María Seoane 

Emir Sader

Fuentes:

¹ CIA. World Factbook.
² ONU. World Population Prospects: The 2012 Revision Database.
³ ONU. World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.
⁴ CEPALSTAT.
⁵ ONU/PNUD. Human Development Report, 2014.

La Argentina fue, durante la mayor parte del siglo XX, uno de los países socialmente más armónicos de América Latina, con el índice de analfabetismo más bajo de la región, una poderosa clase media, la mayoría de su población concentrada en las ciudades, una notable excelencia educativa y, hasta 1976, una participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno (PBI) que superaba el 45%. Sin embargo, el país ingresó al siglo XXI en medio de una crisis sin precedentes en su historia: la mitad de su población sumida en la pobreza, con una participación de los trabajadores en el PBI del 21,5%, con 4 millones de indigentes, con su sistema de partidos en crisis, una deuda externa cercana a los US$ 200.000 millones y con la declaración del default (moratoria) más grande de la historia contemporánea en Occidente.

La línea divisoria entre esas dos realidades puede ser fijada en 1976, cuando el país entró en un cono de sombras que se fue profundizando. Las explicaciones son varias y complejas. Para encontrar sus raíces hay que remontarse a la formación de la Argentina moderna de principios del siglo XX. En esos años, junto con la expansión de una elite dominante que basaba su poder en la renta de la tierra y organizaba un sistema político republicano y federal, pero oligárquico y conservador, la sociedad argentina se conformaba cosmopolita, marcada por las numerosas oleadas inmigratorias de finales del siglo XIX y principios del XX.

Pero en esa Argentina de la república conservadora, modelada por los intereses de los latifundistas y cuyo sistema político no daba cabida a los sectores populares, la inestabilidad y la violencia política fueron constantes. A partir de 1916, con el voto secreto y obligatorio, la Argentina completó su perfil de república federal y democrática, con un presidencialismo fuerte.

Entre 1930 y 1976, sufrió siete golpes militares, que tuvieron como objetivo abortar los intentos de los movimientos populares de constituir una sociedad democrática, autónoma de los centros de poder mundial y con un desarrollo económico social más armónico y equitativo. Los golpes militares del siglo XX fueron la expresión político-militar de la alianza de la elite formada por terratenientes, grandes exportadores, banqueros y corporaciones extranjeras, que recurrieron a los militares porque no lograban conformar un partido de derecha que los llevara al gobierno por la vía de las urnas. Durante el siglo XX, esa burguesía, lejos de propiciar un proyecto de país industrial, prefirió mayoritariamente los beneficios de la renta terrateniente primero y financiera después –y la fuga de esos beneficios al exterior– a los riesgos de la inversión productiva.

La última dictadura militar (1976-1983) mostró como ninguna otra el carácter rentístico-financiero de las elites dominantes argentinas. Ese golpe militar de triste fama en el mundo por haberse edificado sobre millares de “desaparecidos”, miles de ciudadanos asesinados en centros clandestinos de detención, quebró la tradición de la Argentina industrial y de masas desarrollada hasta mediados del siglo XX. En esa época, también, el mundo conoció la existencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. A partir de 1976, el proceso de desindustrialización y endeudamiento externo, sumado a la matanza, el exilio y la prisión de miles de argentinos, el sacrificio de otra generación en la aventura de la Guerra de Malvinas, en 1982, la represión salvaje contra la cultura y la educación, y la fuga de cerebros, configuraron la base de la tragedia que llevó, en tres décadas, a la crisis argentina de finales del siglo XX.

En 1983, con el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, se inició la transición a la democracia: en ella se reveló la profundidad de los cambios estructurales que habían producido los militares y que los dirigentes democráticos debían resolver. Con la llegada de Carlos Saúl Menem al poder, en tiempos de la pax americana y la globalización, se profundizó el modelo económico dictatorial.

Bajo el paraguas ideológico del pragmatismo, el neoliberalismo y las reformas de mercado, el gobierno de Menem vendió el patrimonio nacional en tiempo récord, ante la anomia de una sociedad encandilada por el boom del consumo y el supuesto ingreso al Primer Mundo. Así, la Argentina enajenó el petróleo y todas las empresas estatales energéticas, de comunicaciones y de servicios. La década de 1990 significó para el país, finalmente, una ampliación desconocida hasta entonces de la brecha entre pobres y ricos, que llegó a ser cuarenta veces mayor, y la construcción del mayor endeudamiento externo de su historia.

El estallido del modelo económico impuesto a sangre y fuego por la dictadura de 1976 y continuado por los gobiernos democráticos que la sucedieron se produjo en diciembre de 2001. Hubo una rebelión, sobre todo de la clase media urbana, y la represión dejó un saldo luctuoso de muertos y cientos de heridos. Una palabra recorrió el mundo para nombrar a la Argentina: “corralito”, que definía la confiscación de más de US$ 45.000 millones de los ahorros de todos los argentinos, especialmente de esa clase media que expresó su furia durante meses en cientos de “cacerolazos”.

En 2002, la Argentina tuvo cinco presidentes en una semana y declaró el default más grande de la historia del capitalismo moderno. La devaluación del peso en un 300% significó el paso que faltaba a la pobreza y a la indigencia de millones de habitantes. Los beneficiarios de la devaluación fueron los grandes exportadores agropecuarios. Desde esa crisis, la sociedad civil quedó fragmentada y sin alternativas políticas. Después de las elecciones de abril de 2003, con la llegada al gobierno de Néstor Carlos Kirchner y la salida del default, la crisis política encontró un cauce en el marco de la democracia, pero con desafíos cuyas claves anidan en la historia de los últimos cincuenta años del siglo XX.

Populismo y bipartidismo 

Las modificaciones del Estado argentino ocurrieron al compás de los cambios internacionales. Si durante el peronismo los argentinos asistieron a la versión autóctona del Estado de bienestar social –la era de los populismos latinoamericanos–, los años 60 estuvieron signados por el Estado desarrollista, en los años 70 surgió el Estado terrorista (como en la mayoría de los países del Cono Sur) y en las décadas de 1980 y 1990 reinó el Estado neoliberal.

Estas modificaciones influyeron decisivamente en la estructura de las clases sociales, la adopción de planes económicos, la formación del sistema de partidos y la cultura argentina. Los dos principales movimientos políticos del siglo XX fueron el radicalismo y el peronismo, representados por sendos partidos: la Unión Cívica Radical (UCR y el Partido Justicialista (PJ, ejes durante medio siglo del bipartidismo argentino. Ambos surgieron para ampliar las bases de participación política del país, para resaltar la importancia del Estado en la regulación, desarrollo e impulso económicos. Pero expresaron alianzas de clases diferentes: la UCR, de los sectores medios y altos de la ciudad y el campo; el PJ, de sectores obreros y sectores medios y altos de la burguesía industrial. Surgido en 1890, el radicalismo fue la primera fuerza política nacional y popular de la Argentina. Propició la reforma electoral de 1912 que estableció por ley el voto secreto, universal (aunque sólo masculino) y obligatorio. En 1916, los radicales accedieron al poder a través de Hipólito Yrigoyen, caudillo y líder del movimiento. Se sucedieron tres presidencias radicales: Hipólito Yrigoyen (1916-1922), Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928) y la segunda de Yrigoyen (1928-1930), interrumpida por el primer golpe de Estado de la historia argentina.

A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, ningún presidente radical pudo finalizar su mandato. El abogado Arturo Frondizi (1958-1962), de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) –el ala más progresista del partido– fue el tercer mandatario radical, ungido con los votos del peronismo. Fue derrocado por un golpe militar. En 1963 asumió el radical Arturo Illia (1963-1966), con el peronismo aún proscripto. En 1966 fue destituido por la llamada “Revolución Argentina”, un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía.

Los radicales volvieron al poder en 1983, con la transición democrática que condujo Raúl Ricardo Alfonsín. Su gestión de gobierno afrontó una situación económica de crisis, que desembocaría en hiperinflación, varios motines militares y una fuerte presión sindical. En 1989, Alfonsín adelantó la entrega del mando. El sexto y último presidente radical del siglo XX fue el cordobés Fernando de la Rúa, electo en el marco de la Alianza UCR-Frepaso (Frente para un País Solidario), creada en 1997 como opción a la hegemonía menemista. El vicepresidente fue Carlos Chacho Álvarez, líder del Frepaso. La Alianza se presentaba como una coalición de centroizquierda –el centro lo aportaba el radicalismo y la izquierda el Frepaso, un frente integrado por ex justicialistas y socialistas–, cuyas premisas eran la transparencia de gestión y cierta remozada justicia social.

Durante su gestión se produjo un caso de corrupción que implicó al Senado en la sanción de la Ley de Reforma Laboral. Este caso determinó la renuncia del vicepresidente. En lo económico, se profundizó el modelo neoliberal ortodoxo de la gestión menemista y se lo forzó a tal extremo que desembocó en la peor crisis social e institucional de la historia Argentina. El 20 de diciembre de 2001, después de saqueos y represión policial, De la Rúa decidió renunciar.

Las fuerzas políticas por fuera del peronismo y el radicalismo no tuvieron un peso significativo a la hora de definir elecciones en la Argentina. Los partidos Socialista (fundado en 1896) y Comunista (de 1918) tuvieron una fuerte presencia en el movimiento obrero preperonista, y los socialistas, además, una importante trayectoria parlamentaria. En las décadas de 1960 y 1970, con la aparición de la guerrilla, se produjo un estallido de organizaciones y pequeños partidos de izquierda a los que se sumó la izquierda peronista, con organizaciones como la Juventud Peronista (con ramas de base, universitarias y de trabajadores).

Hacia 1982 surgió buena parte de los partidos de izquierda que predominarían durante los primeros años de la democracia: el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Partido Obrero (PO). Luego, en los años 90, surgieron nuevas agrupaciones, como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Frente Grande, luego Frepaso.

Ya en el nuevo milenio surgieron nuevas agrupaciones políticas como la Alternativa para una República de Iguales (ARI). La Argentina careció desde mediados del siglo XX de un partido conservador o socialcristiano, que expresara a la gran burguesía, como en Chile. El peronismo concitó todas esas representaciones. La derecha tuvo, aunque no muy representativos, partidos como la Unión de Centro Democrático (UCEDE), creada en los años 60, que en la década de 1990 fue aliada del menemismo. O también la Acción por la República y el Compromiso para el Cambio en los años 90, creados por dos economistas.

Sindicalismo, golpes y guerrilla

La Confederación General del Trabajo (CGT) surgió el 27 de septiembre de 1930, con una dirección compartida por sindicalistas y socialistas, con hegemonía de los primeros. Los cambios registrados en el último medio siglo indican el tránsito de la hegemonía ideológica de la izquierda al peronismo, y la predominancia de la ideología socialcristiana en los cuadros sindicales, en su mayoría de carácter burocrático.

Con la llegada de Juan Domingo Perón al gobierno en 1946, el movimiento obrero organizado en sindicatos fue uno de los pilares del peronismo. Los cambios producidos en el movimiento obrero previo y posterior al peronismo se reflejan en estas cifras: en 1941 había 356 organizaciones sindicales; en 1945, unas 969. El número de afiliados pasó de 441.412 a 528.523. El gran salto ocurrió en pleno peronismo: en 1951 la cifra de sindicalizados subió a 3 millones de obreros, el 9% del total de trabajadores. Era el porcentaje de afiliación sindical más alto de América Latina.

En noviembre de 1955, la CGT fue intervenida por la Revolución Libertadora. Durante el período 1966-1973, mientras gobernaba la dictadura de la Revolución Argentina, la CGT, desarticulada por enfrentamientos internos, se dividió en dos sectores que tenían posturas irreconciliables: la CGT Azopardo, que reunía a los gremios más poderosos, y la combativa CGT de los Argentinos. En los años 60 se produjeron varias huelgas importantes; la más emblemática fue la que derivó en el Cordobazo, en mayo de 1969.

Si bien en el primer período del tercer gobierno peronista (1973-1976) los sindicatos vieron satisfechas algunas reivindicaciones, muerto Perón la tendencia se revirtió. Durante la dictadura (1976-1983), el movimiento obrero fue desarticulado, proscripto y reprimido. En 1983, con el retorno de la democracia, la CGT entró en vías de normalización.

 

Durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1995) la CGT tuvo varias divisiones y normalizaciones. En marzo de 1992 se desprendió un núcleo (los trabajadores del Estado y los docentes) que constituyó la opositora Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). En 1994 se incorporaron a la CGT nuevos nucleamientos, entre ellos el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA). En 2004 la CGT volvió a unificarse, presidida por un triunvirato. El nivel de sindicalización actual es cercano al 40% de la población económicamente activa. Entre la caída de Perón en 1955 y el golpe de Estado de 1976, la Argentina vivió un giro ideológico y social muy fuerte, vinculado a la coyuntura internacional. Al calor de las revoluciones china (1948) y cubana (1959), de las luchas del movimiento obrero y estudiantil europeo expresados en el Mayo Francés (1968) en el terreno internacional, y de la proscripción del peronismo en el terreno nacional surgieron las primeras experiencias guerrilleras. Eje de todas estas experiencias fue la incorporación de la violencia como método de acción política, la idea de la utopía socialista como destino y la lucha contra el autoritarismo, y la proscripción política de las mayorías.

Entre 1952 y 1976 existieron alrededor de sesenta organizaciones políticas de izquierda. Un puñado de ellas expresaron la lucha armada: Uturuncos (1960), Ejército Guerrillero de los Pobres (1963), Fuerzas Armadas Peronistas (1967), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (1968), Fuerzas Armadas Revolucionarias (1968), Fuerzas Armadas de Liberación (1969), Montoneros (1969) y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (1970). Las organizaciones guerrilleras más importantes fueron Montoneros, liderada por Mario Eduardo Firmenich, y el PRT-ERP, liderado por Mario Roberto Santucho (1936-1976). De orientación trotskista y guevarista, el ERP se oponía a las dictaduras y propiciaba la lucha por el socialismo. Fue aniquilado en 1977. Montoneros se constituyó a partir de la confluencia de jóvenes católicos y marxistas. Querían el desarrollo de un socialismo nacional; el retorno del exilio de Perón y la lucha por la hegemonía ideológica dentro del peronismo. En 1974, después de divergencias con Perón y sangrientos enfrentamientos con la derecha peronista, se alejaron de las estructuras orgánicas del PJ. En 1978 fueron desarticulados por la represión.

El régimen terrorista

 

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron un golpe militar que derrocó el gobierno constitucional de Isabelita Perón. El gobierno dictatorial fue presidido por una Junta Militar –integrada por Jorge Rafael Videla(del Ejército), Emilio Eduardo Massera (de la Marina) y Orlando Ramón Agosti (de la Aeronáutica)– que nombró presidente a Videla y fundó el Estado terrorista. La Constitución fue suspendida, el Congreso fue clausurado, se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos, y reinó la censura y la represión.

El régimen –que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional– tuvo cuatro presidentes: Videla (1976-1981), Roberto Viola (1981), Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982) y Reynaldo Benito Bignone (1982-1983). El objetivo era desmontar los vestigios del Estado de bienestar, la Argentina industrial y de masas moderna del siglo XX y combatir a los movimientos populares –el radicalismo y el peronismo– y, sobre todo, aniquilar a la izquierda marxista y peronista y al poderoso movimiento sindical argentino. Fue la mayor restauración conservadora del siglo XX.

La dictadura contó con el aval explícito del gobierno estadounidense de Gerald Ford y su secretario de Estado, Henry Kissinger. El método usado fue el terror. Montaron a lo largo de la Argentina unos 364 campos clandestinos de detención bajo control militar donde los opositores eran torturados, asesinados y desaparecían. El centro de detención más grande fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Datos oficiales estiman que fueron 14.000 los desaparecidos o muertos; los organismos de derechos humanos calculan unos 30.000. Hubo unos 10.000 presos políticos y cerca de 300.000 exiliados. Hubo unos 300 adolescentes desaparecidos, y unos 500 niños fueron secuestrados junto con sus padres, muchos de ellos fueron robados por los militares luego de haber nacido en los centros clandestinos de detención. Muchos de los desaparecidos eran intelectuales, religiosos, dirigentes gremiales, estudiantes, profesores universitarios. La mayoría eran obreros.

Entre los movimientos de resistencia que se gestaron durante la dictadura, el más importante fue el de derechos humanos, cuyo mayor emblema fueron las Madres de Plaza de Mayo. El secuestro y asesinato de dirigentes políticos extranjeros puso en evidencia la coordinación entre los militares del Cono Sur desde la llamada Operación Cóndor.

 

José Alfredo Martínez de Hoz, líder de la oligarquía y la gran burguesía agroexportadora y financiera, fue ministro de Economía durante la presidencia de Videla y el encargado de imponer el modelo neoliberal a ultranza. La parábola económica del régimen cuyo pacto central era la alianza Videla-Martínez de Hoz fue el aperturismo, una regresión en la distribución del ingreso sin precedentes, la tercerización y primarización de la estructura económica de la Argentina y el endeudamiento externo. La participación de los trabajadores en el PBI descendió del 50% al 30% entre 1975 y 1983; la brecha entre pobres y ricos, que era de 1 a 12 pasó a ser de 1 a 25. La deuda externa creció de US$ 6.000 millones a US$ 46.000 millones. La desocupación se mantuvo en los niveles históricos del 6%.

La crisis económica, la presión internacional por la violación a los derechos humanos bajo la administración de Jimmy Carter, en los Estados Unidos, y la presión nacional con la agrupación de las Madres de Plaza de Mayo marcaron hacia 1978 el comienzo del largo proceso de agotamiento de la dictadura. Hubo, entonces, dos intentos políticos para sobrevivir: el Mundial de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas, en 1982.

 

El Mundial de 1978 fue utilizado para blanquear la imagen de la Argentina ante el mundo. En 1979, la opinión pública mundial se estremeció luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la Argentina y se entrevistó con familiares de detenidos desaparecidos, de lo que resultó un completísimo informe sobre la grave situación de los derechos humanos en el país. Pero la situación del régimen terrorista estaba destinada a empeorar hasta deteriorarse por completo frente a dos conflictos internacionales: los problemas limítrofes con Chile (1977-1979), que culminaron con la mediación papal, y la Guerra de Malvinas (1982).

La crisis financiera y económica de 1981 hizo saltar por los aires el pacto iniciado entre Videla y Martínez de Hoz, y dio lugar a la larga agonía de la dictadura. Massera se retiró del gobierno con un imposible plan de seguir en la arena política. Videla fue reemplazado por el general Roberto Viola (1981). Con este último comenzó un período de cierta apertura del régimen: pretendía perpetuar la dictadura mediante un gobierno civil que fuera dirigido por militares. Pero el colapso del sistema cambiario –conocido como la “tablita”– quebró parte del sistema financiero.

De la mano de Viola hizo su aparición en la escena económica, como presidente del Banco Central, el economista Domingo Felipe Cavallo, quien promovió la estatización de la deuda privada. Viola no sobrevivió a la crisis. Fue sucedido por Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982) quien, afín a la gestualidad mussoliniana, comprendió que el régimen agonizaba en apoyos políticos y declaró la guerra al Reino Unido el 2 de abril de 1982 al ocupar las islas Malvinas, sobre las que la Argentina reclamaba históricamente su soberanía. La Guerra de Malvinas fue la última aventura siniestra del régimen militar y potenció la alianza del Reino Unido y los Estados Unidos contra el gobierno militar argentino. A mediados de 1982 se inició la cuenta regresiva para el gobierno militar.

A lo largo de la dictadura se habían producido algunas huelgas parciales. A comienzos de 1982, una huelga general con movilización popular ocasionó serios enfrentamientos con la policía en las principales ciudades del país. El sindicalismo se reagrupaba como los partidos políticos, nucleados en la Multipartidaria. Fue el comienzo del fin del régimen. A Galtieri lo sucedió Reynaldo Bignone, quien anunció elecciones presidenciales. Elaboró una ley de autoamnistía que impidiera que los militares fueran juzgados por sus crímenes y ordenó la destrucción de toda la documentación que comprometiera al régimen más ominoso de la historia argentina. El 10 de diciembre de 1983 comenzó el gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín.

El retorno a la democracia

Desde la restauración de la democracia en 1983, la alternancia de gobiernos giró en torno del radicalismo y el justicialismo. El gobierno de la transición fue el del radical Raúl Alfonsín. Pero la llegada de Carlos Saúl Menem a la presidencia en 1989 trajo un reacomodamiento en el espectro político argentino. El tradicional bipartidismo se mantenía, pero con nuevas alianzas en el seno de la UCR y el PJ. La más llamativa, y que signaría el rumbo económico y político argentino, fue la alianza entre el justicialismo y la derecha liberal.

Como principal partido opositor, la UCR también experimentó cambios. Alfonsín lanzó una línea interna orientada hacia la socialdemocracia. El alejamiento de los peronistas disidentes del menemismo derivó en la conformación del Frente Amplio, más tarde Frente para un País Solidario (Frepaso), que intentó quebrar la tendencia de medio siglo de bipartidismo.

En 1997 se conformó la Alianza UCR-Frepaso contra la hegemonía menemista. La Alianza ganó las elecciones de 1999, con un alto porcentaje de votos. No existe tradición abstencionista en la Argentina: en el último medio siglo la concurrencia a votar media fue del 80% del padrón electoral. Surgieron, en ese período, nuevos agrupamientos políticos, como el ARI (Alternativa para una República de Iguales), de centroizquierda, liderado por Elisa Carrió. El comunismo y el socialismo, en sus distintas vertientes, se expresaron electoralmente.

El estallido del modelo de acumulación impuesto en 1976, que terminó con el gobierno de De la Rúa el 20 de diciembre de 2001, generó la implosión del sistema político y una movilización sin precedentes de la sociedad, en particular de la clase media. A finales de ese año se sucedieron cinco presidentes en una semana. Entre ellos, Adolfo Rodríguez Saá, quien declaró el default de la deuda externa.

La gobernabilidad del sistema político entre 2002-2003 estuvo en manos del ex gobernador de Buenos Aires y dirigente del justicialismo Eduardo Duhalde, quien convocó las elecciones presidenciales de 2003. Los principales candidatos fueron tres justicialistas: los ex presidentes Menem y Rodríguez Saá, y el gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz, Néstor Kirchner, apoyado por Duhalde. Por la derecha, el economista Ricardo López Murphy y por la centroizquierda, Elisa Carrió. En la primera vuelta, los dos candidatos que obtuvieron más votos fueron Menem y Kirchner. Menem desertó de la segunda vuelta: los sondeos de opinión aseguraban que siete de cada diez argentinos votarían en su contra. Kirchner fue consagrado presidente con el menor porcentaje de votos de la historia argentina. Por primera vez en su historia, el radicalismo no se presentaba como alternativa. La crisis produjo el comienzo del fin del bipartidismo, pero no su desaparición definitiva en la estructura institucional ya que en el Congreso y en los gobiernos provinciales y municipales se registraba una fuerte presencia de la UCR.

Celebradas las últimas elecciones en octubre de 2007, la senadora Cristina Fernández de Kirchner sucedió a su esposo en la presidencia. Se trata de la primera mujer elegida democráticamente para conducir el país, y sin haber necesitado segunda vuelta. Con el eslogan de campaña “la continuidad en el cambio”, obtuvo un rotundo triunfo que augura un gobierno con gran poder: el 43% de los votos, mayoría en la Cámara de Diputados, la ratificación del dominio en el Senado y la gobernación kirchnerista de ocho provincias más, que ya suman diecinueve.

Bienestar social y neoliberalismo

El capitalismo argentino conoció desde mediados del siglo XX la forma del Estado de bienestar bajo el primer peronismo. Luego atravesó: el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) al firmar los acuerdos de Bretton Woods en 1955 con la dictadura que derrocó a Perón; el desarrollismo, que comenzó con el gobierno democrático de Arturo Frondizi y tuvo remozadas versiones en la tecnocracia militar de los años 60 y comienzos de los 70; la apertura económica, durante la dictadura de 1976-1983; y el ciclo de transición democrática con el gobierno de Raúl Alfonsín que, sin embargo, no modificó el modelo económico dictatorial, con picos de hiperinflación.

El menemismo fue la concreción del neoliberalismo y de los postulados del Consenso de Washington en la Argentina, y el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso sólo profundizó esa ortodoxia. El colapso de 2001, la salida del régimen de convertibilidad –un peso, un dólar– y la suspensión del pago de la deuda externa colocaron a la Argentina al borde del abismo. En la Argentina posdevaluación, el rumbo de la economía se encontraba guiado por la búsqueda de la salida del default–cosa que ocurrió en marzo de 2005, reduciendo a US$ 131.000 millones la deuda externa–, las políticas de empleo y una mayor injerencia del Estado en el control y reorientación económica.

Los programas económicos del peronismo fueron el Primer Plan Quinquenal (1947-1951) y el Segundo Plan Quinquenal (1951-1955), coincidentes con sendos mandatos presidenciales de Perón. El Estado peronista emprendió una importante política de estatizaciones en ferrocarriles, energía y servicios; amplió su autonomía relativa respecto de las distintas clases y grupos sociales; medió entre trabajadores y patrones legitimando las reivindicaciones laborales y también reguló al sector empresarial, al que financió con subsidios de todo tipo para la formación de empresas industriales vinculadas al mercado interno.

Durante el Primer Plan Quinquenal se creó el Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio (IAPI), la empresa de Gas del Estado y la Flota Mercante. Se nacionalizaron el Banco Central y las empresas de servicios públicos –ferrocarriles, gas, agua y teléfonos–, se dio un nuevo impulso a la construcción de viviendas, se abrió el crédito bancario a los trabajadores, se duplicó la infraestructura hospitalaria entre 1946 y 1951, se alfabetizó integralmente el país y se erradicaron muchas enfermedades endémicas vinculadas con la pobreza.

La política social del peronismo contribuyó decisivamente a su arraigo en los sectores populares. Durante su gobierno, la participación de los trabajadores en el PBI fue del 48%, con índices de desempleo prácticamente inexistentes. La vasta legislación laboral incluyó indemnizaciones, vacaciones pagas, regulación de la jornada laboral de ocho horas, congelamiento de los alquileres, subsidios para las industrias alimentarias y para las tarifas de los servicios públicos y generalización del sistema jubilatorio. En cuanto a la educación, hubo un énfasis especial en la enseñanza técnica para capacitar a los trabajadores. Sin embargo, el peronismo no logró transformar a la industria en la principal fuente de riqueza del país.

Las divisas seguían proviniendo de la exportación de granos y carnes. El contexto internacional tampoco ayudaba: los mercados estaban cerrados y los Estados Unidos habían impuesto un fuerte boicot contra la Argentina. Perón replanteó su política económica. El Segundo Plan Quinquenal proponía el retorno a una economía más tradicional y la aplicación de ajustes en los salarios y las políticas sociales, aunque mantenía las banderas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política. El punto de inflexión se produjo cuando Perón comenzó a enfrentarse con dos fuerzas que habían jugado un rol fundamental en su ascenso al poder: el Ejército y la Iglesia.

En septiembre de 1951 se produjo un fallido intento de golpe de Estado en su contra, que contribuyó a minar las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, mientras que la relación con la curia se fue desgastando a medida que Perón pregonaba la separación entre la Iglesia y el Estado. En ese marco, al aparecer los síntomas del agotamiento del modelo económico se inició la apertura al capital extranjero, sobre todo estadounidense. El caso emblemático fue la firma de un polémico contrato petrolero con la compañía Standard Oil de California. Sin embargo, también en esos años surgió la experiencia de la Confederación General Económica (CGE), fundada en 1950 por José Ber Gelbard –ministro de Economía en la tercera presidencia de Perón–, que reunía al grueso de la burguesía nacional y defendía sus intereses.

“Desperonización” y desarrollismo

Derrocado Juan Domingo Perón en 1955, los militares pusieron en marcha su plan económico, con un objetivo fundamental: “desperonizar” la economía. Para ello, pidieron asesoramiento al economista Raúl Prebisch –presidente del Banco Central hasta el golpe de 1943 y primer secretario general, en 1949, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)–.

A mediados de 1956, el dictador Pedro Eugenio Aramburu presentó el Plan Prebisch, que incluía un balance negativo sobre la gestión del gobierno peronista. El plan pretendía evitar la inflación y sustituir gradualmente el sistema económico estatista del peronismo. El Plan Prebisch y los estudios de la CEPAL estuvieron entre los antecedentes directos de la ola desarrollista que influyó en las economías latinoamericanas desde finales de la década de 1950 y durante la siguiente.

En Argentina, el desarrollismo estuvo vinculado con el gobierno del radical intransigente Arturo Frondizi (1958-1962) y con el movimiento ideológico y político que lo tuvo como guía junto con Rogelio Frigerio. Pero los militares que se alzaron con el poder en 1966 también se inscribían en la línea que planteaba la problemática del desarrollo, desde una perspectiva que postulaba la “modernización por vía autoritaria”. En líneas generales, el desarrollismo suponía la modernización industrial como base de una economía nacional más fuerte frente a los vaivenes del mercado internacional y que la Argentina dejara de ser exclusivamente productora de materias primas y tuviera una estructura industrial integrada, lo que debía ser promovido desde el Estado.

Algunos señalan cuatro etapas del gobierno de Frondizi. La primera (1958-1959) priorizó la política petrolera, clave de toda la política económica del gobierno, pero la apertura al capital extranjero despertó una fuerte oposición. La segunda (1959-1961), de subordinación del desarrollo al monetarismo fiscal fue ejecutada por el entonces ministro de Economía, el liberal Álvaro Alsogaray. La tercera etapa (1961-1962) fue el período de restablecimiento del ritmo y la extensión del desarrollo, a partir de un cambio en el gabinete económico y en los equipos técnicos. Y la última (1962) tenía como metas la intensificación de ciertas industrias químicas, la supresión de un elevado número de nuevos agentes de la administración pública y la promoción irrestricta de las exportaciones. No llegó a concretarse: Frondizi fue derrocado luego de 34 motines militares.

El liberal Adalbert Krieger Vasena fue ministro de Economía durante casi todo el gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía (1966-1970). El gobierno de la autodenominada Revolución Argentina se propuso salvar el capitalismo argentino en tres etapas, a las que denominó “el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político”. La primera etapa no fue meramente económica. Prevaleció en ella la capacidad represiva del Estado. En los hechos, el “tiempo económico” fue un tiempo social de represión del movimiento obrero. La estabilización monetaria y el ajuste de salarios fue la esencia del plan de Krieger Vasena, quien contó con el aval de los círculos financieros del exterior, sobre todo de los Estados Unidos. Con el congelamiento de salarios logró controlar la inflación. Tras haber devaluado el peso en un 40%, el dólar se mantuvo estable durante casi dos años.

Krieger Vasena pactó el primer crédito stand by de US$ 125 millones del FMI y préstamos de otras fuentes que alcanzaban, en total, los US$ 400 millones. El plazo para cumplir con las directivas del plan era de diez años. El gobierno encaró obras públicas y aumentó la actividad industrial, cada vez más vinculada a las empresas multinacionales. Los principales beneficiarios del plan Krieger Vasena fueron los grandes empresarios y las más importantes empresas industriales, muchas de ellas multinacionales. En ese período comenzó la extranjerización de la economía argentina. El campo y los productores regionales se vieron perjudicados por la devaluación de la moneda, el aumento de los porcentajes de retención a las exportaciones agropecuarias y la supresión de medidas proteccionistas.

 

Gelbard y Martínez de Hoz

Representante por excelencia de la burguesía nacional, José Ber Gelbard (1917-1977) fue ministro de Economía del tercer gobierno peronista (1973-1976) desde su asunción hasta 1974. Su programa se enmarcó en una iniciativa más amplia: el Pacto Social –entre el Estado, los sindicatos y los empresarios–, una estrategia a largo plazo que pretendía instalar un proyecto nacional.

La coyuntura nacional e internacional –con la crisis del petróleo y los cambios en la tendencia del capitalismo a escala mundial– era poco favorable: niveles de inflación superiores a los promedios históricos, elevado índice de desempleo y alta capacidad ociosa del aparato productivo. El Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional reconocía la necesidad de reconstruir un mercado interno masivo. Suponía una política de inflación cero, una distribución del ingreso con una participación cercana al 48% de los asalariados en el PBI y una fuerte presencia del sector público. Entre otras medidas, Gelbard inauguró la primera central nuclear en Atucha, y concretó tratados comerciales con Cuba, la Unión Soviética y otros países socialistas.

La muerte de Juan Domingo Perón generó una gran disputa entre diversos sectores. El Pacto Social, basado en una alianza entre los trabajadores nucleados en la CGT y la Confederación General Económica (CGE), que reunía mayoritariamente a pequeños y medianos empresarios, se quebró. Sin el apoyo de la CGT y con la creciente oposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y los agrupamientos como el Consejo Empresario Argentino (CEA)que congregaba a las grandes empresas vinculadas al capital extranjero, liderado por José Alfredo Martínez de Hoz, Gelbard renunció en 1974, poco después de la muerte de Perón. Murió en el exilio, en los Estados Unidos, en 1977.

Perteneciente a una familia terrateniente argentina, el abogado José Alfredo Martínez de Hoz, dirigente de los agrupamientos de la gran burguesía agroexportadora y financiera argentina, fue el más emblemático ministro de Economía de la dictadura militar desde 1976 hasta 1981. Su política era liberal y monetarista. Impulsó la apertura irrestricta de la economía. Bajo su gestión, el capitalismo productivo fue sustituido por el capitalismo financiero, especulativo, que redundó en la quiebra de bancos, el vaciamiento de empresas y la fuga de capitales. Uno de los momentos más recordados fue la etapa conocida como de la “plata dulce”, un fenómeno desencadenado por la desenfrenada especulación financiera que, entre otras cosas, incitaba al consumo de bienes importados: el famoso “deme dos”, la compra de electrodomésticos y otros bienes durables en proporciones exageradas (los turistas argentinos encontraban baratos los electrodomésticos en Brasil y compraban dos de cada uno, lo que provocó que pasaran a ser conocidos como “deme dos”). Esta política iba de la mano de la implementación de la llamada “tablita”, que consistía en garantizar una tasa de interés decreciente en el tiempo, con el objetivo de igualar las tasas internacionales. En realidad, el Estado tomaba préstamos con un dólar caro y vendía dólares baratos, con lo cual endeudaba a las empresas estatales –no por razones operativas–, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que se endeudó 142 veces en ese período.

Como consecuencia de la política económica de la dictadura aconsejada por el FMI y el BM, la participación de los trabajadores en el PBI descendió al 28%; la economía se primarizó y tercerizó y entre 1975 y 1983, la deuda casi se quintuplicó: ascendió de US$ 8.900 millones a US$ 43.000 millones. En ese proceso de agonía, a Martínez de Hoz le siguieron los ministros Lorenzo Sigaut (1981), Roberto Alemann (1982) y José María Dagnino Pastore (1982-1983).

Hiperinflación y planes económicos

El gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín tuvo cuatro ministros de Economía: Bernardo Grinspun (1983-1985), Juan Vital Sourrouille (1985-1988), Juan Carlos Pugliese (1988-1989) y Jesús Rodríguez (1989). Los temas centrales de estos equipos fueron la deuda externa, el déficit fiscal y la hiperinflación. El Plan Austral (1985) fue un programa esencialmente antiinflacionario y monetarista, que produjo una redistribución regresiva –vía la devaluación– del ingreso.

Hacia 1988, la economía argentina se encontraba en una situación crítica: recesión, inflación, caída de salarios y desocupación. Se lanzó el Plan Primavera. Se desdobló el mercado cambiario, que contuvo la inflación coyunturalmente. En 1989, el mercado asestó un golpe financiero brusco contra el austral, con pérdida de reservas, fuga de capitales, especulación y una hiperinflación que volvió crítica la gobernabilidad. En los meses siguientes hubo saqueos a supermercados y una sensación de caos generalizado que terminó con la renuncia y salida anticipada de Alfonsín de la presidencia.

La negociación de la deuda externa durante el gobierno de Alfonsín se realizó en el marco del Plan Baker, que debía su nombre a James Baker, por entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos. La Argentina integró e impulsó el Consenso de Cartagena, un club de países deudores latinoamericanos que surgió en oposición al Consenso de Washington. Pero hacia 1985 la Argentina comenzó el proceso de capitalización de la deuda, todavía no vinculada con la privatización de empresas públicas.

Al Plan Baker seguiría, en los años 90, el Plan Brady que habilitó la capitalización de la deuda. Por ese mecanismo, el Estado tomaba bonos a su valor nominal en el mercado, donde estaban devaluados. La Argentina ingresó a ese plan en 1992, cuando Domingo Felipe Cavallo, el entonces ministro de Economía, comenzó a implementar su programa económico, el Plan de Convertibilidad. El Plan Brady consistía en una quita de la deuda externa a cambio del pago de capital e intereses atrasados, con un cronograma que garantizaba a los acreedores que no se repetirían los incumplimientos de la década anterior.

Pero lo cierto es que con la firma del Plan Brady, y en el marco de una gran liquidez internacional, la Argentina volvería a endeudarse. La adopción del Plan Brady explica el crecimiento de la deuda externa argentina y su implosión en el período 2001-2002. El Plan Brady significó la plena incorporación de la Argentina al modelo neoliberal y a la globalización.

Desnacionalización y paridad peso-dólar

Carlos Menem tuvo cinco ministros de Economía: Miguel Roig (1989), Néstor Rapanelli (1989-1990), Antonio Erman González (1990-1991), Domingo Felipe Cavallo (1991-1996) y Roque Benjamín Fernández (1996-1999).

El Plan de Convertibilidad fue pergeñado por Cavallo, formado en Harvard. Su programa era una versión rígida del neoliberalismo, guiada por tres principios fundamentales: la primacía del mercado sobre el Estado, la apertura total de la economía y la privatización del patrimonio estatal y la valorización de la renta financiera. La Ley de Convertibilidad estableció la paridad uno a uno entre el peso y el dólar.

Esta política fue exitosa en sus objetivos inmediatos: se logró la estabilidad de precios, que fue acompañada (hasta el estallido financiero de México en 1995, conocido como “efecto tequila”) por altas tasas de crecimiento económico; se logró cierto equilibrio fiscal, aunque precario; y aumentaron las exportaciones y las inversiones extranjeras. Se registró un alto consumo interno como factor dinámico, mientras el ahorro interno se mantenía bajo y el déficit del comercio exterior crecía exponencialmente –como consecuencia de la apertura irrestricta de las importaciones–.

La reforma del Estado fue central en la política económica del gobierno de Menem (1989-1995 y 1995-1999). Abarcó un amplio programa de privatizaciones, la reforma administrativa y la transformación del sistema de seguridad social. La desregulación, la apertura externa y la liberalización económica interna completaban el Plan de Convertibilidad.

Después de 1995, el desempleo comenzó a incrementarse y a registrar niveles históricos: el 14,5%. La privatización de empresas del Estado y la flexibilización laboral acarrearon miles y miles de desocupados. La economía dejó de crecer y, promediando la década de 1990, cayó en recesión. Los argentinos entraron al tercer milenio con una deuda pública y privada de alrededor de US$ 200.000 millones. El efecto de la política de liberalización de la economía sobre la industria local fue devastador: la importación masiva de todo tipo de bienes, desde alimentos hasta bienes de capital, impactó negativamente en el nivel de actividad de varias ramas de la producción.

Durante los primeros años del modelo, el déficit se sostuvo gracias a la entrada de capital extranjero atraído por el buen rédito que se podía obtener de la compra de servicios privatizados o de la especulación financiera. El monto de las privatizaciones fue de US$ 40.000 millones. La más importante e inédita fue la de YPF. Las empresas privatizadas ganaban –según los estudios de Eduardo Basualdo– cerca de US$ 3.800 por minuto.

Cuando ya no hubo más que privatizar, el flujo de capitales extranjeros decayó: el bloque integrado por las empresas extranjeras y locales asociadas para las privatizaciones se quebró. Y se inició la decadencia del gobierno de Menem. La mayoría de los empresarios argentinos vendió su participación en esas empresas, que quedaron en poder extranjero. A finales del período Menem, de 500 grandes empresas, 314 eran extranjeras. La tasa de crecimiento cercana al 9% de la economía en el período 1991-1995 se derrumbó; la desocupación se volvió estructural, se amplió la brecha entre ricos y pobres, y la propia clase media empezó a achicarse y dio lugar al surgimiento de los “nuevos pobres”.

Moratoria y gobernabilidad

El antecedente directo de la crisis de 2001 fue la gestión económica neoliberal ortodoxa del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001). Tuvo tres ministros de Economía: José Luis Machinea (1999-2000), Ricardo López Murphy (2001) y Domingo Felipe Cavallo (2001).

En mayo de 2000, la desocupación llegó a su máximo nivel en los últimos tres años: 15,4%. La Argentina comenzó a ser asistida por sucesivos blindajes financieros del FMI. Las gestiones de Machinea y López Murphy se basaban en el ajuste perpetuo, es decir, en el recorte de salarios y jubilaciones y en la retirada del Estado de sus responsabilidades financieras en función de lo que Cavallo denominó la “ley de déficit cero”. El descontento popular era inconmensurable y se expresaba en miles de marchas. En octubre de 2001, el voto en blanco fue mayoritario en las elecciones parlamentarias.

El riesgo-país argentino trepó a 5.000 puntos. El modelo de Convertibilidad había entrado en crisis luego del “efecto tequila”. La Argentina lo sostenía con más deuda externa y cuando los organismos financieros internacionales cesaron sus remesas, el modelo explotó. La gestión de Cavallo tuvo un sentido preciso: garantizar, en forma ordenada, el retiro de US$ 45.000 millones por parte del sistema financiero hacia el exterior. Se realizó a través de la confiscación de depósitos conocida como “corralito”.

Los organismos de crédito contribuyeron a financiar el proceso especulativo de la Argentina de los años 90: fueron los principales financiadores, con los sucesivos “blindajes”, de la fuga de capitales que se produjo a partir de octubre de 2000. Durante el derrumbe argentino de diciembre de 2001, la deuda pública sumaba 181.000 millones de pesos, dolarizada casi en su totalidad. La crisis era tal que hubo cinco presidentes y dos ministros de Economía en una semana. El presidente Adolfo Rodríguez Saá –con Rodolfo Frigeri como ministro de Economía– declaró el default. La Argentina debía a los organismos internacionales US$ 132.000 millones.

El último presidente normalizador hasta las elecciones de 2003 fue el justicialista Eduardo Alberto Duhalde. Su gestión económica apuntó a salir del modelo de Convertibilidad, devaluar el peso y establecer un sistema de planes sociales que contuvieran el estallido social. Su gobierno tuvo dos ministros de Economía: Jorge Remes Lenicov (2002) y Roberto Lavagna (2003). La devaluación fue del orden del 30%; se pesificaron los depósitos y los créditos en dólares: nació el llamado “corralón”. La devaluación arrojó a la pobreza al 50% de los argentinos.

La gestión del presidente Néstor Kirchner continuó con Roberto Lavagna en Economía. Los objetivos fueron: salir del default, con la reestructuración de la deuda a largo plazo y una quita del 70% de su valor; dar continuidad a los planes sociales para financiar desde el Estado el desempleo que trepaba en 2003 al 15%; rediscutir concesiones y tarifas de las empresas privatizadas; incentivar la participación del Estado en las inversiones en salud, educación y vivienda y en su papel de controlador del mercado y promotor del desarrollo del mercado interno en función de una economía mixta; y recomponer las reservas de divisas que pasaron de US$ 8.000 millones (2001) a US$ 18.224 millones en 2004. En marzo de 2005, la Argentina salió del default. La deuda externa, con la quita incluida, era de US$ 131.000 millones. El nivel de desocupación cayó al 12,1%, pero la participación de los trabajadores en el PBI fue la más baja de la historia: 21,5%.

De la sociedad equitativa a la fragmentación

Los migrantes internos del campo a la ciudad, entre los años 30 y 40, fueron protagonistas de un intenso proceso de movilidad social que presionó sobre los estratos de trabajadores residentes en la ciudad y sobre los sectores medios. Las ocupaciones de la clase media, desde mediados de la década de 1940, se expandieron con más rapidez que las de la clase trabajadora.

Durante el Estado de bienestar, la expansión de las burocracias públicas y privadas transformó la clase media asalariada en el sector social más dinámico: la clase media urbana estaba conformada por pequeños industriales, proveedores de servicios y comerciantes minoristas. Muchas pequeñas empresas industriales prosperaron con escaso capital y con apoyo familiar; sus propietarios nutrieron la pequeña y mediana burguesía, favorecidos por la masividad del consumo y la protección estatal.

Las transformaciones producidas durante el peronismo –distribución progresiva del ingreso y aumento del número de trabajadores y de la sindicalización– encresparon a la clase alta. Ésta estaba formada por familias patricias y grandes terratenientes que tenían sus propios rituales, y frecuentaban ciertos barrios, quintas, campos, iglesias y clubes exclusivos. Los integrantes de la clase alta pertenecían a agrupaciones, como la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio o la Cámara de Comercio y a alguna agrupación profesional, como los colegios de abogados y las asociaciones médicas. Este sector o establishment argentino propició todos los golpes de Estado de la Argentina y, en general, adhirió a los partidos de perfil conservador.

Hacia finales de los años 50 y comienzos de los 60, un nuevo sector se destacó dentro de las clases pudientes: la nueva burguesía industrial, originada y enriquecida durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones durante los años 30 y 40, que incluía a los empresarios, gerentes y los sectores tecnoburocráticos vinculados a la actividad industrial, muchos de ellos provenientes de la clase media. Hacia principios de la década de 1960, los estratos medios eran casi el 45% de la población activa. Aunque, en general, habían apoyado el golpe contra Juan Domingo Perón, pronto estuvieron disconformes con el gobierno militar (1955-1958), pues éste generó un incremento del costo de la vida que perjudicó el consumo de los sectores urbano-industriales y despertó el resentimiento por su autoritarismo.

Mientras en las grandes ciudades crecía la clase media culta y educada, consumista y propietaria, se expandían, al mismo tiempo, las “villas miseria”, localizadas inicialmente en áreas inundables o terrenos fiscales. Entre 1962 y 1966, la población de esas villas aumentó de 42.000 a 94.000 personas, eran migrantes internos expulsados por la falta de trabajo en el litoral y el noroeste argentinos, o de los países limítrofes, que se empleaban como mano de obra no calificada en los centros urbanos. Desde la década de 1950, la realidad urbana dejó de responder a las expectativas de los migrantes. La “villa”, considerada hasta entonces un lugar de tránsito hacia una vida mejor, pasó a convertirse en el lugar de residencia definitivo. Al final de la era peronista, el 30% de la población argentina ya se concentraba en la provincia de Buenos Aires.

Durante el período 1946-1955, la Argentina tuvo la más equitativa distribución del ingreso de su historia: la participación de los trabajadores en la renta nacional fue del 48%, con índices de desempleo casi inexistentes. La situación cambió a partir del derrocamiento del peronismo. En 1963, el desempleo era casi del 9% y la participación de los trabajadores en el PBI todavía era del 36%. Argentina era un país desigual, pero aún así el más equitativo de América Latina.

En 1973, cuando asumió el tercer gobierno peronista, la distribución de la riqueza determinaba que el 10% más rico tuviera un ingreso doce veces mayor que el 10% más pobre. Los niveles de pobreza e indigencia dieron un salto enorme en el último cuarto del siglo XX. En este largo período, la pobreza siguió los movimientos del ciclo económico, pero aumentó rápidamente en las recesiones y disminuyó a un ritmo más lento durante las expansiones. Entre 1976 y 1981, la participación de los asalariados en el PBI cayó del 50% al 29%. Este proceso continuó durante la democracia y se acentuó en la década menemista (en la cual la desocupación subió al 14,5% y los más ricos pasaron a tener ingresos 37,5 veces mayores que los más pobres). Durante la etapa recesiva que se inició en 1998 hubo un profundo agravamiento de la situación social, que estalló en 2001. La pobreza y la indigencia alcanzaron un pico histórico en 2002. Según datos oficiales, para entonces el 57,5% de la población urbana era pobre y el 27%, indigente.

La pérdida de ingresos, los aumentos de precios de consumo interno y el aumento de la brecha entre ricos y pobres fueron los principales factores del crecimiento de la pobreza. En 2003, la Argentina tenía 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes. La clase media se había reducido, y la brecha entre pobres y ricos era una de las más grandes del mundo: el 10% más rico percibía casi 37,8 veces más ingresos que el 10% más pobre.

Desde mediados de los años 90 surgieron en la Argentina los “nupos” (nuevos pobres): la clase media pauperizada. Esta situación de crisis se hizo sentir sobre una población altamente educada. La educación laica, gratuita y obligatoria es un deber que el Estado argentino contrajo con la sociedad en 1884, mediante la Ley 1.420 propiciada por el intelectual y estadista Domingo Faustino Sarmiento. El Estado garantizaba la igualdad de oportunidades, difundía los ideales liberales de la Constitución de 1853 y se constituía como agente civilizador.

 

Cambios en la cuestión social

Durante los primeros sesenta años del siglo XX, la escuela argentina fue la columna vertebral de la Argentina integrada. La Argentina alcanzó índices educativos similares a los de los países más desarrollados del mundo. Pero la calidad educativa no era homogénea. El punto culminante de la capacidad de producción de conocimiento científico se registró en los años 50 y 60, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) formó a científicos e intelectuales de primera línea, muchos de los cuales debieron partir al exilio desde 1966. La “fuga de cerebros” comenzó entonces y no se detuvo.

Entre 1976 y 2002 emigraron unos 50.000 graduados universitarios. Desde 1976, los niveles de la educación superior descendieron notablemente y en el ámbito de la escuela pública se produjeron los primeros intentos de descentralización de la educación. Todo ello redundó en una explosión de las matrículas de los colegios privados en detrimento de las escuelas públicas.

La clase media no empobrecida abandonó la educación pública. En los años 90 se llevaron a cabo la municipalización de la educación y la autonomía local y escolar en la Argentina, en el marco de la reforma del Estado y la descentralización, desregulación y privatización de los servicios sociales. De todas maneras, la Argentina mantuvo la educación pública como uno de los pilares de su identidad nacional. Bajo ese sistema se formaron los premios Nobel argentinos vinculados a la ciencia: Bernardo Alberto Houssay (fisiología y medicina, 1947), Luis Federico Leloir (química, 1970) y César Milstein (fisiología y medicina, 1984). Además, en los peores años de crisis de finales del siglo pasado, la escuela pública tuvo un papel integrador: 10 millones de niños, jóvenes y adultos (más de la mitad de ellos provenientes de hogares pobres) asistían en 2003 a las 40.000 escuelas argentinas.

La salud pública fue otro de los pilares básicos de la Argentina. La evolución del sistema general de salud –integrado por los subsistemas público, de obras sociales y privado– tuvo cuatro etapas: 1) el modelo “descentralizado anárquico” (hasta 1945); 2) el modelo “centralizado” (1945-1955); 3) el modelo de “descentralización del sistema” (1955-1978), y 4) el modelo de “descentralización fiscal motivada por objetivos de corto plazo” (desde 1978).

Hasta el ascenso del peronismo, el sistema sanitario estaba conformado por una amplia y diversa cantidad de instituciones comunitarias y filantrópicas que ofrecían respuestas a demandas puntuales. La función del Estado, subsidiaria, consistía en la formación de recursos humanos dedicados a la actividad sanitaria y la prestación asistencial. Se limitaba a cuidar la higiene pública y a controlar epidemias. Durante el peronismo, la salud pasó a ser responsabilidad del Estado: se extendió la cobertura sanitaria a toda la población, se nacionalizaron todos los establecimientos públicos, se desarrolló una red de centros de atención ambulatoria y se instalaron nuevos hospitales. Mientras, seguían existiendo sistemas de asistencia mutualista, con fuerte predominio sindical. La descentralización del sistema comenzó en 1955. En 1970, el gobierno dictatorial de Onganía sancionó la Ley de Obras Sociales.

Desde 1978 se descentralizó la salud, orientada por las relaciones financieras entre la nación y las provincias. El deterioro del sistema de salud argentino comenzó ese año y se intensificó a partir de 1990, durante el menemismo, cuando el Estado descentralizó el sector –transfiriéndo a las provincias la responsabilidad por la atención de la salud–, se privatizó el sistema provisional y se desregularizaron las obras sociales.

Con respecto al sistema previsional argentino, en 1944, en los albores del ascenso del peronismo, sólo el 7% de la población económicamente activa recibía beneficios jubilatorios. Durante la década peronista (1946-1955) se otorgaron beneficios previsionales por jubilación ordinaria, por invalidez, pensiones por viudez y regímenes de retiro voluntario y anticipado, y se creó el Instituto Nacional de Previsión Social para centralizar el sistema. Desde entonces, casi toda la población activa comenzó a gozar de esta cobertura social.

En 1958 se sancionó una ley que modificó la remuneración de los jubilados, estableciendo un criterio de proporcionalidad entre salario y jubilación. Pero a finales de la década de 1960 se vieron los primeros síntomas de erosión de los beneficios percibidos por el régimen previsional, ya que los superávits extraídos del nuevo sistema se utilizaron para otros fines en lugar de reinvertirse. Desde entonces, el sistema previsional argentino vivió de crisis en crisis. La reforma más significativa fue en 1994. El gobierno de Menem aprobó el régimen mixto: un sistema de jubilaciones y pensiones integrado por un régimen previsional de reparto y un régimen previsional de capitalización. Se privatizó el sistema previsional mediante las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), modelo que desfinanció al Estado para hacer frente a sus responsabilidades en la salud pública y la educación.

 

Excluidos en escena

Los migrantes internos y los extranjeros fueron, históricamente, los “otros” por excelencia de la sociedad argentina. En 1914, los extranjeros eran el 30% de la población, y casi la mitad de los habitantes de Buenos Aires eran inmigrantes. La principal inmigración fue española e italiana, pero había también rusos, franceses, judíos, polacos y alemanes. A lo largo del siglo XX nuevas comunidades se incorporaron al tejido social argentino: japoneses, chinos y coreanos, que ingresaron entre los años 40 y 90; refugiados alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial; y bolivianos, peruanos y paraguayos, llegados sobre todo durante la década menemista, atraídos por la paridad entre el peso y el dólar.

Otra gran oleada migratoria, pero interna, se produjo en la década de 1930, cuando una incipiente industrialización sustitutiva –consecuencia de la crisis mundial de esos años– atrajo hacia las grandes ciudades del país, en especial a Buenos Aires, a migrantes provenientes de las provincias. Los llamados “cabecitas negras”.

Pero las corrientes migratorias también conocieron el camino inverso. Entre 1950 y 2003 emigraron casi 900.000 argentinos, según datos oficiales. Las partidas se produjeron sobre todo por exilios políticos y económicos. Entre 1975 y 1983 se fueron unos 334.126 argentinos. Fue la emigración más grande del siglo XX. Con la crisis de 2001 y 2002, unos 100.000 argentinos eligieron emigrar. Hacia 2004, sólo el 5% del total de la población argentina –36.261.000 habitantes– era de origen extranjero. La migración de los países limítrofes no superaba el 3% del total de la población, porcentaje que se mantuvo inalterable a lo largo del siglo XX. La multiplicidad de culturas que conviven en la Argentina tiene su correlato en las creencias. La mayoría de los argentinos profesa alguna religión, pero la mayoritaria es el catolicismo (90% de la población). Después de éste, el judaísmo y el islamismo son los principales cultos, aunque existen otros, como los afrobrasileños, los budistas y los hinduistas.

Surgidos de la crisis, piqueteros y cartoneros constituyen los nuevos movimientos sociales de la Argentina. Ambos están formados por trabajadores desocupados. Los primeros exigen al gobierno puestos de trabajo dignos y, en respuesta, reciben de él planes de asistencia social. Los cartoneros, en cambio, autogestionan su propio trabajo recolectando papeles y cartones en los basureros y en las calles para venderlos a empresas dedicadas al reciclaje. La historia del movimiento piquetero se remonta a 1996, cuando ex trabajadores de fábricas y yacimientos de la provincia patagónica de Neuquén cortaron las rutas –piquetes– en reclamo del mantenimiento de sus fuentes de trabajo. Con el correr de los años, los piqueteros dejaron de ser grupos heterogéneos y desorganizados y comenzaron a agruparse. En algunos casos, con el apoyo de partidos políticos de izquierda; en otros, organizados colectivamente. Se conformó, así, un verdadero movimiento. Se estima que desde 1996 a la actualidad, se realizaron más de 7.000 piquetes, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Cincuenta millones de libros

La Argentina, y en particular la ciudad de Buenos Aires, fueron desde finales del siglo XIX el referente cultural de la América española, y como tal se reafirmaron durante el siglo XX. Su poderosa industria editorial se afianzó en la década de 1930, como consecuencia de la Guerra Civil española, que paralizó la producción de libros en ese país y llevó a muchos intelectuales republicanos a exiliarse en la Argentina. Entre 1937 y 1938, la producción de libros aumentó un 143%. En toda América Latina se estudiaba con libros de texto provenientes de Buenos Aires. En 1953, año récord, se ofertaron en el mercado interno casi 51 millones de libros. La explosión del mundo editorial en la Argentina de los años 60 estuvo estrechamente ligada al proyecto desarrollista y a la universidad.

En 1958 se creó la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), dirigida por José Boris Spivacow, que revolucionó el mercado de libros lanzando ediciones masivas a bajo precio. Cuando la editorial fue intervenida en 1966 por el dictador Onganía, había puesto en circulación 802 títulos y casi 12 millones de ejemplares en siete años.

Antes del golpe militar de 1976, la industria editorial ya había entrado en crisis, al menos respecto de las extraordinarias cifras que había alcanzado durante la década anterior. De los 50 millones de ejemplares que se imprimieron en 1974, se pasó a 41 millones al año siguiente. En 1976 se registraron 31 millones de ejemplares impresos y en los tres años siguientes, 17 millones. Durante la última dictadura, numerosos libros fueron prohibidos y muchas editoriales clausuradas.

En las últimas décadas, el mercado de libros de la Argentina siguió el curso de la transnacionalización, acorde con la época. En los años 90 se produjo el ingreso de los grandes grupos internacionales, y la industria editorial argentina redujo notablemente su capacidad productiva frente al crecimiento de las industrias de otros países iberoamericanos, como España, México y Colombia. El volumen de su producción se situaba a finales de la década en unos 12.000 títulos anuales, con una tirada de unos 48 millones de ejemplares.

Económicamente dependiente del Reino Unido y luego de los Estados Unidos, la elite argentina de la etapa preperonista tenía una enorme fascinación por las culturas francesas e inglesas. La figura más clara de la oligarquía fue Jorge Luis Borges (1899-1986). Otro de los intelectuales importantes de la Argentina fue Arturo Jauretche (1901-1974). Ambos fueron, en sus orígenes, yrigoyenistas. Pero Borges fue antiperonista y Jauretche peronista, además de uno de los principales pensadores de la Argentina. Dos ejes cruzaron el momento de la intelectualidad argentina entre 1955 y 1976: la relectura del peronismo desde la izquierda, y la búsqueda por parte de los intelectuales de una nueva legitimación, basada en la política. El escritor y periodista Rodolfo Walsh –asesinado en 1977 por la dictadura– y el escritor e intelectual David Viñas contribuyeron a debatir el rol de los intelectuales en la política durante el posperonismo.

Durante los años 60 se produjo un estallido cultural y una modernización en las costumbres y en los hábitos de consumo. Las nuevas tendencias eran difundidas desde las páginas de la revista Primera Plana que, dirigida por el periodista Jacobo Timerman, revolucionó la forma de hacer periodismo. Este medio jugó un papel clave en la modernización del lenguaje periodístico, y al mismo tiempo contribuyó a popularizar la sociología y el psicoanálisis, difundió las actividades del Instituto Di Tella –el centro de experimentación artística por excelencia de la década de 1960–, promovió una apertura hacia el cine europeo –que recomendaba desde sus críticas– y difundió a los grandes escritores latinoamericanos, entre ellos los argentinos Julio Cortázar, Leopoldo Marechal, Ernesto Sabato, Haroldo Conti y Manuel Puig, entre otros. La Argentina fue la primera en publicar Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en 1967. También en los años 60 nació la entrañable Mafalda, la historieta de Quino (Joaquín Lavado). En la década de 1970 la revista Crisis, dirigida por Eduardo Galeano, ejerció el pensamiento crítico y concentró lo mejor de la intelectualidad latinoamericana.

La dictadura de 1976 produjo un quiebre de la intelectualidad argentina, fracturada por la represión, la censura, el exilio y el miedo. Así, en los años 80 estuvieron ausentes las grandes obras, tendencia que continuó en los años 90 aunque por entonces comenzó a vislumbrarse el auge de la denuncia periodística o el nonfiction con exponentes como Horacio Verbitsky y Miguel Bonazzo. Durante el gobierno de Alfonsín, la cultura y la educación fueron políticas de Estado de suma relevancia.

De la vanguardia a la resistencia cultural

Los 90 fueron los años de la consolidación del neoliberalismo. Las ideas impartidas desde el Consenso de Washington también eran defendidas desde instituciones, como seminarios y cátedras universitarias de economía, e influyentes periodistas económicos y de centros de formación liberal. Durante la década de 1990 la producción de libros cayó a 9.000 títulos anuales, y predominaron las ciencias políticas y cierta sociología vinculada al periodismo cultural. Tras la crisis de 2001 se produjo un renacimiento de la cultura, de la mano de intelectuales ya consagrados y también de jóvenes artistas. En teatro, si la mayor invención en los años 50 fue el grotesco, en la década de 1960 el país fue pionero en la experimentación artística, a través del Instituto Di Tella. Esa avanzada estaba presente en las artes plásticas, desde el Centro de Artes Audiovisuales, dirigido por el crítico Jorge Romero Brest; en el teatro –a través del Centro de Experimentación Audiovisual, bajo la dirección de Roberto Villanueva–, y en la música, desde el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, a cargo del compositor Alberto Ginastera. Hubo, también, un auge del realismo con dramaturgos como Roberto Cossa, Osvaldo Dragún y Carlos Gorostiza.

En 1976, la dictadura prohibió la gran mayoría de las actividades culturales. Desde los últimos años del régimen se registró la experiencia del Teatro Abierto: un grupo de artistas, autores, escenógrafos y trabajadores del medio que respondió a las “listas negras” con un proyecto cultural de resistencia. La llegada de la democracia en 1983 dio impulso a la cultura de masas. En 1997 se dictó la Ley Nacional del Teatro y se creó el Instituto Nacional del Teatro (INT), encargado de financiar a unos dos mil elencos independientes.

La historia del cine recorrió un camino que seguía los vaivenes económicos y políticos. Los años 40 y 50 estuvieron signados por una doble coyuntura: desde 1943 la industria cinematográfica estaba obstruida por la falta de provisión de celuloide virgen de parte de los Estados Unidos, pero el gobierno peronista impulsó esa industria en la década de 1950. Fue la época de las divas y los teléfonos blancos. En 1947 se promulgó una ley de protección al cine argentino y se creó el Instituto Nacional de Cinematografía (INCAA). En las décadas siguientes, al cine no comprometido, que podía sortear los embates de la censura, se sumó el cine político, un producto típico de los años 60 y 70 que, en general, se exhibió en condiciones de clandestinidad. Sus principales cultores fueron Raymundo Gleizer, desde la izquierda, y Fernando Solanas y Leonardo Favio, desde el peronismo.

Durante el gobierno de Alfonsín hubo un fuerte apoyo estatal a la producción cinematográfica. Y los resultados estuvieron a la vista. Entre 1984 y 1988 se produjeron en Argentina 188 películas. Y por primera vez, en 1988, un film argentino ganó un Oscar: La historia oficial, de Luis Puenzo. En la década de 1990 la producción cinematográfica declinó, hasta que en 1999 hubo una renovación estética y filosófica del cine, que la crítica llamó “Nuevo Cine Argentino”, con directores como Lucrecia Martel (La ciénaga y La niña santa), Juan José Campanella (El hijo de la novia), Daniel Burman (El abrazo partido) y Pablo Trapero (Mundo grúa), entre otros. La crisis de diciembre de 2001 dejó también sus marcas en la producción cinematográfica: hubo un auge del documentalismo y se desarrolló el llamado “cine piquetero”.

Otra de las manifestaciones propias de la cultura argentina es el tango, que en los años del peronismo tuvo un cultor clave: Enrique Santos Discépolo (1901-1951), autor de Cambalache, poeta, compositor, actor y autor teatral. En los años 60 el tango cambió. Convencido de que era una música más para escuchar que para bailar, y con la idea de hacer del bandoneón un instrumento noble y clásico, el marplatense Astor Piazzolla (1921-1992) generó una verdadera revolución en el tango. Paralelamente, en la Argentina nacía el rock nacional. El máximo exponente del género fue Charly García, desde grupos como Sui Generis y Serú Giran y, más tarde, como solista.

Durante la década de 1960 y 1970, y en los primeros años de la democracia tuvo vigencia en la Argentina la canción de protesta, que encontró en el rock un canal de interpretación. León Gieco –autor del himno antibélico Sólo le pido a Dios–, Víctor Heredia, Fito Páez y Teresa Parodi fueron algunos de los autores que empuñaron la bandera de la reivindicación de la libertad del pueblo argentino, del mismo modo que Mercedes Sosa, desde el folclore.

En las artes plásticas, la Argentina registró una evolución similar a la que tuvieron las letras y la intelectualidad. Los plásticos argentinos fueron vanguardistas, como Xul Solar, que introdujo el movimiento surrealista; no figurativos, como Emilio Pettoruti; realistas, como Antonio Berni, que en la década de 1960 obtuvo el premio de grabado en la Bienal de Venecia y realizó sus series de colajes y pinturas de Juanito Laguna y Ramona Montiel. Los artistas tendían a agruparse: a mediados de los años 40 surgió el Madi, integrado por Carmelo Arden Quin –precursor del arte concreto– y Gyula Kosice; en 1952 se formó el grupo Artistas Modernos de la Argentina, iniciado por Aldo Pellegrini; en 1960, el argentino Julio Le Parc creó y dirigió en París el Grupo de Investigación de Arte Visual, integrado por artistas franceses y argentinos. Se destacaron en los años 60 artistas como Carlos Alonso, Carlos Gorriarena, Eduardo de la Vega, Luis Felipe Noé y Ricardo Carpani. En los años 80 se sumó Guillermo Kuitka, entre otros cientos de plásticos.

Periódicos, radio y TV

En los años 50, el 90% de los argentinos leía un periódico por día, y la misma proporción escuchaba radio. La prensa moderna surgió en la Argentina hacia 1880. Los diarios más tradicionales, que todavía circulan, son de esa época: La Prensa (1869), La Nación (1870) y La Razón (1905). Pero el diario de mayor tirada es Clarín, fundado en 1945 y emergente del fenómeno de la cultura de masas. Con él coexisten otros, el más conocido a nivel nacional es Página/12.Existen, además, muchos otros periódicos regionales.

La primera emisión televisiva fue en 1951, pero hasta entrados los años 60 –los canales de aire se privatizaron en 1958–, ese medio no se popularizó. Hacia finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente llegó la televisión en colores. Los años 80 fueron los de la introducción y expansión del cable, y en la actualidad, como en el resto del mundo, se asiste al fenómeno de la convergencia entre servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Los canales de aire argentinos son cinco: canal 13, canal 11 (Telefé); canal 9, canal 7 (estatal); y canal 2 (América TV).

En 2003 se aprobó la Ley de Protección de Bienes Culturales, cuyo objetivo principal era proteger a los medios de comunicación nacionales frente al avance del capital extranjero, cuyo límite de participación fue reducido al 30%.

La agenda del siglo XXI. Entre 1945 y 1955 hubo un verdadero auge del deporte, en parte porque era una política de Estado. El pato (una competición con dos equipos de cuatro jinetes, parecida al polo, pero que se juega con una mano y una pelota con seis asas), como deporte nacional, perdió masividad. Su lugar lo ocupó el fútbol y en esa década también se popularizó el boxeo, el automovilismo y el básquet.

Fue justamente su popularidad la que puso de manifiesto que el fútbol podía ser, además de entretenimiento y pasión, un negocio. El país ganó dos mundiales: el de 1978, realizado en la Argentina y utilizado por los militares para divulgar al mundo la supuesta paz y prosperidad que se vivía en el país; y el de 1986, en México, donde la figura fue el ídolo Diego Armando Maradona. Hacia los años 70, el tenis se popularizó. Su mentor fue Guillermo Vilas (que a lo largo de su carrera ganó 62 torneos). Hacia fin de siglo, los deportes que se destacaron fueron el rugby y el hockey femenino. En las Olimpíadas de Atenas 2004 el básquet masculino ganó la medalla de oro.

 

Hacia 2005, la verdadera revolución cultural ocurría en el tango y el cine. El festival de tango 2004 convocó a más de 200.000 personas. Los jóvenes protagonizaban esta movida cultural, quizá la más importante desde la década de 1970. En 2005 existían, además, cinco escuelas de cine con unos 10.000 estudiantes. La cultura, debido a la crisis, se transformó en el bastión identitario decisivo de comienzos del nuevo milenio.

La entrada en el siglo XXI encuentra a la Argentina ante numerosas encrucijadas. Los problemas de desocupación –12,1%– y pobreza –el 51% de la población– siguen siendo acuciantes, y el peso de la deuda externa que llegaba a US$ 181.000 millones –casi US$ 5.000 por habitante– y la presión de los centros de poder económico ligados a la banca, a las empresas privatizadas y a los acreedores externos prometen ser un escollo difícil de superar.

En las últimas tres décadas del siglo XX, los argentinos creyeron en improbables milagros económicos, en soluciones mágicas antes que en el esfuerzo colectivo; toleraron en silencio –salvo excepciones– matanzas inaceptables de ciudadanos y el remate del patrimonio acumulado durante generaciones. La agenda del futuro incluye mejorar la calidad institucional –la justicia y el Congreso fueron instituciones laceradas por la crisis–, la reformulación del sistema político con una nueva ley electoral y el combate contra la corrupción pública y privada. Desde el punto de vista social, existe la necesidad de incluir a millones en el proceso productivo, generar empleo, retornar al Estado como controlador e impulsor del desarrollo económico, y redistribuir el ingreso acorde con la media histórica del país.

En el terreno internacional, son parte de la agenda la política de no alineamiento automático con las potencias mundiales y el reforzamiento de los organismos regionales como el Mercosur, que privilegie también una alianza estratégica con Brasil. Éstas son, a grandes rasgos, las perspectivas de una política a largo plazo en la Argentina.

Néstor Kirchner o el aleteo de una mariposa

A comienzos del siglo XXI, el kirchnerismo rescató a la Argentina de la orilla del abismo. Ese movimiento de tracción ocurrió, ahora lo sabemos, porque hubo un aleteo de mariposa, una pequeña alteración impulsada por la decisión personalísima de un hombre y una mujer de modificar el curso de la historia; de disolver el núcleo resistente del poder conservador y reparar, de esta manera, las consecuencias del saqueo neoliberal que perjudicó al país durante por lo menos tres décadas, desde 1976 hasta 2003. Un saqueo que, sin embargo, había comenzado en 1955 con el derrocamiento del peronismo y se extendió en etapas posteriores –con golpes militares de baja intensidad alternados con períodos democráticos efímeros–, para alcanzar su momento más álgido en 1976 con la instauración de una dictadura terrorista burguesa, que con su crueldad devastó miles de vidas y bienes.

La bomba atómica gestada en el pacto entre las fuerzas armadas, dirigidas por Jorge Rafael Videla, la burguesía agroindustrial y el capital extranjero –empresas y bancos–, representados por José Alfredo Martínez de Hoz, construyó la ciudadela represiva de centenas de campos de concentración, donde se cometieron torturas y asesinatos masivos para que el capitalismo argentino ingresara en la etapa de acumulación financiera. El modelo Videla-Martínez de Hoz chorreó sangre y especulación. La onda expansiva atravesó como una flecha sin límites el período de la restauración democrática, entre 1983 y 1989, hasta dar con el blanco final durante la presidencia de Menem en los años noventa, con la destrucción capilar de la Argentina inclusiva. La dictadura acabó en una tragedia económica y social: 15% de desempleo, una guerra perdida en vidas y bienes, una inflación del 719%, un endeudamiento externo de más de US$ 45.000 millones, y la fuga de miles de millones de dólares “baratos” financiados por los argentinos, componiendo así el cuadro más pertinaz del capitalismo financiero argentino. La sentencia de Martínez de Hoz que declaraba enemigo a derrotar al “intervencionismo estatizante y sofocante” perduró durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Su extraordinaria contribución al procesamiento de la cúpula de la junta militar de la dictadura, con el Nunca Más como testimonio de aquellos crímenes imperdonables e imprescriptibles, no pudo sostenerse. Se promulgaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que establecieron por veinte años la impunidad para los responsables de ese genocidio político. La crisis económica acabó con la credibilidad del radicalismo, partido del gobierno, que no consiguió modificar la carga de la deuda externa, sucumbió a las presiones del FMI y no concretó la reconstrucción de un Estado saqueado por las corporaciones económicas bajo la etiqueta de “país de las grandes contratistas”. El dirigente más popular y querido del Radicalismo tuvo que entregar el mandato anticipadamente, con el país sofocado por una hiperinflación que llegó al 2.100% en mayo de 1989 y que provocó un estallido social. El pueblo salió a las calles a saquear negocios y supermercados para conseguir qué comer. Alfonsín repetía el karma del Radicalismo en el siglo XX: ningún gobierno radical, excepto el primero de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) y el de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), terminaría su período presidencial. Alfonsín sedimentó el camino democrático como pocos dirigentes de la historia, pero fue devorado por la supremacía de un liberalismo reaccionario en el seno de su partido, que se esforzó para no revertir el modelo económico dictatorial, el esquema de valorización y especulación financiera que derivó en un círculo perverso de medio siglo: endeudamiento, ataque contra las reservas para detener la fuga de divisas, inflación, desempleo, recesión y golpe político.

La llegada del populismo conservador de Carlos Menem en 1989 no cambió el modelo económico de la dictadura, más bien lo profundizó. Martínez de Hoz fue sucedido por Domingo Cavallo, operador del capital financiero internacional. Los dos gobiernos de Menem (1989-1995 y 1995-1999), al que el gran intelectual Eduardo Grüner definió como “menemato”, tuvieron como guía de acción el “decálogo menemista” elaborado por su ministro Roberto Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Así, la reforma del Estado, en realidad privatizaciones a diestra y siniestra para liquidar a precio vil el patrimonio nacional social de los argentinos que había sido acumulado a lo largo del siglo XX, estuvo marcada por una corrupción sin límites que enriqueció a los funcionarios menemistas con comisiones ilegales. Las concesiones políticas a las corporaciones –económicas y mediáticas–, la ratificación de las leyes de impunidad a las cuales se sumaron los indultos para los crímenes contra la humanidad fueron el verdadero vademécum del menemismo, el acto final de la dictadura cívico-militar de 1976, pero esta vez, transformando el peronismo en el partido del orden que la burguesía necesitaba para cooptar dirigentes y engañar ciudadanos. Menem hizo del saqueo y de la corrupción una política de Estado. No quedó nada: trenes, petróleo (YPF), gas, agua, aviones (Aerolíneas Argentinas), entre otros bienes, fueron privatizados. La Ley de Convertibilidad (un peso igual a un dólar) concebida por Cavallo en 1991, bajó la fiebre de la inflación, pero dejó a la Argentina sin protección monetaria para hacer frente a la fuga masiva de divisas. El dólar barato, sostenido por un endeudamiento fatal, llevaría al país a la peor recesión de su historia al final de los años noventa. Según Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, es pertinente recordar que en 1975 los capitales locales en el exterior sumaban menos de US$ 5.500 millones, mientras que en 1999 superaban los US$ 115.000 millones. En 1999, al comenzar el gobierno del radical conservador Fernando de la Rúa, la deuda externa llegó a más de US$ 145.000 millones, casi el 60% del PBI. El desempleo y el subempleo, sobrepasaron el 25%. A finales de esa década, el 80% de las grandes empresas eran extranjeras. Menem diseñó una política internacional de “relaciones carnales” con los Estados Unidos, de sumisión a la estrategia de no integración con América Latina. La Suprema Corte con sus nueve miembros era llamada “Corte de la mayoría automática”, pues se sometía dócilmente a las voluntades presidenciales para garantizar que Menem gobernara sin sobresaltos. Él impulsó la reforma constitucional de 1994 para sellar, junto con Alfonsín, su reelección, pero al mismo tiempo concedió al radicalismo y a otras fuerzas algunas reformas de carácter progresista: mecanismo de consulta popular e incorporación del país a acuerdos internacionales, entre otras iniciativas. El objetivo fue hacer irreversibles las reformas neoliberales que consumaron la liquidación espuria del Estado.

El adormecimiento social –roto por las marchas obreras y sus piquetes que resistían al desmantelamiento de las industrias y del Estado nacional– se mantenía con la fantasía de que un dólar era igual a un peso. Los argentinos imaginaban, de esta manera, que estaban a salvo de que el dinero perdiera valor. Durante el menemato creyeron en espejitos de colores, al ritmo del riesgo país, creyeron en la estafa de la convertibilidad de Cavallo y se sumergieron en el más formidable proceso de desnaturalización ideológica. El Estado Hood-Robin, como lo denominó el periodista Horacio Verbitsky, fue moneda corriente: quitar a los pobres para dar a los ricos. Creyeron, como señaló Silvia Bleichmar en su libro Dolor país, que vivían en The Matrix, ese país virtual de las compras en el exterior, del ahorro en dólares, del dólar barato, de la destrucción del proceso industrial, de la liquidación del Estado como compensador social, que se apoyaba en la desgracia de millones de compatriotas que revolvían la basura para comer. The Matrix derivó en una disolución violenta, manifiesta en la gran explosión social y política de diciembre de 2001, cuando el gobierno no fue derribado por un golpe de Estado ni el presidente precisó anticipar la entrega del poder. Simplemente renunció y huyó en helicóptero.

En esas jornadas aciagas vimos a miles de argentinos poblar las calles de la noche, como soldados del ejército de la crisis, lanzados a la basura: mujeres, niños y hombres raspando el fondo de la condición humana. Vimos cómo el hambre asolaba a los niños en este granero del mundo. Vimos a nuestros jóvenes partir hacia otras tierras prometidas y a nuestros abuelos peregrinar por una jubilación escasa y tardía. Vimos a miles y miles de personas golpear cacerolas frente a los bancos que habían confiscado sus ahorros, miles y miles se manifestaron en las calles más inesperadas demandando trabajo. Vimos la huida de presidentes, dirigentes escondiéndose de la ira social. Vimos al Congreso incendiado y a los responsables de la crisis enfurecidos por las manifestaciones contra la marca indeleble de su corrupción. Vimos a nuestros jueces administrar la impunidad. Vimos a nuestra clase dirigente enajenar el patrimonio nacional. Conocimos los índices de indigencia y pobreza con el terror de quien perdió la posibilidad de futuro. Un futuro amasado en el presente y también en el pasado: ya habíamos asistido a una masacre, a la desindustrialización, a la plata dulce y a una guerra infame en el Atlántico sur. Fueron veintisiete años de un modelo depredador al cual dieron el nombre de neoliberal, que comenzó en la dictadura pero que se perpetuó en la democracia. El paroxismo llegó con el sueño despilfarrador de “ahora somos del Primer Mundo”, ilusión vendida por Menem y Cavallo y comprada por millones de argentinos, y que fue usufructuada sólo por algunos, los mandamases de la política y los dueños del poder económico local y extranjero. Los argentinos fueron devaluados y declarados malos pagadores, en el mayor default del capitalismo contemporáneo.

El gobierno transicional de Eduardo Duhalde, de enero de 2002, distribuyó planes sociales, devaluó la moneda, impulsó leyes para proteger las corporaciones y, con Roberto Lavagna, retomó cierto control sobre el Estado y la política monetaria, además de organizar una transición modesta. Entre Carlos Reutemann y José Manuel De la Sota, el dedo sucesorio del peronismo eligió a Néstor Kirchner. Para sacar a la Argentina del borde del abismo, un por entonces casi desconocido dirigente patagónico tenía que ir a contramano de aquella ciudadela política y social de 1976, que persistió también en la democracia. Era una necesidad imperiosa. ¿Pero era posible?

 

Y la historia, concebida como devenir donde se entrelazan causas y efectos, la necesidad, la posibilidad y el azar, fue el magma del que surgió Néstor Kirchner. Su llegada al gobierno el 25 de mayo de 2003 pareció unir –como parte de un río subterráneo– los extremos de una línea de desarrollo económico, social y político de la Argentina que había sido cortada por el Estado terrorista. Ese hombre retomó tareas inconclusas de la generación de los años setenta, a la que él pertenecía por su edad, pasión y razón política. En la Argentina de 2003 era imposible tener un horizonte de previsibilidad sobre quién gobernaría. O para ser más precisos, sobre quién y cómo asumiría el poder, y no solamente el ejercicio del gobierno. El sistema político de partidos –el bipartidismo– basado en la representación de sectores sociales, estaba en una crisis terminal. Y, aunque Kirchner había llegado al gobierno por azar –fue elegido por falta de opción dentro del peronismo y por deserción del menemismo–, estaba allí por una necesidad imperiosa: rescatar a la Argentina de la crisis. Y precisamente en esa necesidad se fundaba la posibilidad de su gobierno. Lo cierto es que ese peronista desgarbado –casi un desconocido con apenas el 9% de intención de votos–, que venía de la fría Santa Cruz, que veía a la realidad torcida como su ojo izquierdo –y tal vez por eso veía lo que otros no veían– llegó a la Casa Rosada con tan sólo el 22% de los votos.

 

Nadie lo sospechaba, tal vez ni el mismo Néstor Kirchner, pero él comenzaba, en aquel momento, a cumplir el destino de ser como un aleteo de mariposa en el horizonte previsible del poder conservador. Un batir de alas que desestructuraría el statu quo a tal punto que nada volvería a ser como antes. Pronunció su juramento a las 14:54 horas del 25 de mayo de 2003, cuando posó la mano sobre la Constitución Nacional, estremecido. Allí estaba el presidente electo con la menor cantidad de votos de toda la historia argentina. Desde la bancada de senadores, su esposa lo miraba con una mirada penetrante, que ponía en evidencia una fusión surgida muchos años antes y que, a partir de ese momento, sería objeto de toda suerte de teorías, interpretaciones y especulaciones. Además de pocos votos, Kirchner representaba un orden político de sectores del justicialismo que él mismo rechazaba, como el duhaldismo, pues disentía sobre el diagnóstico de la crisis y la manera de superarla.

Aquel día, un gran número de periodistas había montado guardia desde temprano en las inmediaciones del departamento de la calle Juncal, entre Paraguay y Paraná, en busca de informaciones. Más tarde se conocería cuánto había trabajado Cristina Kirchner en la elaboración del anuncio del programa de gobierno y cuánto tuvo que luchar para que el marido aceptara vestirse con el rigor protocolar exigido por la ceremonia de asunción. A las 14:15 horas, junto a su hija Florencia, la pareja recibió los saludos de alrededor de 200 personas. En el Salón Azul del Congreso nacional aguardaban, entre otros invitados, los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Fidel Castro y Hugo Chávez, anticipando la dirección que el gobierno adoptaría en el campo de las relaciones internacionales. Diez años después, Cristina diría que solamente después de asistir a una grabación de aquellos momentos en que ingresaban al Congreso Nacional, pudo comprender la preocupación y la angustia que dominaban a Néstor, que se apoyaba permanentemente en la presencia de Florencia, buscando sus ojos o su brazo, para recorrer el trayecto interminable por los salones legislativos, hasta el momento de prestar juramento y de ser investido del poder presidencial.

Kirchner juró sobre la Constitución Nacional al borde de las lágrimas, mientras Cristina lo apoyaba desde su banca de senadora. Su discursó trazó las líneas de acción que colocaría en marcha a partir del día siguiente: “Es necesario promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá, el Estado cobra en eso el papel principal. Es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política”, pronunció en su discurso. Eran palabras que reflejaban su acción como gobernador, que habían sido transferidas a las promesas de campaña y que comenzaban a definir un proyecto de país con componentes políticos, económicos, sociales y culturales.

También citó una de las encrucijadas del período, al recordar que la política había quedado reducida a la mera intención de buscar resultados en las urnas y el gobierno “a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático, al punto de que algunas fuerzas políticas en 1999 se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses”.

Porque él sabía que esa combinación redundaba en un resultado visible, en un Estado inerte y en una dirigencia desinteresada en tomar las riendas. Se trataba, como afirmó Kirchner, del “incremento del desprestigio de la política”, que derivaba en la “destrucción del país”.

Las palabras de aquel día ratificaron ideas que se transformaron en una bandera permanente: alcanzar un capitalismo nacional capaz de reinstalar la movilidad social ascendente, objetivo ausente en todos los períodos de gobierno desde la recuperación de la democracia en 1983. Más tarde, ya en la Casa de Gobierno, después de recibir la banda presidencial de manos de Duhalde y de firmar las actas, no con una pluma de oro, algo muy usual entre los dirigentes políticos de los años noventa, sino con un bolígrafo de plástico, la famosa Bic, tan nacional y popular como el argentino que la inventó, Kirchner fue a la Plaza de Mayo y literalmente se zambulló en la multitud que lo esperaba, para desesperación de la seguridad presidencial. Fue la primera demostración de su relación convencional con el protocolo. “Hace treinta años yo estaba allí, del otro lado de las vallas. ¿Por qué no iba a hacerlo ahora, si soy uno de ellos?”, se justificó.

La frase parecía ser circunstancial, un comentario al pasar, sin mayor profundidad, para explicar por qué lo había hecho, y lo dijo al salir de la enfermería de la Casa Rosada. Al sumergirse en la multitud, el presidente había golpeado su cabeza con la cámara del fotógrafo Martín Acosta del diario Clarín. Más recompuesto, siguiendo el protocolo, respondió el saludo popular desde el balcón de la Casa Rosada, el mirador privilegiado de todas las historias del país, en compañía de Cristina y Florencia, junto a Aníbal Fernández y Alberto Fernández, Oscar Parrilli y algunos gobernadores.

El clima festivo, sostenido por una parte todavía relativamente pequeña de la población que conocía al nuevo presidente, apenas dejó por un rato en segundo plano las evidencias de la crisis política, económica y social que Kirchner tendría que enfrentar. El coeficiente GINI, que mide a la población con empleo según la escala de ingresos de la ocupación principal, alcanzaba por entonces un número dramático: 0,475 (el índice permanece en 0 si todas las unidades reciben el mismo ingreso y aumenta con la desigualdad en la distribución). Al cabo de casi doce años, con un proceso sostenido de aumento de ingresos de los sectores más desfavorecidos, el índice llegaría a 0,364.

A la vez, en 2003 la deuda externa representaba el 128,7% del PBI (44,4% en 1997) y 1.166,1% de las reservas internacionales. La deuda pública nacional había llegado al 106,1% del PBI. El 25 de mayo de 2003 las reservas eran de apenas US$ 11.052 millones. El desempleo constituía la evidencia exasperante de la crisis: afectaba a 2,6 millones de personas y otro tanto sobrevivía en el subempleo. En total, un tercio de la población económicamente activa no tenía una ocupación formal. Ante ese panorama, Kirchner enfrentaba la tarea de construir verdades y mantenerlas. “Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”, dijo.

Y éste fue, en verdad, el auténtico juramento de un presidente desconocido, que llegó desde el frío patagónico dispuesto a rescatar a la Argentina de los escombros de su peor crisis.

Cumplía así el teorema de Edward Lorenz o el efecto mariposa: modificar con un batir de alas la previsibilidad del perfecto sistema de dominación al que se habían sometido todos los líderes durante décadas, respetando, a veces con resistencias, casi siempre con complicidad, el statu quo. Es decir, servir a los intereses conservadores, a la ideología de los dueños de la tierra, las empresas, los medios, las finanzas, el comercio y las corporaciones internacionales. El Kirchner inesperado por el establishment esbozó sus primeras respuestas recurriendo a una imagen épica: “Venimos del Sur, sabemos dónde queremos ir; dónde no queremos volver”, prometió.

Entonces, para reconstruir a la Argentina, primero él, y luego Cristina Fernández de Kirchner a partir de 2007, debían caminar en sentido inverso al que exigía el poder conservador, desmontando el modelo neoliberal. Debían consolidar el Nunca Más pero exigir el Nunca Menos. Debían disolver The Matrix, el país virtual alimentado sobre la ilusión del dólar, de la Argentina del Primer Mundo, mientras en el país real millones de personas eran expulsadas a la marginalidad. Debían ser como Neo y Trinity: avanzar sobre los restos resistentes del Estado terrorista y del menemato; reconstruir el país industrial, reconstruir la política en su poder territorial y moderno de representación social, reparando y recuperando viejos derechos y creando nuevos; limitar el poder de las corporaciones de todo tipo y avanzar sobre el poder virtual de las corporaciones mediáticas que representan, como un estado mayor político, la misma virtualidad de la especulación financiera: al dólar como fetiche de acumulación de valor, en contra del trabajo como productor de valor, le corresponde no la realidad de la gestión sino una realidad virtual contada en la tapa de un diario o reproducida hasta el cansancio como verosímil en las cadenas de radio y televisión. Allí, como en The Matrix, los ciudadanos dejan de ser sujetos reales para convertirse en blancos del marketing, en dibujos animados. Y los partidos políticos de la modernidad son representados por candidatos controlados por ese poder mediático.

Así, las medidas que se tomaron en doce años de kirchnerismo hablan más de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner que todos los discursos y todos los registros virtuales. Nunca menos Estado, Memoria, Verdad y Justicia: hubo juicios célebres que levantaron la más formidable ciudadela de defensa de los Derechos Humanos reconocida en el mundo; más distribución del ingreso, desocupación al mismo nivel de 1975, y más derechos sociales, políticos e individuales. El Nunca Menos incluía así como piso histórico al Nunca Más. En ese camino hubo decisiones, traiciones, bajadas de cabeza y deserciones. Hubo amor a lo público y también ciertas corrupciones que, salvo excepciones, aparecieron más como carne para una oposición política dispersa y menguada y la ofensiva mediática. Once funcionarios nacionales fueron procesados en una década y, antes incluso de que sus sentencias fueran conocidas, ya habían sido despedidos del servicio público. Así, los intentos de los medios para transformar casos de corrupción en un estilo de gestión de la cosa pública, por medio de un noticiero tendencioso y escandaloso, fracasaron.

La contundencia de los derechos y realizaciones conquistadas en los doce años de kirchnerismo es avasalladora. La lista es extensa: la asignación por hijo, la nacionalización de YPF, la estatización de las jubilaciones, la promoción de la ciencia y la tecnología, con la repatriación de innumerables científicos, la distribución de millones de computadoras para los niños y jóvenes, el restablecimiento de convenios colectivos de trabajo, el matrimonio igualitario, la reforma de la justicia, entre muchas otras iniciativas. Se impulsó la masiva participación de los jóvenes en la política. Se rompieron los lazos que sometían al país al FMI, así como se fortaleció la unidad latinoamericana con el Mercosur y la Unasur. Además se sancionó la Ley de Medios de la democracia y el fortalecimiento de la comunicación pública, en la que la información se entiende como un derecho humano básico y no como una mercadería. Quedó claro el peligro que representa el monopolio de las comunicaciones en manos de las corporaciones de medios, capaces de modelar la opinión pública y someter gobiernos.

La muerte de Kirchner en octubre de 2010 no detuvo ese proceso de transformaciones. El dolor popular, sintetizado en un agradecimiento extenso por lo conquistado durante esos años, blindó el curso del gobierno de Cristina: el Nunca Más al olvido, a la impunidad y a la injusticia se transformó en el Nunca Menos de su gobierno, en todas las áreas. Cristina ganó las elecciones presidenciales de 2011 con el 55,15% de los votos –índice que la convirtió en la tercera candidata más votada en la historia del país, luego de los ex presidentes Perón e Yrigoyen–.

Néstor Kirchner hizo del Nunca Menos, de la política y de la defensa de la democracia la razón suprema para el ejercicio del poder. Él emprendió una batalla, a veces sin éxito, contra los intentos desestabilizadores y de restauración conservadora, para lograr que las corporaciones respetaran y cumplieran los derechos adquiridos. Ésa fue la esencia del kirchnerismo. Las razones materiales por las que ese movimiento rescató a la Argentina del abismo son enumeradas en una lista. Las otras, las simbólicas, las culturales, las del amor propio del país recuperado, la idea de que “la Patria es el otro» como lema moral se apoyan sobre la materialidad del programa político, económico, social, cultural y ético que define el relato kirchnerista como central en este siglo. Las razones y pasiones de esta historia, sus pliegues, sus contradicciones, y la permanencia de Néstor Kirchner en el corazón y la conciencia de los argentinos son como el aleteo de una mariposa, aquello que no se espera pero ocurre. Que no se espera pero define, cuando ocurre, el curso de la historia que está por venir.

Actualización

El empresario y ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ganó en las elecciones presidenciales de noviembre de 2015, venciendo al candidato del oficialismo Daniel Scioli por una diferencia muy ajustada de votos, 51,46% contra 48,54%. Macri asumió el poder un mes después, poniendo fin a doce años de mandato kirchnerista. Líder de la Propuesta Republicana (PRO), partido de centro derecha, es el primer presidente al frente del país después del retorno de la democracia, en 1983, que no proviene del peronismo ni del radicalismo. Su gobierno retomó, bajo las protestas de los movimientos populares, programas neoliberales similares a los que había padecido Argentina en los años 1990.

 

por María Seoane
(actualización en 2 de abril de 2021)

 

Argentina entre siglos: del menemato al kirchnerismo

1990-2015

A comienzos del siglo XXI, le tocó al kirchnerismo rescatar a la   Argentina del borde del abismo. Pero ese movimiento de tracción ocurrió, ahora lo sabemos, porque hubo un aleteo de mariposa, una pequeña alteración impulsada por la decisión personalísima de un hombre y una mujer de modificar el curso de la historia;  el curso previsible de que la política fuera impotente para cambiar la realidad; para disolver el núcleo resistente del poder conservador y reparar así  las consecuencias de un saqueo neoliberal que llevaba, por lo menos, tres décadas desde 1976 a 2003. Un saqueo que, en realidad, se había iniciado en 1955 con el derrocamiento del peronismo, y se extendió en etapas sucesivas- con golpes militares de baja intensidad alternados con períodos democráticos efímeros-, y alcanzó su clímax con la instauración en 1976 de una dictadura terrorista burguesa por su crueldad y devastación de miles de vidas y bienes.

La bomba neutrónica, asentada en el pacto entre las fuerzas armadas dirigidas por Jorge Rafael Videla y la burguesía agroindustrial y el capital extranjero- empresas y bancos- representados por José Alfredo Martínez de Hoz, edificó la ciudadela represiva de cientos campos de concentración para torturas y asesinatos masivos para el ingreso del capitalismo argentino a su etapa de acumulación financiera. El modelo Videla-Martínez de Hoz chorreó sangre y especulación. La onda expansiva atravesó como una flecha sin límites el período de la restauración democrática- 1983-1989-, hasta el blanco final durante el menemato en la década del 90, con la destrucción capilar de la Argentina inclusiva. La dictadura terminó en una tragedia económica y social: 15 por ciento de desocupación, una guerra perdida en vidas y bienes, una inflación de 719 por ciento, un endeudamiento externo de más de 45 mil millones de dólares, y una fuga de miles de millones de dólares “baratos”, financiados por los argentinos, fue el diseño más pertinaz del capitalismo financiero argentino.

Así, la sentencia de Martínez de Hoz declarando el “intervencionismo estatizante y agobiante” como el enemigo a derrotar no se revirtió durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Su aporte extraordinario al juzgar a las cúpulas de las juntas militares de la dictadura con El Nunca Más como testimonio de aquellos crímenes imperdonables e imprescriptibles, no pudo mantenerse. Hubo leyes de Punto Final y Obediencia Debida que establecieron por veinte años la impunidad para los responsables de ese genocidio político.  La crisis económica devoró la credibilidad del radicalismo, partido de gobierno, al no poder modificar el yugo de la deuda externa, las presiones del FMI y la reconstrucción de un Estado saqueado por las corporaciones económicas bajo el rótulo de la Patria Contratista. El dirigente más popular y querido del radicalismo debió entregar el mando anticipadamente, hundido por una hiperinflación que llegó al 2.100 por ciento en mayo de 1989 y un estallido social derivado en saqueos populares para comer, repitiendo el karma del radicalismo en el siglo XX: ningún gobierno de ese signo, excepto el primero de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) y el de Marcelo T. de Alvear (1922-1928) terminará su período presidencial. Alfonsín sedimentó el camino democrático como pocos dirigentes de la historia, pero fue devorado por la supremacía de un liberalismo reaccionario en el seno de su partido que pujó por no revertir el modelo económico dictatorial, el esquema de la valorización y especulación financiera y que derivó en un círculo perverso que se había repetido por medio siglo: endeudamiento, ataque contra las reservas para la fuga de divisas, inflación, desocupación, recesión y golpe político.

La llegada del populismo conservador de  Carlos Menem en 1989 no cambió sino que profundizó el modelo económico de la dictadura. A Martínez de Hoz le seguirá, centralmente, Domingo Cavallo, operador del capital financiero internacional. Los dos gobiernos de Menem (1989/1995 y 1995/1999), régimen que el gran intelectual Eduardo Grüner definió como menemato, tuvo como guía para la acción el “Decálogo menemista” elaborado por su ministro Roberto Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Así, la reforma del Estado (las privatizaciones a mansalva) para liquidar a precio vil el patrimonio social de los argentinos conseguido durante el siglo XX, atravesado por una corrupción sin límites que enriquecieron a funcionarios menemistas con comisiones ilegales sobre el remate del estado;  la concesión política a las corporaciones- económicas y mediáticas-; la ratificación de las leyes de impunidad a las que se sumaron los indultos para los crímenes de lesa humanidad, fueron el verdadero vademécum del menemismo, acto final de la dictadura cívico militar del 76, pero esta vez a través de haber transformado el peronismo en el partido del orden que esa burguesía necesitaba para cooptar dirigentes y embaucar ciudadanos. Menen hizo del saqueo y la corrupción una política de Estado. Nada quedó: trenes, petróleo (YPF), gas, agua, aviones (Aerolíneas Argentinas), entre otros. La Ley de Convertibilidad (un peso igual a un dólar) pergeñada por Cavallo en 1991 bajó la fiebre de la inflación pero dejó a la Argentina sin defensas monetarias ante la fuga masiva de divisas, dólar barato, sostenido con un endeudamiento fatal que llevaría a la peor recesión de la historia argentina al final de esa década. Según Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, es relevante recordar que a mediados de la década de los setenta (1975) los capitales locales en el exterior sumaban menos de 5,5 miles de millones de dólares, mientras que a fines de los noventa (1999) superaban los 115 mil millones de dólares. La deuda externa llegó, en 1999, al comenzar el gobierno del radical conservador Fernando de la Rúa, a más de 145 mil millones de dólares, casi el 60 por ciento del PBI. La desocupación y subocupación, a más del 25 por ciento. Al final de esa década, el 80 por ciento de las grandes empresas eran extranjeras.

Menem diseñó una política internacional de “relaciones carnales” con los EE.UU.; de sometimiento a la estrategia de no integración con Latinoamérica y una Corte Suprema adicta, con nueve miembros – de la que sobrevivirán a futuro dos miembros, Enrique Petracchi y Carlos Fayt- que fue llamada Corte de la mayoría automática,  para gobernar sin sobresaltos. Menem impulsó la reforma Constitucional de 1994 para sellar, con Alfonsín, su reelección pero, al tiempo de conceder al radicalismo y a otras fuerzas algunas reformas de carácter progresista- mecanismos de consulta popular e incorporación del país a pactos internacionales, entre otras-, el objetivo fue hacer irreversibles las reformas neoliberales que consumaron el remate espurio del Estado.

El adormecimiento social- roto por las protestas obreras, los piquetes, que resistían el desmantelamiento de industrias y del Estado nacional- se sostuvo en la fantasía de que un dólar era igual al peso, por lo que supuestamente los argentinos estaban protegidos de la pérdida del valor del dinero. Así, durante el menemato, creyeron en espejitos de colores, al ritmo del riesgo país; creyeron en la estafa de la Convertibilidad cavallista y se sumergieron  en el más formidable proceso de desnaturalización ideológica del país. El estado Hood-Robin, tal como señaló el periodista Horacio Verbitsky, fue la moneda corriente: quitarle a los pobres para darle a los ricos. Admitieron, como señaló Silvia Bleichmar en su libro Dolor país, vivir en The Matrix donde el país virtual del deme dos, del ahorro en dólares, del dólar barato o dólar fuga, de la destrucción del proceso industrial, la liquidación del Estado como compensador social y el espanto de una desocupación, se sostenía sobre la desdicha de millones de argentinos, que revolvían la basura para comer. The Matrix devino en la disolución violenta expresada en el gran estallido social y político de diciembre de 2001, cuando el gobierno no fue derrocado por un golpe de estado, ni el Presidente debió anticipar la entrega del poder, pero tuvo destino de renuncia con fuga en helicóptero.

En esas jornadas aciagas, habíamos visto a miles de argentinos poblar las calles de noche como ejércitos de la crisis lanzados sobre la basura: mujeres, niños, hombres rascando el fondo de la condición humana. Vimos cómo el hambre arrasaba a niños en este granero del mundo; vimos partir hacia otras tierras prometidas a nuestros jóvenes; peregrinar por una jubilación escasa y tardía a nuestros abuelos. Vimos a miles golpear sus cacerolas frente a los bancos que confiscaron sus ahorros; a miles manifestarse en las rutas más inesperadas con su demanda de trabajo. Vimos huir a presidentes; a los dirigentes escondiéndose de la ira social. Vimos el Congreso incendiado y a los responsables de la crisis enfurecidos por los escraches contra la marca indeleble de su corrupción. A nuestros jueces administrar impunidad. A nuestra clase dirigente enajenar el patrimonio nacional. Conocimos los índices de indigencia y pobreza con el terror de quien ha perdido la posibilidad de futuro. Un futuro amasado en el presente pero también en el pasado: habíamos visto ya una matanza, la desindustrialización, la plata dulce y una guerra infame en el Atlántico Sur. Fueron veintisiete años de un modelo depredador al que llamaron neoliberal, que comenzó en dictadura pero se perpetuó en democracia. El paroxismo llegó con el sueño despilfarrador de “ahora somos Primer Mundo”, ilusión que vendieron Menem y Cavallo, que creyeron millones de argentinos y que usufructuaron apenas unos cientos, los mandamases de la política y los dueños del poder económico local y extranjero. Los argentinos fueron devaluados y declarados morosos, en el default más grande del capitalismo contemporáneo.

El gobierno transicional de Eduardo Duhalde, desde enero de 2002, repartió planes sociales, devaluó, impulsó leyes para proteger a las corporaciones y con Roberto Lavagna retomó cierto control del Estado y la política monetaria, además de organizar una transición módica. Entre Carlos Reutemann y José Manuel De la Sota, eligió a Néstor Kirchner con el dedo sucesorio del peronismo. Entonces, para sacar a la Argentina del borde del precipicio, un hasta entonces casi desconocido dirigente patagónico, tenía que ir a contrapelo del mandato de aquella ciudadela política y social de 1976 que persistió también en democracia. Era una necesidad imperiosa, como sólo pueden serlo los mandatos de sobrevivencia. ¿Pero era posible? Y la Historia, concebida como el devenir donde se entrelazan causas y efectos; la necesidad, la posibilidad y el azar, fue el magma del que emergió Néstor Kirchner. Su llegada al gobierno el 25 de mayo de 2003 pareció unir- como el continuo de un río subterráneo- las puntas del hilo del desarrollo económico, social y político de la Argentina, cortado por el estado terrorista. En esa necesidad, ese hombre reflotó las tareas inconclusas de la generación del setenta, a la que pertenecía por edad, pasión y razón política. En la Argentina de 2003, era imposible tener un horizonte de previsibilidad sobre quién la gobernaría. O, para ser más precisos, sobre quién y cómo tendría el poder y no sólo el ejercicio del gobierno. El sistema político de partidos- bipartidismo- basado en la representación de sectores sociales estaba en una crisis terminal. Y si bien Kirchner llegó al gobierno por azar- fue el elegido por descarte dentro del peronismo y por deserción del menemismo- también llegó por necesidad, entendida como aquello que debe ser y no puede ser de otra manera para que se cumpliera el imperativo de recatar a la Argentina de una crisis terminal. Era una necesidad que  fundaba la posibilidad de su gobierno. Lo cierto es que ese peronista desgarbado -casi un desconocido con apenas el nueve por ciento de intención de voto- que venía del frío de Santa Cruz; que veía la realidad en virola como su ojo izquierdo- y tal vez por eso veía lo que otros no veían- llegó a la Casa Rosada, con apenas el 22 por ciento de los votos. Kirchner cumplía así el teorema de Edward Lorenz o efecto mariposa: modificar con un aleteo la previsibilidad del perfecto sistema de dominación al que se habían sometido todos los líderes por décadas: respetar, a veces con resistencias, casi siempre con complicidad, el estatus quo. Es decir, servir a los intereses conservadores, ideología de los dueños de la tierra, las empresas, los medios, las finanzas, el comercio y las corporaciones internacionales. Pero el Kirchner inesperado por el establishment esbozará sus primeras respuestas con una épica increíble para muchos:

• Venimos del Sur, sabemos dónde queremos ir; dónde no queremos volver- prometió.

Entonces, para reconstruir la Argentina, primero él, y luego Cristina Fernández de Kirchner a partir de 2007, debían caminar en sentido inverso a lo exigido por el poder conservador, desmontando el modelo neoliberal. Debían consolidar el Nunca Más pero exigir el Nunca Menos. Debían disolver The Matrix, el país virtual alimentado sobre la ilusión del dólar, de Argentina-Primer Mundo mientras en el país real millones eran expulsados a la marginalidad. Debían ser como Neo y Trinity: avanzar sobre los restos resistentes del estado terrorista y del menemato; reconstruir el país industrial, reconstruir la política en su poder territorial y moderno de representación social, reparando y generando viejos y nuevos derechos; limitar el poder de las corporaciones de todo tipo y avanzar sobre el poder virtual de las corporaciones mediáticas que representan como estado mayor político a la misma virtualidad de la especulación financiera: al dólar como fetiche de acumulación de valor, en contra del trabajo como productor de valor, le corresponde no la realidad de la gestión sino una realidad virtual contada en la tapa de un diario o reproducida hasta el cansancio como verosímil en las cadenas de radio y televisión. Allí, como en The Matrix, los ciudadanos dejan de ser sujetos reales para ser blancos del márketing: son dibujos animados. Y los partidos políticos de la modernidad, apenas candidatos hablados y contados por ese poder mediático.

Así, las medidas que se tomaron en diez años de kirchnerismo hablan más de Néstor y Cristina Kirchner que todos los discursos y todos los registros virtuales. Nunca menos Estado, memoria, verdad y justicia: hubo juicios célebres que levantaron la más formidable ciudadela de defensa de los Derechos Humanos reconocida en el mundo; más distribución del ingreso, desocupación al mismo nivel de 1975, y más derechos sociales, políticos e individuales. El Nunca Menos incluía así como piso histórico al Nunca Más. En ese camino hubo decisiones, traiciones, agachadas y deserciones. Hubo amor a lo público y también ciertas corruptelas que salvo excepciones aparecieron más como carne para una oposición política dispersa y menguada y la ofensiva mediática: hubo once  funcionarios nacionales procesados en una década, que salieron del gobierno apenas se confirmó el procesamiento o aún antes fueron echados por decreto, ya que no se esperó siquiera la sentencia, y de los cuales sólo uno fue condenado  por sustracción y ocultamiento de documento público.

Así, las denuncias de corrupción que intoxicaron a la sociedad a través de los medios no podían probar que fuera un estilo de gestión de lo público.  Porque la contundencia de los derechos y realizaciones conquistadas son abrumadoras. Sería largo enumerarlas: desde la Asignación por Hijo, la nacionalización de YPF, la estatización de las jubilaciones, la promoción de la ciencia y la técnica con repatriación de un millar de científicos, la distribución de millones de computadoras para los niños y jóvenes, el restablecimiento de convenios colectivos de trabajo, el matrimonio igualitario, la reforma de la justicia, tan resistida entre esos estamentos, entre otras. Algo más, algo importante: se impulsó la masiva participación de los jóvenes en la política como la caldera de dirigentes que garantizan el futuro. Y se rompieron los lazos que sometían al país al FMI así como se fortaleció la unidad latinoamericana con el Mercosur y la Unasur, es decir, la pertenencia a este continente siempre saqueado pero siempre dispuesto a la lucha independentista. Y se sancionó la ley de medios de la democracia y el fortalecimiento de la comunicación pública, en la que información se entiende como un derecho humano básico y no como una mercancía apropiada privadamente por el mejor postor. Se comprendió así, cabalmente, la batalla cultural como decisiva frente a la construcción de la opinión pública por parte de los grandes medios de comunicación monopólicos, arietes de las corporaciones de distinto cuño, para someter la política. Hubo una resistencia corporativa sin cuartel, una guerra simbólica sorda y persistente. La muerte de Kirchner en octubre de 2010 no detuvo ese proceso. El dolor popular, sintetizado en un agradecimiento extenso a lo conquistado durante esos años, blindó el curso del gobierno de Cristina: el Nunca Más al olvido, a la impunidad y a la injusticia devino en el Nunca Menos de su gobierno, en todas las áreas. Cristina ganó las elecciones presidenciales de 2011 con el 55,15 por ciento de los votos. Fue la líder más votada en una reelección en la historia, luego de Perón e Yrigoyen.

Néstor Kirchner hizo del Nunca Menos de la política y la defensa de la democracia la razón suprema para el ejercicio del poder; para batallar contra los intentos destituyentes y de restauración conservadora, a veces sin éxito; para lograr que la ley fuera igual para todos; para que las corporaciones debieran respetar y cumplir los derechos viejos y nuevos. Esa fue y es la esencia del kirchnerismo. Las razones materiales por las que, entonces, ese movimiento rescató a la Argentina del abismo son numerables. Las otras, las simbólicas, las culturales, las del amor propio del país recuperado, la idea de que la “Patria es el otro” como lema moral se montan sobre esta materialidad que se describe como el verdadero programa político, económico, social, cultural y ético que define el relato kirchnerista como central en este siglo. Las razones y pasiones de esta historia, sus pliegues, sus contradicciones, y la permanencia de Néstor Kirchner en el corazón y la conciencia de los argentinos son como el aleteo de una mariposa, aquello que no se espera pero ocurre. Que no se espera pero define, cuando ocurre, el curso de la historia por venir.

 

por Emir Sader (2015-2021)
(actualización en 23 de agosto de 2021)

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han recuperado la economía argentina de la peor crisis de su historia, cuando la política de Carlos Menem, en los años 1990, de paridad entre la moneda argentina y el dólar, entró en colapso. Los gobiernos kirchneristas lograron retomar el crecimiento económico, promovieron políticas de distribución de renta y renegociaron la deuda externa.

Después del mandato de Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Kirchner (2007-2011) fue elegida presidenta y reelegida (2011-2015).

Se restablecieron las relaciones amistosas con los países vecinos, antes de todo con Brasil. Se fortaleció el Mercosur y permitió la creación de Unasur y de Celac. Políticas sociales, además de políticas salariales, permitieron disminuir las desigualdades en el país y conquistar amplio apoyo social por los gobiernos kirchneristas.

Al inicio de su segundo mandato, Cristina Kirchner tomó la decisión de imponer nuevos impuestos a la exportación de soja y sufrió dura ofensiva de esos sectores, apoyados por la derecha en el Congreso. Esa articulación logró derrotar al gobierno, contando con el voto de desempate del mismo vicepresidente, Julio Cobos.

A lo largo de ese mandato, la derecha se ha rearticulado, a la vez que conflictos fueron surgiendo en el mismo campo de apoyo del gobierno. Ello impidió la elección del candidato del kirchnerismo a la presidencia, Daniel Scioli, exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Las elecciones fueron vencidas por Mauricio Macri (2015-2019), exalcalde de Buenos Aires, con un programa de restauración neoliberal a lo largo de su mandato .

La adopción de una política económica neoliberal no ha permitido al gobierno de Mauricio Macri mantener el apoyo que había obtenido para ser elegido presidente. Muy rápidamente, el gobierno se aisló, perdiendo apoyo popular y político.

En las elecciones siguientes, en 2019, Macri fue derrotado por Alberto Fernández, teniendo a Cristina Kirchner como vicepresidenta. Se había agotado rápidamente el gobierno neoliberal de Mauricio Macri por haber adoptado la política neoliberal, incapaz de tener apoyo, y por haber frenado las políticas sociales redistributivistas de los gobiernos kirchneristas.

Alberto Fernández retomó el modelo económico antineoliberal de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Retomó las políticas de combates a las desigualdades, como políticas sociales y alza de sueldos, tanto de los trabajadores activos, como de los retirados. La economía argentina ha vuelto a crecer, se ha retomado la distribución de renta, y han vuelto a llegar inversiones del exterior.

Su gobierno restableció la política externa de prioridad de las relaciones con los países del continente, de crítica a las políticas de los EUA y de acercamiento con China y Rusia.  Estableció también relaciones directas con el gobierno de Manuel López Obrador, de México, y ayudó al MAS a volver a triunfar en Bolivia.

 

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Mapas

 

Datos Estadísticos

Indicadores demográficos de la Argentina

Fuentes: ONU. World Population Prospects: The 2012 Revision Database.
¹ Datos sobre la población urbana y rural tomados de ONU. World Urbanization Prospects, the 2014 Revision.
* Proyecciones. | ** Estimaciones por quinquenios. | *** Incluido el Caribe.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en los documentos indicados.

 

Indicadores económicos de la Argentina

Fuentes: CEPALSTAT.
¹ Para los años de 1960 y 1970 la fuente es LABORSTA.
² Para 1990, la estadística se refiere al área metropolitana; para los años 2000, a veintinueve aglomeraciones urbanas.
³ Calculado a partir de los datos de Global Health Observatory de la Organización Mundial de la Salud.
* Proyecciones. | ** Estimaciones por quinquenios. | *** Incluido el Caribe.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en los documentos indicados World Population Prospects: The 2012 Revision Database.

 

Indicadores sociales de la Argentina

Fuente: CEPALSTAT.
¹ UNDP. Countries Profiles. ² Para 1990, la estadística se refiere al área metropolitana; para los años 2000, a veintinueve aglomeraciones urbanas. ³ UNESCO Institute for Statistics.
* Proyecciones. | ** A partir del año 1998 los datos de matrícula pasaron a ser calculados según nueva clasificación, siendo los datos hasta 1997 no estrictamente comparables a los datos de los años siguientes.  | *** Para el año 1960 el dato se refiere a los médicos registrados, no todos residentes o trabajando en el país.
Obs.: Informaciones sobre fuentes primarias y metodología de cálculo (incluidos eventuales cambios) se encuentran en la base de datos o en los documentos indicados.