de masas en el siglo XX incluyeron el regreso al presidencialismo, mediante la redacción de una nueva Constitución y la legalización de las relaciones entre capital y trabajadores a través de un Código de Trabajo. En todo caso la modificación del modelo de desarrollo basado en las exportaciones primarias y el énfasis en la industrialización, no recibieron importante prioridad.

En 1924, un golpe militar instigado por los grupos de derecha más recalcitrantes provocó la renuncia de Alessandri. El poder efectivo quedó en el coronel Carlos Ibáñez, líder del Ejército: se abrió la caja de Pandora de las intervenciones militares. En marzo de 1925, Alessandri reanudó su mandato hasta las elecciones de octubre. Su ministro de Guerra y Marina fue el poderoso coronel Ibáñez, quien controló el poder en el gobierno de Emiliano Figueroa (1925-1927) y fue elegido presidente en 1927.

El intervencionismo militar en la política chilena sólo terminaría en 1932, con el regreso de Alessandri a la presidencia, luego del fracaso natural de un intento de “República Socialista” proclamado por Eugenio Matte Hurtado y Marmaduque Grove. El curso intervencionista de Ibáñez y la incursión de los “jóvenes turcos” vinculados a Grove permitió que se construyera un consenso sobre la retirada de las Fuerzas Armadas, que contó con el apoyo de la derecha. Los militares intentarían movilizarse en el período 1952-1958, bajo el segundo gobierno presidencial de Ibáñez, pero básicamente se quedaron en un segundo plano.

Es interesante que el liderazgo militar, especialmente durante el régimen autoritario de Ibáñez (1927-1931), tuvo una mayor preocupación por la industrialización que la élite civil. A pesar de que ya se había manifestado la crisis del modelo primario exportador basado en el salitre, esta élite no generó ningún intento serio de renovar el modelo de desarrollo. El segundo gobierno de Alessandri (1932-1938) reorganizó la economía en sus aspectos financieros (pago de la deuda externa ), pero no emprendió políticas de industrialización de magnitud.

La dura política de Gustavo Ross, ministro de Hacienda de Alessandri, en relación a los asalariados tuvo un efecto político fundamental: la ruptura de la alianza de derecha, básicamente entre el Partido Liberal y el Partido Radical. Se trataba de una organización intermedia, cuyo abanico de votos iba desde terratenientes del sur hasta profesionales, el amplio espectro de la clase media, funcionarios en general, empleados del sector privado y también trabajadores especializados. Para esta organización era indispensable una política flexible con los trabajadores, de la que carecía el gobierno. El Partido Radical se encontraba en una situación de disponibilidad política.

Esta separación entre la derecha y el partido intermedio dominante impidió que los conservadores ganaran posiciones dominantes en el sistema político. Los sectores de derecha no volverían a alcanzar una posición de gobierno directo hasta las elecciones de 1958.

El Frente Popular

Mientras la derecha se desmantelaba, la izquierda se unía, con la formación, en 1936, de un Frente Popular impulsado por el Partido Comunista de Chile (PCCh). Hay que tener en cuenta que, hasta 1933, el PCCh siguió la consigna de lucha «clase contra clase» de la III Internacional; en América Latina; esta política rechazó las alianzas con partidos no obreros, y en Europa, con partidos obreros socialdemócratas. Los comunistas dejaron esos cargos en 1933. En el mismo año se formó el Partido Socialista, integrado por la mayoría de los cuadros de la breve República Socialista de Matte Hurtado y Grove, con un programa antioligárquico y anticapitalista. Sin embargo, estos grupos lograron generar un pacto que dio preferencia al Partido Radical en las elecciones de 1938.

Al mismo tiempo, los partidos de derecha Liberal y Conservador insistieron en presentar a su propio candidato, Gustavo Ross, con un programa burgués maximizador. Ross recibió el apoyo formal del presidente, pero tanto Alessandri como los jóvenes conservadores (parte de los cuales abandonaron esta organización en 1938 para formar la Falange Nacional, inspirados en la doctrina social católica) buscaban un nombre capaz de movilizar un mayor consenso. Los líderes liberales y conservadores y el propio Ross prefirieron desconocer las advertencias, confiados en que el voto de sus opositores se dividiría entre Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular, y Carlos Ibáñez, quien había lanzado una candidatura populista con un discurso antipartido, sin embargo con contenido de izquierda.

Sin embargo, un evento difícil de predecir cambió todo el panorama político. Un pequeño grupo de jóvenes nazis, acusado ​​de complicidad con Ibáñez, intentó un golpe de Estado sin participación militar. Refugiados en el edificio Seguro Obrero, fueron masacrados por orden del presidente Alessandri. Carlos Ibáñez, llevado a prisión como consecuencia de los hechos, llamó a votar por el candidato del Frente Popular, decisión a la que se sumaron los jefes del partido nazi. Aguirre Cerda ganó las elecciones por 3.000 votos entre 300.000 votantes. Un hecho impredecible en el momento de la toma de decisiones cambió el destino del proceso político, abriendo nuevos caminos: el pacto de centro izquierda, que duró desde 1938 hasta 1947 y eligió a tres presidentes.

La izquierda y el comienzo de la modernización capitalista

¿Por qué en un país amurallado entre la sierra y el mar, lejos del continente europeo donde operaba la amenaza fascista, los “frentes populares” perduraron hasta después de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es que la coalición de centro-izquierda asumió las tareas pendientes de la modernización capitalista, enfrentando la posición defensiva de la derecha, que otorgó, por ejemplo, un apoyo sólo condicional a las medidas propuestas por el gobierno de Aguirre Cerda, que buscaba el incentivo del Estado para una política de industrialización sustitutiva de importaciones, cuyo instrumento sería la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en 1939. Conservadores y liberales exigieron la limitación del apoyo de los partidos de izquierda al sindicalismo campesino para apoyar un proyecto que permitiera avanzar hacia la modernización capitalista, creando desarrollo industrial. Esta actitud no tomó en cuenta que la industrialización para el mercado interno proyectada para Chile requería la incorporación de los trabajadores agrícolas al régimen salarial pleno, con pago en efectivo y capacidad de negociación a través de sindicatos. La defensa del campo por parte de los parlamentarios de derecha reveló el papel ideológico conservador y la no separación de intereses entre los terratenientes y la burguesía urbana; modelo organizativo que existía en Chile y no, por ejemplo, en Argentina, donde estos intereses estaban claramente diferenciados.

Como consecuencia de esta fusión entre intereses oligárquicos y burgueses, la plena constitución del mercado interno no pudo lograrse a tiempo en Chile. Su formación se pospuso hasta la década de 1960, época en la que se favoreció de la legalización del sindicalismo agrario.

Por razones similares, las coaliciones de centro izquierda no se enfrentaron a la reforma del sistema electoral. La posibilidad de comprar votos y la movilización forzada de los votantes rurales permitió una sobrerrepresentación de la derecha en el Parlamento. Este mecanismo compensó la pérdida de liderazgo gubernamental e impidió que el sistema de oportunidades políticas fuera visto como injusto, a pesar de los veinte años de destitución de la derecha del cargo presidencial.

La eficacia de las coaliciones de centro izquierda se agotó cuando se produjo un giro en la política internacional. La elección presidencial chilena se llevó a cabo en septiembre de 1946, en un momento en que ya se habían lanzado bombas atómicas en Japón, y cuando las presiones de la nueva etapa, la Guerra Fría, comenzaban a cobrar vida.

En esa ocasión, el candidato radical victorioso Gabriel González Videla fue apoyado por uno de los miembros de la coalición de izquierda, el Partido Comunista, mientras que los socialistas, divididos en varias facciones, lanzaron su propio candidato, Bernardo Ibáñez. La derecha presentó dos candidatos, cuyos votos, sumados, superaron a los del ganador.

Los comunistas fueron lo suficientemente flexibles como para participar en un gabinete con miembros del Partido Liberal. Pero en las elecciones municipales de 1947 obtuvieron el primer lugar entre todos los partidos, al tiempo que apoyaron, a pesar de su participación en el gobierno, las demandas de los trabajadores. Se rompió el delicado equilibrio de colaboración entre dos partidos enemigos, cuyas propuestas de futuro eran el socialismo y el capitalismo, asociados a los bloques antagónicos de la Guerra Fría. La exigencia norteamericana de que los comunistas abandonaran el gabinete, como condición para la firma del Tratado de Asistencia Militar, fue efectiva. Los comunistas pasaron de los ministerios a ser perseguidos, a través de una ley votada por casi todos sus antiguos aliados radicales, por miembros del Partido Liberal y por una fracción del Partido Socialista; el voto contrario, en defensa del PCCh, vino de los falangistas (que se convertirían en demócratas cristianos en 1957), de un senador conservador, de la mayoría socialista y de los propios comunistas. El vistoso sistema democrático chileno reveló su fragilidad, mostrando que el pluralismo abierto no era compatible, en ese momento, con la nueva etapa de la Guerra Fría.

La izquierda entre 1950 y 1960

Acostumbrada desde 1938 a la política participativa y trabajando en un sistema con oportunidades de poder, la izquierda chilena tomó dos direcciones diferentes en la década de 1950. El Partido Popular Socialista (PSP), disidente y organizado en 1947, decidió apoyar a Carlos Ibáñez, quien asumió un postura populista, muy influida por el ejemplo de Juan Domingo Perón . Un sector liderado por Salvador Allende se separó del PSP, volviendo a acercarse al Partido Socialista de Chile, para apoyar a los comunistas, en las elecciones de 1952, con un candidato alternativo, el propio Allende, debutando en las elecciones presidenciales.

En 1953, bajo el gobierno de Ibáñez y bajo el imperio de la legislación anticomunista, se creó la Central Unitaria de Trabajadores ( CUT ), a la que asistieron dirigentes de diversos partidos, entre ellos radicales, falangistas y comunistas ilegales. La dirección la tomó Clotario Blest, una especie de anarquista cristiano, muy crítico con la acción de los partidos, para el cual la tarea del sindicalismo era llevar a cabo la revolución socialista. Esta nueva central se pronuncia desde el principio por el socialismo y contra el capitalismo.

En el PCCh, la ilegalidad propició la formación de una facción, liderada por Luis Reinoso, hostil a la participación electoral y favorable a la acción directa. El grupo fue marginado por acusaciones de complicidad con el imperialismo y adhesión a políticas de orientación trotskista. A pesar de las diferencias y persecuciones, el partido reafirmó los cambios legales como una forma de recuperar sus derechos políticos, que logró en 1958 con la formación del Bloque de Saneamiento Democrático. Los comunistas chilenos no cambiaron su política luego de que surgieron quejas sobre las acciones de Stalin, en el 20 del Congreso del PC Soviético, aunque si profundizaron su «frente político de liberación nacional».

Los socialistas, por el contrario, desde su salida del gobierno de Ibáñez en 1953, han comenzado a desarrollar la línea alternativa conocida como el «frente obrero». Era la línea oficial del partido tras la reunificación de las facciones socialistas en 1957.

A pesar de estas diferencias, que se profundizaron en la década de 1960, el Frente de Acción Popular (FRAP), formado durante este período entre socialistas y comunistas, continuó actuando hasta su reemplazo por la Unidad Popular , organización creada en 1969.

La democracia cristiana y la nueva modernización capitalista

En 1958, Allende casi logró la victoria en su segunda incursión presidencial. Pero Jorge Alessandri se hizo cargo del gobierno y fue el primer presidente de derecha en dos décadas. Se propuso liberalizar la economía, continuando con las políticas que la misión Klein Saks había aplicado durante el gobierno de Ibáñez.

Para eliminar los riesgos del partidismo y el corporativismo, el presidente Alessandri  decidió instalar un gobierno de técnicos, que antepondría la política económica liberal a la defensa de los intereses de alguna facción burguesa. El objetivo era impulsar la modernización de la industria para que pudiera competir con el exterior. De esta forma, y ​​no aumentando la demanda interna, se solucionarían los problemas del mercado.

Sin embargo, este proyecto tecnocrático no tuvo en cuenta las tendencias reales de corto plazo de la comunidad empresarial chilena, cuya conducta difería considerablemente de la racionalidad prevista en los modelos teóricos. Una parte significativa de estos actores prefirió especular con el dólar o dedicarse a consumos conspicuos, en lugar de participar en el proyecto de industrialización a largo plazo.

El derrocamiento de esta política obligó al gobierno de Jorge Alessandri a buscar un pacto defensivo con los radicales, básicamente destinado a crear las condiciones para evitar la victoria de Allende en las elecciones presidenciales de 1964. Fue una coalición preventiva que aseguró el liderazgo de un postulante radical, por un tiempo.

Este pacto fracasó por los efectos de una contingencia política imposible de contemplar en los cálculos. La muerte de un diputado socialista de un distrito rural requirió la celebración de elecciones complementarias. La medición de la fuerza, realizada en un pequeño distrito, provocó un cambio total en el escenario electoral. El triunfo del candidato socialista generó un pánico en la derecha que la llevó a renunciar a la anterior alianza con el Partido Radical para apoyar, sin condiciones, al candidato demócrata cristiano, Eduardo Frei Montalva .

El líder de la Democracia Cristiana (DC) contó con una plataforma programática, inspirada en las recomendaciones de la nueva política estadounidense (Alianza para el Progreso), en la que superar el estancamiento del desarrollo capitalista chileno requería reformas estructurales; entre ellos, la reforma agraria y además estimular la sindicalización de los campesinos, para favorecer su incorporación al mercado interno. El objetivo estratégico de esta modernización reformista era capturar a las masas populares a través de una organización desde arriba. La DC tenía como horizonte de futuro una concepción alternativa, que oponía el comunitarismo al colectivismo socialista y al liberalismo capitalista; era además una organización que generaba constantemente un ala de izquierda.

El gobierno de Frei cumplió las tareas de la modernización capitalista a través de un impulso a la industria y, especialmente, a través de la participación del capital extranjero, pero también cumplió con las principales tareas reformistas: cambios en la tenencia de la tierra, sindicalización campesina, la organización de los pobladores y la extensión de la duración de la escolarización. Sin embargo, los esfuerzos por reactivar la economía chilena han tenido un éxito limitado. El análisis de las estadísticas económicas muestra claros signos de estancamiento desde 1966 en adelante (cuadro siguiente). El aumento registrado en ese año fue el efecto de una inyección en la demanda interna producida por el aumento de los salarios, propio del primer año de un nuevo gobierno.

Al hacer reformas, la DC desafió la reproducción misma de su poder, ya que generó aislamiento con aquellas tendencias del electorado que habían permitido su triunfo en 1964 y su impresionante crecimiento electoral en 1965 (42,5% del electorado en un sistema multipartidario). Perdió el uso del voto de la derecha, el que nuevamente se canalizó a través de un dispositivo de partido autónomo, el Partido Nacional (PN) .

El resentimiento entre los líderes políticos del PN y DC tuvo un efecto político decisivo. La derecha hizo caso omiso del peligro de Allende y por eso se constituyó un campo de tres hombres para las elecciones presidenciales de 1970. En este campo, las posibilidades del candidato de derecha y el demócrata cristiano estaban mutuamente vinculadas.

El justo triunfo de Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970 ciertamente no se habría producido, con un pacto entre la derecha y el partido intermedio, como ocurrió en 1964. DC no era una organización disponible para apoyar a un postulante de derecha, y en el PN las corrientes más realistas no consiguieron apoyo para un candidato demócrata cristiano. La victoria de Allende no se debió a un aumento de su voto con respecto a 1964, sino a la división del voto restante entre dos candidatos.

La Unidad Popular

A principios de la década de 1970, cuando ganó la Unidad Popular, la izquierda chilena fue influenciada por una nueva tendencia en el análisis del desarrollo capitalista, llamada teoría de la dependencia. Uno de los objetivos de esta teoría fue erosionar los fundamentos históricos de los “frentes de liberación nacional”, cuyo supuesto era la permanencia, en los países subdesarrollados de América Latina, de una zona de modernización constituida por la existencia de componentes feudales o semifeudales.

La teoría de la dependencia fue elaborada en sus partes fundamentales por el economista radicado en Chicago André Gunder Frank y por investigadores brasileños del Centro de Estudios Sociales (CESO) de la Universidad de Chile ( UCh) como Theotónio dos Santos, Ruy Mauro Marini y Vania Bambirra. Su teoria se sintetiza en la siguiente afirmación teórica: en los países periféricos, el subdesarrollo es un estado del capitalismo y no una fase.

Por tanto, el capitalismo no era concebido en países de este tipo (incluido Chile) como una fórmula viable para alcanzar el carácter de sociedades desarrolladas y debería ser reemplazado por el socialismo. Esta tesis desplazó la postura clásica del Partido Comunista sobre la necesidad de una fase revolucionaria intermedia, con énfasis en las medidas antioligárquicas y antiimperialistas. Y esto constituyó el argumento decisivo para incorporar al programa de Unidad Popular medidas para socializar la producción y no solo para mejorar la distribución.

Además, Chile había perfeccionado sus instituciones políticas a fines de la década de 1950. Entre 1964-1970 había vivido un período de profundización de la democracia social especialmente por la organización de los campesinos. La idea de la excepcionalidad política de Chile (junto con Uruguay) fue aceptada por el propio Ernesto Che Guevara, al hacer balance de los caminos de la revolución en América Latina.

La formulación y desarrollo de la Unidad Popular, concebida como una experiencia de transición institucional al socialismo, no puede entenderse sin la confianza en el estado de derecho democrático burgués. En la práctica, esta expectativa fue apoyada por los hechos. Las Fuerzas Armadas no se convirtieron en un obstáculo para el acceso de Allende al gobierno; incluso hubo un intento de golpe de la extrema derecha, que terminó con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider.

Sin embargo, por la misma razón, la única posibilidad de que este experimento tuviera éxito era adaptar las reformas a las relaciones de poder en el Estado. El gobierno adoptó el camino de la nacionalización, que puso bajo control la producción capitalista y no solo la distribución. De esta manera, “revolucionó” la esfera económica, sin pasar por la destrucción del estado burgués; por eso no le quedaba otro camino que formar una gran alianza mayoritaria entre el Estado y las masas. De lo contrario, la confianza en el Estado de derecho burgués se convertiría en una ilusión.

Como no se construyó este bloque mayoritario, la Unidad Popular pendía del hilo del constitucionalismo militar. La situación global, en la que esta dependencia fue un factor decisivo, agravó las divisiones entre los integrantes del pacto.

Desde el forzado cambio del general Carlos Prats, en agosto de 1973, se percibe la fatalidad del golpe, que llegó como y cuando se esperaba, y superó todo pronóstico sobre su estilo y crueldad.

Violencia y revolución burguesa en Chile

La violencia fue anterior al proyecto revolucionario. Su símbolo fue el bombardeo del palacio presidencial La Moneda. Este acto, innecesario desde el punto de vista militar, tenía por objeto mostrar que el Estado democrático burgués, que había resultado inútil para combatir el marxismo, estaba siendo destruido. Luego se procedió al cierre del Parlamento y la destrucción de los registros electorales.

Entre septiembre de 1973 y abril de 1975, hubo una etapa de terrorismo y el establecimiento de un modelo contrario a la industrialización sustitutiva, por ejemplo, con el fin de los precios centralizados. Con o sin un proyecto de transformación del capitalismo previamente existente, el terrorismo de Estado fue una constante en la dictadura.

A partir de abril de 1975 se inició la “revolución capitalista”, que contenía un programa de choque, dirigido a resolver situaciones cíclicas de alta inflación y medidas de largo plazo para afrontar la crisis de la balanza de pagos. Entre ellos se encuentran las privatizaciones, la disminución de los poderes del Estado y el rápido inicio de la apertura al exterior. A partir de 1980 se suma la privatización de la seguridad social, la drástica reducción de la capacidad de negociación de los sindicatos, la municipalización de la educación básica y secundaria, la creación de un sector privado de salud y la municipalización de la educación.

La culminación jurídico-institucional de este proceso fue la aprobación, mediante plebiscito sin salvaguardias, de la Constitución de 1980. Es la expresión de que el régimen neoliberal necesita una democracia semirrepresentativa (senadores designados, funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional  y sistema electoral binominal) y cero elasticidad al cambio (garantía de alto quórum ).

El establecimiento, de 1975 a 1990, de un sistema de mercado basado en el terror, sin el contrapeso de una sociedad civil activa, especialmente sindicatos con capacidad de paro y, además, sin partidos, sin oposición política y con un mínimo de capacidad de protección para los débiles y marginados, creó un capitalismo caracterizado por la concentración desenfrenada de la propiedad y los ingresos. Se estableció una sociedad desigual basada en cimientos sólidos, en la que las inequidades tienden a reproducirse.

La dictadura militar chilena no fue la única en el Cono Sur que recurrió a la violencia y al terror. Asesinó, torturó, hizo desaparecer opositores en Chile y el exterior, exilió, censuró y encarceló sin juicio. Fue una dictadura que utilizó todas las armas de coerción. Pero también fue una dictadura que construyó una alianza de clases para revolucionar el capitalismo chileno, moviéndolo de la fase de exportación de cobre e industrialización sustitutiva con un mercado protegido a una fase diferente, la de exportar múltiples materias primas y bienes con escaso valor agregado e importaciones de bienes y servicios a gran escala. Una economía pequeña, plenamente insertada en la globalización.

Esta alianza de clases, cuya cabeza política eran las Fuerzas Armadas y en particular el general Augusto Pinochet , incorporó a los grupos empresariales y contó con intelectuales orgánicos, en el ámbito económico, los economistas neoliberales y, en el político, los seguidores de Jaime Guzmán, quienes encabezó la lucha por la constitucionalización de la dictadura militar, que culminó en 1980, y creó un régimen político duradero, capaz de sobrevivir a la dictadura militar y de dirigir la política chilena hasta mucho después de que Pinochet dejara el gobierno.

A diferencia de los militares argentinos, que tuvieron que retirarse tras un derrocamiento provocado por la derrota militar en la Guerra de Malvinas , o los militares uruguayos que se vieron obligados a negociar con civiles, los militares chilenos impusieron las reglas de la transición y el régimen. dentro del cual se desarrolló. Además, se ha asentado sólidamente una sociedad capitalista de mercado, que aún genera un consenso político transversal, que compromete a la coalición de derecha (la Alianza por Chile) y también a la coalición de centro izquierda, denominada Concertación de Partidos por la Democracia. Los opositores radicales tienen un apoyo entre el electorado que nunca ha superado el 10% y no tienen participación en el Parlamento.

Concertación: transición y cambios culturales

La transición significa dejar algo atrás para ir a un lugar diferente. La transición chilena, sin embargo, no ha dejado atrás la sociedad de mercado creada por la dictadura, y el lugar al que se dirige es una democracia disminuida, de baja intensidad. ¿Esto significa que puede hablarse de semitransición?

En realidad,  no solo no se interviene para transformar la sociedad de mercado, también se profundiza y, además, se legitima. La Concertación actuó sin cuestionar los propósitos que había impuesto la dictadura. Se procedió como si el capitalismo neoliberal y su democracia semirrepresentativa fueran los espacios naturales de convivencia social. Su tarea era perfeccionar el modelo básico y avanzar, regido por los principales planteamientos de la ideología neoliberal: los mercados se autorregulan y el Estado debe evitar entrometerse en exceso, los empresarios son los sujetos de la historia, ya que generan empleo e innovación tecnológica; el conflicto es negativo y debe evitarse, especialmente cuando cuestiona los fines en los que se basa el orden.

Las dos grandes promesas de la Concertación no se cumplieron  Estas promesas fueron: crecimiento con equidad y verdad con justicia.

El crecimiento con equidad no es posible si la política macroeconómica gira en torno a los mismos ejes de la época de la dictadura  No se puede esperar que esta modalidad equitativa de crecimiento sea impulsada por un Estado que, en las relaciones actuales, tiene una afinidad electiva con el tejido empresarial y tiende a favorecer sistemáticamente al capital. Este Estado de clase plenamente capitalista debe ser sometido a presión en nombre de la responsabilidad social. Y, para que eso suceda, es necesario mejorar las condiciones de negociación del movimiento sindical, para que este movimiento pueda proponer con fuerza sus demandas distributivas.

Chile se caracterizó, a partir de 1938, por una tendencia “estadolátrica” de sectores progresistas. El imaginario social imperante era el de un estado paternal. Su arbitraje fue conveniente en temas sociales porque, existía un campo de fuerza poblado por partidos de izquierda, más partidos intermedios con tendencia al cambio, los cuales se inclinaban hacia la justicia social. De hecho, perdimos de vista que esto no se debía a un atributo natural del Estado, sino a una relación de fuerzas.

Sin embargo, ya no existe este imaginario social construido sobre la evidencia de una brecha entre el Estado y la lógica del capital, que efectivamente apareció en la fase previa del desarrollo capitalista. Actualmente, el Estado opera como un articulador de los procesos de reproducción del sistema. Por ello, no es de extrañar que Chile se ubique en el ranking de países con la peor distribución de ingresos del mundo. Porque no hay organizaciones sindicales fuertes que exijan una distribución centralizada por parte del Estado. Una de las condiciones para una mejor distribución de la renta es que entre el mercado y el Estado, por ejemplo, existan sindicatos.

El tema de los derechos humanos también forma parte de las promesas básicas, recogidas en el lema “verdad y justicia”. Sin embargo, hay indicios discursivos de que la Concertación pensó que su simple existencia purificaba el país. En el momento simbólico en el que Chile se representó en la Feria Internacional de Sevilla, su primera aparición ante el mundo después de que Pinochet dejó la presidencia, se trasladó de la Antártida a las cálidas llanuras béticas, un gigantesco iceberg . Son posibles múltiples lecturas interpretativas de esta operación. Mostrar capacidad tecnológica; enfatizar el carácter de un país frío, lejos de la siesta y los trópicos. Pero hay otro, menos visible, que constituye, quizás, el propósito inconsciente: la depuración de Chile. En el iceberg desaparecieron las huellas del pasado y la sangre de las víctimas. La llegada de la Concertación fue suficiente para extinguir las marcas.

Moderación y posibilismo

Si fuera necesario buscar algún apoyo para tal interpretación, se podría encontrar en el carácter del primer acto que organizó expresamente el gobierno del demócrata cristiano de Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), el primero en ser elegido por la Concertación, organizó a propósito de los derechos humanos: el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, conocida  como Comisión Rettig. Fue una instancia pluralista que señaló la existencia de más de 2.000 asesinados o desaparecidos, reconociendo así la existencia de prácticas de terror y confeccionando la lista de mártires, inscrita en un gran fresco del Cementerio General. Se dio por sentado el carácter genocida de la dictadura y también se restableció la dignidad de las personas acusadas, por el aparato publicitario público y privado del régimen militar.

Pero la Comisión realizó una clasificación estricta de las víctimas, dejando fuera el fenómeno de la tortura a gran escala, y se conformó con establecer los hechos sin señalar a los culpables. Constituyó un esfuerzo de arreglo sin una dimensión punitiva, salvando la situación a través de un conocimiento general de la verdad.

El avance en el intento de hacer justicia provino de los jueces o de los juicios contra el general Manuel Contreras, por el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier, o las peticiones de acusación a Pinochet, presentadas por Gladys Marín , presidenta del Partido Comunista. De hecho, lo que cambió radicalmente la situación judicial del dictador fue su detención en Londres a instancias del juez español Baltasar Garzón.

En esa ocasión, el gobierno chileno participó activamente en el regreso de Pinochet al país, tratando el asunto desde una razón estatal y cuestionando el derecho de los tribunales de países extranjeros a juzgar los crímenes de lesa humanidad. Durante los juicios contra Pinochet, el gobierno mantuvo la neutralidad, negándose a hacer declaraciones ético-políticas.

El dilema de la política chilena es dilucidar cómo el crecimiento económico combinado con enormes desigualdades produce un moderado alineamiento político del electorado, que comparte sus votos entre dos coaliciones que se han adaptado a la lógica del modelo, dejando poco espacio político a la tradicional izquierda anticapitalista.

La mayor transformación post-dictatorial del sistema de partidos fue el surgimiento de una izquierda moderada, que no existió entre 1932 y 1973. Esta opción, representada por el Partido Socialista y el Partido por la Democracia (PPD), participó en el gobierno de 1990 a 2006 y obtuvo un voto significativo. Estas personas continúan identificándose con la memoria histórica y simbólica de la izquierda, pero votan por una coalición que en el gobierno mantiene las políticas centrales del modelo neoliberal.

Cultura mercantil

En un aspecto político esencial, la sociedad chilena actual es diferente a la que existió durante los años sesenta y hasta mediados de la década siguiente, en la que se desarrollaron lecturas de clase que llevaron a la idea de un conflicto irreductible, de una contradicción que requería una “superación” . Actualmente, este tipo de lectura no existe. La crítica no compromete el ámbito de la producción, sino el de la distribución. La valorización del conflicto también se ha transformado, no solo eliminando su carácter irreductible, sino también cuestionando su efectividad. La sociedad polarizada ha dado paso a la sociedad consensuada, al menos al nivel de las élites políticas con poder. Estos cambios en la cultura política se basan en cambios mucho más generales en las orientaciones y direcciones de la vida, en la definición de deseos y racionalidades.

En el Chile post-Pinochet, la cultura mercantil, característica de las sociedades capitalistas y que había sido moldeada por la dictadura, se fortaleció con la implantación del neoliberalismo como ideología de poder.

Este tipo de matriz cultural tiene como eje el culto al dinero y lo que proporciona, la posibilidad de consumo. Alcanzar las condiciones para superar el estado de reproducción material limitada, es decir, obtener bienestar y comodidad se convierte en el principal sentido de la vida. Las aspiraciones se privatizan y, por tanto, se despolitizan. La política es el reino de lo público, pero solo existe si existe una sociedad dispuesta a reflexionar sobre las finalidades y objetivos de la vida social. Para que eso suceda, se necesita una sociedad de ciudadanos, distinta de aquella en la que hay una transformación hacia lo privado y hacia aspiraciones individualistas.

En una sociedad como Chile, donde la desigualdad de ingresos es tan marcada, la posibilidad de que la clase media, los pobres y los sectores trabajadores vean la posibilidad de un cierto confort material y se incorporen al mundo de quienes pueden satisfacer los deseos, requiere  la instalación de un dispositivo de crédito. Las grandes tiendas ofrecen tarjetas de crédito a gran escala a personas con salarios bajos. Son extraordinariamente funcionales para el proceso de acumulación del sector, ya que brindan a las tiendas la posibilidad de ganar el doble, por marca y marca financiera. Pero, a su vez, crean en trabajadores con escasos recursos, o en capas medias asfixiados por los gastos de escolarización, la posibilidad de satisfacer necesidades y deseos de consumo e integrarse simbólicamente, a pesar del bajo nivel salarial en las categorías sociales a las que pertenecen. En la práctica, manejar un juego de tarjetas de tienda permite altos niveles de endeudamiento, hasta tres o cuatro veces el salario, con soluciones flexibles diseñadas para evitar que el deudor se vea obligado a cortar la cadena de pago  Este sistema de facilitación del consumo masivo tiene una importancia decisiva en la reproducción del propio sistema por sus efectos sobre la dinámica de la demanda interna. La gestión de un juego de tarjetas de tienda permite altos niveles de endeudamiento, hasta tres o cuatro veces el monto del salario, con soluciones flexibles diseñadas para evitar que el deudor se vea obligado a cortar la cadena de pago, a costa de cargas financieras que se vuelven invisibles o soportables por su escala de tiempo. Este sistema de facilitación del consumo masivo tiene una importancia decisiva en la reproducción del propio sistema por sus efectos sobre la dinámica de la demanda interna.

Además, este dispositivo crediticio parece ser una de las explicaciones de la gobernanza política chilena, ya que opera compensando los bajos niveles salariales y permitiendo que el trabajador “honorable” no se sienta obligado a posponer, de manera completa, sus aspiraciones de consumo. A través de este subterfugio, produce efectos de integración simbólica en la modernidad de Chile, ya que la modernidad, al alcance del asalariado común, son los malls con sus grandes tiendas, donde se puede acceder a los productos más exóticos y las marcas más prestigiosas puestas a su alcance de muchos por acceder al crédito.

Modernidad: ¿mito o realidad?

La modernidad en la que Chile vive imaginariamente es la fuerza de su capitalismo neoliberal, que le ha permitido integrarse a nivel global, firmar tratados de libre comercio con los países líderes, exportar una parte importante de su producto y ser considerado una economía ejemplar , aunque a pequeña escala. Los líderes políticos en el poder, ya sea de la Alianza por Chile o de la Concertación, y los líderes o agencias externas de evaluación económica le dan el título de moderno.

Pero si la modernidad capitalista se mide por la capacidad de exportar productos de alto valor agregado o por la existencia de industrias de vanguardia, Chile está lejos de haber alcanzado la meta. Ni siquiera se puede decir que su estrategia de desarrollo apunte en esa dirección.

Chile tampoco es moderno si el adjetivo está ligado a la equidad, ya que tiene una de las peores distribuciones de ingresos del mundo y la inversión en educación en escuelas privadas es diez veces mayor que la invertida en escuelas municipales. Este último dato revela que el sistema educativo es un mecanismo que reproduce las desigualdades.

Este imaginario de la modernidad, sin embargo, es parte de los mecanismos ideológicos a través de los cuales el modelo neoliberal logra instituir su dominación y generar conformismo. En su forma fuerte, esta representación ve a Chile como un país ya moderno; en su forma débil, lo ve caminar por el camino que conduce a la modernidad. En cualquier caso, se sofoca la necesidad de pensar en un futuro alternativo.

Mientras muchos países de América Latina, especialmente en el sur, buscan superar las formas de pensar sobre la política y el orden social del neoliberalismo, Chile parece estar despertando. El éxito de la dictadura de Pinochet se puede medir en este sometimiento a las categorías neoliberales y esta concepción del mundo.

por Emir Sader (2005-2015)
(actualización en 1 de septiembre de 2016)

El primer gobierno de Michelle Bachelet

En 2006, Michelle Bachelet fue elegida presidenta de Chile. Era la primera vez que el mandato cumplía cuatro años; era la primera vez que una mujer ganaba el rango más alto de la República; era la cuarta vez consecutiva que un representante de la Concertación, la coalición de centro izquierda, ganaba las elecciones; y fue la segunda vez consecutiva de un miembro del gobernante Partido Socialista. Bachelet podría ser recordada por todo esto. Su gobierno, sin embargo, estuvo marcado por diferentes reacciones ante dos grandes hechos: enfrentar la primera ola de manifestaciones estudiantiles que sacudió al país; y ante los efectos de la crisis económica que sumió al mundo en una profunda y prolongada recesión a partir de 2008.

Los alumnos de secundaria participaron en las manifestaciones estudiantiles. Y el aumento de las tasas de matrícula para el examen de acceso fue el lema que los llevó a la calle. Pero la insatisfacción fue mayor. Provenía de la estructura heredada e intacta de los años de Pinochet, que había privatizado la educación. Desde entonces, el costo de la educación ha aumentado, mientras que la calidad ha viajado en la dirección opuesta. Las manifestaciones tomaron forma a medida que aumentaba la represión policial y el gobierno se negaba a dialogar. En el punto más álgido de la crisis, finalmente se reemplazó al Ministro de Educación y el gobierno decidió escuchar a los manifestantes. Las negociaciones se prolongaron durante meses y, al final, los estudiantes salieron victoriosos, con sus principales demandas satisfechas. Pero la imagen del gobierno se raspó después del episodio.

Para combatir la crisis económica internacional, Bachelet hizo uso de un fondo de reserva obtenido gracias a las exportaciones de cobre, cuyo precio había aumentado en los primeros años de su mandato. Con efectivo disponible, el gobierno lanzó un paquete de incentivos fiscales y medidas para proteger a los estratos sociales más vulnerables. Los servicios de salud, por ejemplo, se han vuelto gratuitos para los ciudadanos mayores de 60 años, al igual que la cobertura de la seguridad social. En el plan laboral, el gobierno mantuvo la corrección salarial siempre por encima de la inflación. Y también había un palco para afrontar la destrucción provocada por el terremoto de febrero de 2010, que mató a más de quinientas personas e incluso destruyó ciudades enteras de la costa central del país.

Bachelet inició el gobierno con gran popularidad, que menguó al mostrar una incapacidad para lidiar con protestas como la de los estudiantes, principalmente. Sin embargo, su valoración volvería a aumentar cuando se enfrentara a los efectos de la crisis económica mundial. Llegó a ser la gobernante mejor valorada desde la redemocratización del país. Aun así, no pudo elegir a su sucesor.

Así, la oposición lanzó la candidatura de Sebastien Piñera, exitoso empresario, socio, entre otras empresas, de la aerolínea LAN Chile. Para afrontarlo, la Concertación convocó al expresidente Eduardo Frei, cuya fuerza nunca fue el carisma. Piñera ganó en segunda vuelta, en enero de 2010, con el 51,6% de los votos. De esta manera, la derecha chilena recuperó la presidencia luego de veinte años de gobiernos de centroizquierda.

El gobierno de Sebastien Piñera

El 11 de marzo, hacia el mediodía, cuando Bachelet estaba transmitiendo el cargo a Sebastien Piñera en el Congreso Nacional en Santiago, la tierra comenzó a temblar nuevamente. Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro del país y se sintió en la capital, en una especie de presagio de los trastornos que enfrentaría Piñera durante su gobierno. Al principio tuvo que negociar el tema de la frontera marítima con Perú, lidiar con una huelga de los indígenas mapuche, enfrentar el espectáculo mediático que se convirtió en el rescate de trabajadores atrapados dentro de una mina colapsada, y dar cuenta de las grandes protestas en el extremo sur del país, donde hay quejas por el aumento del precio del gas natural.

En el segundo año de su mandato, en 2011, grandes movilizaciones estudiantiles por la educación universitaria gratuita detuvieron al país y fueron decisivas para la suerte del gobierno. El aplastante proceso de privatización de la dictadura de Pinochet había extinguido el carácter libre de las universidades públicas. Generaciones de jóvenes habían convivido con este fenómeno, hasta que las movilizaciones estudiantiles colocaron el tema en la agenda nacional. El movimiento contó con un amplio apoyo de la población. Después de todo, una buena parte de la clase media se había endeudado para pagar la graduación de sus hijos y ya no podía cumplir con sus compromisos.

Sin embargo, en ningún momento el gobierno pudo responder a las demandas de los estudiantes. La popularidad de Piñera se estaba derritiendo, hasta que alcanzó la peor calificación entre todos los funcionarios electos después de la Era Pinochet.

 

 El segundo gobierno de Bachelet

Ante este escenario, el nombre de Michelle Bachelet emergió como una apuesta segura para el regreso al poder de la Concertación. Candidata ungida, presentó un plan de recaudación de fondos para financiar el regreso de la gratuidad a las universidades públicas. Los fondos provendrían de un proyecto de reforma tributaria. También se comprometió a realizar una reforma electoral para corregir las distorsiones en el sistema heredado de la época de Pinochet.

Al frente de Nueva Mayoría, una coalición incluso más amplia que la Concertación, Bachelet resultó electa con el 62% de los votos en noviembre de 2013, superando a la candidata de la derecha, Evelyn Matthey, exministra de Trabajo de Piñera. Por primera vez, la votación no fue obligatoria y solo el 30% del electorado chileno acudió a las urnas.

Luego, electa por mayoría absoluta en el Parlamento, Bachelet pudo aprobar su proyecto de reforma tributaria, que elevó los impuestos a las grandes empresas. Estas reaccionaron de inmediato, contribuyendo a la desaceleración del crecimiento de la economía. A fines de 2014, el PIB chileno había caído del 4% al 1,7%.

Luego, la presidenta remitió al Congreso el proyecto de restablecimiento gratuito de las universidades públicas, su principal promesa de campaña, que fue aprobado. El Legislativo también aprobó otra iniciativa de gobierno, la reforma electoral, que acabó con las distorsiones representativas del binominal vigente desde 1989. Así, las elecciones parlamentarias de 2017 serán las primeras dentro de la nueva normativa. Y el Congreso también debe votar la reforma laboral, que, entre otros avances, impide la sustitución de trabajadores en caso de huelga y fortalece la negociación colectiva. Otro acto presidencial fue la derogación de la ley de amnistía promulgada por el dictador Augusto Pinochet.

Los primeros meses del gobierno de Michelle Bachelet estuvieron convulsionados por un terremoto, esta vez en la región de Arica, más al norte, y un gran incendio en la región de Valparaíso, en el centro del país. Además, hubo un atentado con bomba en el metro de la capital, Santiago, que dejó catorce heridos. El acto fue reivindicado por un grupo anarquista.

A nivel internacional, la Corte de Haya falló a favor de Perú la disputa relacionada con la frontera marítima entre los dos países.      Un problema mayor, sin embargo, puede representar la petición que Bolivia presentó ante el mismo tribunal, exigiendo su salida al Pacífico. Una victoria boliviana significaría una grave pérdida territorial para Chile. A nivel regional, Bachelet rebajó el perfil de la participación chilena en la Alianza del Pacífico, bloque continental que agrupa a Chile, Perú, Colombia y México, acercándose al Mercosur e intensificando la presencia del país en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur ).

 

El líder de los mineros atrapados en la Mina San José, Luis Urzúa, el último en erigirse por la libertad, celebra con el presidente Piñera, el 13 de octubre de 2010 (Gobierno de Chile)

por Emir Sader (2019-2021)
(actualización en 14 de agosto de 2021)

La crisis de 2019 y la Convención Constitucional

En 2019, movilizaciones estudiantiles en contra de un alza de las tarifas de transporte se arrastraron  por todo el país, conquistando el apoyo de amplios sectores de la población.

Rápidamente surgieron las reivindicaciones acumuladas durante un largo período, todas en contra del gobierno de Piñera, demandando una Asamblea Constituyente. Todo ello, mientras la popularidad del gobierno se reducía a sus límites mínimos. Llegó la pandemia, interrumpiendo las movilizaciones callejeras. Pero conforme fue pasando el auge de la pandemia, las reivindicaciones han vuelto. En 2020, fue convocado un referendo, que aprobó, por amplio margen, la convocación de una Convención Constituyente.

Se realizaron elecciones para los constituyentes, con gran mayoría de candidatos independientes, seguidos por el Frente Amplio, una nueva fuerza política en Chile. Los trabajos de la Convención se han iniciado en 2021.

Mientras tanto, se anuncian los candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre del 2021. En consulta interna, el Frente Amplio aprobó a Gabriel Boric como su candidato, mientras que la derecha aprobó a Sebastien Sichel. Es posible que la Democracia Cristiana presente algún candidato, así como el Partido Socialista y sus aliados.

 

REFERENCIAS

GARCÉS, Joan. Allende y la experiencia chilena , Santiago: Ensayo, 1990.

GARRETON, Manoel Antonio. Reconstruya la póliza . Santiago: Andante, 1997.

MOULIAN, Tomas. Chile actual: Anatomía de un mito . Santiago: LOM, 1997. (Serie Punto de Fuga, Colección sin Norte)

Conversación interrumpida con Allende . Santiago: LOM, 1997. (Serie Punto de Fuga, Colección sin Norte)

OLAVE CASTILLO, Patrícia. El proyecto neoliberal en Chile y la construcción de una nueva economía . México, DF: El Caballito, 1997.

OSÓRIO, Jaime. Raíces de la democracia en Chile . México, DF: Era, 1990.

RIESCO, Manuel. Desarrollo del capitalismo en Chile bajo Pinochet . Santiago: ICAL, 1989.

SALAZAR, Gabriel. Historia de la acumulación capitalista en Chile . Santiago: LOM, 2003.

SALAZAR, Gabriel; PINTO, Julio. Historia contemporánea de Chile I y II . Santiago: LOM, 1999.

SILVA GALDAMES, Osvaldo. Historia contemporánea de Chile . México, DF: Fondo de Cultura Económica, 1995.

 

Mapas

 

Datos Estadísticos 

Indicadores demográficos de Chile

Fuentes: ONU. World Population Prospects: The 2012 Revision Population Database
¹ Datos sobre la población urbana y rural tomados de ONU. World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.
* Proyecciones. | ** Estimaciones por quinquenios. | *** Incluido el Caribe.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en los documentos indicados.

 

Indicadores socioeconómicos de Chile

Fuentes: CEPALSTAT
¹ UNESCO Institute for Statistics
² Calculado a partir de los datos del Global Health Observatory de la Organización Mundial de la Salud
³ Fuente: UNDP. Countries Profiles
* Projección. | ** De 1960 a 1990 los datos se refieren sólo al Ministerio de Salud, de 2000 en adelante se contabilizan los médicos inscriptos en el Colegio Médico y que trabajan en el país.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en los documentos indicados.

 

Crecimiento y estancamiento (1961-1969)

Fuente: Banco Central, Indicadores Económicos y Sociales, 1960-1988.

 

Evolución de la distribución del ingreso (1987-1996)

Fuente: Mideplan, pobreza y distribución de la renta
en Chile, 1997.